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La Justicia suspendió el DNU que declaró servicio esencial a las telecomunicaciones

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Lo mismo decidió sobre el tope al aumento de tarifas. Ordenó al Ejecutivo y al ENACOM "abstenerse de emitir y llevar a cabo" alguna decisión hasta que se dicte sentencia definitiva.

La Justicia hizo lugar a una medida cautelar y suspendió el DNU del Gobierno nacional que declaró a las telecomunicaciones como servicio esencial y restableció la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, es decir eliminar el tope de aumento de trifas.

Además, ordenó al Ejecutivo Ente Nacional de Comunicaciones "abstenerse de emitir y llevar a cabo" alguna decisión al respecto, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Mediante el decreto 690, emitido el 11 de agosto, el Gobierno nacional declaró "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga. 

La medida además dispuso el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre y luego autorizó sólo un 5% de incremento y dispuso que las empresas del sector deben contar con autorización del Estado para cualquier modificación tarifaria.

El texto del DNU 690/2020 establece cambios a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Incorpora un artículo en el que se otorga el "carácter de servicio público en competencia" para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre sus licenciatarios.

También determinó que la autoridad de aplicación, es decir el ENACOM, "garantizará su efectiva disponibilidad".

Estableció también que los precios de estos servicios públicos esenciales y estratégicos y "los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados" por el ENACOM.

El ENACOM fue notificado este martes de la decisión judicial que restablece la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, como servicio en competencia, a los fines de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que brindan cientos de empresas en todo el país.

"La medida cautelar, iniciada por un representante de nuestra industria de la provincia de Córdoba, determina la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de todo acto dictado como consecuencia de dichas normas. Asimismo, ordena al Poder Ejecutivo nacional y al ENACOM abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva", destacó la Asociación Argentina de Televisión por Cable a través de un comunicado.

Además, señaló que según lo dispuesto por la Justicia, el organismo regulador "no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores TIC de nuestro país".

El fallo entendió que, tal como venían denunciando las compañías del sector, estos decretos que fijan tarifas impiden a las empresas recuperar las inversiones realizadas y continuar prestando servicios tal como lo hacen actualmente.

"La situación de nuestra industria empeoró con el dictado de la Resolución 1466 de diciembre pasado, que únicamente autorizó un aumento entre el 5 y el 8%. Ello resulta absolutamente irrazonable e insuficiente en tanto la inflación oficial del año pasado fue del 36% según el INDEC y nuestros precios están congelados desde hace más de un año”, advirtió al respecto ATVC.

La recaudación impositiva de enero subió 46,6 %

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El Gobierno quiere en 2021 reducir el déficit fiscal primario a 4,5% del Producto Bruto Interno, desde el 6,5% del 2020.

El Ministerio de Economía la recaudación impositiva durante enero alcanzó los $772.860 millones, con un crecimiento interanual del 46,6%, alentada por el sector exportador y el mayor nivel de actividad.

Se alcanzó así el quinto mes consecutivo de variación real positiva, de alrededor del 6%, "marcando una continuidad del fortalecimiento de las finanzas públicas en un contexto de recuperación de la actividad económica", destacó la cartera que conduce Martín Guzmán a través de un comunicado.

Los derechos de exportación aumentaron 231,2%, para sumar algo más de $ 79.400 millones, debido a la mejora en la cotización internacional de granos y oleaginosas, y al aumento del tipo de cambio en 12 meses.

A eso se le sumó que las medidas de fuerza llevadas a cabo en zonas portuarias durante diciembre retrasaron las exportaciones ese mes, por lo que "se acumularon declaraciones juradas que se hicieron efectivas en enero, generando un efecto positivo en la recaudación", aseguró Economía.

También aumentaron los derechos de importación, 48,9%, para sumar $24.400 millones debido a las mayores compras al exterior y el aumento del tipo de cambio.

El IVA vinculado a la Dirección general de Aduanas aumentó 64,8% para alcanzar a $82.700 millones.

