La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes

El Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.

El Juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que puso en práctica la exministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.

El magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.

En el fallo, Cormick sostuvo que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.

El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.

El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.

El juez también cuestionó las tareas de inteligencia que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.

Según expresó Cormick, estas tareas vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.

En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables que requieren una protección especial.

Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.

De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia.