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El Gobierno prepara otro vuelo a Rusia para traer 600 mil dosis de Sputnik V

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El vuelo, que podría realizarse este domingo, todavía no fue autorizado por la ANAC. El Gobierno había deslizado que iban a salir tres vuelos de Aerolíneas Argentinas antes del 24 de enero para traer más de 1 millón de dosis.

El Gobierno trabaja para mandar otro avión de Aerolíneas Argentinas a Moscú. Si lo aprueban, el próximo vuelo partirá el domingo a la noche desde Ezeiza.

La aerolínea ya comenzó con los preparativos internos para transportar unas 600 mil dosis, el máximo permitido hasta ahora en cada avión. La autorización oficial todavía no ingresó a la ANAC y por ese motivo todavía no se informó de manera oficial.

En el Gobierno ya consideran que no llegarán los 5 millones de dosis que habían prometido los rusos para enero.

El contrato firmado con el Fondo de inversión ruso estipulaba un total de 4 millones de la primera dosis y 1 millón de la segunda durante el transcurso de enero. Durante febrero, deberían llegar otros 15 millones de dosis (6 millones de la primera dosis y 4 de la segunda).

La producción de la Sputnik V está demorada. Por ese motivo, en el Gobierno se analizó la posibilidad de postergar la aplicación de la segunda dosis, tal como expresó la Viceministra de Salud, Carla Vizzotti.

En los últimos días, el Gobierno había dejado trascender que iban a viajar tres aviones entre el 21 y el 24 de enero para traer 1 millón de dosis. Luego se habló de dos aviones de Aerolíneas Argentinas. Y finalmente solo se trataría de uno con 600 mil dosis.

La capacidad de carga de cada avión podría llegar a 1 millón de dosis, utilizando parte de la cabina, pero para eso todavía restan algunos trámites burocráticos. "Lo tiene que aprobar el fabricante", dijo una fuente oficial.

El vuelo del domingo sería el tercero desde que comenzó el "Operativo Moscú". El primero aterrizó el 24 de diciembre con 300 mil dosis que comenzaron a ser aplicadas el martes 29. El segundo cargamento aterrizó el 16 de enero y fue repartido en la misma proporción entre todos los distritos.

Créditos UVA: avanza el descongelamiento

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La idea que tiene Gobierno es poner en marcha el esquema de convergencia que garantice que los hipotecados puedan pagar.

El gabinete económico, con Santiago Cafiero y el Ministro de Economía, Martín Guzmán, a la cabeza terminará de definir este jueves si mantiene o termina con el congelamiento de los alquileres y de las cuotas de créditos UVA luego del próximo domingo 31.

En ese sentido, en el Gobierno suma adeptos la idea de aplicar desde el mes próximo un esquema de convergencia a 18 meses para todos aquellos que tomaron préstamos para la vivienda atados a la inflación.

El plan está diseñado desde fines de septiembre y figura en el decreto 767/2020, por el cual se extendió el congelamiento en los valores de los alquileres y en la actualización de los créditos UVA, en el marco de la emergencia pública declarada por la pandemia de coronavirus.

El esquema de convergencia pone topes para el alza de los pagos mensuales hasta julio de 2022 y abarca a todos los créditos hipotecarios UVA, que tuvieron distintos períodos con cuotas congeladas.

Aquellos de vivienda de hasta 120.000 UVAs (aproximadamente US$120.000) tuvieron el beneficio desde agosto de 2019 a enero de 2020 y luego de marzo hasta el 31 de enero. Mientras los hipotecados por más de 120.000 UVAs y los prendarios (automóviles) sólo accedieron a la última etapa del congelamiento.

La idea es que los incrementos se produzcan de manera gradual de acuerdo con la suba de cuotas que tuvo cada grupo de deudores. En ese sentido, explicaron fuentes gubernamentales, los tomadores de hasta 120.000 UVAs afrontaron solo dos aumentos de cuotas en el último año y medio.

Esas subas fueron de 10% respecto de los valores de agosto de 2019, último mes sin congelamiento.

