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Alberto Fernández sumó otra imputación por el escándalo de la contratación de Seguros en Anses

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El Ministerio de Capital Humano hizo la denuncia en una causa paralela donde también se investiga una maniobra similar. Los seguros se incluían en créditos Anses.

El Fiscal federal Ramiro González imputó este martes al expresidente de la Nación, Alberto Fernández y otros exfuncionarios por una maniobra supuestamente fraudulenta en la contratación de seguros que otorgaba con Créditos Anses el organismo en cuestión.

Se trata de una causa paralela a la ya existente y a partir de una denuncia de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según la denuncia, en el otorgamiento de créditos desde la Anses se contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros pagando comisiones "indebidas", por lo que fue imputado el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliolo y el exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses Federico Alejandro D´Angelo Campos.

También el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA y el responsable de TG Broker S.A. pues fueron contratados como organizador y productor por D´Angelo Campos sin haber mediado licitación alguna y justificando la "falta de costo" para el Estado.

La maniobra se ejecutaba cuando se otorgaba un crédito a algún jubilado y pensionado por el cual no se podía recuperar entre otras cosas por fallecimiento, y por el cual se pagó al menos entre marzo del 2022 y octubre del año siguiente la suma de 10 mil millones de pesos.

Como medida de prueba, el fiscal le sugirió al Juez Julián Ercolini pedir a la Auditoría General de la Nación un informe sobre los hechos, informes a la Superintendencia de Seguros sobre las aseguradoras San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A y TG Broker S.A.

También que jefatura de gabinete de ministros aporte el decreto 823/2021 que impuso la obligación de otorgar los créditos con pólizas de seguro, así como si son proveedores del Estado.

Otra de las medidas es que sea citado como testigo Osvaldo Giordano, el extitular de la Anses que fue echado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, y quien descubrió la maniobra ahora investigada.

El fiscal pidió la realización de un "peritaje de la especialidad con el objeto de determinar el perjuicio patrimonial" a partir del decreto del 2021 firmado por el expresidente Alberto Fernández.

Ésta causa se suma a la otra que también tienen el Juez Ercolini y el Fiscal González a partir de la denuncia de Silvina Martínez y que también se investigan la contratación de seguros y el pago de comisiones a otras empresas de seguros a través de Nación Seguros.

Gobierno reemplazó el Plan Potenciar Trabajo por dos programas y eliminó la intermediación

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El Ministerio de Capital Humano decidió reemplazar el plan por dos programas, Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. La decisión se basa en que la intermediación no fue eficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal.

Tras haber detectado "ineficiencias", el Ministerio de Capital Humano decidió reemplazar el Plan Potenciar Trabajo por dos nuevos programas. Se trata del Programa Volver al Trabajo, creado por decreto 565/23, y el Programa de Acompañamiento Social.

El monto de compensación para el trabajador será el mismo que el Potenciar Trabajo, es decir $78.0000 y el programa comienza a funcionar lo antes posibles, revelaron fuentes oficiales.

Con el primero, el propósito es "promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la Economía Popular". En tanto que el segundo se establece "con la mira puesta en los hogares con un alto grado de exclusión y vulnerabilidad social", según señala la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Un aspecto innovador del Volver al Trabajo es que permite a los beneficiarios compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, es decir ingresos mensuales de hasta $540.000 para aquellos que están formalmente empleados.

Se trata de un cambio significativo respecto del Potenciar Trabajo, que limitaba esta compatibilidad a un solo salario mínimo "desincentivando, en la práctica, la búsqueda de trabajo formal".

Los registros de Capital Humano arrojan que, de un total de 1.400.000 participantes del Potenciar, "apenas el 1,3% consiguió transitar hacia un empleo formal, un porcentaje que pone de manifiesto una marcada ineficacia en el cumplimiento de los objetivos de empleabilidad del programa".

Sin intermediarios

Los beneficiarios de los nuevos programas Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social accederán a la ayuda de manera directa y sin la necesidad de realizar trámites adicionales. 

