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ANDIS: Spagnuolo pidió a la Cámara que revoque el procesamiento y declare la nulidad de la causa

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La defensa del extitular de la agencia apeló ante la Cámara Federal y reclamó la nulidad de la causa por presuntas coimas y sobreprecios.

La apelación presentada por Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, encendió una nueva disputa judicial con argumentos que buscan anular el avance de la investigación por supuestas coimas y sobreprecios en el organismo.

Spagnuolo está procesado junto a otros imputados por una presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada por administraciones fraudulentas dentro del organismo.

Este jueves, apeló ante la Cámara Federal porteña el procesamiento dictado en su contra.

En su presentación, la defensa sostuvo que los audios que desencadenaron la causa "fueron obtenidos de forma ilícita, adulterados o incluso creados mediante inteligencia artificial".

Lo que para el equipo defensor sería motivo suficiente para invalidar toda la investigación judicial.

"Si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse", señaló el escrito, que argumentó además que las grabaciones presentan "fallas técnicas", como cortes, ausencia de metadatos y posibles manipulaciones.

En el escrito se remarcó que la propia Cámara Federal ordenó una pericia sobre los audios para determinar su veracidad o no, y que "nada de ello fue cumplido".

Respecto de la imagen en la que se lo ve con una mochila en el domicilio de otro imputado, Miguel Ángel Calvete, la defensa de Spagnuolo alegó que ello no puede ser un motivo para sospechar que una persona es miembro de una asociación ilícita o que hubiera recibido dádivas.

La defensa de Lucas Pertossi pidió la nulidad de su condena por el crimen de Fernando Báez Sosa

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Se trata de uno de los sentenciados a 15 años de prisión por ser partícipe necesario.

La Defensoría del Pueblo de Casación de la provincia de Buenos Aires solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia a Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Pertossi es uno de los tres culpables que recibió una pena de 15 años de prisión por ser partícipe necesario.

Junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, al tiempo que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Cirto Pertossi fueron condenados a reclusión perpetua por su coautoría.

Por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.

La presentación in pauperis fue realizada por el abogado Ignacio Nolfi, quien remarcó que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el letrado Hugo Tomei.

Otro de los puntos a los que se refiere el abogado se vincula con la impresición del hecho debido a la escasez de exactitud que se le juzgó al implicado, al tiempo que menciona que se detectaron vicios desde la etapa de instrucción.

Se cuestiona también la supuesta creación de un relato de acontecimientos que no coincidiría con las pruebas y aparentes irregularidades en los testimonios iniciales y las audiencias.

Mientras que se denuncian incoherencias en el razonamiento de los magistrados.

La defensa reclamó que el máximo tribunal revise esa resolución, ya que la participación de Lucas Pertossi habría sido diferente a los demás rugbiers en el asesinato del joven de 18 años ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell.

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio

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Los abogados denunciaron irregularidades en el inicio del expediente, presiones sobre los imputados arrepentidos y cuestionaron la intervención del juez y el fiscal.

La defensa de Cristina Kirchner solicitó este martes la nulidad del juicio en la causa Cuadernos, al denunciar irregularidades en el origen de la investigación, "aprietes" sobre los imputados arrepentidos y la violación de la garantía del juez natural.

El planteo se realizó durante la reanudación del debate ante el Tribunal Oral Federal 7, en el inicio de la etapa de cuestiones preliminares.

El abogado Carlos Beraldi sostuvo que el proceso "surgió de un engaño" y afirmó que tanto el juez como el fiscal que intervinieron "fueron elegidos a dedo", lo que, según señaló, vicia de nulidad a toda la causa.

En ese sentido, habló de "maniobras extorsivas" y de "presiones políticas" ejercidas durante la investigación.

Ante los Jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, Beraldi dispuso de un tiempo extraordinario para exponer sus argumentos.

Y remarcó que el expediente se inició sin sorteo, con el objetivo de direccionarlo hacia el Juez Claudio Bonadio y el Fiscal Carlos Stornelli.

En paralelo, el letrado cuestionó la aplicación de la Ley del Arrepentido y la calificó como una utilización "delictiva".

