Etiqueta: Juicio político

La UCR presentó el pedido de juicio político contra el Presidente Fernández

Por
El País Diario
-

La bancada de diputados presidida por Mario Negri había dado marcha atrás, pero ahora volvió sobre sus pasos y avanzará con la iniciativa, tras el rechazo de Horacio Rodríguez Larreta al cobro en bonos.

El bloque de diputados nacionales de la UCR volvió finalmente sobre sus pasos y decidió presentar el proyecto por el que busca la destitución del jefe de Estado.

Fue luego de anunciar que daba marcha atrás con el pedido de juicio político contra el Presidente Alberto Fernández en el marco de la controversia por los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando Fernández anunció que pagaría con bonos la presunta deuda de Nación con la Ciudad, en cumplimiento parcial con el fallo de la Corte Suprema, la bancada presidida por el cordobés Mario Negri decidió revertir su intención original de avanzar con el pedido de juicio político contra el presidente, pero tras el anuncio del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazando la modalidad de pago, el radicalismo decidió alinearse a la postura del PRO.

En ese marco, con la firma de todos sus diputados, la UCR presentó el proyecto de resolución pidiendo que la Cámara de Diputados se convierta en cámara acusadora en el jury de enjuiciamiento contra Fernández.

En un primer momento, el Gobierno nacional se había negado a acatar la cautelar de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que se le devuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación, por considerar que el fallo era "incumplible", pero ante el escándalo Fernández revisó su decisión y anunció que acataría el fallo a través del pago con bonos de deuda pública.

El proyecto presentado por los diputados radicales insta en su único artículo a "promover juicio político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".

En los fundamentos, los 33 legisladores radicales sostienen que la decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos de deuda pública el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir diariamente a CABA es "un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia al fallo de la Corte convenida previamente entre el Presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales".

"Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas", explican los diputados radicales en el texto.

El Gobierno concretó el pedido de juicio político para los jueces que viajaron a Lago Escondido

Por
El País Diario
-

"De resultar comprobadas, las conductas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones", sostuvo el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.

El Gobierno concretó el pedido de juicio político para los Jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials por un viaje privado a la mansión de magnate británico Joe Lewis en la región del Lago Escondido.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, presentó por Mesa de Entradas el escrito, de 16 páginas, en el que consideró "necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones".

"Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito, lo que será analizado en sede penal, la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos", sostiene el documento.

Ustarroz recordó que la Constitución Nacional de 1860 estableció que "pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño porque perjudiquen al servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, en cuyo caso bastan para promover el enjuiciamiento".

Tras describir los pormenores del viaje, del que también habrían participado el Ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el Fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, Ustarroz subrayó que "una sociedad mandante comprende que el magistrado no sólo debe preocuparse por ser según la dignidad propia del poder conferido, sino también por parecer, de manera de no suscitar legítimas dudas acerca del modo en el que cumple el servicio judicial".

"En el comportamiento del juez deberá primar una mirada social que anteponga el interés colectivo y común al particular o individual, como también un evidente e irreprochable sentido de independencia e imparcialidad en todo aquello en lo que por su función deba intervenir", insistió.

El representante del Ejecutivo en el Congreso describió la existencia de un "mecanismo" que buscó "influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro".

En ese contexto, recordó que la Ley de Ética Pública "prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones".

Javier Milei: "Voy a acompañar el pedido de juicio político contra Alberto Fernández"

Por
El País Diario
-

El referente libertario también expresó su descontento contra el Ministro de Economía, Sergio Massa, y habló sobre su futuro político de cara al 2023. 

El Diputado nacional de la Libertad Avanza Javier Milei afirmó que acompañará el pedido de juicio político para el Presidente Alberto Fernández por las declaraciones que realizó sobre el Fiscal Diego Luciani, que la semana pasada acusó a Cristina Kirchner a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Obra Pública.

"Voy a acompañar el pedido de juicio político contra Alberto Fernández. Es una barbaridad que se inmiscuya en otro poder y que amenace un fiscal. Las cosas que dice son muy irritantes y ofensivas para los argentinos de bien", sostuvo el libertario en diálogo en Contacto Digital, en Radio Rivadavia.

En la misma línea, Milei continuó: "No es sólo una cuestión numérica, el Holocausto fue una cuestión muy grave, dónde un grupo de locos utilizaron el estado para eliminar a un grupo de personas. ¿Cómo se le ocurre al presidente comparar la pandemia con eso?".

También, el economista fue consultado por el presente económico que atraviesa Argentina, "se combinando los tres elementos de las peores crisis: indicadores sociales similares a los del 2001, una crisis financiera similar a la del Rodrigazo y una devaluación del peso similar a la de 1988, saliendo de la hiperinflación. Es un situación muy complicada".

Milei acompañará el pedido de juicio político

Sobre Sergio Massa, que llegó al Ministerio de Economía hace casi un mes, dijo que no le ve "voluntad" para reducir el déficit fiscal y señaló que el ajuste lo hace sobre el sector privado, pero no sobre "la casta". Además, puntualizó en la inflación: "No hay recetas mágicas, la única forma para terminar con esta inflación es dejar de emitir dinero".

Y apuntó contra el flamante Viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, "en lo práctico, el ministro de Economía es Rubinstein. Pero tenemos muchos problemas con Rubinstein, primero por la cantidad de cosas que dijo anteriormente del kirchnerismo. Es un mentiroso, no tiene palabra. Se arrastró para tener un cargo".

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, Milei fue consultado sobre su futuro político, "no somos tan malos cuando perdemos ni tan buenos como ganamos. Tenemos que trabajar. Leo las encuestas, las proceso, pero la cosa es no creérsela y trabajar".

Para finalizar, el líder libertario anticipó que trabaja una presentación de un seminario que dará el próximo 12 de septiembre y que se llama "El fin de la inflación".

Juntos por el Cambio pidió formalmente el juicio político del Presidente Fernández

Por
El País Diario
-

Los titulares de las bancadas del interbloque opositor presentaron un proyecto de resolución en el que acusa al presidente de "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones". 

Los titulares de las bancadas que conforman el interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados presentaron este jueves en conferencia de prensa un proyecto de resolución en el que pidieron formalmente el juicio político contra el Presidente Alberto Fernández por sus "amenazas púbicas" contra el Fiscal Diego Luciani, quien solicitó una condena de 12 años de prisión contra Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública.

En una entrevista televisiva, el jefe de Estado había dicho que el exfiscal Alberto Nisman "se suicidó" y que él esperaba que Luciani "no haga algo así", lo cual desató un vendaval de repudios de parte de la oposición.

La movida parlamentaria de parte de los jefes opositores, que acusa a Fernández de "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones", ocurre en paralelo a la denuncia que radicaron diputados de la Coalición Cívica ante la Justicia contra Alberto Fernández por los delitos de amenazas y sedición.

Por sorteo, se determinó que la causa estará a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien había sido postulado por el presidente para el cargo de Procurador General de la Nación, y el fiscal federal Ramiro González.

"Como Poder Legislativo de la Nación, representando a este interbloque, venimos a solicitarle por la violación al artículo 109 de la Constitución Nacional, el juicio político al presidente", sostuvo el Presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, durante una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.

El diputado macrista reconoció que desde Juntos por el Cambio entienden "la responsabilidad institucional que significa un pedido de juicio político por parte de la oposición, pero también entendemos lo que también esta pasando en la calle y lo que están pasando los argentinos al ver que un presidente de la Nación intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente".

A su turno, el jefe del bloque radical, Mario Negri, destacó que "es la primera vez" que todos los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio piden el juicio político contra el mandatario nacional.

"Queremos ubicar la máxima responsabilidad que fija la Constitución para un presidente que no cumple con lo que ordena la Carta Magna", dijo el cordobés, y agregó que "lo de anoche en televisión fue un mensaje con código mafioso, no es un mensaje propio de un presidente".

El titular de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que "el presidente de la Nación tiene que entender que vive en un Estado de Derecho" y en consecuencia "no puede intimidar al resto de los poderes públicos, no puede tratar de condicionar al resto de los poderes públicos y tiene que aceptar la decisión de la Justicia".

"Tampoco el presidente puede indultar si le toca la condena a la vicepresidenta por los delitos contra la corrupción, no solo por la interpretación que hacemos 36 de la Constitución, no se pueden indultar porque la sociedad argentina no tolera más la impunidad", enfatizó.

Por su parte, la presidenta del bloque Encuentro Federal y titular del partido GEN, Margarita Stolbizer, opinó que "el presidente se ha extralimitado violando la Constitución, entre otras cosas cuando califica o descalifica la acción de un fiscal que sólo ha hecho cumplir con su papel que es acusar en una investigación a través de todas las pruebas que recolectó después de mucho tiempo y llega a la convicción de la comisión de los delitos y la responsabilidad de la señora de Kirchner y cumple en un acto procesal, propio de cualquier juicio, del momento en el que acusa".