La segmentación en cada plan se realizará mediante una resolución que determinará la población objetivo de cada programa basándose en criterios de empleabilidad.

Para evitar la intermediación, Capital Humano tomó distintas medidas. Una es que "los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional".

Asimismo, se dispuso la eliminación de planillas de asistencia. El Gobierno suprimió la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión, disminuyendo así su influencia y la posibilidad de control sobre los beneficiarios.

Triste récord

"Lejos de constituirse como un instrumento de inclusión efectiva, el Plan Potenciar ha evidenciado serias falencias estructurales que han limitado su alcance y efectividad", sostiene un estudio del Ministerio de Capital Humano.

Agrega que "las Unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan "gerentes de la pobreza".

Estos controlaban a los beneficiarios "a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia".

La cartera sostiene que "esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de u$s34 millones".

Y considera que este flujo monetario "se ha desviado de su propósito inicial, cuestionando la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos destinados al Plan Potenciar".

Según la información oficial, la estabilidad en el número de beneficiarios demuestra la incapacidad del programa para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal.

Se señala que las únicas bajas registradas responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento, jubilación o superación de la edad límite, evidenciando una falta de progresión real y sostenida hacia la integración socio-económica de los participantes.

Las causas de baja más significativas "no se deben a una exitosa inserción laboral sino a procesos de fiscalización y control, que resultaron en la identificación de cerca de 50.000 casos de incompatibilidad, gracias a las denuncias de la justicia y al cruce de datos entre las bases del Potenciar, Synthesis y Anses".

El informe oficial da cuenta también que "entre los aspectos más llamativos y críticos de su implementación, resalta el manejo de la información y datos de los beneficiarios a través de un método sorprendentemente rudimentario y poco seguro, un archivo de Excel".

Este archivo, que contenía una asombrosa cantidad de 1.400.000 filas, se convirtió en el corazón operativo del programa, un "triste récord que pone en evidencia la falta de sistemas adecuados de gestión de datos y transparencia".

Presencialidad

Tras la asunción del nuevo Gobierno, se eliminó la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión. 

"Este cambio, aparentemente menor, tuvo un impacto significativo en la dinámica de control que las organizaciones sociales ejercían sobre los beneficiarios. Al perder su capacidad para manejar y monitorear la asistencia de los participantes, estas organizaciones vieron disminuida su influencia, desmontando efectivamente su papel de gerentes de la pobreza", sostiene el ministerio.

En la cartera que conduce Pettovello indican que "la reacción a este cambio fue la convocatoria a una marcha por parte de dichas organizaciones, en un intento por reafirmar su posición y control sobre el programa y sus beneficiarios. Sin embargo, lejos de mostrar fuerza o unidad, la convocatoria resultó ser un fracaso, evidenciando la disminución de su poder y legitimidad ante los cambios implementados".

Gobierno revisará la creación aprobada de 5 universidades

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Lo definió el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Petovello. Son las del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y de Madres de Plaza de Mayo.

El Gobierno nacional encomendó este martes que se lleve adelante una revisión de la creación y el inicio de actividades académicas de cinco universidades nacionales.

Se trata de las universidades del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. La decisión la tomó el Presidente, Javier Milei, y la ejecutó el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, con la intervención del Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Alvarez

Para este fin, la resolución ministerial dispone "establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales creadas por las Leyes Nros. 27.727, 27.728, 27.729, 27.730 y 27.731 con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo".

A su vez, en el documento se indica: "Atendiendo a razones de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes vigentes, de evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida, resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas".

Con esta acción, el Gobierno tiene como objetivo "determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa".

En tanto, al aprobarse el año pasado en el Congreso la construcción de las universidades en cuestión, el bloque de La Libertad Avanza, que encabezaba Milei, había votado en contra de la medida. Al tiempo que el peronismo y la izquierda fueron los que garantizaron su aprobación.

Por aquel entonces estaba prevista la creación de tres universidades más. De esta manera, se quintuplicaría la cantidad de alumnos en los estudios superiores.

Potenciar Trabajo: suspendieron a 22.000 beneficiarios del programa social que viajaron al exterior

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La medida se formalizó por medio de una Resolución del Ministerio de Capital Humano.

El Gobierno suspendió por 3 meses el pago del salario social complementario a más de 22.000 titulares del programa Potenciar Trabajo que viajaron al exterior siendo beneficiarios de ese plan social.

Se trata de 22.501 titulares de ese programa que han realizado movimientos migratorios en avión o crucero. La decisión se formalizó por medio de la Resolución 82/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El Potenciar Trabajo se creó en 2021 y contempla dos tipos de prestaciones: una económica individual, de percepción periódica y duración determinada, denominada salario social complementario, destinada a mejorar los ingresos de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica.

La otra es el otorgamiento de subsidios y/o créditos ministeriales para la ejecución de proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios que se ejecuten en el marco del programa.

El Poder Ejecutivo recordó que en octubre de 2023, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social formuló denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y contralor del Potenciar Trabajo y solicitó la suspensión o baja de planes sociales de beneficiarios que registraban viajes al exterior durante el período de vigencia de su prestación.

En enero de este año, el Ministerio de Capital Humano realizó una presentación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se requirió autorización para el acceso a la Base de Datos del entrecruzamiento de los movimientos migratorios de los beneficiarios del programa para proceder a la suspensión del beneficio económico.

Esa solicitud fue autorizada y el Ministerio de Capital Humano analizó que los viajes de los beneficiarios en cuestión hayan sido mayor a 30 días a cualquier destino, en avión o crucero, fuera de América Latina.

También dispuso que se "arbitren los mecanismos necesarios tendientes a proceder a la suspensión del beneficio oportunamente asignado, entendiendo que existe pérdida de la condición de vulnerabilidad social del titular, acreditada al momento del ingreso a dicho programa", de acuerdo con la Resolución.

El Ministerio aclaró que a partir del primer mes y durante el segundo mes de suspensión, el titular podrá presentar reclamo respaldado por documentación correspondiente, que será analizada "teniendo en cuenta que el volumen de los movimientos migratorios de cada beneficiario no se condice con el estado de alta vulnerabilidad social y económica que constituye el principio rector del mencionado Programa Potenciar Trabajo", según el texto oficial.

Cumplido el plazo de 3 meses desde la suspensión, de no obrar reclamo, se resolverá el egreso del Programa, estableció el Gobierno.

UTA cerró su paritaria con un aumento del 17,25% y una suma fija de $250.000

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El convenio fue confirmado por el Ministerio de Capital Humano.

La Unión de Tranviarios Automotor y las cámaras empresarias cerraron su paritaria con un aumento del 17,25% para los dos primeros meses del año y una suma fija de $250.000 para enero y febrero.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, anuncia que hubo acuerdo paritario con la UTA", indicó la cartera que comanda Sandra Pettovello.

Y agregó: "Las partes sellaron el acuerdo de la Unión de Transportes Argentinos, con un incremento promedio del 17,25% para enero y febrero, y una suma fija de $250.000 para cada uno de los meses antes mencionados".

La noticia se conoció un día antes del aumento de los pasajes de colectivo, que ahora costarán $270, mientras que el tren se fue a $130, en Buenos Aires.

La UTA y las cámaras empresarias habían alcanzado un principio de acuerdo el pasado viernes, que este lunes se terminó de cerrar. El reclamo inicial del gremio era del 27% en enero y el 33% en febrero.

Gobierno afirmó que Pettovello no recibirá a quienes concentraron en el Ministerio de Capital Humano

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Así lo informó el Vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo que "nunca dejaría a la gente bajo el sol por tanto tiempo". Militantes hicieron más de 20 cuadras de fila en el centro porteño para anotarse en una lista para recibir ayuda alimentaria.

El Vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no recibirá a las personas que se encuentran haciendo una fila de más de 20 cuadras en el centro porteño para recibir ayuda alimentaria.