"Este proceso se sostiene sobre un artificio: se los quebró a través de la detención preventiva", afirmó, al poner en duda la validez de las declaraciones que sustentan la acusación.

Para respaldar el planteo, la defensa reprodujo un fragmento de una entrevista al periodista Diego Cabot, quien aportó los cuadernos que dieron origen a la causa.

Allí, relató que el material fue entregado directamente al fiscal, sin pasar por los canales formales de la Cámara Federal.

Durante la misma audiencia, Maximiliano Rusconi, abogado del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también pidió la nulidad del proceso.

Argumentó que el juicio no debió iniciarse sin completar la instrucción suplementaria y cuestionó la falta de precisión en la imputación contra su defendido.

Con la feria judicial concluida, el Tribunal Oral Federal 7 retomó así un debate clave del expediente, que continuará con el análisis de los planteos preliminares antes de avanzar hacia la etapa probatoria del juicio.

Gobierno nacional apelará la nulidad del protocolo antipiquetes: "No vamos a dar un paso atrás"

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La Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su antecesora y actual Senadora, Patricia Bullrich, salieron al cruce del Juez Martín Cormick que hizo lugar a una presentación del CELS.

El Gobierno nacional cruzó al Juez Federal Martín Cormick, luego de que hiciera lugar a un amparo y frenara la implementación del protocolo antipiquetes.

La Senadora Patricia Bullrich y su sucesora en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticiparon que apelarán la resolución. "No daremos un paso atrás", advirtieron.

Este lunes, el magistrado a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, determinó la nulidad de la medida represiva diseñada por la propia Bullrich en su etapa como funcionaria del Poder Ejecutivo.

La decisión se dio en el marco de una presentación colectiva realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales.

En su argumentación, consideró que "ningún habitante de la Nación puede ser obligado a declarar contra si mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos".

Siguiendo esa línea, señaló que la Constitución Nacional subraya que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados".

"Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe", agregó.

La respuesta del Gobierno al fallo contra el protocolo antipiquetes

El Gobierno no tardó en salir a responder. Lo hizo, en primer lugar, a través de Monteoliva, quien entró en funciones como ministra luego del salto del Ejecutivo al Legislativo de Bullrich. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", dijo en un mensaje de X.

Luego cargó contra el juez al que acusó de "intentar avanzar" sobre el protocolo antipiquetes.

"Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", prosiguió.

Respecto a los próximos pasos, la ministra de Seguridad anticipó que se presentarán ante la Justicia en busca de una resolución favorable.

"No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar", agregó.

En defensa de la medida "antipiquetes" dijo que tiene "fundamentos técnicos, jurídicos y operativos" que intentarán defender "a toda costa" porque se trata de una herramienta "que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz".

Minutos después la acompañó Bullrich con un mensaje, también vía redes sociales. "El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos", aseveró.

En igual sintonía que Monteoliva, cargó contra Cormick. "¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización", denunció.

Para la senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, los perjudicados "siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz".

"Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás", cerró.

El Ministerio de Seguridad también emitió un comunicado al respecto en el que reafirmó que se apelará esta decisión de la Justicia.

"Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden", señaló.

Defendió la implementación de la herramienta al asegurar que desde que se puso en marcha "permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad".

También negó que sea una medida que busque "prohibir" sino "ordenar" el espacio público.

"Hay derecho a manifestar y peticionar pero es con orden y respeto a la libre circulación y el derecho a ejercer el comercio entre muchos otros", añadió la cartera nacional.

"Sin protocolo vuelve el caos y el desorden. Con protocolo hay orden, convivencia y reglas claras para todos", concluyó.

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes

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El Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.

El Juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que puso en práctica la exministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.

El magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.

En el fallo, Cormick sostuvo que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.

El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.

El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.

El juez también cuestionó las tareas de inteligencia que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.

Según expresó Cormick, estas tareas vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.

En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables que requieren una protección especial.

Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.

De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.

Caso Stryzsowski: el clan Sena pidió la nulidad del veredicto

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Se realizó la audiencia de cesura en Resistencia, Chaco.

