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El Gobierno prorrogó las negociaciones con los bonistas hasta el 24 de julio

Este viernes cerraba el último plazo para llegar a un acuerdo entre el país y los acreedores. Desde el Ministerio de Economía confirmaron la nueva fecha.

El Gobierno nacional confirmó este viernes que extendió nuevamente el plazo para negociar con los acreedores y tratar de alcanzar un acuerdo que evite el default. La nueva fecha, ahora será el 24 de julio.

Así se informó a través de un comunicado del Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, el único funcionario nacional autorizado para llevar adelante esas conversaciones.

"Desde la extensión anterior de la Invitación, la República continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la Invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los recuperos", destacaron desde la cartera económica. 

Reiteraron que la posición oficial supone que "una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía de Argentina, las cuales fueron creadas por la actual carga de deuda, y reencauzando la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo".

"Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa", remarcaron. 

Atención fumadores: los cigarrillos subirán un 7% desde el lunes

Así lo informó la British American Tobacco Argentina. El aumento se debe al incremento en costos, principalmente.

Debido a incrementos en los impuestos internos y a la suba de costos, British American Tobacco Argentina anunció que desde el lunes 22 de junio aumentarán los precios de los cigarrillos.

De acuerdo al comunicado de la compañía, el ascenso, en promedio, será del 7%. El paquete de Lucky Strike Box 20 pasará a valer $141 y el de Lucky Strike Convertible Box 20 costará $135.

Paralelamente, el precio de los Rothmans KS 20 será de $109, mientras que la versión Rothmans Click KS 20 pasará a $120.

Fuente: BAT Argentina

La empresa remarcó que los precios vigentes deberán ser respetados por todos los comerciantes minoristas en el territorio nacional y criticó la actitud de algunas tabacaleras que "sistemáticamente, desde 2016, logran renovar medidas cautelares vendiendo así sus cigarrillos a un valor artificialmente bajo, generando una competencia desleal para todo el mercado".

Según lo difundido este jueves por el Indec, los precios mayoristas en los productos del tabaco cayeron un 4,5% durante mayo, contribuyendo a una desaceleración en los aumentos a nivel general.

Paralelamente, según el Índice de Precios al Consumidor, los precios minoristas del tabaco registraron variaciones nulas en todas las regiones del país durante el mismo período.

BAT es uno de los holdings tabacaleros con mayor alcance mundial ya que tiene presencia en 180 países distintos. En Argentina opera desde 1898.

Dentro del país emplea a 764 personas en la Argentina y cuenta con una cartera compuesta por más de 12 marcas internacionales y nacionales y más de 40 presentaciones distintas de cigarrillos y otros productos de tabaco.

Dentro de su portafolio se encuentran, entre otras, marcas como Lucky Strike, Rothmans, Camel, PallMall y ParisiennesyDunhill.

Congelan tarifas y prohíben corte de servicios por 180 días

La decisión fue tomada por el Presidente Alberto Fernández y establecida por un DNU publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El Gobierno oficializó este viernes su decisión de congelar hasta fin de año las tarifas de los servicios públicos debido al impacto que está registrando en las economías de las familias la crisis generada por la pandemia de Covid-19 y extendió también la prohibición de cortes para sectores vulnerables.

"Prorrógase el plazo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 desde su vencimiento, y por un plazo adicional de 180 días corridos", dice el artículo primero del decreto de necesidad y urgencia.

Indica además que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios.

Las compañías no podrán interrumpir los servicios en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020 a las siguientes personas:

Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.

Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.

Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351.

Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Deuda: el Presidente Fernández ante tres alternativas posibles

Alberto Fernández deberá decidir cómo reamar las negociaciones con los acreedores de la deuda argentina bajo legislación extranjera. Paso siguiente: cerrar un acuerdo por 66.800 millones de dólares.

El presidente tendrá que tomar, en horas, una decisión de hombre de Estado que marcará el resto de su gestión: como rearmar las negociaciones con los acreedores de deuda argentina emitida bajo legislación internacional. Y, paso siguiente, cerrar un acuerdo por u$s 66.800 millones para que el país no caiga en default; y, en consecuencia, la recesión se vuelva crónica. A números de ayer, sólo u$s2.100 millones separan al país de un acuerdo (los bonistas exigen u$s2.700 millones durante el gobierno de Alberto Fernández y se ofrecen u$s1.700 millones), con lo que esta última elección sería casi imperdonable.

Para esto deberá optar por tres opciones:

A) aceptar, aunque sea en parte, las exigencias de los bonistas más duros; demoliendo definitivamente las “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional.