"No queremos más intermediarios, no queremos más negocios con los pobres. Queremos que la ayuda le llegue a quien le necesite", afirmó Adorni.

En ese sentido, el vocero presidencial sostuvo que "llama la atención" la concentración porque las organizaciones sindicales no fueron citadas por Pettovello para este lunes.

Dura advertencia de la Iglesia al Gobierno: "La comida no puede ser una variable de ajuste"

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A días del encuentro entre el Presidente Milei y el Papa Francisco, la Conferencia Episcopal le reclamó al Estado la garantía de alimentos para los comedores.

La Iglesia Católica tomó postura en plena tensión entre el Estado y las organizaciones sociales y planteó que "la comida no puede ser una variable de ajuste". A través de un duro comunicado, la Conferencia Episcopal elevó su petición al Gobierno para que operativice el envío "sin dilación" a de alimentos para asistir a los comedores.

"Ante este escenario de trabajo sacrificado y de bajos ingresos, las familias se privan de muchas cosas. Por ejemplo, una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar, pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste. Es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria", expresaron a través de la publicación del documento.

El pedido va direccionado al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que optó por dejar de enviar alimentos secos para hacer transferencias de dinero mientras avanza con la auditoría de comedores. Distintas organizaciones sociales denunciaron que durante el mes de enero, las partidas del Gobierno destinadas al auxilio de la asistencia alimentaria fueron de $0.

"El Estado nacional, provincial y municipal, tienen que aprovecharla para que nadie se quede sin el pan de cada día. Todos los espacios de cuidado que dan de comer, todos los comedores comunitarios, de parroquias, Iglesias evangélicas, y de movimientos populares deben recibir ayuda sin dilación", enfatizaron los presididos por Monseñor Oscar Ojea.

A pesar de las advertencias, los obispos admiten la necesidad de hacer auditorías, pero precisan que deben hacerse "con la comida en los comedores, no sólo de la Iglesia, sino de todas las organizaciones que hace años brindan ayuda esencial".

"Es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria y para eso se debe facilitar a las personas, las comunidades y al pueblo, aquello que se necesite para ayudar a los más frágiles, especialmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores", argumentaron.

En el duro comunicado remarcaron que "como obispos, en el trato pastoral con la gente sencilla, hemos aprendido que 'un plato de comida no se le niega a nadie'", por lo que precisaron que "en nuestra patria nadie debería pasar hambre, ya que es una tierra bendita de pan".

"La inflación desde hace años crece día a día y pega fuertemente en el precio de los alimentos. Lo siente claramente la clase media trabajadora, los jubilados y aquellos que no ven crecer sus salarios. También todo el universo de la economía popular, donde prácticamente se trabaja sin derechos. Pensemos en los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los ladrilleros, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado y de servicio", completaron.

Los cuestionamientos se enmarcaron en la previa de la visita del Presidente Milei al Papa Francisco que se espera tenga lugar el próximo lunes 12 de febrero en la ciudad de El Vaticano.

Tras el cruce con la Ministra Pettovello, organizaciones sociales protestaron frente a Capital Humano

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La ministra les había dicho a los manifestantes que quienes tengan hambre se anoten en un listado para recibir la ayuda.

Organizaciones sociales y comunitarias se encontraron desde las 9 horas en todas las dependencias del Ministerio de Capital Humano del país para hacer fila y anotarse en un listado para recibir ayuda alimentaria. La convocatoria es en respuesta de la titular de la cartera, Sandra Pettovello, que la semana pasada había salido al cruce de quienes reclamaban alimentos frente a su oficina.

"¿Ustedes tienen hambre? Vengan que les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente", les había dicho la ministra.

En respuesta, las organizaciones informaron que en el Ministerio de Capital Humano "se realizará una fila mediante la cual cada persona pueda ingresar al ministerio a los fines de obtener respuesta a la emergencia alimentaria agravada por la crisis económica" y que "la misma acción se realizará en simultáneo y en diversas delegaciones de la Secretaria de Niñez y Familia en todo el país".