Sin embargo, el IVA DGI, vinculado con el mercado interno, solo avanzó al 28,8%, por debajo de la inflación, para sumar $157.500 millones.

El Impuesto a las Ganancias aportó algo más de $149.500 millones, con un alza del 55% respecto a enero del 2020.

La recaudación por el Impuesto a los Combustibles también aumento por sobre el promedio, un 61,9%, para casi alcanzar los $19.000 millones.

El mayor incremento se dio en Bienes Personales, con una suba del 550% pero sólo con $5.650 millones.

En tanto el impuesto PAIS, del 30% y que se aplica a la compra de dólares para atesoramiento aumentó 162% para sumar $8.400 millones, a pesar de la menor cantidad de compra de divisas por parte de los individuos.

Estos dos últimos tributos están asociados a la Ley de Solidaridad y al mercado interno, los cuales "continúan creciendo por encima de la inflación", destacó el comunicado oficial.

En cambio, "las medidas de alivio tributario a sectores críticos en materia de contribuciones patronales y créditos y débitos continúan incidiendo en el desempeño de la recaudación" de manera negativa.

Así los aportes personales aumentaron 26,8% a $77.300 millones, las contribuciones patronales el 25% a $ 109.300, y Otros Ingresos de la Seguridad Social, casi $5.000 millones con un aumento de solo e 12,9%.

Medido de otra manera, los impuestos vinculados al mercado interno aumentaron un promedio del 38,5%, los relacionados a la Aduana el 101 %, y los del sistema de Seguridad Social el 24,7%,

Suben 1% y 1,9% las naftas y el gasoil

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La suba corresponde al traslado a los surtidores los nuevos valores reconocidos por el Gobierno a los biocombustibles, en particular el biodiesel y el bioetanol.

Los precios de las naftas y el gasoil arrancaron febrero con un alza de entre 1% y 1,9% promedio, respectivamente, en todo el país.

Se trata de la tercera suba del año en los valores al consumidor y responde a una decisión del Gobierno de incrementar la proporción y los precios de biocombustibles mezclados en esos productos.

Las compañías petroleras remarcaron que el ajuste en los precios finales de este lunes responde exclusivamente a la decisión oficial sobre los biocombustibles.

El incremento se aplicó desde el primer minuto del 1 de febrero en las estaciones de todas las cadenas, como YPF, Shell, Axion y Puma, entre otras, como suele suceder también cuando se aplican las actualizaciones de los impuestos internos.

Esta vez la suba fue aplicada por todas las petroleras al mismo tiempo por el traslado a los precios finales del segundo tramo de incremento en el valor del biodiesel y el bioetanol, dispuesto la Secretaría de Energía el mes pasado a través de la resolución 1, que estableció un cronograma de alzas para esos combustibles verdes hasta mayo.

Así, tras meses de congelamiento de valores, hizo que el biodiesel se encarezca este mes 12,4% para las petroleras, mientras el corte obligatorio subió de 5% a 6,7%. Por su parte, el etanol tuvo un alza de precios de 9,6% mientras su participación en el producto al surtidor sigue en 12%.

Por esa decisión, el precio de adquisición del biodiesel para la mezcla obligatoria con gasoil pasó a costar $86.875 la tonelada, contra los $77.300 por la misma cantidad el mes pasado. En marzo, en tanto, pasará a $89.975; en abril a $90.300 y en mayo será de $92.558.

El nuevo aumento se suma a los dos que se habían aplicado en enero: el primero el 5 de ese mes fue de 2,9% promedio, como consecuencia de la primera alza de los biocombustibles. El 15 de enero, se produjo la segunda suba, de 3,5% promedio, por la actualización de impuesto internos que siguen la evolución trimestral de la inflación.

Mientras los precios de los combustibles registran el décimo incremento en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, los empresarios del sector de expendedores resaltan que el litro de nafta súper superará este año los $100.

El Gobierno prorrogó Precios Máximos hasta fines de marzo, pero sin productos frescos

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Regirá únicamente para supermercados y comercios minoristas. Evalúan quitar productos del listado.

