Etiqueta: Economía

Acreedores de Vicentín piden "diálogo constructivo" al Gobierno

La deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

Este martes, el grupo de instituciones internacionales que conforman el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales expresó su disposición a dialogar con el Gobierno Nacional, tras la intervención de Vicentín.

A través de un comunicado, los acreedores manifestaron "su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales" para discutir la regularización de la deuda de Vicentin, y consideraron que ello "contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía".

Según el escrito, el objetivo del Comité, que se formó inmediatamente después del anuncio del colapso financiero de Vicentin en diciembre de 2019, es "negociar conjuntamente la recuperación de los más de US$ 500 millones en préstamos otorgados a Vicentin para promover el desarrollo del sector agroexportador argentino".

"Esta cantidad representa alrededor del 40% de la deuda total de la empresa", por lo que "como resultado, el principal acreedor de Vicentin es hoy el Comité", remarcaron las instituciones financieras.

El lunes pasado, el Gobierno nacional decidió intervenir la empresa agroexportadora Vicentin y enviar al Congreso un proyecto de ley para la expropiación de la compañía, que incurrió en cesación de pagos en diciembre del año pasado y que hoy atraviesa un concurso de acreedores en la justicia santafesina.

En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior, con $5 millones.

El Presidente Alberto Fernández indicó en conferencia de prensa que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro, una unidad de negocio de la petrolera YPF.

En este aspecto, las empresas remarcaron su optimismo "en cuanto a que una solución satisfactoria a la crisis financiera de Vicentin, incluyendo el pago de su deuda, permitirá a estas instituciones continuar apoyando a la industria de agronegocios en Argentina, la que desempeña un papel clave en los ingresos de exportación para el país".

El grupo de instituciones internacionales del Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales está formado por seis instituciones financieras internacionales: Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial, Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés, ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.

Vicentin advirtió que irá a la Justicia para evitar la expropiación

El directorio de la empresa dijo que venía buscando alternativas para refinanciar su deuda y que no despidió a un sólo trabajador. "Reivindicamos la legitimidad de proteger nuestros derechos", advirtieron.

Varias horas después del anuncio del Presidente Alberto Fernández, la compañía Vicentin emitió un comunicado en el que avisó que irá a la Justicia para evitar la expropiación.

El directorio del gigante cerealearo aseguró que "se encuentra ajustada al marco legal vigente" y reivindicó "la legitimidad de proteger sus derechos", en un aviso de que se viene una larga pelea en los tribunales.

"Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas", afirman los directivos, comandados por Gustavo Nardelli y Alberto Padoan. "El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación", agregan.

Vicentin reivindicó "la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país", y subrayó que la firma "se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores".

Se trata de una advertencia concreta de que mantendrá la disputa, que no se limitará al poroteo de votos en el Congreso.

En la nota la compañía destacó que desde diciembre de 2019 "viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado". Allí, en un mensaje político, remarcan que esa operación "de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años", es decir al macrismo que le otorgó fenomenales beneficios, especialmente desde el Banco Nación.

"Los activos de la empresa son muy importantes y están intactos", también resalta el directorio, que al mismo tiempo asegura que no despidió a ningún trabajador por la crisis financiera y ha cumplido con todos los compromisos salariales, incluso de aquellos que no pudieron trabajar por la pandemia.

"Entre las alternativas en análisis siempre estuvieron la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales", continúa la empresa.

Una de las cuestiones que apuró el anuncio de la expropiación fue la posibilidad de que José Luis Manzano se quede con la firma asociado a un fondo de inversión. (Ver nota aparte).

Finalmente, Vicentin aseguró que "dentro de esas opciones estuvo siempre contemplada YPF Agro". "Todos sabemos lo que representa YPF para Argentina en el negocio de hidrocarburos, y también su muy importante vinculación con nuestro agro, por lo cual en ningún momento descartamos que puede ser un actor importante en el futuro de Vicentin", concluyó la empresa, en el único gesto de distensión al Gobierno.

Los dueños de Vicentin sobre la intervención: "Nos llena de incertidumbre y preocupación"

Tras el anuncio presidencial del lunes en la tarde, la compañía dijo haber conocido la decisión por los medios de comunicación. Además, destacaron que los activos de la empresa están intactos.

La compañía Vicentin aseguró que "se encuentra ajustada al marco legal vigente" en el país y reivindicó "la legitimidad de proteger sus derechos" como empresa cerealera, tras el anuncio del Presidente Alberto Fernández de intervenir la firma y enviar un proyecto de expropiación al Congreso

"El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas", señaló Vicentin a través de un comunicado de su directorio.

La compañía reclamó "la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país", y subrayó que la firma "se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores".

También destaco que la empresa "ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos".

“Desde diciembre de 2019 el directorio de Vicentin viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión”, aseguró la compañía.

Destacó que “los activos de la empresa son muy importantes y están intactos”, y añadió que “todos los que participan en ésta actividad lo saben perfectamente”.

Además subrayó que “no se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador”, y remarcó que “más allá de que muchos no han podido trabajar por la pandemia, todos han cobrado como corresponde”.

Vicentin puntualizó que “entre las alternativas en análisis siempre estuvieron la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales”, y aseguró que “dentro de esas opciones estuvo siempre contemplada YPF Agro”.

“Todos sabemos lo que representa YPF para Argentina en el negocio de hidrocarburos, y también su muy importante vinculación con nuestro agro, por lo cual en ningún momento descartamos que puede ser un actor importante en el futuro de Vicentin”, concluyó la empresa.

Casi 137.000 empresas accedieron a los créditos subsidiados al 24%

Una de cada cuatro Mipymes fue alcanzada por la posibilidad económica. En total, el monto prestado fue de 223.000 millones de pesos.

Según datos publicados por el Banco Central de la República Argentina, hasta el momento 136.970 empresas accedieron a la línea de créditos a una tasa subsidiada máxima anual del 24%, por un monto global de 223.000 millones de pesos.

Por su parte, la línea para monotributistas y autónomos alcanzó un total de 311.000 préstamos por un total de 38.000 millones de pesos.

Las principales herramientas de la autoridad monetaria fueron los créditos a una tasa máxima anual del 24% para micro, pequeñas y medianas empresas, y los créditos a Tasa 0% para monotributistas y autónomos.

Los créditos a una tasa del 24% para las mipymes registraron un promedio por empresa de alrededor de $1,6 millón. El monto total de la línea representa la tercera parte del stock total del crédito comercial al sector privado.

Según los datos del BCRA, las más de 136.000 empresas, que representan una de cuatro de las mipymes de la Argentina, utilizaron los préstamos esencialmente para el pago de sueldos (23%), la compra de otros bienes de capital (48%), la cobertura de cheques (22%), la contratación de servicios de salud (3%). El 4% restante corresponde a otros rubros no incluidos en las líneas de capital de trabajo.

La cantidad de créditos otorgados al 2 de junio fue de 311.000, por un total de $38.000 millones. La implementación de estos préstamos se hizo a través de adelantos en las tarjetas de créditos de los beneficiarios.

En los últimos diez días hábiles, la operatoria siguió funcionando en forma acelerada: se otorgaron, en promedio, 15.000 nuevos créditos diarios, que representan un monto otorgado de $1.700 millones.

El 49% de los inquilinos de Argentina afirmó tener dificultades para pagar la cuota de junio

El dato surgió de un relevamiento nacional organizado por Inquilinos Agrupados. Además, desde la entidad insistieron en la necesidad de la aprobación de la Ley de Alquileres, que tendrá tratamiento en el Senado.

El 49% de los inquilinos de todo el país tiene problemas para pagar el total del alquiler de junio, de acuerdo con un relevamiento realizado por la organización Inquilinos Agrupados.

Este porcentaje es diez puntos menor que el relevado el mes pasado, debido a que la apertura de la cuarentena en varias provincias del país, indicó la entidad.