Además, sostienen que tras el freno a los incrementos del último año y medio, las cuotas están debajo de los valores contractuales e incluso son menores a los que hubieran tenido si el ajuste no se realizara por inflación sino por un índice que siga la evolución de los salarios, como lo hace la fórmula HogAr de los nuevos préstamos Procrear.

Resaltan que según datos oficiales, los hipotecados UVA corresponden en su mayoría a trabajadores registrados con salarios por encima del promedio y que la mora registrada no supera el 0,8% aun en medio de la pandemia.

El 30% de los deudores UVA compraron dólares en los últimos 12 meses, el 65% corresponde al segmento ABC1 y que el 85% de los tomadores del crédito con cuenta bancaria en el Nación tiene una relación cuota/ingreso inferior al 35% , según un trabajo del Banco Nación, la entidad que otorgó más de este tipo de préstamos desde su entrada en vigencia.

Por eso, apuntan a que desde el 1 de febrero, las cuotas comiencen a incrementarse por encima del IPC del mes previo, a fin de "converger" con el monto teórico que se debería pagar según el contrato que tenga con el banco.

El Gobierno analiza una nueva extensión del congelamiento de los alquileres

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Los inquilinos advierten que un 40% de ellos están endeudados y piden una prórroga de la medida.

Según el decreto que dispuso el congelamiento de los montos de alquileres y los créditos hipotecarios UVA, hasta el 31 de enero de 2021 los inquilinos tienen la opción de pagar el monto mensual que se abonó en marzo del año pasado y se suspenden los desalojos por falta de pago.

Sin embargo, desde la jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat están trabajando en una posible extensión del decreto, que podría ser de uno o dos meses.

El congelamiento de los alquileres se dispuso en marzo del año pasado, en el marco de varias medidas de alivio del impacto económico de la pandemia. El primer decreto 320/2020 mantenía los precios vigentes a marzo hasta el mes de septiembre de 2020. Luego, un segundo decreto 766/2020 prorrogó la medida hasta fines de enero de este año.

Una vez vencido el congelamiento, está previsto que los inquilinos puedan pagar en cuotas (al menos tres y como máximo seis) las diferencias entre lo que pagaron durante la vigencia del decreto y el valor estipulado en los contratos. Si no hubiera cambios, la primera de esas cuotas debería pagarse en febrero de 2021.

El decreto que aún está vigente no suspendió el pago de alquileres. Por lo tanto, en estos meses se acumuló una deuda que se deberá saldar al final del congelamiento. Sin embargo, los propietarios podrán aplicar intereses compensatorios, pero no podrán aplicar intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

Desde Inquilinos Agrupados manifestaron su preocupación en el caso de que el Gobierno finalmente decida extender el congelamiento solo por un mes.

“Extender el decreto solo un mes es la confirmación de cientos de miles de familias desalojadas el 1° de marzo. Mientras los países suspenden desalojos hasta septiembre y brindan ayuda económica para saldar las deudas de alquileres, aquí se toman medidas cortoplacistas.”, señaló Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados.

La entidad que agrupa a los inquilinos analiza una convocatoria a Plaza de Mayo para reclamar por un plazo más largo de extensión de la medida.

Según una encuesta publicada por la Federación de Inquilinos, el porcentaje de ingresos que destinaron las familias al pago del alquiler en diciembre de 2020 fue de 56,1%, esto representa 5 puntos porcentuales más con respecto a noviembre. En tanto, el endeudamiento asciende al 39,9% de los inquilinos, cerca de 1,4 millones de hogares.

Los resultados reflejaron una alta incertidumbre entre los inquilinos consultados: 39,6% no sabe adónde irá a vivir en los próximos meses y el 19,7% tendrá que mudarse.

El Gobierno anunció que eliminará retenciones para algunas exportaciones de autos

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Tras una reunión con representantes del sector, el Gobierno anunció que las exportaciones incrementales de la industria automotriz no pagarán retenciones.

