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Desde San Juan se busca unificar criterios en torno a la Ley de Alquileres

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Por esta razón, la Diputada nacional Fabiola Aubone mantuvo encuentros con distintos actores del sector.

La controvertida Ley de Alquileres sancionada en 2020 ya está en la mira del Congreso y por esta razón se presentaron 4 proyectos que buscan modificar o derogarla.

Debido a esto, en San Juan se están realizando encuentros para poder consensuar entre los distintos actores en pos de un proyecto que beneficie tanto a propietarios como a inquilinos.

La Diputada nacional por San Juan, Fabiola Aubone, comentó que mantuvo un encuentro con corredores inmobiliarios y que "hay cuatro proyectos que buscan derogar la ley actual de alquileres. Los estamos analizando y todos tienen dos puntos en común, el plazo de contrato y el plazo de actualización, buscando que sea menor".

Aseveró además que propuso "generar desde San Juan una mesa de diálogo con inquilinos y propietarios".

Además explicó que "en algunos proyectos está el impuesto, en otros hay un beneficio impositivo para quienes tiene sus propiedades en estado ocioso, para que las incorporen al mercado", al tiempo que opinó que "en la medida que podamos trabajar será en favor del beneficio impositivo. Hacia eso nos tenemos que encaminar".

Fuente: Estación Claridad

Presentaron un proyecto para modificar la Ley de Alquileres

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Diputados del Frente de Todos, encabezados por José Luis Gioja, formalizaron la presentación de la iniciativa. Entre otros aspectos, contempla topes para los aumentos de los contratos y la creación de un impuesto a la vivienda vacía.

La ley de Alquileres, cuestionada por el oficialismo y la oposición, volvió a ser motivo de debates y ambos sectores buscan reinstalar el tema en la agenda legislativa.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de sesión especial en la Cámara baja para poder abordar en el recinto la derogación de la ley de Alquileres, en momentos en que el Frente de Todos presentó un nuevo proyecto para abordar la problemática.

El principal bloque opositor del Congreso le envió un pedido formal de sesión al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para el martes 5 de abril próximo a las 12.

"El Interbloque @juntoscambioar solicitó una sesión especial para el 5/4 para tratar la derogación de la Ley de Alquileres y la ayuda a productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios. El Congreso no puede seguir paralizado, esperamos apoyo de toda la oposición", subrayó el Presidente del bloque de la UCR, Mario Negri.

El pedido fue firmado por Negri, Cristian Ritondo, Rodrigo De Loredo, Juan Manuel López, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, Carlos Zapata, Omar de Marchi, Julio Cobos, Sofía Brambilla, Ingrid Jetter, Manuel Aguirre, Jorge Vara, Martín Arjol, Alfredo Schiavoni y Silvia Lospennato.

La oposición quiere instalar el tema de los alquileres en la agenda parlamentaria, y en este aspecto el oficialismo también tiene sus propuestas.

Este viernes el Diputado sanjuanino José Luis Gioja presentó una iniciativa para modificar la actual norma, vigente desde junio de 2020.

La propuesta de Gioja busca mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos y otorgar beneficios tributarios para los propietarios que alquilan sus inmuebles, entre ellos, la desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.

"Esta Ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores un minuto después de su aprobación. Pretendemos fortalecer y transparentar el mercado inmobiliario y sentar las bases para que, desde el Estado Nacional y los estados provinciales se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler", aseguró el diputado oficialista.

Su propuesta incluye un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad para la gestión pública de alquileres sociales, que debe ser diseñado por el Consejo Nacional de la Vivienda.

Esa iniciativa busca tener precios más bajos que los del mercado.

Alquileres: el Gobierno convocó a inmobiliarias e inquilinos para bajar los precios

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Quieren conformar una mesa de trabajo, los cambios a la Ley de Alquileres se demoran en el Congreso.

Con cada vez menos propiedades en alquiler y con precios en alza, la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Roberto Feletti, comenzó a buscar alternativas para poder incentivar la oferta de y una mejora en la situación de los inquilinos, que podrían incluir algún tipo de castigo para quienes tengan inmuebles desocupados.

Esta semana, se conformó una mesa de trabajo donde participarán los distintos sectores involucrados: inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

"El propietario no quiere alquilar o no quiere alquilar a un precio que el inquilino pueda pagar. El inquilino no puede pagar el precio. No hay punto de contacto entre oferta y demanda. Hay una retirada fuerte de propiedades. En la actualidad hay 120.000 viviendas publicadas ofrecidas en la ciudad de Buenos Aires, cuando el promedio es 50.000", dijo Feletti en declaraciones a Radio El Destape.

"Yo no tengo ahora la solución. Tal vez sea una mezcla de palo y zanahoria hacia los propietarios para que oferten sus propiedades. Si las ofertan, se les puede dar algún beneficios y si nos las ofertan se les puede aumentar algún gravamen. Hay que mirarlo. Es raro esa sobreoferta inmobiliaria que hay en un mercado donde no se vende. El Estado debe reunir una mesa y buscar un consenso", agregó el secretario de Comercio.

El mes pasado, los funcionario de la Secretaría mantuvieron una reunión con el titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, que consideró que el Estado tiene que recuperar su rol en la medición y control del mercado del alquiler de vivienda.

Muñoz planteó que el precio del alquiler representa un gasto fundamental en más de 3 millones hogares inquilinos y por lo tanto tiene que ser una política de la secretaría de comercio, como los alimentos.

Esta semana, en tanto, fue el turno de las autoridades de la Cámara Inmobiliaria Argentina que tuvieron un encuentro con Feletti y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian. Durante la reunión, las autoridades de la cámara analizaron el mercado actual, la escasez de oferta de propiedades para alquilar y la sobreoferta de propiedades a la venta, a pesar del bajo nivel de operaciones.

Por su parte, Feletti manifestó la necesidad de fomentar el incremento de la oferta y remarcó su preocupación por lo que definió como una situación "cada vez más precaria" de los inquilinos. Aunque no anticipó qué tipo de políticas se podrían implementar para el sector.

"La Ley de Alquileres generó que haya más propiedades en venta y menos oferta de propiedades en alquiler. Es muy importante que haya una mesa de trabajo y que se escuche a todas las partes. Nosotros proponemos algunos cambios en la ley, creemos que el índice de actualización debería tenga algún índice alternativo hoy el salto es de 52% en un año y de una sola vez. Proponemos al menos dos ajustes anuales", dijo Alejandro Bennazar, presidente de la CIA.

"El mercado no acepta el tiempos de los contratos, que tiene un mínimo de tres años. Es muy largo, incluso también para los inquilinos. El tema es muy sensible. No hay incorporación de unidades nuevas al mercado locativo", agregó Bennazar.

La Ley de Alquileres, vigente desde julio del 2020, provocó cambios en el mercado de los alquileres, con menor oferta de propiedades y subas de precios en los nuevos contratos.

Además, la actualización anual a través de un índice que combina la evolución de los precios y los salarios provocó saltos en los alquileres de más del 50%.

En noviembre del año pasado, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa anunció que el Gobierno impulsaría en el Congreso un nuevo proyecto que reemplace a la actual Ley de Alquileres.

La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

"Tenemos que discutir una nueva Ley de Alquileres, que le de certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tiene a lo largo y a lo ancho del país", agregó Massa en ese momento.

Sin embargo, hasta el momento la iniciativa no tuvo tratamiento parlamentario, lo que generó más incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Los puntos clave a modificar, según anticiparon fuentes legislativas, son dos: la actualización de los alquileres, que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo.

La derogación de los artículos más cuestionados de la Ley de Alquileres también fue una de las promesas de campaña de la oposición.

Según una encuesta realizada por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, 8 de cada 10 propietarios consideraron que la Ley de Alquileres los perjudicó, un 58% se vio afectado por la indexación anual del aumento del alquiler y otro 58% por la extensión del plazo del contrato a tres años. En tanto, un 44% no está de acuerdo con tener que registrar el contrato de alquiler en la AFIP.

El Gobierno nacional prevé suspender la ley de alquileres por 180 días

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Se evalúa impulsar la suspensión por ley o por decreto, y avanzar en una nueva norma. Juntos por el Cambio reclama la derogación.

Ante la drástica caída en la oferta de alquileres y el contexto de alta inflación que no cede, el oficialismo intentará modificar la ley de alquileres, iniciativa que contaría con el respaldo de Juntos por el Cambio, que hace tiempo viene pidiendo la derogación ante la falta de resultados positivos.

"Es necesaria una revisión integral de la legislación actual que claramente no generó certezas ni a los propietarios ni a los inquilinos. En la búsqueda de equilibrios hay que dar garantías a ambos lados del mostrador", sostuvo en declaraciones la diputada nacional electa del Frente de Todos Marcela Passo, quien impulsa una nueva normativa junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Los cambios principales que están en evaluación, según indicó la referente massista, son la reducción del plazo de duración de los alquileres, él índice de actualización de los valores de los alquileres y la frecuencia de los aumentos.

El propio Massa ya había admitido horas antes que la ley que Diputados sancionó en noviembre de 2019 tenía buenas intenciones pero que había "fracasado" ya que redujo la oferta de alquileres y no pudo contener el alza de precios para los inquilinos.

"El Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó", remarcó el líder del Frente Renovador.

"La Ley que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino", completó al participar del acto por el Día de la Construcción en el edificio de la Confitería del Molino.

En este sentido, el ex intendente de Tigre y referente del Frente de Todos llamó a "discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país".

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó que desde el oficialismo "se está trabajando y se está previendo presentar una modificación" en la normativa dado que "la implementación de la ley en el momento de la aplicación no trajo los resultados que se esperaban".

"Una cantidad de funcionarios y diputados consideran que se puede mejorar", acotó Cerruti en la habitual conferencia de prensa realizada los jueves en la Casa Rosada.

"Los precios de los alquileres, como todo aquello que forma parte de lo que tiene que pagar una familia, es una de las preocupaciones centrales de la Argentina", enfatizó.

En este marco, desde el Poder Ejecutivo analizan suspender por decreto o por ley la actual legislación por 180 días, para que en ese período una comisión redacte una nueva ley.

Presentan un proyecto de ley para extender congelamiento de alquileres hasta marzo

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Aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas

La Diputada nacional Fernanda Vallejos presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para extender el congelamiento de alquileres y la suspensión de los desalojos hasta marzo del próximo año.

El proyecto de Vallejos postula que la vigencia del DNU 320/20, que finaliza el 30 de septiembre, debe prorrogarse hasta el 31 de marzo de 2021 y entre los argumentos señala el pedido de las entidades de inquilinos en tal sentido "por la imposibilidad de pagar el alquiler".

"Es fundamental y necesario extender por lo menos hasta el mes de marzo de 2021 dicha medida, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos y la necesidad de continuar resguardando la situación habitacional de las personas y familias que alquilan", explica.

"Cabe ser destacado que la emergencia producida por la pandemia, con sus consecuencias económicas, torna de muy difícil cumplimiento para una importante cantidad de locatarios y locatarias, trabajadores, trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales, pequeños y medianos empresarios para hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos", señaló la diputada.

Por su parte, el presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, destacó la iniciativa. "Sabemos que el Gobierno nacional está trabajando en la extensión del decreto y en un plan de desendeudamiento", expresó en un comunicado.

A su vez, consideró necesario que el Gobierno nacional "lo comunique oficialmente para frenar la presión de las inmobiliarias y los propietarios sobre los inquilinos. Los niveles de incertidumbre y angustia son enormes".

"No pueden anunciar la extensión un día antes de que venza el decreto actual, si esperan hasta ese momento, ya miles de familias habrán sido echadas de forma violenta o económicamente de sus casas. Es más sencillo solucionar esto ahora, y no cuando ya estén en la calle”, afirmó.

De acuerdo con la Federación de Inquilinos, hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas y el 47,4% de los inquilinos del país percibe menos ingresos desde que comenzó la pandemia, y de este segmento el 40,6% está endeudado.

Desde este martes rige en todo el país la Ley de Alquileres: claves de la nueva norma

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La Ley 27.551 modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación. Los detalles en esta nota.

El Gobierno nacional promulgó la Ley de Alquileres mediante el Decreto 580/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial bajo la firma del Presidente Alberto Fernández; el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y las ministras de Justicia, Marcela Losardo; y de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa.

La Ley 27.551 modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación. Fue sancionada por el Congreso el 11 de junio pasado.

Puntos principales

1- El mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente.

2- El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.

3- El plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años, con las excepciones del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.

4- Aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición quedan a cargo del locatario. Las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.

5- Los gastos a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente.

6- La intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.

7- En cuanto a la garantía, el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc.).

8- Sobre el valor de la garantía, el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.

9- Respecto a la actualización monetaria/indexación, la nueva ley excluye a los contratos de locación de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad 23.928.

10- En la fijación del valor de los alquileres solo se admiten ajustes anuales, que deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (índice de precios al consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).

11- Se establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la AFIP.

12- Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal, entre ellas: la especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.

13- Se dispone el desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.

El Senado aprobó la Ley de Alquileres y el proyecto de Sociedades simplificadas

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La Cámara alta, en su cuarto encuentro telemático, también dio luz verde a la Ley de educación a distancia. La oposición abandonó la conexión a la mitad de la sesión.

El oficialismo en el Senado aprobó esta noche la Ley de Alquileres y dio media al proyecto que suspende por 180 días las sociedades anónimas simplificadas, luego de que la oposición se retirara del recinto tras convertir en ley el proyecto de educación a distancia.

Las dos normas recibieron luz verde por 41 votos a favor del Frente de Todos, tras el rechazo de la oposición a tratar proyectos que no estuviesen relacionados por el coronavirus.

El proyecto de alquileres se convirtió en ley tras un derrotero legislativo que duró más de cuatro años. La nueva norma establece, entre otros puntos, la extensión de los contratos de dos a tres años y la actualización anual de los precios, en lugar de ser de forma semestral como ocurre actualmente.

Además, el aumento anual deberá hacerse sobre un índice conformado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor y el de salarios.

Por otra parte, la iniciativa establece que "los contratos de locación deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos", un punto importante porque evitará la firma de contratos "en negro".

La AFIP deberá definir el plazo y la forma de esta declaración, pero se trata de un punto central porque obligaría a los propietarios a "blanquear" el ingreso que perciben por el alquiler, algo que generó contrapuntos en anteriores ocasiones sobre el tema.

Además, al existir un registro legal de alquileres se acelerarán las posibilidades de desalojo de los "ocupas", quienes suelen demorar el trámite judicial presentando supuestos contratos de alquiler -que luego resultan apócrifos- para argumentar que fueron estafados en su "buena fe".

El proyecto también amplía las garantías que podrá presentar el inquilino ante el locador, al contemplar tanto la garantía propietaria, como el seguro de caución, el aval bancario, la garantía de fianza o fiador solidario y el recibo de sueldo.

Por otra parte, se establece de modo taxativo que las expensas extraordinarias serán responsabilidad del propietario, quedando a cargo del inquilino solo las ordinarias, que incluyen los gastos habituales del edificio, salario del encargado, limpieza y otros conceptos.

El segundo proyecto que el oficialismo aprobó en solitario fue el que más resquemores provocaba en la oposición. La iniciativa propone suspender por 180 días la inscripción de la  Sociedad por Acciones Simplificadas nuevas y, en ese lapso, las que ya fueron creadas deben ratificar su inscripción ante la Inspección General de Justicia cuya jurisdicción sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el resto de las provincias tienen sus propios registros de sociedades.

Juntos por el Cambio, a través de la palabra de la senadora Laura Rodríguez Machado, argumentó que el proyecto modificatorio de la norma sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri, "no solo no tiene nada que ver con la pandemia, sino que hace un daño enorme al suspender la inscripción de sociedades que dan trabajo a los argentinos".

El 49% de los inquilinos de Argentina afirmó tener dificultades para pagar la cuota de junio

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El dato surgió de un relevamiento nacional organizado por Inquilinos Agrupados. Además, desde la entidad insistieron en la necesidad de la aprobación de la Ley de Alquileres, que tendrá tratamiento en el Senado.

El 49% de los inquilinos de todo el país tiene problemas para pagar el total del alquiler de junio, de acuerdo con un relevamiento realizado por la organización Inquilinos Agrupados.

Este porcentaje es diez puntos menor que el relevado el mes pasado, debido a que la apertura de la cuarentena en varias provincias del país, indicó la entidad.

Del relevamiento, que comprendió a 3.000 inquilinas e inquilinos de todo el país, surgió que un 68% tiene menos ingresos o dejó de percibirlos en el mes de mayo, mientras que el 67% dijo estar endeudado o recibiendo ayuda de algún familiar.

"A lo largo de las últimas tres encuestas nacionales, podemos ver que los efectos de la pandemia persisten y seguirán persistiendo, y, por ende, afectarán a la economía de inquilinas e inquilinos", señaló Inquilinos Agrupados.

Por otra parte, indicó que "el incumplimiento del Decreto 320/20 puede verse cuando observamos que un 44% de nuestro sector relevado pagó en efectivo el alquiler, cuando dicha reglamentación claramente establece que hasta octubre, "el pago de los alquileres debe ser vía CBU".