En cambio, el líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, consideró que Alberto Fernández "rebasó los límites tolerables, no sólo porque infringe el marco de la división de poderes, sino también por la frivolidad con la que trató el tema del magnicidio del fiscal Nisman".

Más allá del pronunciamiento público y las repercusiones que genera, lo cierto es que la oposición no tiene mayoría en la comisión de Juicio Político, por lo que no podrá sacar dictamen. Aún si lo hiciera, necesitaría juntar las dos terceras partes de los votos para remover a Alberto Fernández de su cargo, porcentaje que está muy lejos de las posibilidades reales.

Este jueves por la mañana, los Diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, y el macrista Waldo Wolff, presentaron la denuncia judicial contra el presidente, en cuyo texto señalaron que los dichos de Fernández "representan una clara amenaza contra los fiscales para que no continúen con su tarea de acusación a fin de evitar que formulen cualquier otro impulso del expediente que tienen a su cargo".

Además sostuvieron que el mensaje conlleva “un claro amedrentamiento a quienes investigan delitos graves contra el poder político” dado que el Presidente es la "persona a cargo de amplios poderes formales que puede materialmente desviar".

Piden juicio político contra el Presidente Fernández por intromisión en la Justicia

Por
El País Diario
-

La solicitud fue hecha por diputados nacionales de la oposición, encabezados por Ricardo Buryaile. "Las expresiones denotan un grave desconocimiento de las facultades de cada poder del Estado", indicaron.

Diputados nacionales de distintos bloques de la oposición encabezados por el radical Ricardo Buryaile, presentaron este martes un pedido de juicio político contra el Presidente Alberto Fernández.

Lo acusan de "intromisión" en el Poder Judicial, luego del comunicado emitido por el Gobierno nacional para defender a la Vicepresidenta Cristina Kirchner en la que causa que enfrenta por supuesta asociación ilícita.

"Las expresiones del presidente de la Nación denotan un grave desconocimiento de las facultades y atribuciones de cada poder del Estado. Es facultad privativa de la Cámara de Diputados evaluar, en todo caso, si el Presidente de la República posee la idoneidad suficiente para cumplir el mandato popular depositado por los argentinos", afirmó el formoseño, autor de la iniciativa.

La propuesta es acompañada por Diputados de todos los bloques de Juntos por el Cambio y también por José Luis Espert de Avanza Libertad, en una muestra más de la creciente sintonía del economista liberal con la principal alianza opositora.

El comunicado advirtió que "no es la primera vez que se intenta distorsionar la República con actos y/o expresiones que constituyen una grave violación de la división de Poderes".

"El presidente, como autoridad de un Poder del Estado, no puede ejercer funciones judiciales, ni tampoco arrogarse el conocimiento de causas pendientes, por lo que sus expresiones constituyen, por cierto, una falta de respeto a la división de Poderes consagrada en nuestra Constitución Nacional", señalaron los firmantes.

"Esta arremetida no puede pasar desapercibida por el Congreso Nacional, quien tiene la obligación institucional de debatir en el seno de la Cámara de Diputados la responsabilidad que le cabe al presidente de la Nación y para ello, es imperioso abrir el correspondiente Juicio Político que se ha presentado", concluyó el exministro de Agroindustria del Gobierno de Mauricio Macri.

Acompañaron la iniciativa los Diputados nacionales Mario Negri, Soledad Carrizo, Roxana Reyes, José Luis Espert, Margarita Stolbizer, Pedro Galimberti, Fernando Carbajal, Karina Banfi, Pablo Torello, Karina Bachey, Héctor Stefani, Marcela Coli, Jorge Rizzotti, Gabriela Lena, Virginia Cornejo, Victoria Morales Gorleri, Gustavo Bouhid, Carlos Zapata, Ximena García, Jorge Vara, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini y Francisco Monti.

El Diputado Espert presentó un pedido de juicio político contra el Presidente Fernández

Por
El País Diario
-

Es por "mal desempeño en los deberes de funcionario público". El diputado de Avanza Libertad criticó a Juntos por el Cambio y los tildó de "cobardes".

El Diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, presentó este lunes un pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández por "mal desempeño en los deberes de funcionario público".