Durante una reunión con el Ministerio de Economía con representantes de ADEFA, se anunció que las exportaciones incrementales de la industria automotriz no pagarán derechos de exportación.

Según se informó oficialmente "el Gobierno manifestó su intención de mantener durante este año los derechos de exportación en el mismo nivel que en 2020, aunque desgravando las exportaciones incrementales, que no pagarán retenciones".

En 2018, los productos de la industria automotriz estuvieron alcanzados por una alícuota de 12%, con un límite en pesos argentinos de $3 por cada dólar exportado. Ese sistema implicaba en su inicio una alícuota efectiva del 8%. Durante 2019 y 2020, las alícuotas efectivas abonadas fueron, en promedio, del 6% y 4,5%, respectivamente.

Ahora, se mantendrá ese valor pero para incentivar la producción, las exportaciones que superen los volúmenes registrados durante el año pasado no estarán alcanzados por la retención.

“El nuevo esquema diseñado para 2021 apunta a no aumentar la alícuota pagada durante 2020 (que se mantiene en 4,5%) y llevar a 0% lo abonado por las exportaciones incrementales”, sostuvo Roberto Arias, el secretario de Política Tributaria.

Además completó: “La medida busca promover las exportaciones, al tiempo que se defiende la sostenibilidad fiscal, en tanto se respetan los márgenes fiscales establecidos en la proyección de recursos del Presupuesto 2021, en los cuales la contribución de los Derechos de Exportación continúa siendo importante”.

En la reunión, que se realizó de manera virtual, participaron los secretarios de Política Económica, Fernando Morra; Política Tributaria, Roberto Arias; Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, y de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme.

Por ADEFA estuvieron presentes su titular, Daniel Herrero; los vicepresidentes Thomas Owsiansky y Cristiano Rattazzi; el secretario Martín Galdeano, y el director Ejecutivo de la entidad, Fernando Rodríguez Canedo.

"Precios cuidados" para celular, internet, cable y telefonía fija: qué se debe hacer para acceder

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La tarifa regulada empezó a regir el 1° de enero pero desde el Gobierno estiman que las empresas terminarán de adaptarse el lunes.

Desde el inicio del 2021 empezó a regir la Resolución 1467/2020 que impuso una Tarifa Básica Universal para los servicios de internet, televisión por cable y telefonía fija y móvil.

Si bien desde el Gobierno insisten en que la norma fuerza a prestar los servicios incluidos desde el 1 de enero, existe un lógico período de adaptación hasta que los distintos prestadores puedan incorporarlos. Las autoridades confían en que el lunes 18 ya no habrá empresas del rubro que no estén en condiciones de ofrecerlo.

La prestación básica universal es una tarifa máxima para la provisión de servicios considerados esenciales por el Gobierno en las áreas de telefonía, telefonía celular, internet hogareño y móvil y televisión por suscripción.

Para acceder a esos precios regulados, es necesario formar parte de la población destino del plan, aunque en los hechos las empresas deberán probar por ellas mismas que a un solicitante específico del servicio no le corresponde adherirse.

¿Quiénes pueden contratarlo?

Según explica la Web de Enacom, podrán optar por adherirse a las Prestaciones Básicas Universales y Obligatorias (PBU) los siguientes usuarios y usuarias:

  • Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años, y miembros de su grupo familiar (padre/madre, cónyuge/conviviente).
  • Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Usuarios y usuarias que perciban seguro de desempleo así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Usuarios y usuarias incorporados e incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N°26.844) así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Usuarios y usuarias que perciban una beca del programa Progresar.
  • Personas que se encuentren desocupadas o se desempeñen en la economía informal, así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Beneficiarias y beneficiarios de programas sociales, así como sus hijos-as/tenencia de entre DIECISEIS (16) y DIECIOCHO (18) años.
  • Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley 27.098.
  • Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley 25.054 como entes de primer grado y que se encuentren registrados en los términos de dicha ley.
  • Entidades de Bien Público definidas por la Ley 27.218 como: asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan, debiendo estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).

¿Cómo contratarlo?