El ministerio de Desarrollo Productivo confirmó que el programa Precios Máximos será prorrogado hasta el 31 de marzo. La extensión no incluirá materias primas y productos frescos.

"Estamos trabajando en un esquema más general junto con el ministerio de Agricultura, quien ya inició negociaciones buscando armonizar los precios de toda la cadena alimenticia", expresó un portavoz ministerial a Télam.

"Queremos asegurarnos que el precio internacional, que ha subido de manera reciente, no se traslade a los insumos, y al bolsillo de los argentinos y las argentinas", agregó.

Un vocero ministerial agregó que "tal como hemos venido haciendo desde los últimos meses de 2020, continuamos con el tratamiento diferenciado de algunos productos que no son de primera necesidad o que se comercializan en algunas versiones premium, donde avanzamos en su exclusión del listado de precios máximos".

A su vez confirmó que "se está evaluando la situación de algunos productos que no inciden en el consumo diario o que son producidos por muchas Pymes para, en el corto plazo, ser excluidos del listado".

Según datos de la Secretaría de Comercio Interior, en 2020 los precios de todos los alimentos que están en las góndolas subieron 23%, mientras que el aumento en los productos frescos fue bastante por encima de la inflación.

Desde esta semana estarán disponibles los cortes de carne a precios rebajados

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Los ocho cortes en oferta se sumarán a los dos que están incluidos dentro del Programa Precios Cuidados.

Los cortes de carne a precios rebajados que acordó el Gobierno nacional con frigoríficos exportadores se comenzarán a vender desde esta semana en el Mercado Central y 1.600 bocas de expendio en todo el país.

Se trata de ocho cortes con bajas de hasta 30% respecto de octubre: tira de asado a $399 el kilo, vacío a $499, matambre a $549, tapa de asado a $429, cuadrada/bola de lomo a $489, carnaza a $359, falda a $229 y roast beef a $399. Estos se suman suman a los dos cortes incluidos en Precios Cuidados, que son carne picada a $265 y espinazo a $110.

Con un volumen de oferta de 6.000 toneladas por mes, los cortes estarán disponibles en las grandes cadenas de supermercados en todo el país -Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Coto, Walmart, La Anónima, Día, Libertad, en carnicerías Friar y en el Mercado Central.

En el Mercado Central, los cortes promocionales se venderán todos los días. En tanto, en los supermercados la campaña será los primeros tres miércoles y fines de semana de cada mes.

El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de marzo, y luego las partes se volverán a reunir para evaluar las condiciones para su continuidad, siempre bajo un esquema de revisión trimestral.

Deuda: el Gobierno pagará 315 millones de dólares al FMI

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El objetivo es cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de mayo.

El Gobierno afrontará este lunes un vencimiento por 315,6 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. A su vez, negocia un nuevo acuerdo para reprogramar unos 44.000 millones de dólares de deuda.

Se trata del primero de siete pagos pautados para 2021 que totalizan unos 14.850 millones de dólares. El vencimiento más fuerte es en septiembre próximo.

El Presidente Alberto Fernández afirmó el último jueves que "el diálogo con el FMI está en marcha y es muy constructivo". Por su parte, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el Gobierno aspira a tener cerrado un nuevo acuerdo con el organismo antes de mayo, de manera de poder encarar las negociaciones con el Club de París.

La meta de fines de mayo a la que aspira el Gobierno tiene que ver con el vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París, previsto inicialmente para fines de abril y que puede ser cancelado con una mora de hasta 30 días.

El Club de París, un foro de países que no tiene la estructura de organismo con la que cuenta el FMI, tiene "una regla no escrita" que establece la necesidad de contar con un aval previo del Fondo para poder realizar cualquier reestructuración de la deuda, comentó a la agencia de noticias Télam una fuente al tanto de las negociaciones.

Es por ello, continuó, que si Argentina alcanza un acuerdo con el FMI, será la llave para acordar también con el Club de París.

En este contexto, la fuente no descartó que comiencen a desarrollarse "negociaciones en paralelo", tanto técnicas como políticas, para poder llegar con los tiempos.