"Alberto Fernández no debería ser ya presidente", aseguró, al tiempo que añadió: "Esto arranca con la cuarentena cavernícola que destrozó la vida de adolescentes, destrozó comercios, empresas, mientras el presidente no sólo hacia fiestitas en Olivos, sino que además privilegiaba la relación geopolítica con Rusia y China en lugar de tirarse encima de la Pfizer, norteamericana, para vacunar a la gente. Acá ha muerto gente por culpa de la negligencia y el mal desempeño de funcionario público".

El economista también agregó a su acusación las recientes declaraciones del mandatario contra los agroexportadores, a quienes acusó de retener 20.000 millones de dólares, a la espera de una devaluación, "también es un mal desempeño de los deberes de funcionario público".

Citó además otros pedidos de juicio político al mandatario y sostuvo que "existe un consenso de la mayoría de los bloques para llevar adelante este proceso".

Señaló que el "ataque constante al Poder Judicial y la Corte Suprema por parte de la Vicepresidenta Cristina Kirchner", es grave.

"Los argentinos necesitamos recuperar la credibilidad en nuestras instituciones y, estos ataques por parte de la coalición de gobierno, desconocen el artículo 1 de la carta fundamental y atenta lisa y llanamente contra el sistema democrático, establecido como delito constitucional en el Art. 36 del mencionado texto", indica el escrito que presentó el economista.

Advirtió también que "la falta de conducción política pone en serio riesgo la situación endeble económica argentina y pone en riesgo el tejido social, al extremo, la crisis política generada por la misma coalición de gobierno, pone en jaque las instituciones de la república y por ello, resulta necesario llevar adelante este proceso constitucional".

"La actual administración de Gobierno, lleva adelante un endeudamiento tal, que en nuestra joven democracia, va a quedar en la historia reciente como el mayor endeudador, lo que conlleva indefectiblemente a generar mayor presión a la producción y al desarrollo, por cuanto para hacer frente a esa deuda, solo se piensa en generar más impuestos", señaló.

En esta "grave situación se suman la incertidumbre de falta de conducción en lo referente a la política económica, el acuerdo con el FMI, el incumplimiento, entender al BCRA como el órgano que financia al tesoro y las constantes medidas erráticas", detalló en su pedido, y planteó que el presidente "posee suficiente capacidad e idoneidad para entender, que los argentinos no podemos estar presos de una interna palaciega".

Espert criticó a los legisladores de Juntos por el Cambio, quienes no acompañarán pedidos de juicio político y los trató de "cobardes".

"¿Le tienen miedo a Cristina? Ya le tuvieron miedo, por eso la mantuvieron viva sin meterla en cana durante el Gobierno de Macri, para agrandar la grieta, cuando todo el mundo sabe que es chorra y que va con la pistola en la mano contra la Justicia. ¿Cómo no le vamos a iniciar juicio político a Cristina Kirchner antes y a Alberto Fernández ahora? Si es un inútil que está llevando a la sociedad a la ruina?", se preguntó.

"¿Por sólo especulación política no vamos contra Alberto, por temor a Cristina? Y si llega a gobernar cristina, ¿cuál es el problema? Si después de todo, la que lo eligió es ella. Que se haga cargo de Alberto inútil Cristina gobernando", dijo sobre el final.

"Acá ha muerto gente por culpa de Alberto Fernández. Ha sido un criminal, porque ha preferido la relación geopolítica con Rusia y China a tirarse de cabeza sobre la Pfizer, que nos la regalaban, para vacunar argentinos. Sólo por eso, Alberto Fernández no podría ser ya presidente", cerró el liberal.

Chile: la oposición no consiguió los votos para destituir a Sebastián Piñera

Por
El País Diario
-

La acusación constitucional hacia el mandatario trasandino no prosperó en el Senado chileno, luego de su aval en la Cámara de Diputados el pasado 9 de noviembre. 

El Senado de Chile finalmente rechazó la acusación constitucional al Presidente Sebastián Piñera, una iniciativa impulsada desde la oposición por la revelación de presuntos negocios que involucran al jefe de Estado en paraísos fiscales, con un oficialismo abroquelado en defensa del mandatario. Pese a haber superado la primera instancia en la Cámara de Diputados, no sucedió lo mismo en la Cámara Alta.

La votación avanzaba lenta y llegó después de que, por la mañana, expusiera una comisión compuesta por tres diputados que entregó sus argumentos a favor de la moción de destitución, y luego la defensa de Piñera mostró sus razones a favor de descartar la acusación.