Las personas que quieran acceder a las tarifas subsidiadas para uno o varios de esos servicios tendrán que tramitar ante la propia empresa prestadora la conexión a cada uno de los servicios.

Lo único que necesitan para hacerlo, además de tener a mano los datos personales, es completar una declaración jurada que se puede descargar de la página de Enacom, la que reproducimos en esta nota, y hacerla llegar a la empresa prestadora.

Con la presentación de la declaración jurada alcanza. Una vez solicitado alguno de los cuatro servicios, corre por cuenta de la empresa verificar que el solicitante no esté impedido de acceder a la tarifa básica.

¿Cuánto sale cada servicio?

Para el servicio de telefonía celular, sin contar paquete de datos, el precio establecido es de $150 mensuales. A cambio, se pueden hacer 500 minutos en llamadas a líneas de la misma compañía, 50 minutos a clientes de otras compañías y enviar hasta 500 mensajes SMS.

En el caso de que se quiera agregar datos para internet móvil, hay que pagar extra. Hay dos opciones: $200 por 1 GB de datos mensuales o $18 diarios por 50 MB por día. No es posible adherir al servicio de datos sin antes contratar el de telefonía celular.

En el caso de la telefonía fija, el costo mensual es de $380 a cambio de 300 minutos de llamadas a teléfonos también fijos, locales o de larga distancia nacional.

En lo que respecta a conexiones hogareñas a internet, las tarifas son distintas de acuerdo a la empresa prestadora y, también, en un caso el beneficiario puede optar entre alternativas distintas. En principio, para quienes quieran contratar en el Área Metropolitana de Buenos Aires a operadores con más de 50.000 clientes, podrán acceder a una tarifa de $700 mensuales por una conexión de 10 megabytes por segundo. En el interior, con mismo tamaño de prestador, el costo es el mismo pero el ancho de banda es la mitad.

Con otros prestadores las tarifas son diferentes. Un dato importante es que no alcanza a servicios de internet satelital.

Por último, la Prestación Básica Universal también se aplica a servicios de televisión por suscripción aunque en este caso no se trate de una tarifa prefijada sino de un descuento respecto del abono más económico que, también, varía según el tamaño de la empresa prestadora.

Maíz: el Gobierno elimina cupo mientras se garantice la provisión local

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Luego de un encuentro con representantes del sector privado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca acordó dejar sin efecto el límite de 30.000 toneladas diarias para exportación de maíz.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería y representantes del sector privado acordaron no implementar el límite de 30.000 toneladas diarias para exportación de maíz mientras se garantice la provisión para el mercado local.

A la cumbre, que también fue encabezada por el Ministerio de Economía y de Desarrollo Productivo, acudieron los representantes de la mesa intersectorial del maíz conformada en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y que cuenta integrantes como el vicepresidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica; el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; y el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, entre otros tantos más.

En la misma se alcanzó el acuerdo que quedó consensuado en cinco puntos y que condensan objetivos y compromisos entre ambas partes.

De esta manera, se explicó que, de parte del Gobierno nacional, se dejó sin efecto el límite de 30.000 toneladaa diarias de exportación" pero que será sustituido por "un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha sin tensiones, con el compromiso del sector privado".

Además, se pactó consensuar un acuerdo de largo plazo con los sectores consumidores y proveedores de maíz, el cual estará "en sintonía con el Programa Nacional Precios Cuidados".

Ante este punto se expuso como ejemplo "la constitución de un Fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz".

La tercera parte del pacto señaló la obligación de "proveer de la herramienta FOGAR a los fines de garantizar la cobranza de los vendedores de maíz en tiempo y forma, lo que impactara en el componente riesgo".

Finalmente, se resolvió "proveer y fomentar la herramienta de Warrant", explicaron desde la cartera que lleva adelante el ministro Luis Basterra.

Respecto a lo decidido, Basterra expresó: “Para el gobierno nacional es prioritario desacoplar los precios internos de la dinámica de los precios internacionales, al tiempo que podamos seguir fortaleciendo el desarrollo del sector y las exportaciones".