B) Aplicar la “cláusula de reasignación” y comenzar a preparar a los abogados que representan al país para una nueva y dura batalla internacional con los acreedores que no acepten la oferta argentina.

C) Aceptar jugar la última bala internacional para intentar llegar al corazón de BlackRock: la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos al mando de Steven Mnuchin (léase Donald Trump); lo cual, obviamente, no será gratuito para la política internacional.

Fernández tomará en las próximas horas la decisión, previa consulta con su compañera de fórmula Cristina Fernández de Kirchner. Será la segunda vez que ambos discutan un cambio de estrategia en la manera de relacionarse con los acreedores extranjeros.

La primera había sido el 6 de mayo, en las vísperas del fracaso ante la Security and Exchange Commission (SEC) de la primera oferta de Martín Guzmán que logró sólo el 18,6% de adhesión. Entre ambos deberán optar por una de estas tres opciones.

A) La última oferta formal del gobierno argentino que mejoró la del 21 de abril, será siempre la del 49,9%, en línea con lo que dictan las recomendaciones del FMI. La decisión política del jefe de Estado es mantenerse en ese límite. La mejora en la propuesta pasa por los anabólicos presentados hace unos 10 días, resumidos en dos alternativas: cupón exportaciones o un pago de intereses del períodos 2020. El Gobierno ofrece una de las dos. Los bonistas quieren las dos. La diferencia no es poca. Es llevar el Valor Presente Neto (VPN) de la oferta del 52 al 53%; muy cerca del 54% que reclama BlackRock; pero lejos de las advertencias del FMI. El mexicano David Martínez, dueño del fondo Fintech, ya le aseguró al presidente que de aceptar los dos “anabólicos”, al menos el grupo de bonistas donde milita (el Comité de Acreedores) dirá que sí.

B) Martín Guzmán le propuso al Presidente el miércoles por la noche en Olivos, cerrar el canje en los próximos días (a más tardar el lunes 29 de junio); al menos en una primer parte. Sería aplicando la ya famosa “cláusula de reasignación”, por la cual el país mantiene el derecho de “reasignar” bonos, excluyendo del acuerdo final a aquellos títulos públicos donde no hay acuerdo y que, por su volumen de rechazo, le impidan alcanzar un porcentaje de aceptación final superior al 75%. El país se aseguraría que logrando una masa crítica importante de adhesiones, podría retirar, al menos por un tiempo, a aquellos títulos públicos sobre los que no hay acuerdo. Para que la cláusula funcione, se debe mantener el acuerdo en el tiempo, y continuar, al menos en la formalidad, la buena fe negociadora.

La estrategia tiene dos cuestionamientos: 1) es “importada” por Guzmán de la academia, y no tiene antecedentes legales y 2) no hay garantías que la “masa crítica” de aceptación actual llegue al 50% de los bonistas; sumando aún el 18,6% de aceptación de la primer oferta que venció el 8 de mayo.

C) Alberto Fernández sabe que tiene una línea roja directa con el gobierno de los Estados Unidos. Se lo dejó personalmente en claro el mismísimo Donald Trump en la conversación telefónica que ambos mantuvieron el primero de noviembre de 2019, días después del triunfo electoral del argentino. El norteamericano le dejó en claro en esa charla que tendrá su apoyo en el momento en que financieramente lo necesite.

Se hablaba en esos tiempos de las negociaciones que el país abriría con el FMI, y la necesidad de contar con el apoyo de EE.UU. en el board del organismo internacional. Nunca se mencionó el tema de los bonistas extranjeros. Sin embargo, en otra conversación bilateral (pero entre Guzmán Steven Mnuchin), el secretario del Tesoro de EE.UU. le extendió su posible apoyo ante los acreedores. Se sabe que Trump es amigo íntimo y directo del titular de BlackRock, Larry Fink, al punto de querer convertirlo en funcionario de su gestión. Y que Fink es una persona que entiende cómo se maneja el poder a nivel mundial.

Fuente: Ámbito Financiero

El Gobierno extendió la prohibición de cortar servicios hasta fin de año

Nación prorrogó esta decisión en los casos de luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable. 

A partir de lo dispuesto en el Decreto 543/2020 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Nación prorrogó hasta fin de año la prohibición de cortar servicios públicos como luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por falta de pago.

"Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas", precisa la normativa. 

En esta línea se marca que "la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio han imposibilitado el desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente -ya sea esta integral o de carácter extraordinario- de los servicios públicos de electricidad y gas natural conforme al citado artículo 5°". 

