Durante la jornada de este jueves, expusieron representantes de inquilinos, que rechazaron la media sanción que aprobó la oposición en Diputados. El miércoles que viene se retomará el cuarto intermedio. 

Por decisión del oficialismo, se postergó para la semana que viene la firma de los dictámenes vinculados a la reforma de la ley de Alquileres, luego de escuchar en el Senado a los representantes de inquilinos, que se manifestaron preocupados por el proyecto opositor que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados.

Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, los expositores cuestionaron la propuesta de volver a los dos años de duración de los contratos con indexación cuatrimestral de los precios y que no se establezcan indicadores fijos para los ajustes.

Consideran que no se puede dejar librados los aumentos al acuerdo entre las partes, dado que ellos no tienen capacidad para exigir condiciones y en los hechos, ante la laxitud de la normativa, terminarán sometidos a los términos que impongan los propietarios.

A su vez, denunciaron abusos de inmobiliarias y ausencia de control al cumplimiento de la ley 27.551, la cual está vigente desde junio del 2020 y no tuvo los resultados esperados producto de la disparada de la inflación.

El Frente de Todos impulsa una reforma que mantiene los tres años de duración de los contratos con indexación semestral de los precios de los alquileres conforme indicadores fijos.

Para lograrlo, negocia con los senadores del bloque Unidad Federal y con los monobloquistas Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega.

Juntos por el Cambio presionó para pasar a la firma de los dictámenes hacia el final del plenario de comisiones, pero la Senadora kirchnerista Juliana Di Tullio pidió un cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana que viene a fin de poder "acercar posiciones" dentro del interbloque oficialista y con "otros bloques para llegar a un número significativo en el recinto".

"La media sanción que viene en revisión perjudica claramente a los inquilinos y lo que pidieron es que se vuelva a la situación anterior. Nosotros tenemos propuestas para mejorar el dictamen", sostuvo la bonaerense, titular del bloque de Unidad Ciudadana.

Las exposiciones

El primero en disertar fue el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, quien apuntó los cañones contra las inmobiliarias por la falta de cumplimiento de la ley de Alquileres.

"Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar", fustigó, y criticó al Ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, por no asistir al Congreso para dar su punto de vista sobre la problemática, que es de incumbencia de la cartera que conduce.

También lamentó que en la reunión informativa de este miércoles hayan concurrido "todos empresarios y ningún propietario" para exponer.

"Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. Eso me parece una derrota que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina", protestó.

Muñoz relató cómo fue agudizándose el drama del acceso a la vivienda en el país conforme fueron pasado los años.

"En 1991 había 8 millones de viviendas, había 3.6 personas por vivienda. En 2001, 11 millones de viviendas y 3,1 persona por vivienda. En 2010, casi 14 millones de viviendas y 2.9 de personas por vivienda. En 2022, 18 millones de viviendas y 2.6 personas por vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas, la situación es obscena", se quejó.

Para el titular de Inquilinos Agrupados, no hay un problema estructural con la ley actual, y pidió mantener la normativa con el Estado velando por su efectivo cumplimiento.

"El problema lo tienen las inmobiliarias que quieren cobrar cada 24 meses. Tampoco nos creemos que el problema sea la actualización de los precios y el precio inicial que tampoco está regulado y te cobran lo que se les antoja", apuntó.

Según dijo, "las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen".

"Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario, garanticemos que 10 millones de inquilinos tengamos al Estado velando para que se cumpla esta ley", resaltó.

Por último, aseguró que "la media sanción afecta todos los derechos de los inquilinos" y criticó especialmente la incorporación de los pagos adelantados, como el hecho de quitar la obligatoriedad de que los propietarios registren los contratos ante la AFIP.

"Es una barbaridad. La actualización cuatrimestral es un escándalo, pusieron tres índices y ni en la ley actual se sabe cuál se toma y no hay campañas de difusión porque nadie sabe qué son los precios mayoristas, todo es para confundir y tratar de que no se entienda. La media sanción es una redacción del mercado, intentan ocultar las intenciones reales", remató.

A su turno, Juan Arrizabalaga, representante de Inquilinos Tandil y concejal de Unión por la Patria en esa ciudad, calificó la media sanción de la ley como "una reforma pro mercado y pro rentista" que supone "un nuevo ataque del lobby inmobiliario" al derecho al acceso habitacional.

A su entender, "achicar el plazo de los contratos de tres a dos años va a generar más inestabilidad habitacional", en tanto que "pasar del ajuste anual a cuatrimestral" redundará en mayores costos inmobiliarios.

"Lo que está en juego es que el año que viene millones de inquilinos no tengan a dónde ir a vivir, no tengan para pagar un alquiler", alertó.

Por su parte, la representante del Centro de Estudios legales y Sociales Luna Miguens remarcó que en Argentina y en el mundo "hay un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de vivienda".

"En el marco de esa crisis, el Estado tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda", indicó, y enfatizó que "la media sanción va en contra de eso, porque lo que hace es restringir el rol del Estado".

"No entiendo quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos. No se puede volver atrás con ese avance", insistió.

Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, se manifestó sorprendido por el planteo implícito en la media sanción opositora sobre una supuesta "igualdad de partes" en la relación contractual entre propietarios e inquilinos.

"Si el problema es la inflación, ¿por qué hoy discutimos la Ley de Alquileres? ¿O por qué la salida es esta media sanción? No se están discutiendo otras leyes de lo que sucede con otros bienes y servicios", interrogó.

Ocurrió luego de que fracasara el intento de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza por derogar la normativa vigente. Con la reforma aprobada, se vuelve a los dos años de duración de los contratos y se fijó la actualización de los precios cada cuatro meses.

Luego de fracasar en el intento de derogar la normativa vigente, Juntos por el Cambio logró al menos aprobar el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres, que apunta a que el plazo de duración de los contratos vuelva a ser de dos años y que la actualización de los precios sea cada cuatro meses.

Con 125 votos a favor, 112 en contra y tres abstenciones, la principal coalición opositora consiguió la esperada media sanción con el apoyo de los diputados de Córdoba Federal, del interbloque Provincias Unidas y del bloque SER.

El Frente de Todos, el Frente de izquierda y también La Libertad Avanza votaron en contra. En el caso del bloque liderado por Javier Milei se debió a que está decididamente en contra de cualquier tipo de regulación del mercado de alquileres inmobiliarios.

El interbloque Federal se dividió, mientras que Graciela Camaño, Florencio Randazzo, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca votaron afirmativamente, Natalia de la Sota y Alejandro Topo Rodríguez lo hicieron en contra, en tanto que los socialistas santafesinos Enrique Estévez y Mónica Fein se abstuvieron.

La iniciativa que rige actualmente, sancionada en 2020, con contratos de tres años e indexación anual en base a indicadores fijos que combinan IPC y RIPTE, no dio los resultados esperados al calor de la inflación descontrolada y los cambios en el mercado inmobiliario, con un retiro incesante de unidades en alquiler tradicional producto del auge de los alquileres temporarios en plataformas extranjera y la retracción de la oferta a razón de otras formas de especulación inmobiliaria.

La reforma de la Ley de Alquileres era un asunto largamente postergado a raíz de las posiciones irreconciliables entre el Frente de Todos y la oposición, las reuniones informativas de la comisión de Legislación General habían comenzado en abril del 2022 y los dictámenes estaban listos desde julio del mismo año.

El escenario para Juntos por el Cambio en la antesala era desafiante y complejo, dado que el quórum estuvo en duda hasta último momento. Sin embargo, logró superar ese primer escollo con lo justo, al conseguir que 129 diputados de distintos bloques opositores se sentaran en sus bancas.

Pese a tener un dictamen propio desde el año pasado, la apuesta inicial que acordó Juntos por el Cambio era ir por la derogación de la mal llamada "Ley Lipovetzky", pero se trataba de una misión imposible dado que al no tener dictamen para dicha iniciativa, se requerían las dos terceras partes de las voluntades para habilitar sobre tablas el tratamiento, fueron 124 votos a favor y 110 votaron en contra.

Luego de este paso el falso, se pasó a votar el dictamen de mayoría del Frente de Todos, que fue previsiblemente rechazado.

El oficialismo proponía sostener los pilares centrales de la actual ley con los tres años de duración de los contratos y la actualización anual de los precios en base a indicadores fijos como el IPC y el RIPTE.

La única novedad es que incorporaba una serie de incentivos fiscales para los propietarios, de modo tal de estimular la oferta de inmuebles en alquiler y paliar el fenómeno que se viene dando aceleradamente de retiro de viviendas del mercado.

El dictamen de minoría impulsado por Juntos por el Cambio que terminó con la media sanción es bastante más laxo en las condiciones contractuales, fijando dos años de plazo e indexación en base a indicadores que acuerden libremente las partes.

"Legislar es proteger al más débil y eso es lo que tenemos que hacer", expresó el Presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, criticando el dictamen de minoría por dejar el precio del alquiler al libre arbitrio de las partes, donde habitualmente se impone el más fuerte en la relación contractual.

El proyecto opositor también incorpora una serie de estímulos fiscales para locadores, tal cual explica uno de sus autores, Alejandro Cacace, Evolución Radical: "Como todos reconocen que hay una retracción de la oferta de propiedades en alquiler, damos incentivos fiscales, ventajas impositivas en el monotributo, en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y distintos mecanismo para que se pongan más propiedades en alquiler".

"En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdes las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses", indica el dictamen de minoría, donde se suprimió la parte donde se fijaba una periodicidad de "entre tres y doce meses".

La Diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño advirtió que "una de las partes que ha retraído la oferta por cómo hemos legislado".

Por su parte, Pablo Tonelli, PRO, aseguró que lo necesario para "recuperar la normalidad en el mercado inmobiliario es reestablecer el equilibrio" y consideró que eso existía antes de esta ley cuando los contratos se basaban en el Código Civil y Comercial.

A su turno, la Diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman sostuvo que "el problema es que los cambios que aquí se proponen, ya sea la derogación o lo que está en el dictamen de minoría, son perjudiciales a quienes alquilan".

"El lobby inmobiliario está haciendo mucho esfuerzo. Nosotros resistimos, no nos van a convencer los lobbys de las grandes inmobiliarias y especuladores que siempre se llevan una tajada de este negocio", protestó la candidata presidencial y referente del PTS.