Del relevamiento, que comprendió a 3.000 inquilinas e inquilinos de todo el país, surgió que un 68% tiene menos ingresos o dejó de percibirlos en el mes de mayo, mientras que el 67% dijo estar endeudado o recibiendo ayuda de algún familiar.

"A lo largo de las últimas tres encuestas nacionales, podemos ver que los efectos de la pandemia persisten y seguirán persistiendo, y, por ende, afectarán a la economía de inquilinas e inquilinos", señaló Inquilinos Agrupados.

Por otra parte, indicó que "el incumplimiento del Decreto 320/20 puede verse cuando observamos que un 44% de nuestro sector relevado pagó en efectivo el alquiler, cuando dicha reglamentación claramente establece que hasta octubre, "el pago de los alquileres debe ser vía CBU".

En este contexto, el presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, manifestó que "hace cinco años venimos planteando la necesidad de una ley de alquileres para la Argentina. Es preciso que esta semana se vote la ley en el Senado y se extienda el decreto hasta marzo del año que viene".

"Somos 9 millones de inquilinos e inquilinas que esperamos alquilar de forma justa", subrayó.

El empleo registrado sufrió en abril la mayor baja de los últimos 18 años

Las drásticas caídas que en abril acusaron los índices del Indec de producción industrial y más aún de la construcción, fueron determinantes de la severa disminución del empleo formal.

Todo pese a que el Gobierno dispuso la prohibición de los despidos mientras se extienda el período de cuarentena el cual se encamina a superar un trimestre, desde el primer decreto que se puso en vigencia el 20 de marzo.

Ya los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) habían anticipado la reducción en 12.000 de las empresas que pudieron cumplir en abril con el pago de los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial de 1,3 millones de trabajadores en relación de dependencia, aunque de ese total 254.000 se agregaron en los últimos 12 meses.

Y según la serie de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, la cual se nutre de los datos aportados por el SIPA, una baja del empleo registrado del 0,6% en un abril no se observaba desde la crisis de 2002, luego de la drástica combinación de default, desdolarización compulsiva, y devaluación del peso, tras la crisis institucional de fines de 2001 que terminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.

 Una baja del empleo registrado del 0,6% en un abril no se observaba desde la crisis de 2002, luego de la drástica combinación de default, desdolarización compulsiva, y devaluación del peso

Mientras que una caída de 3,1% del total de los puestos de trabajo en la comparación interanual no ocurría desde febrero de 2003, previa a la normalización institucional, en mayo de ese año.

Expectativas de las empresas

A nivel regional la caída de los puestos de trabajo en los últimos 12 meses fue liderada por Jujuy con 8,5%; seguida en segundo lugar por Gran Mendoza 4,9%; Gran Córdoba 4,1%, y Gran Buenos Aires y Gran Santa Fe 3,1%, y Gran Resistencia 3%, donde el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se cumplió con mayor rigor, no sólo por el decreto de necesidad y urgencia, sino por la parálisis de las actividades productivas y comercial que impuso la aparición de casos de la Covid-19.

Si bien en los 11 aglomerados del interior del país se registraran bajas de la nómina de personal declarado por las empresas con más de 10 empleados en relación de dependencia, sobresalió la resiliencia observada en Mar del Plata y Bahía Blanca, dado que las desvinculaciones netas aumentaron 0,4% en comparación con un año antes.

Mientras que también se destacaron dos aglomerados en donde los registros de abril superaron a los de marzo del corriente año: Gran Tucumán 0,6% y Bahía Blanca 0,1 por ciento.

En tanto, que por rama de actividad sobresalieron las disminuciones del 21% en la construcción; 3,1% en la industria manufacturera y 2,9% en el agregado del comercio, restaurante y hoteles.

La Encuesta de Expectativas del Indec para el trimestre mayo a julio próximo arrojó reducciones del plantel en 46,5% entre las empresas que se concentran en la obra pública y en 44,2% de las que se dedican preponderantemente a la construcción privada, y sólo presupuestaron incorporaciones netas el 5,6% y 2,3%, en el mismo orden.