Argentina debía afrontar el pago de US$ 2.000 millones en abril del 2020 y solicitó un "waiver" por un año, previsto en el contrato. Esa deuda tiene un interés del 9% anual, y es remanente de los casi US$ 10.000 millones que la Argentina renegoció con el Club de París en 2014.

Monotributo: este domingo vence la primera recategorización anual

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Los pequeños contribuyentes deben ratificar o cambiar de categoría con la tabla vigente, que es la misma de 2020.

Los contribuyentes inscriptos en el Monotributo deben realizar la primera recategorización anual. El plazo vence este domingo, luego de la extensión del plazo por 10 días dispuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

La prórroga se efectivizó para "ofrecer alivio ante la situación de incertidumbre y zozobra observada entre algunos monotributistas frente a la recategorización con las tablas vigentes", explicaron desde el organismo al momento de extender los plazos.

Para la primera obligación del Monotributo, en la que los contribuyentes deben registrarse en la categoría que se adecúe a sus parámetros de facturación, alquileres, consumo eléctrico, entre otros, las tablas de categorías y escalas de ingresos son las mismas que rigieron durante todo 2020, sin actualización y por lo tanto desfasada contra la inflación anual.

A lo largo de las últimas semanas surgieron dudas entre los contribuyentes y sus asesores sobre la recategorización porque las escalas y alícuotas no fueron actualizadas. 

Esta situación obedeció a la suspensión de la ley de Movilidad Jubilatoria durante 2020 ya que ésta es utilizada para adecuar una vez al año los parámetros del Monotributo.

De esta manera, el único mecanismo disponible para modificar las escalas es una norma con rango de ley, situación prevista en un proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo. Incluso el 13 de enero el organismo había confirmado la recategorización del Monotributo, plazos y tablas para efectuarla.

Fuentes del organismo remarcaron que "todos los potenciales perjuicios de los que se hicieron eco distintos actores serán subsanados en el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso".

Para eso, explicaron que "durante el debate parlamentario se incorporarán las modificaciones que resuelven tales cuestiones con el fin de garantizar que ningún monotributista se vea impedido de acceder a los beneficios y previsiones del proyecto".

También, enfatizan que la tabla vigente es la misma que 2020 tanto paras las escalas como para los montos que debe pagar los contribuyentes, es decir que la cuota impositiva y la de la seguridad social establecidas en el Monotributo tampoco sufrieron cambios, a la espera de la nueva ley.

El proyecto de ley enviado al Congreso aborda distintas problemáticas estructurales y coyunturales experimentadas por los monotributistas. Las modificaciones propuestas apuntan a armonizar la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y el Régimen General, tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar quienes cambian de régimen.

Si un contribuyente del Monotributo no se recategoriza, puede ser sujeto de sanciones.

De acuerdo con la normativa del Régimen Simplificado, puede corresponderle una multa de la mitad de la cuota total mensual a abonar para los casos que no se recategoricen y no paguen el Monotributo de acuerdo con la categoría que les hubiese correspondido.

Esa misma sanción, del 50% tanto del impuesto integrado como del componente previsional, se le aplica a quienes se hayan categorizado o recategorizado de manera inexacta.

Ante esos casos, AFIP puede recategorizar de oficio y exigir la deuda resultante. En el caso que el pequeño contribuyente acepte la recategorización de oficio, dentro de los 15 días de su notificación, la sanción aplicada quedará reducida de pleno derecho a la mitad. Y si se recategorizara antes que la AFIP lo notifica, quedará eximido de la sanción prevista.

La confirmación o cambio de categoría se realiza teniendo en cuenta los parámetros de facturación, superficie afectada, alquiler y/o consumo de energía, de los doce meses previos.

La categoría más baja, la A, tiene un tope de $208.739,25. La categoría más alta de servicios, la H, tiene un máximo de facturación de $1.739.493,79 para servicios y la de venta de cosas muebles, la K, $2.609.240,69.

