Se trata de Denise Robles Bonade y su pareja, Rubén Martín González, quienes aquilatan más de 40 causas civiles y penales en su contra por presunta defraudación en negocios inmobiliarios.

Este viernes 28 de marzo, Denise Robles Bonades y su pareja, Rubén Martín González, fueron detenidos, en el marco de la causa que los investiga por presuntas estafas en negocios inmobiliarios, por los cuales recibieron más de 40 denuncias.

Fuentes judiciales confirmaron que la detención de la pareja se produjo el viernes pasado por la mañana, quedando ambos retenidos en la Central de Policía.

Fiscalía esperaba resultados médicos de Robles Bonades, la cual se encontraba internada, y al parecer, obtenidos estos exámenes, se ordenó la detención de ambos.

Se presume que el lunes venidero, ambos podrían concurrir a Tribunales para ser parte de una audiencia de formalización.

En agosto de 2024, Rubén Martín González, uno de los socios de la constructora Anhelo Desarrollos, fue condenado por la Justicia a entregar un inmueble en construcción y un departamento, o el valor equivalente a ambos, tasado en alrededor de $97.000.000.

Esta no fue la única condena, ya que también se le exigió el pago de casi $4.000.000 por daños patrimoniales, morales y punitivos, debido a su incumplimiento de un contrato en el que se comprometió a construir y vender una vivienda.

Además, González enfrenta otras dos sentencias en su contra, además de 3 juicios civiles.

Asimismo, su pareja y socia, María Denise Robles, acumula unas 18 demandas, junto a una causa penal que involucra a ambos.

Todas estas causas están relacionadas con el incumplimiento en la entrega de lotes e inmuebles.

El conflicto, que comenzó en el ámbito civil, ha derivado también en denuncias penales.

La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas ha recibido 25 denuncias contra González y Robles, en las que se investiga si ambos actuaron de forma engañosa para estafar a los clientes y apropiarse indebidamente del dinero.

En el fuero penal, el objetivo es imponer una condena con años de prisión, aunque se debatirá si será en suspenso o efectiva, dependiendo de la mecánica del delito.

El caso comenzó cuando un cliente firmó un contrato con Martín González para la compra de un departamento en construcción de 35 metros cuadrados en un complejo ubicado en Rivadavia, cuyo valor era de $1.800.000.

El cliente entregó un Mini Cooper y $300.000 como parte de pago, con la promesa de recibir el inmueble en un plazo de cuatro meses.

Sin embargo, la entrega nunca se realizó, lo que llevó a la firma de un nuevo contrato el 3 de noviembre de 2020, en el que González se comprometió a entregar dos departamentos "en pozo" dentro de 6 meses, a cambio de $700.000 adicionales.

En este contrato, también se estableció una multa de 100 dólares por cada mes de retraso en la entrega.

Al no cumplirse con la entrega, el cliente realizó un reclamo formal en mayo de 2023 a través de una carta notarial y solicitó el certificado final de obra. Como no hubo respuesta, optó por demandar a González en el ámbito judicial.

Durante el juicio, el demandado no contestó ni se presentó, lo que llevó a la Jueza Tettamanti a fallar a favor del cliente.

La sentencia estableció que González debe entregar un departamento y un inmueble en construcción o, en su defecto, abonar $96.750.000 más intereses hasta el pago total.

Además, se le impuso una multa por los retrasos y el pago de daños patrimoniales, morales y punitivos, que ascienden a un total de $3.357.960.

El demandante logró acreditar que el inmueble en cuestión pertenece a González, lo que permitió que se embargara la propiedad como parte de la ejecución de la sentencia.

González enfrenta otras dos condenas, emitidas por el Primer y el Tercer Juzgado Civil, bajo la dirección de los jueces Héctor Rollán y Luis Arancibia, respectivamente.

Ambos casos fueron gestionados por el abogado José Becerra, quien optó por mantener la confidencialidad de sus clientes. Los casos son casi idénticos: la compra de departamentos en Rivadavia, con demoras y falta de entrega de los inmuebles.

En uno de los casos, González no respondió a la demanda ni participó en el juicio, lo que llevó a que el fallo de primera instancia quedara firme.

En el otro, apeló la decisión, pero la Cámara Civil ratificó la resolución, dejándose claro que no había más debate.

En ambos procesos, el empresario fue condenado a entregar los departamentos y a pagar una suma que, aunque figuraba en el contrato como "alquileres", en realidad correspondía a una multa por el retraso en cumplir con la entrega.

Becerra explicó que, en estos juicios, sus clientes lograron cobrar la multa por el incumplimiento. Sin embargo, dado que la entrega de los inmuebles no se materializó, el abogado rescindió los contratos y ahora espera recuperar el dinero.

Como garantía, tiene embargada al menos una propiedad, que podría ser rematada para asegurar el pago.

Hasta el momento, han trascendido 3 causas resueltas en el fuero Civil, aunque se sabe que existen al menos 22 casos más.

De estos, 3 involucran directamente a Martín González, 18 a su pareja Robles, y uno más en el que ambos están siendo investigados.

La investigación penal avanza lentamente, pues en octubre del año pasado se solicitaron copias de los expedientes civiles.

La causa fue iniciada por el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui, y actualmente está a cargo de su colega Guillermo Heredia.

Según fuentes, hasta el viernes pasado se habían acumulado 25 denuncias, y el expediente ya cuenta con 7 cuerpos.

Las denuncias revelan que Robles era la encargada de iniciar las negociaciones con los clientes, y una vez definidos aspectos clave como el tamaño y precio de los inmuebles, González intervenía para la firma de los contratos.

Según lo investigado, la mecánica de los implicados consistía en contactar a propietarios de terrenos, como fincas, y acordar su compra con la promesa de desarrollar un emprendimiento inmobiliario. A cambio, se ofrecían tres o cuatro casas o departamentos en el futuro.

El problema surgió cuando los compradores comenzaron a adquirir lotes basados en planos que, supuestamente, no cumplían con los requisitos de factibilidad técnica de Planeamiento.

A medida que los pagos avanzaban, los acusados señalaban que los expedientes en organismos como OSSE y Planeamiento estaban detenidos, lo que impedía avanzar con las obras.

Así, ni los dueños originales de los terrenos recibían sus viviendas ni los compradores de los lotes podían construirlas.

Cuando los reclamos se intensificaron por las demoras, se les ofrecían nuevos contratos con la promesa de dos lotes a cambio de los anteriores.

Este modus operandi también se observó en la sentencia del caso en el Contencioso Administrativo.

De los terrenos en Rivadavia, los fiscales investigan otros en Santa Lucía, sumando un total de 7 emprendimientos.

En la causa penal, los fiscales deberán probar que existió una intención premeditada de engañar y perjudicar a los compradores, con el fin de configurar el delito de estafa.

Mientras tanto, algunos afectados han optado por la vía civil para intentar recuperar su dinero.