En el caso del conjunto de las manufacturas industriales el organismo oficial de estadística anotó proyecciones de disminución de la nómina en 31% de las compañías consultadas, y aumento en 6,1 por ciento.

Cabe notar que el universo relevado por la EIL es de 63.263 empresas con un total de 3.222.013 empleados en relación de dependencia, sobre un total de 526.434 que presentaron sus declaraciones juradas con aportes personales y contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsión Argentino (SIPA) correspondiente a 7.789.348 trabajadores.

Las ventas minoristas cayeron más del 50% anual en mayo

Para el informe se analizaron 1.100 comercios, de acuerdo con una medición realizada entre el 1 y el 6 de junio.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa informó que en mayo las ventas cayeron un 50,8% anual. El desplome afectó tanto al comercio físico como al electrónico.

A través de un comunicado, Came detalló que "solo un 12% de los comercios relevados pudo escapar de las consecuencias de la pandemia y finalizar el mes en alza mientras que el resto tuvieron derrumbes de hasta 100%".

La entidad sostuvo que "hay fuerte preocupación en los negocios por la falta de ventas". Si bien indicó que "la mayoría ya implementó la modalidad electrónica", aclaró que "algunos invirtieron en publicidad en redes, aun así, la salida es poca y no se cubren los gastos fijos. Además, hubo problemas con los proveedores y las entregas no están llegando a tiempo".

Los rubros de mayor desplome fueron relojerías, joyerías y bijouterie, -75,6%, indumentaria, -77,5% y mueblerías, decoración y artículos para el hogar, -73,2%.

Por otro lado, los ramos con menos caídas fueron alimentos y bebidas, -14,8%, farmacias, 12,9%, y ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción, -35,5%, según señaló el relevo que destacó que los tres son "los sectores, que fueron esenciales desde el inicio de la cuarentena, cayeron por debajo del promedio".

"En mayo nuevamente hubo mucha disparidad de ventas entre ramos, entre ciudades y entre comercios de un mismo sector según la política seguida frente a la cuarentena. Hubo negocios que cerraron al 100% y no vendieron nada, otros que se abocaron al e-commerce, algunos que abrieron con rangos horarios más largos y otros más cortos. Todos eso estuvo determinado por las medidas de cada ciudad frente a la pandemia y la presencia o no de casos de coronavirus", detalló el informe.

Para el relevamiento, el organismo estudió 1.100 comercios de todo el país, de acuerdo con una medición realizada entre el 1 y el 6 de junio.

El Ministro Guzmán detalló las cifras de la herencia económica de Macri

El Ministro de Economía señaló que al asumir el Gobierno "Argentina enfrentaba una economía en caída libre".

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, detalló las cifras económicas del gobierno de Mauricio Macri, y la herencia que dejó al Frente de Todos.

"El 10 de diciembre de 2019, cuando asumimos en el Gobierno, Argentina enfrentaba una economía en caída libre. Todos los indicadores económicos y sociales venían deteriorándose", dijo Guzmán en una entrevista que brindó a diario Perfil.

En este marco, el funcionario puntualizó: "El desempleo llegaba a 2 dígitos, la tas de pobreza encima del 35%. La pobreza de niños y niñas menores de 14 años era 52,4%, sumado a la imposibilidad total de refinanciar las deudas. El riesgo país estaba por encima de los 2 mil puntos básicos".

Además explicó que, como consecuencia del Gobierno de Cambiemos, Argentina no tenía "ninguna posibilidad" de acceder al crédito a tasas que le permitiesen refinanciar sus deudas.

El ministro sostuvo que para completar el escenario, "vino el coronavirus, en todo el mundo, que pone a varios países en una situación también de crisis de deuda".

"Argentina está primero en la fila, los acreedores ven eso y ven que lo que pase con Argentina puede implicar algo para lo que siga", dijo al ser consultado sobre la posibilidad de que se esté usando a la Argentina como un laboratorio en las negociaciones de deuda.