Una votación favorable a la destitución daría paso a la integración de un Gobierno transitorio encabezado por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hasta que el Congreso elija por mayoría absoluta a un nuevo presidente. Pero por los números previos, ratificados en la sucesión de pronunciamientos, la suerte de la acusación parecía echada. Es por ello que la oposición no logró los 29 votos que necesitaba, ya que únicamente tiene 24 senadores.

"Resulta incomprensible que nuevamente Piñera se salve de esta acusación. No tenemos el quórum suficiente para acusarlo constitucionalmente", dijo la senadora María Loreto Carvajal, del Partido por la Democracia.

Según la investigación denominada "Pandora Papers", a Piñera se lo acusa de vender la Minera Dominga, durante su primer mandato presidencial, entre 2010 y 2014, en una transacción en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Al mandatario lo respaldó una decena de ministros, subsecretarios y delegados, que volcaron en las redes sociales el apoyo con el menaje coincidente de “Cuidemos la democracia".

Chile: Sebastián Piñera podría cerrar su presidencia con un juicio político

Por
El País Diario
-

El proceso está contemplado en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que a su vez estipula que la acusación se inicie en Diputados, para luego ser elevada al Senado.

En lo que serán sus últimos meses al frente del Palacio de la Moneda, el anuncio de la oposición chilena de iniciarle un juicio político al Presidente Sebastián Piñera por su presunta vinculación con la venta de una minera a través de paraísos fiscales revelada en la investigación de los Pandora Papers, suma un nuevo capítulo de tensión política.

A menos de 60 días de la elección presidencial, legisladores de la oposición anunciaron que preparan una acusación contra el jefe de Estado por entender que se vulneró la imagen de la Nación al haberse involucrado en la venta de la minera Dominga en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato presidencial.

Este hecho representaría un conflicto de intereses, que el presidente descartó, aunque también deberá enfrentar una causa judicial por este tema.

Por su parte, la Fiscalía analiza abrir una causa penal contra Piñera considerando que el contrato original de compraventa de Dominga no estuvo incluido en investigación de 2017.

En la revisión del expediente en 2017, cuando se tramitó el caso Exalmar y los hechos que comprometían al proyecto minero, sólo se encontró un preacuerdo del contrato de compraventa de las familias de Carlos Délano y Sebastián Piñera, luego sellado en las Islas Vírgenes Británicas.

Esta situación descartaría que los documentos ya hayan sido objeto de indagatoria, por lo que el Ministerio Público abriría de oficio una investigación para perseguir un eventual cohecho u otra figura penal que pueda involucrar al mandatario.

Además, se estudia por un lado la cuestión matemática, el juicio político requerirá el apoyo de al menos 29 senadores, cifra que la oposición no tiene, y por el otro, la proximidad con las elecciones del 21 de noviembre.

En Chile los procesos de juicios políticos son "atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados", que puede formular acusaciones contra el presidente por "actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes", precisa la ley.

El proceso está contemplado en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que a su vez estipula que la acusación se inicie en Diputados, para luego ser elevada al Senado.

De acuerdo con el cómputo de los dos tercios, la única posibilidad de destitución sólo se concretaría con votos de legisladores oficialistas.

Sería inminente la destitución del Juez Eduardo Alonso

Por
Ernesto Simón
-

Cabe recordar que la Corte de Justicia de San Juan promovió un proceso de destitución contra Eduardo Alonso, juez de Primera Instancia del Juzgado Letrado de Jáchal, Segunda Circunscripción.

Según especialistas consultados por este diario, es muy difícil que el Juez Alonso pueda sostenerse en su cargo, ya que cuando la Corte decide enjuiciar a un magistrado, es improbable que éste atraviese con éxito el proceso que por lo general termina en destitución.

El caso sigue su curso y ahora el Presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Guillermo De Sanctis, convocó a los miembros del cuerpo para el miércoles 28 de abril.

La cita está fijada para el 28 de abril a la 11 horas en las instalaciones del Club Sirio Libanés, sede de eventos institucionales y académicos del Poder Judicial, en cumplimiento del Artículo 84 de la Ley del Jurado de Enjuiciamiento.

La decisión está motivada en el hecho de que el Juez Eduardo Alonso respondió la vista que el Jurado de Enjuiciamiento le corrió de la denuncia realizada por la Corte de Justicia en su contra, con un escrito presentado el miércoles 21 de abril, a las 12.55 horas, en la Secretaría del Jurado de Enjuiciamiento.