Gobierno renovó Precios Cuidados con 660 artículos y un aumento promedio del 5,6%

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A la nueva canasta de Precios Cuidados se suma un incremento en la oferta de categorías de productos, con 13 nuevos rubros, con mayor variedad en marcas, sabores y fragancias de un mismo tipo de artículo.

La nueva canasta de artículos del programa Precios Cuidados que entrará en vigencia mañana alcanzará a 660 productos, el doble de los que tuvo hasta enero del año pasado, con la incorporación de carnes y más artículos para celíacos e higiene femenina, preciaron esta tarde fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Esta mayor cantidad de productos se da con dos objetivos: generar referencias de precios en góndolas que no tenían presencia dentro del programa y robustecer las referencias actuales, sobre todo en aquellas categorías donde se verifica una diferenciación significativa en cuanto a variedad de fragancias, sabores y presentaciones de tamaño, empaque, agregaron las mismas fuentes.

La renovación del programa Precios Cuidados 2021 tiene como principal objetivo la incorporación de nuevos productos de primeras y segundas marcas que actúan como referencia para las y los consumidores así como una mayor diversidad de productos elaborados por pymes. A la nueva oferta se incorporaron más de 260 productos representativos del consumo de los argentinos.

En lo que respecta a los precios, el aumento promedio para el trimestre será de 5,6%.

Desde la Secretaría de Comercio Interior subrayaron que se suman 38 nuevas primeras marcas y productos destacados. A esto se suma un incremento en la oferta de categorías de productos, con 13 nuevos rubros, con mayor variedad en marcas, sabores y fragancias de un mismo tipo de artículo.

Además, en el nuevo Precios Cuidados se duplicará la cantidad de artículos esenciales Covid, con un total 59 productos frente a 30 que existen en la actualidad, entre los que se destacan lavandinas, alcoholes en gel, jabones, limpiadores antibacteriales, paños y guantes, entre otros.

Por su parte, la canasta para personas celíacas alcanzará los 37 productos específicos. Suma ocho nuevos artículos de premezclas, galletitas y alfajores, además de los alimentos de Precios Cuidados que no contienen gluten.

También habrá más productos de gestión menstrual como: protectores diarios (marca Carefree) y toallas higiénicas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivos subrayaron también que el nuevo programa duplicará la oferta de frutas y verduras, debido a que contará con 2 variedades de frutas y 8 verduras de estación, con un esquema de renovación mensual.

En carnes, el acuerdo contempla la presencia de cortes populares como espinazo, carne picada, roast beef y tapa de asado.

La aplicación de Precios Cuidados se divide en cinco regiones, Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); el resto del territorio bonaerense; Centro, Cuyo y Litoral; Noreste (NEA) y Noroeste (NOA), y Patagonia.

Rodriguez Larreta no irá a la reunión con el Gobierno por los fondos de la Policía

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El jefe de Gobierno envió una carta al ministro de Economía y a su par de Interior para declinar la invitación. Señaló que la norma que se plantea discutir es inconstitucional. 

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este sábado que no concurrirá a la reunión convocada para esta semana por el Gobierno nacional para tratar la reasignación de fondos para la Policía de la Ciudad, según lo dispuesto por la ley 27.606 de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad, promulgada por el Ejecutivo Nacional el 28 de diciembre pasado.

En una carta dirigida al ministro de Economía Martín Guzmán y a su par de Interior Eduardo de Pedro, quienes habían cursado la invitación, el jefe comunal de la Ciudad argumentó que no puede concurrir ya que planteó la inconstitucionalidad de dicha ley ante la Justicia.

"Ante todo, quiero expresar que nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2 de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma", indica el texto.

En la misiva, Rodríguez Larreta planteó que la "Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos", pero consideró que en este caso "los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover".

Además, destacó que la ley "viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que la firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional".