El Gobierno analiza mantener el bono de 10.000 pesos cuando pase la pandemia

El Ingreso Familiar de Emergencia ha sido una experiencia que al Gobierno nacional le ha dado un buen resultado. El primer registro estimó 3,6 millones de beneficiarios. Unos días más tarde, se habían anotado más de 12 millones personas y, dos meses después, lo cobraron 8,5 millones.

Esa zona gris que se visibilizó, ese universo que estaba fuera de todo radar oficial, fue el primer impacto del Ingreso Familiar de Emergencia: se comprobó que hay 5 millones de argentinos sin salario, sin jubilación y sin ningún plan social.

Por la incertidumbre sobre cómo será la nueva normalidad y cuánto durarán la cuarentena y, sobre todo, la post pandemia, el IFE se instaló en la agenda del Gobierno como una medida que se mantendrá más allá de lo que dure la crisis por el Covid-19.

Lo que en su diseño original se proyectó como una medida de emergencia, adquirió con el correr de las semanas otro matiz. "Va a continuar hasta que sea necesario que continúe", dicen ahora en el Gobierno.

Según aclaran en la Anses, aún está en estudio qué formato tendrá y cual será su alcance. Ese es el organismo que, por las bases de datos que maneja y por su despliegue territorial, tendrá "las herramientas para evaluar y ejecutar" la continuidad de ese programa.

Como parte del análisis se desliza que tendrá otro nombre, más referido al "ingreso universal familiar", en sintonía con la Asignación Universal por Hijo. Una variable es que, en el futuro, excluya a los que reciben otro tipo de asistencia o tengan aportes de empleadores, cobren la AUH o sean trabajadoras domésticas, que en esta etapa pueden recibirlo.

El último jueves se firmó el decreto del IFE que estuvo precedido por un detalle político: el que lo anunció, vía Twitter, fue el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El anuncio había sido planeado el sábado pasado, tras una charla con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y sembró dos señales.

Desde Economía avalan la continuidad de una medida que significó un aporte de 89 mil millones de pesos. La cifra podría, incluso, crecer para la segunda cuota del IFE, que comienza a pagarse este lunes.

En la Casa Rosada comparan el IFE con los 2,4 millones de beneficiarios de la AUH y usan esos datos para defender la velocidad con que se pensó -se anunció a días del inicio de la cuarentena total- y se puso en práctica.

Así y todo, hubo un remanente que cobró casi 60 días después de inscribirse y por el nivel de informalidad y el universo de beneficiarios que no están bancarizados, los pagos futuros podrán tener la misma complicación.

Ese grupo es de unos 2 millones de personas y la cifra, por las condiciones globales, puede servir como parámetro para proyectar el universo que podría estar alcanzado por el futuro IFE.

Una de las medidas que tomó el Gobierno, a través del Banco Central, fue disponer la obligatoriedad de que los bancos abran cuentas para los beneficiarios, como un recurso para agilizar el pago.

Anses comenzará a pagar la segunda ronda del IFE a partir del lunes

La norma precisa que el IFE será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; sean monotributistas inscriptos en las categorías A y B; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares, siempre que cumplan con los determinados requisitos.

El Gobierno nacional convalidó el otorgamiento de un nuevo pago de $10.000, a liquidarse este mes en concepto de Ingreso Familiar de Emergencia, a través del Decreto 511/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La norma precisa que el IFE será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; sean monotributistas inscriptos en las categorías A y B; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares, siempre que cumplan con los determinados requisitos.

El beneficiario debe ser ciudadana o ciudadano argentino nativa, por opción o naturalizado, residente en el país, o extranjero con residencia legal en la Argentina no inferior a dos años anteriores a la solicitud, y tener entre 18 y 65 años

No puede percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; ser monotributistas de categoría C o superiores ni régimen de autónomos; ni recibir prestación por desempleo.

Tampoco deben cobrar el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la ciudad de Buenos Aires; ni planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes del Progresar.

Quedan exceptuados de todos estos requisitos los titulares de derecho de las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo.

La nueva ronda del IFE comenzará a cobrarse a partir del próximo lunes.