Estuvo asistido por el defensor oficial que se le designara oportunamente, el abogado Lisandro Zapata Lloveras.

Igualmente se presentó el Fiscal de Estado, Jorge Alvo, mediante un escrito en el
cual solicitó que se le de intervención como acusador especial, tal como lo prevé el
artículo 34 de la misma ley.

En la reunión convocada se habilitará la etapa de estudio de la denuncia por parte del Jurado de Enjuiciamiento, integrado por los diputados Juan Carlos Abarca y Fernanda Paredes; el doctor Mario Daniel Arancibia y la doctora Cristina Mercedes Pintor, en representación de los abogados matriculados de la provincia; con la presidencia del cortista Guillermo De Sanctis.

Esta etapa tiene un plazo máximo de 15 días, período en el cual el cuerpo debe decidir sobre la admisión formal de la denuncia o su desestimación sin más trámite.

Es preciso recordar que la propia Corte de Justicia de la provincia actuó como denunciante ante el Jurado de Enjuiciamiento mediante una presentación que realizó el miércoles 7 de abril, requiriendo la destitución del Juez Eduardo Javier Alonso, titular del Juzgado ordinario de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial, por las causales de "Falta de Cumplimiento de los Deberes a su Cargo, como las causales especiales contenidas en el artículo 223 de la Constitución provincial, Morosidad Injustificada en el Ejercicio de sus funciones; Negligencia y Mala conducta".

El pedido ante el Jury se basa en las siguiente presuntas irregularidades: "Falta de cumplimiento de los deberes a su cargo que prevé el artículo 229 Constitución provincial, como las causales especiales contenidas en el artículo 223, morosidad injustificada en el ejercicio de sus funciones, negligencia y mala conducta".

La Sala Tercera de la Corte de Justicia, integrada por los ministros Olivares Yapur, Victoria y García Nieto, había dispuesto en enero de 2020 realizar un relevamiento de distintos aspectos y determinados datos del periodo comprendido entre los años 2018 y 2020.

Ese trabajo motivó que la Corte local dispusiera la realización de una auditoría a través de la Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial.

Buenos Aires: tras suspenderse las clases, la oposición pedirá juicio político a Nicolás Trotta

Por
El País Diario
-

Es por la polémica que generó su afirmación sobre la certeza de mantener las escuelas abiertas y que horas después el Presidente anunciara la vuelta a la virtualidad.

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de suspender por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, que hasta horas antes sostenía que no se iban a cerrar las escuelas, quedó en el ojo de la tormenta. La oposición pedirá su juicio político por "mal desempeño".

Así lo confirmó el Presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, quien anticipó que realizará la presentación ante la Justicia este jueves. "Vamos a presentar un pedido de Juicio Político al Ministro de Educación por su mal desempeño en garantizar el derecho a la educación", escribió en su cuenta de la red social Twitter.

La reacción del dirigente opositor respondió a lo que había manifestado Trotta apenas horas antes del anuncio del Presidente y tras mantener una reunión con sus pares provinciales en la que habían acordado "una propuesta para administrar la presencialidad en aquellas áreas donde la situación epidemiológica se agudice", según él mismo informó.

"Coincidimos en que las restricciones deben estar vinculadas a los ámbitos sociales no protocolarizados que se dan fuera de las escuelas", escribió en su cuenta de la red social Twitter tras el encuentro.

"Si tiene que haber una disminución de la presencialidad para reducir la circulación de personas, no debería implicar la suspensión absoluta de las clases en las aulas como primera medida. No podemos comenzar las restricciones cerrando las escuelas", dijo horas antes del anuncio del Presidente.

Esas afirmaciones son sobre las que se basa la queja de Ferraro y adonde apuntaría la denuncia judicial. Además, de la falta de cumplimiento del compromiso que había asumido con sus pares provinciales.

"Mintió de forma descarada al Consejo Federal de Educación, a todos los ministros que tienen la responsabilidad primaria de gestión y a toda la sociedad", le cuestionó el presidente de la oalición Cívica ARI.

Además, acompañó sus afirmaciones con un gráfico del Misterio de Educación de la nación que muestra que el porcentaje de casos positivos sobre la población escolar es del 0,16% entre estudiantes matriculados que asisten presencialmente; mientras que en el caso del personal docente y no docente la cifra alcanza el 1,03%.

1234Página 3 de 4