Los abogados de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, tres de los hallados culpables por el femicidio de Cecilia Stryzsowski en Chaco, solicitaron en la audiencia de cesura la nulidad del veredicto.

Los defensores Celeste Segovia, Celeste Ojeda, Elena Puente y Ricardo Osuna pidieron ante la Jueza, Dolly Fernández, que se declare nulo el veredicto dictado por el jurado popular por falencias en el proceso.

El único de los acusados que no se encuentra en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal es Emerenciano Sena.

Acerca de la Fiscalía y la querella, ambas partes pidieron ante el tribunal que las nulidades presentadas por las defensas no sean tomadas en cuenta.

Los dueños de la droguería Suizo Argentina pidieron la "nulidad absoluta" de la causa

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La defensa denunció la ilegalidad del proceso y "una verdadera caza de brujas" con "grabaciones obtenidas de manera ilícita".

Los dueños de la droguería Suizo Argentina pidieron la "nulidad absoluta" de la causa originada por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el que explicó un entramado de supuestas coimas que irían a manos de funcionarios, entre ellos Karina Milei y Eduardo Lule Menen.

Eduardo Kovalivker y sus hijos, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería involucrada, se presentaron a través de su abogado Martín Magram y solicitaron la nulidad de la causa.

La presentación fue realizada el viernes, cuando el Juez, Sebastián Casanello, allanaba las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad y las de la droguería.

La famosa doctrina del "fruto del árbol envenenado" finalmente fue invocada por la defensa.

Esto es que el origen de la causa es una prueba obtenida ilegalmente, y todo lo derivado de ella cae y es inadmisible en un proceso.

El letrado pidió la nulidad absoluta "en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita", describió la carta.

En otro párrafo de la presentación cuestionan la forma en que se llevó adelante la investigación del caso, advirtiendo sobre "el oscurantismo, la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho".

Cristina Kirchner pidió nulidad y sobreseimiento en la causa por el Memorándum con Irán

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"Hoy solicitamos la nulidad de la causa de Memorándum con Irán", anunció la vicepresidenta en redes sociales. Apuntó a la parcialidad de los jueces por sus reuniones con Mauricio Macri.

La defensa de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este martes que se declare la nulidad de la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA y se dicte su sobreseimiento, según un escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal 8.

"Hoy solicitamos la nulidad de la causa de Memorándum con Irán", anunció la exmandataria en su cuenta de Twitter, y publicó un video titulado "Jueces a dedo, arbitrariedades y fallos escritos en la Quinta de Olivos", en el que alude a los encuentros recientemente revelados entre el expresidente Mauricio Macri y los jueces de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

La causa tiene sus orígenes en la denuncia que el Fiscal Alberto Nisman presentó cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento el 18 de enero de 2015 contra la entonces Presidenta y varios miembros de su gabinete, así como contra los dirigentes políticos Luis D´elía y Fernando Esteche y contra el miembro de la comunidad islámica argentina, Jorge Yusuf Khalil, entre otros.

Esa denuncia fue desestimada por el juez Rafecas, a través de un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal porteña, pero en 2016, y a partir de una nueva denuncia contra la ex mandataria y contra los legisladores que votaron a favor del memoranum, la Cámara de Casación ordenó reabrir la denuncia y finalmente recayó en el juzgado de Bonadio.

Por esta causa, Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidenta, al fallecido ex canciller, al exsecretario de Legal y Técnica de la presidencia y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a D´elía, Esteche y Khalil y a otros tantos sin prisión preventiva.

La ex presidenta nunca fue detenida porque tenía fueros parlamentarios como senadora y en el caso del ex canciller, debió cumplir con arresto preventivo domiciliario porque padecía cáncer.

Entre otras decisiones, Bonadio le impidió salir del país lo que retrasó el tratamiento experimental al que el excanciller se sometía por una enfermedad que, finalmente, le causó la muerte.

Olivos Gate: pedidos de nulidad y recusaciones

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Esas y otras denuncias se presentaron ante el Consejo de la Magistratura, tras la investigación periodística que reveló que al menos tres jueces y un fiscal visitaban regularmente la Quinta de Olivos durante la presidencia de Macri, mientras llevaban adelante causas contra sus adversarios políticos.