La decisión refiere a que la continuidad de la prestación de los servicios públicos comprendidos en la medida, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad o en aquellos sectores gravemente afectados en su economía por la pandemia, cobra vital importancia en las condiciones de aislamiento establecidas. 

Vale recordar que en el caso de las facturas de luz y gas, los usuarios residenciales afectados por el decreto son:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos.

Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo.

Usuarios que perciben seguro de desempleo.

Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351.

Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Pero la norma también es extensiva a los usuarios no residenciales. En este caso, los que están exentos son:

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

Las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

Las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

Las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

El Gobierno impulsará una amplia moratoria impositiva para empresas y personas

La iniciativa será para todo el sector privado y se enviará al Congreso la semana que viene.

La agenda oficial de la pospandemia comenzó a hacerse cada vez más visible. En medio de una feroz crisis económica que afecta a personas y empresas, el Gobierno avalará una "moratoria universal": será para todo el sector privado y casi todos sus impuestos.

Esta moratoria para será más amplia que la que actualmente está vigente: incluirá prácticamente todos los gravámenes, sumará nuevos actores, no se necesitarán las certificaciones que exige el actual programa de la Administración Federal de Ingresos Públicos y que limita el acceso, y tendrá una ventana temporal más extendida que la que hoy rige. Será para personas humanas y también para empresas.

La fecha de corte será para deudas vencidas a mayo. Habrá tiempo para adherirse hasta el 31 de agosto y las primeras cuotas se empezarían a pagar recién en noviembre.

Pese a que no se dieron detalles, fuentes oficiales confiaron a La Nación que habrá una diferenciación de plazos y tiempos para las grandes compañías -esas empresas no están contempladas en el programa actual-, porque "tienen más espalda". En cambio, habrá un sistema más beneficioso para los pequeños contribuyentes.

Esta moratoria es impulsada en momentos en que el Gobierno comenzó a analizar la posibilidad de ir retirando la ayuda que presta a las empresas privadas para pagar salarios en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

"Estamos pensando en algún tipo de moratoria para blanquear a todo el mundo. Estamos trabajando en eso", dijo el presidente Alberto Fernández el fin de último semana, y abrió la polémica. ¿Adelantar una moratoria no desincentiva el pago de impuestos en momentos en los que las cajas del Estado están crujiendo por la falta de actividad? Se preguntaron algunos especialistas.

Pese a que se les permitirá ingresar a las grandes empresas, los pequeños contribuyentes tendrán mejores condiciones.

Las fuentes oficiales indicaron que el proyecto que incluye la moratoria será enviado al Congreso, pero que no vendrá directamente del Poder Ejecutivo, sino del Frente de Todos, la coalición gobernante. Allí creen que la iniciativa tendrá apoyo parlamentario de todos los sectores y bloques.

"Vemos que había un shock de demanda antes del coronavirus, que la pandemia generó ahora uno de oferta, y que esto terminará profundizando la caída de la demanda a la salida de todo esto", explicó una fuente oficial al tanto de la agenda pospandemia que está diseñando el oficialismo. "Esto moratoria es también una respuesta a los reclamos de las entidades empresarias", agregaron las mismas fuentes a La Nación.

El tercer relevamiento de la Unión Industrial Argentina sobre el impacto del Covid-19 en la economía -realizado entre el 3 y el 10 de junio sobre el total de empresas encuestadas y difundido hoy- indicó que hay un elevado porcentaje de compañías con atraso en impuestos (41%). A esto se le suman los inconvenientes para hacer frente a compromisos financieros (29%), en pago a proveedores (27%) y en tarifas de servicios (18%). Pese a que gracias al ATP y los créditos de capital de trabajo apalancados por el Gobierno, muchos pudieron pagar sueldos, casi la mitad de los encuestados no podrá pagar los aguinaldos.

La fecha de corte será para deudas vencidas a mayo. Habrá tiempo para adherirse hasta el 31 de agosto y las primeras cuotas se empezarían a pagar recién en noviembre. "Todavía se están definiendo algunos parámetros", dijeron sobre las cuotas y plazos. Pese a que se les permitirá ingresar a las grandes empresas, los pequeños contribuyentes tendrán mejores condiciones. Por otro lado, el acceso será más ágil. No habrá que contar, como en la actual moratoria, con un certificado MiPyme tramitado en Desarrollo Productivo.

El Plan Moratoria 2020 diseñado por Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP, permitía hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, además de condonación parcial de intereses y total de multas. La tasa es de 3% mensual fija por un año y a partir de ese momento se vuelve variable.