Para recategorizarse, puede ingresarse al sitio web de la AFIP y clickear en "Monotributo", con número de CUIT y la Clave Fiscal. Luego elegir la opción "Ver mi categoría - Recategorizarme" entre todas las alternativas que figuran en pantalla.

En esa subsección hay que informar el monto facturado entre las fechas que el sistema indica.

Los trámites ante la AFIP se hacen en su mayoría a través del sitio oficial en internet.

Si el trabajo se realiza en una oficina, el contribuyente debe indicar el monto del alquiler pagado, la cantidad de energía eléctrica consumida y la superficie del lugar.

En consecuencia, AFIP mostrará la información que tiene sobre los pagos hechos por ese monotributista, incluyendo comprobantes electrónicos y las cuotas del régimen simplificado.

Finalmente, el contribuyente deberá confirmar la operación para que el ente recaudador pueda definir la nueva categoría, que comenzará a regir el próximo mes.

Inflación, déficit fiscal, dólar y PBI: qué dicen las primeras previsiones del año

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Los analistas que participaron en la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, que realizó diario El Cronista, coinciden en que la inflación superará ampliamente a la que calculó el Gobierno en el Presupuesto 2021.

Empezó otro año que promete ser complicado para la economía argentina y los analistas ya comenzaron a trazar sus proyecciones para el que se espera un ligero rebote de la histórica recesión de 2020 y un menor déficit fiscal, pero con una inflación bastante más alta a la que se padeció el año pasado.

Diez fueron las consultoras y centros de estudios que participaron de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista, realizada entre el 14 y el 22 de enero, que una vez más reflejó la fragilidad de los fundamentos de la economía argentina.

La mediana de las respuestas apunta a una inflación de 47% para 2021, más de 10 puntos porcentuales que la registrada en 2020 y cerca de 20 puntos más que la proyección oficial que figura en el Presupuesto 2021.

En tanto, la previsión para enero ronda el 3,7% y el dato interanual, el 38%, lo que prolongaría el nuevo nivel de aumentos que se viene observando del último trimestre de 2020, a medida que se flexibilizan las restricciones sobre la actividad y que se ajustan los programas de precios.

En cuanto a las cuentas públicas, los analistas esperan un déficit fiscal primario de 4,1% del PBI, según la mediana de las respuestas brindadas, una cifra levemente menor al 4,5% que estableció el Gobierno en el Presupuesto. Cerca de 3,2 puntos del rojo se financiará con emisión monetaria, mientras que el resto será en el mercado de capitales doméstico.

No obstante, el 6,5% de 2020 podría dejar un arrastre a la baja para el rojo de 2021, pero el equipo económico todavía tiene cautela para aventurar una cifra mucho más baja, al igual que los analistas.

En principio, la idea del Gobierno es mantener el gasto público o incluso incrementarlo en términos reales, pero sin prolongar el gasto de apoyo por la crisis del coronavirus y apostando a una recomposición de la recaudación.

En cuanto a la actividad, a la recesión cercana al 11% con la que cerrará 2020 los analistas esperan una leve recuperación de 4,6%, según la mediana de las respuestas, con lo que en el bienio 2020-2021 la caída será en torno al 7,5%. 

Se trata de una cifra similar a la que prevé el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estimó el martes una caída del PBI de 10,4% y ajustó su proyección de recuperación de 4,9% a 4,5%.

En tanto, las previsiones sobre el tipo de cambio apuntan a que la cotización oficial del Mercado Único y Libre de Cambios termine el mes en torno a los $ 92 y el final del año llegue a los $ 127, también muy por encima de los pronósticos del Gobierno.

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluidos bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la edición de enero de 2021, participaron FIEL, la Escuela de Economía y Negocios de la Unsam (Dentice y Favata), LCG, Abeceb, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, FIDE. Management & Fit, Ecolatina, Fundación Capital y el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.

El precio de la soja podría darle al Banco Central 5.600 millones de verdes

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El FMI sigue con atención la evolución de las exportaciones de soja argentina. Un estudio de Consultora Analytica estimó el impacto de la suba de los commodities para la balanza comercial del país. Aclaran que "son efectos de corto plazo".