Recusaciones, pedidos de nulidad y varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura fueron las primeras consecuencias de Olivos Gate, la investigación que reveló que al menos tres jueces y un fiscal visitaron la Quinta de Olivos mientras allí moraba el expresidente Mauricio Macri.

La noticia generó un gran temblor hacia el interior de los tribunales federales de Comodoro Py, donde se desempeñan los apuntados, y terminó de moldear la parálisis administrativa de la Cámara Federal de Casación Penal en la que revisten dos de los jueces señalados: Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Lo que el Olivos Gate dejó claro es que, además de ser eje de un extenso debate público, los jueces involucrados en la trama deberán responder una incalculable cantidad de recusaciones y pedidos de nulidad.

El número dependerá de cuántos imputados o querellantes sientan que esas visitas a la Quinta presidencial, por el motivo que fueran, pudieron haber influido en el desarrollo de los expedientes.

Los primeros en llevar el tema a un expediente judicial fueron los miembros del Colegio Público de Abogados de la Ciudad y dos abogados condenados por causas de corrupción, Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco, que son querellantes en la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal ocurridas durante el Gobierno de Macri.

Todos los planteos tenían el mismo fin, exigir el apartamiento de Borinsky de ese expediente y la nulidad de las resoluciones que hubiera firmado entre las que están las dos a través de las cuales la Cámara Federal de Casación penal dispuso que el espionaje supuestamente ordenado por la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Cambiemos debe dejar de tramitar en Lomas de Zamora y pasar a Comodoro Py.

El viernes último se produjo la primera respuesta por parte de la sala IV del máximo tribunal penal, la que integra Borinsky, a los planteos que le formularon cuando una mayoría rechazó "in límine" la recusación y el pedido de nulidad.

La mayoría que rechazó el planteo estuvo conformada por el propio juez cuestionado y por su colega Javier Carbajo, mientras que la Jueza Ángela Ledesma votó en sentido contrario y afirmó que correspondía que se le diera al tema el planteo establecido por el código de procedimientos que implica que el recusado produzca un informe y sus colegas decidan si le corresponde quedar en el expediente.

"Borinsky actuó como juez de sí mismo", analizaban desde los tribunales federales de Retiro dos magistrados que se manifestaron sorprendidos con la resolución que Casación les dio a las recusaciones.

El abogado Carlos Beraldi, representante de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también anunció que formulará un planteo de nulidad y sostuvo que lo hará en la causa en la que se investiga el memorándum de entendimiento suscripto entre Argentina e Irán en el marco de la Causa Amia.

El rol de Hornos y Borinsky en la causa del memorándum no fue menor, sus votos fueron los que permitieron reabrir a fines del 2016 el expediente que había sido desestimado por el juez Daniel Rafecas un tiempo antes, a quien desplazaron de la investigación.

Es de esperar que Beraldi plantee que esa decisión, que impactó en el tablero político, debe ser anulada porque fue tomada por jueces que tenían relación con Macri, el adversario político de los funcionarios acusados.

Además, Beraldi adelantó que reclamará que la tramitación del incidente de nulidad sea en forma oral y pública.

En las vísperas de esa presentación, el abogado Beraldi ya se hizo eco del Olivos Gate y presentó esta semana un pedido de indagatoria contra el secretario privado de Macri, Darío Nieto, que está imputado en la causa por el espionaje ilegal, aunque fue beneficiado con una falta de mérito.

Nieto fue el exfuncionario que en 2019 firmó las planillas de ingresos ala Residencia de Olivos que el Gobierno de Macri le entregó a la ONG Poder Ciudadano que reclamaba poder acceder a esa información que es pública. Esas planillas habían sido editadas y se habían quitado las visitas de jueces, fiscales y periodistas, entre otros.

Las visitas a la Quinta de Olivos y, en el caso de Hornos, también a la Casa Rosada le valieron a los dos camaristas de casación sendas denuncias ante el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la promoción y la destitución de los jueces.

La denuncia contra Hornos ya comenzó a avanzar con pedidos de prueba, mientras que el propio juez presentó abogados ante el Consejo para que ejerzan su defensa.