Además, permitía usar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que un contribuyente tenga a favor en AFIP para restarlo de la deuda y habilitaba a reformular todos los planes de facilidades de pagos vigentes o caducos en una sola cuota. Se incluyó deuda vencida hasta el 30 de noviembre de 2019 y preveía el levantamiento de embargos y suspensión de la acción penal. "El nuevo plan tendrá mucho de este", adelantó la fuente oficial, aunque señaló que habrá que esperar a ver la letra chica del proyecto.

Dato Indec: los precios mayoristas aumentaron un 37% interanual

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, este jueves. En tanto, el costo de la construcción superó el 40%.

El índice de precios mayoristas subió 0,4% en mayo y el costo de la construcción bajó 0,6%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Con estas variaciones, en los primeros cinco meses del año los precios mayoristas acumularon un incremento de 2,7% y el costo de la construcción un avance de 8,6%. En tanto, el acumulado interanual de los mayoristas alcanzó el 37%, y en la construcción superó el 40%.

De esta manera, el Indec completó hoy la difusión de los registros vinculados a la variación de precios que comenzó la semana pasada con el anuncio del aumento del 1,5% en el índice minorista.

Cae la bolsa porteña por complicaciones en la negociación de la deuda

Además, el Riesgo País avanza un 2,8%. Acciones y bonos argentinos bajan hasta 7,5% por la tensión en las negociaciones de la deuda.

Las acciones y los bonos argentinos caían con fuerza este jueves, y el riesgo país escalaba un 3,3%, luego de que se complicaran las negociaciones para reestructurar la deuda en moneda extranjera.

La tensión entre Argentina y sus acreedores creció el miércoles a la noche luego de que las dos partes se mostraran inflexibles en la negociación para reestructurar la deuda externa del país.

En consecuencia, los ADRs argentinos (American Depositary Receipts, por sus siglas en inglés) operaban en Wall Street con fuerte tónica bajista, enxtendiendo las pérdidas de las últimas jornadas. Así, las acciones del Grupo Supervielle perdían un 7,5%, las de Edenor, un 7,3%, al igual que las de BBVA.

Frente a ello, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cedía un 4,1% hasta las 38.803 unidades.

El Gobierno hizo ajustes a su oferta de deuda, pero no fueron suficientes para aumentar el apoyo de los tenedores de bonos y un grupo de acreedores clave advirtió el miércoles que las conversaciones habían fracasado.

El grupo de bonistas "Ad Hoc", que incluye a los fondos Fidelity, AllianceBernstein y BlackRock, advirtió que debido al fracaso en las negociaciones con el Gobierno estaba analizando "todos los derechos y recursos disponibles".

Por otro lado, el Gobierno emitió el miércoles un comunicado en el que decía que los ajustes que propusieron los acreedores "son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita" el país.

Según los cálculos del Citi, la brecha en el valor presente neto de la propuesta de Argentina y la de los acreedores es de unos 5 a 6 puntos.

"Dado el progreso logrado en las semanas anteriores y la gravedad de la situación, las partes pueden encontrar una forma de cerrar la brecha de 5 centavos y evitar un incumplimiento desordenado y contencioso", remarcó Goldman Sachs el jueves en un reporte. "Pero los riesgos para este resultado definitivamente han aumentado", remató.

El Gobierno mantiene su argumento de que el análisis de sostenibilidad de la deuda demostró que el país no está en condiciones de pagar más. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el acreedor más importante del país, apoyó en reiteradas oportunidades esa postura.

Bonos y riesgo país

Con todo este panorama, el indicador de riesgo país realizado por el banco JP.Morgan rebotaba un 3,3% y cotizaba a 2.652 unidades, ya que los principales bonos argentinos en dólares registraban mermas en algunos casos superiores al 5%.

El miércoles el Gobierno no renovó los convenios de confidencialidad firmados con los acreedores, que tienen tiempo hasta el viernes 19 de junio para alcanzar un acuerdo, aunque no se descarta que el plazo para renegociar la deuda pueda ser extendido.

"Argentina mejoró su oferta y acercó posiciones con uno de los comités, aunque la diferencia con el mayor comité de acreedores persiste y las relaciones se enfriaron", dijo el Grupo SBS en un informe. "Argentina tiene espacio para aumentar los cupones y cerrar la brecha con el principal grupo de bonistas, aunque el final está abierto", agregó la correduría.

El Ministro Guzmán se planta en su última propuesta y se traba negociación por la deuda

El ministro avisó a los acreedores que no está dispuesto a mejorar la oferta de 50 centavos por dólar más un cupón sobre las exportaciones. Sostuvo que los acreedores hicieron pedidos "ampliamente inconsistentes".