El Banco Central podría recibir una suma inesperada por parte de la soja. Se calcula que ingresarían en concepto de retenciones unos 5.600 millones de dólares este año.

La Consultora Analytica detalló que se trata del diferencial que podría materializarse si se sostienen los altos precios de las commodities para el momento de liquidación de la cosecha, que además, generaría aportes adicionales al fisco por 300.000 millones de pesos.

"De todas formas, algunas de las causas que explican el aumento de los precios de las commodities son transitorias. A su vez, los efectos sobre la economía real serán acotados", aclararon Rodrigo Álvarez y Ricardo Delgado, los directores de la consultora.

Precisamente porque no puede esperarse que los precios altos se sostengan, la recomendación de los consultores es que el gobierno achique la brecha cambiaria para promover la liquidación, en especial habida cuenta del saldo sin liquidar de la campaña anterior.

"Con las estimaciones actuales de producción, y a precios de diciembre, este año el complejo sojero podría aportar 4.000 millones de dólares adicionales al mercado único y libre de cambios y 302.800 millones de pesos, equivalente al 0,8% del PBI, más a la recaudación por derechos de exportación. En un escenario más optimista, tomando los precios de los futuros de soja a mayo, esos valores pueden llegar a 5.600 millones de dólares y 357.000 millones de pesos", señala el informe de esta semana.

Incluso, de profundizarse el viento de cola para las materias primas agrícolas, el excedentes podrían estirarse ya que todavía no se liquidaron 7.200.000 toneladas de la cosecha anterior, lo que podría estimarse como el 14,5% del a cosecha anual 2020, pero la brecha cambiaria actúa como un disuasivo.

Estas buenas noticias en el frente financiero, no necesariamente se verán reflejadas en la economía real, porque al fin y al cabo se espera una cosecha menor y consiguientemente menos movimiento de trenes y camiones y menos actividad de servicios vinculados al agro.

El Gobierno autorizó el aumento para las empresas de medicina prepaga

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El aumento será del 3,5%. Se trata de un incremento más bajo que el del 7% que había otorgado en diciembre pasado y que después se canceló por decisión de Alberto Fernández.

El Gobierno nacional finalmente autorizó un aumento de hasta un 3,5% en las cuotas de la medicina prepaga a partir de marzo del 2021. La decisión fue confirmada a través de la Resolución 531/2021, publicada este sábado en el Boletín Oficial.

Este incremento es más bajo que el del 7% que había otorgado el Poder Ejecutivo en diciembre pasado, el cual nunca se llegó a aplicar porque a las pocas horas de haber sido anunciado se canceló por decisión del Presidente Alberto Fernández, y mucho más inferior al del 10% que reclaman las empresas del sector.

De esta manera, ahora las compañías inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga deberán notificarles a sus usuarios sobre estos cambios "con una antelación no inferior a los 30 días corridos, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir".

En el documento publicado este sábado, y firmado por el Ministro de Salud, Ginés González García, se aclaró que esta suba podrá ser de hasta el 3,5% "con relación a los valores vigentes al momento de entrada en vigencia de la presente Resolución".

Las autoridades nacionales señalaron que "la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina y la Asociación de Entidades de Medicina Privada han informado el impacto que les ha causado el incremento de los costos del sector desde la fecha del aumento de cuotas autorizado a las Entidades de Medicina Prepaga en diciembre de 2019, especialmente en el delicado contexto de atención de la pandemia mundial suscitada a principios de 2020".

En este contexto, los representantes de ambas instituciones "han requerido a la Superintendencia de Servicios de Salud que, en el ejercicio de las referidas competencias que le son propias, se sirva autorizar nuevos aumentos que permitan recomponer el financiamiento para afrontar tales costos, a aplicar eventualmente en tramos".

Ante ese pedido, el organismo dependiente del Ministerio de Salud sostuvo "que resulta razonable autorizar" un incremento para el sector, al reconocer que los costos fijos de estructura asistencial se incrementaron en el último tiempo.

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