En un comunicado, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular llamó a la acción "la fila de la pobreza" y confirmó que se harán presentes este lunes en el Ministerio de Capital Humano, en respuesta al pedido de la Ministra, Sandra Pettovello, respecto de atender "una por una" a las personas en emergencia alimentaria. La actividad central comenzó a las 9 horas en la intersección de Juncal y Carlos Pellegrini, Ciudad de Buenos Aires.

Pettovello: "Voy a recibir a los que tienen hambre no a los referentes"

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La ministra de Capital Humano salió a la puerta del ministerio mientras un grupo de personas protestaban por falta de ayuda alimentaria.

La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se cruzó con un grupo de manifestantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular frente al edificio de la cartera y aseguró que sólo iba a recibir a "la gente que tiene hambre" y "no a los referentes" de las organizaciones sociales.

En medio del reclamo de los movimientos sociales ante la emergencia alimentaria, que se llevó adelante en la puerta de sus oficinas de Juncal y Carlos Pellegrini, Pettovello le habló a quienes se agrupaban en el lugar.

"Tiene hambre la gente, que venga. Voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, pero no a los referentes. Vengan de a uno que les voy a anotar el DNI, el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente", dijo la funcionaria ante el reclamo de los presentes.

En tanto, luego de que los manifestantes se negaran a dar sus datos, la ministra de Capital Humano ingresó al edificio mientras los presentes le cuestionaban: "¿Va a recibir a los 10.000 merenderos que hay en todo el país?".

El entredicho que mantuvo la ministra con integrantes de Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular se dio en medio de la tensión entre los movimientos sociales y el Gobierno, que busca evitar las intermediaciones en la entrega de ayuda social.

En ese marco, militantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular realizaron este jueves una jornada nacional de ollas vacías en distintos puntos del país, con el objetivo de reclamarle al Ejecutivo Nacional asistencia alimentaria para los comedores comunitarios.

La protesta se llevó adelante bajo la consigna La única necesidad y urgencia es el hambre, e incluyó movilizaciones a hipermercados de todo el país y a la sede del Ministerio de Capital Humano frente a la emergencia alimentaria que se vive en los barrios populares.

Con relación al reclamo, Norma Morales, Secretaria adjunta de Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y referente de Somos Barrios de Pie, manifestó: "Fuimos a llevar nuevamente un petitorio porque la emergencia alimentaria es desesperante y mientras los gerentes de hipermercados prometieron entregar alimentos para los comedores, la Ministra Petovello mandó a toda la Policía para que nos reprima".

"No vamos a dar ni un paso atrás, nuestro pueblo tiene hambre desde hace 2 meses que la Ministra tomó la decisión de sacarle el plato de comida a la gente y los comedores tienen interminables listas de espera", dijo la dirigente social.

Gobierno dio de baja los 27.000 planes sociales detectados como irregulares

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El Gobierno dispuso este lunes la suspensión del pago del Salario Social Complementario a los 27.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.

El Gobierno dispuso la suspensión del pago del Salario Social Complementario a los 27.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que, según informó el Ministerio de Capital Humano, fueron detectados como irregulares.

La cartera que conduce Sandra Pettovello publicó en el Boletín Oficial la Resolución 13/2024 que ordena suspender "el pago del Salario Social Complementario a los titulares del Programa Potenciar Trabajo".

La decisión fue tomada la semana pasada luego de que se detectasen 27.208 planes Potenciar Trabajo y 12 Potenciar Empleo con incompatibilidades. Según señalaron fuentes del Gobierno a este medio, "inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de $2.000 millones del Estado nacional".

Las incompatibilidades fueron identificadas luego de que el Ministerio de Capital Humano ordenase un cruce de datos entre la Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social.

Del cruce de datos se desprendió que había titulares de los mencionados planes que percibían beneficios jubilación o pensión, prestación por desempleo o eran monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos. Además, se registraron incompatibilidades por residencia en el extranjero, fallecidos y por poseer un auto con menos de diez años de antigüedad.

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