El Gobierno no renovó los acuerdos de confidencialidad e hizo públicas las últimas contrapropuestas que le presentaron los principales fondos acreedores con un fuerte comunicado en el que señaló que algunos de los pedidos de los bonistas son "ampliamente inconsistentes" con la sostenibilidad de la deuda.

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, se plantó con su última oferta a los acreedores que consiste en un valor presente neto de 50 centavos por dólar de deuda emitido y un cupón atado a las exportaciones que difiere por mucho del que le piden los acreedores. Y reiteró que la fecha límite para aceptar la propuesta argentina es este viernes.

"Los Inversores Restringidos respondieron a la información provista por Argentina proponiendo ajustes, descriptos por separado, con los que Argentina no puede comprometerse de manera razonable, algunos de los cuales son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar la estabilidad macroeconómica y para avanzar con un programa con el FMI", señaló en un comunicado el Ministerio de Economía.

"Además, el proceso de negociación con nuestra comunidad inversora reveló que las demandas de los inversores a menudo divergen y no se pueden conciliar fácilmente. La República evaluará todas las opciones disponibles como parte de un proceso integral para restaurar la estabilidad macroeconómica", aseguraron.

Los bonistas también se plantaron en sus contraofertas que coinciden en un alivio de los intereses de deuda de 40.000 millones de dólares hasta 2028.

La respuesta de Larry Fink y el grupo Ad Hoc de acreedores no tardó en llegar: en un comunicado en el que responsabilizaron directo a Alberto Fernández por el fracaso de las negociaciones y señalaron que están dispuestos a evaluar todas sus posibilidades y litigar contra la Argentina.

La propuesta del grupo Ad Hoc, que incluye a fondos como BlackRock y Ashomore, pide que los cupones de la deuda argentina lleguen al 5,75% anual en dólares contra un máximo del 5% que está dispuesto a ofrecer Guzmán.

Además, pide que haya un mecanismo de autoregulación del endeudamiento argentino: si el país llegara a tomar más deuda, al menos la mitad del nuevo capital debe destinarse exclusivamente el pago de deuda ya existente (roll over), de modo de garantizarse el cobro, pero también de evitar nuevos episodios de aceleración de la deuda externa.

Estos bonistas, junto con los del Canje 2005-2010, insistieron en que la contraoferta tenga un cupón PBI, mientras que los del Grupo de Bonistas que encabeza Gramercy pide que el cupón vaya atado a las exportaciones.

En este caso, los acreedores y el gobierno coinciden en que se tomen los últimos cinco años de exportaciones para decidir si se dispara el pago del cupón, pero para los acreedores deben tomarse como línea de base los 47.000 millones de dólares de exportaciones para 2020 creciendo al 1% anual, mientras que para el Gobierno el punto de partida tienen que ser los 67.200 millones: 70% superior, con un incremento anual del 3%.

Si las exportaciones efectivas superaran sendos pisos teóricos, el Gobierno está dispuesto a pagar 0,75% sobre el excedente, cuando los acreedores piden que vaya del 1% al 2,5% dependiendo de la magnitud del excedente.

El Gobierno prorrogó la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria hasta fin de año

El Poder Ejecutivo publicó el decreto 542/2020 que extiende la medida que vence el 20 de junio por otros 180 días.

El Gobierno de Alberto Fernández prorrogó por decreto la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria hasta fin de año y lo publicó este jueves en el Boletín Oficial.

De esta manera, la medida que vencía este 20 de junio, se extenderá nuevamente por otros seis meses en el marco de la Emergencia Económica. "Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley Nº 24.241, establecida en el artículo 55 de la Ley Nº 27.541", indica el artículo 1.

Asimismo, según establece el decreto, durante este nuevo período de 180 días, el Poder Ejecutivo determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la Ley Nº 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos.

Por otro lado, el artículo 2 del decreto determina que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la labor de la Comisión mencionada en el tercer párrafo del artículo 55 y en el artículo 56 de la Ley Nº 27.541. Un grupo integrado por funcionarios de los ministerios de Economía y de Trabajo y por legisladores nacionales, encargados de proponer una nueva manera de actualizar periódicamente los haberes.

Movilidad jubilatoria: proyecto de ley y rechazo de la oposición

Cabe recordar que el Gobierno había girado la semana pasada a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que prorrogaba hasta el 31 de diciembre la suspensión de la fórmula de movilidad aprobada durante la gestión del expresidente Mauricio Macri en 2017.

No obstante, dada la dificultad, ante el rechazo de la oposición, de lograr sancionarlo antes del 20 de junio, fecha que vence la prórroga anterior, el Gobierno apeló al decreto para llevarlo a cabo.