En este contexto, el presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, manifestó que "hace cinco años venimos planteando la necesidad de una ley de alquileres para la Argentina. Es preciso que esta semana se vote la ley en el Senado y se extienda el decreto hasta marzo del año que viene".

"Somos 9 millones de inquilinos e inquilinas que esperamos alquilar de forma justa", subrayó.

El Senado debate este jueves la nueva Ley de Alquileres

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Será la tercera sesión virtual y está prevista para este jueves a partir de las 14 horas. Se debatirán los proyectos de Educación a Distancia, que ya fue aprobado en Diputados, y la nueva normativa sobre los contratos de alquiler.

Los senadores debatirán además el aval a una docena de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo para mitigar los efectos de la expansión del virus.

La sesión está prevista para este jueves a partir de las 14 horas, y será encabezada por la Vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

El proyecto sobre educación a distancia fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados y obtuvo ayer dictamen de la Comisión de Educación de la Cámara alta, por lo que sería mañana convertido en ley.

La iniciativa amplía el artículo 109 de la Ley de Educación para permitir el aprendizaje a distancia para menores de 18 años, ya que solo se habilitaba a los adultos y escuelas rurales, cuando existan razones excepcionales en las que no se pueda realizar el ciclo lectivo en forma presencial.

Ley de Alquileres

El proyecto de alquileres, que obtuvo dictamen esta semana y fue incluido en el temario, extiende la duración del plazo de locación de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios.

El artículo referido a ese cálculo fue uno de los que mayor debate generó ayer en el debate en la Comisión de Legislación General, ya que algunos senadores sospechan que podría dejar abierta la posibilidad de que haya más aumentos que los prometidos en la norma.

Además, los legisladores tratarán doce decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo durante la pandemia.

En la lista se incluyó el decreto 457 que modifica el Presupuesto y suspende por este año la limitación que tiene el jefe de Gabinete para reformular las partidas presupuestarias, y recibió cuestionamientos de la oposición.

Sobre esa norma, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que "no se trata de superpoderes" y afirmó que "en momentos extraordinarios" se requiere un Estado "activo y flexible".

También se incorporaron al temario los decretos de prórroga del aislamiento social, el 409/2020 sobre prórroga de cierre de fronteras por la pandemia y el 426/2020 que prorroga la vigencia de la obligación de la imposibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono.

Los senadores tratarán además el Decreto 256/2020 de transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) dependiente de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema y el DNU 102/2020 que reformula el plazo de vigencia de los mandatos de las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial.

También se incluyeron los DNU 391 y 404 sobre reestructuración de títulos públicos emitidos bajo ley extranjera, el decreto 52 de 2019 de intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo prorrogable de 180 días y el DNU 487 que prohíbe los despidos sin justa causa y por causales de falta o disminución de trabajo por fuerza mayor por 60 días.

El último de los DNU que se tratará es el 488 emitido el 21 de mayo pasado, por el cual se establece un valor fijo para la comercialización del petróleo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre de 2020.

Fernández prepara un proyecto de Ley para congelar alquileres

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El presidente de la Nación buscará que no se pueda realizar ejecuciones hipotecarias ni desalojos.

Fernández confirmó esta tarde que enviará al Congreso un proyecto de ley para congelar el precio de los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios así como también desalojos y ejecuciones de departamentos.

Fernández anunció que la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra está trabajando junto a Sergio Massa para que la Cámara de Diputados trate el proyecto.

De esta forma, el gobierno nacional busca evitar que el agravamiento de la crisis económica que producirá el coronavirus no golpee tan fuerte a los inquilinos. 

"Es una tormenta que va a mojar más a algunos que a otros, pero la pasaremos", indicó el presidente.

En la misma sintonía, la administración nacional anunció la suspensión de los cortes de servicio por incumplimientos en los pagos. Será por 180 días y abarca a titulares de la AUH y AUE, jubilados y pensionados, a quienes perciben seguro de desempleo, a usuarios electrodependientes, MiPyMES, Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES e instituciones de salud, públicas y privadas.

Fernández reconoció que por la crisis "se están generando conflictos económicos", pero aclaró que "cuando se gobierna hay que enfrentar dilemas y la opción era cuidar la economía o la vida, elegí cuidar la vida y la salud de los argentinos".

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