En otro tramo de la misma explicó que "la invitación al acuerdo dentro de un plazo de 60 días es un simulacro que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede ni debe convalidar. No sólo porque ya se había firmado un convenio con el Gobierno Nacional y se estaba ejecutando sino porque, incluso si se hubiesen querido modificar las condiciones establecidas, la negociación debió ser previa y consensuada para luego, en caso de acuerdo, solicitar la aprobación legislativa".

Rodríguez Larreta recordó que la presentación realizada por la Ciudad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reiteró que la ley es "inconstitucional y daña a las instituciones democráticas de nuestro país".

Esperamos encontrar una alternativa a través de un diálogo abierto, sincero y de buena fe, como el que hemos promovido desde el primer día para resolver cualquier diferencia. Y siempre en un marco de legalidad, transparencia e institucionalidad que, según nuestras convicciones, son valores fundamentales", cerró.

"Toques sanitarios": el Gobierno avanza con la idea de cierres nocturnos

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Las medidas estarán a cargo de las fuerzas de seguridad y apuntan evitar las reuniones de jóvenes.

Con el alarmante crecimiento en los contagios de coronavirus, el Presidente y los mandatarios responsables del área metropolitana evaluarán la implementación del denominado "toque sanitario". Es decir, restricciones para la circulación nocturna a cargo de fuerzas de seguridad a fin de evitar que la circulación del virus termine transformándose en la temida segunda ola que sufren distintos países de Europa y de la región, como Chile o Brasil.

"Se está evaluando. Va a depender de la situación sanitaria, la evolución de los casos y el comportamiento social", afirmó un colaborador del Presidente, que en el último día del año había dado pistas sobre sus intenciones en el control de una pandemia que parece haberse reactivado en coincidencia con la temporada de verano.

"Estamos contemplando la posibilidad de que las fuerzas de seguridad disipen aglomeraciones, pero no vamos a implementar un toque de queda, tal vez sí un toque sanitario como el que se aplicó en el interior", señaló Fernández luego de su reunión del miércoles con Alex Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta en la quinta presidencial de Olivos.

Las imágenes del relajamiento en el cumplimiento de las normas de distanciamiento en los centros de veraneo, y la acción de policías municipales como los de Mar del Plata o Berisso en el control de fiestas clandestinas, son pre-anuncios de la utilización de métodos más estrictos de disuasión para evitar las "aglomeraciones" de las que habla el Presidente.

Tanto en provincia como en ciudad aseguraron que el sistema de salud aún es capaz de absorber la demanda de nuevos casos, pero nadie se confía. "Se mantiene una edad de contagio en jóvenes adultos, nos preocupa la población en general. Hay que extremar los cuidados y las medidas, las restricciones se analizarán y se irán comunicando", afirmaron desde el Ministerio de Salud que encabeza Ginés González García. 

Dura carta de Roberto Lavagna al Gobierno: "No hay más excusas"

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El ex ministro de economía publicó una carta en la cual brindó una reflexión con críticas para el oficialismo y la oposició. Le exige medidas al gobierno.

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, publicó un documento con sus reflexiones de fin de año en las que destacó "el fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro", un mensaje para el kirchnerismo así como para Juntos por el Cambio.

A través de un tuit, el referente de Consenso Federal comunicó sus recomendaciones dada "la realidad socioeconómica a niveles insostenibles". "Es necesario reaccionar ya con algunos cambios de comportamiento", expresó y señaló medidas económicas como una reducción en el gasto del Estado así como "equidad en el sistema jubilatorio".

"Los argentinos necesitamos una bocanada de aire fresco", dijo y advirtió que habrán resistencias pero destacó sectores que "hartos del estancamiento, del retroceso en el mundo, de la pobreza creciente, de la desarticulación territorial, serán capaces de ver lo insostenible de la situación en que estamos".

Sus críticas fueron tanto para los gobiernos de la vicepresidenta Cristina Kirchner como para el mandato del expresidente Mauricio Macri y concluyó: "La acumulación de 10 años de estancamiento, incluso retroceso económico y la pandemia, han puesto a los argentinos todos en una difícil encrucijada".

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