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Buenos Aires: organizaciones piqueteras acampan para exigir la apertura de los planes sociales

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Al igual que hace dos semanas, las agrupaciones que integran la Unidad Piquetera se manifestarán frente al Ministerio de Desarrollo Social. En la cartera aseguran que hubo acuerdo y que la protesta iba a suceder igual.

Las organizaciones sociales de izquierda, nucleadas en la denominada Unidad Piquetera, ratificaron un plan de lucha nacional que se inicia este miércoles con un acampe por 48 horas frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social.

Mantienen un plan de lucha nacional con una amplia lista de reclamos, uno de los centrales es la reapertura y nuevas incorporaciones al programa Potenciar Trabajo.

El Gobierno se niega y ofrece herramientas a las cooperativas laborales, además de asistencia alimentaria a comedores.

Por el programa social y laboral que alcanza a 1.200.000 de trabajadores de la economía popular perciben medio salario mínimo $16.500, como contraprestación por su desempeño en, principalmente, cooperativas y municipios

El Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, recibió el lunes a dirigentes de estas organizaciones, con quienes se acordó que "presentarán un plan de actividades laborales para titulares del Potenciar Trabajo", mientras la cartera de Estado "financiará la compra de maquinarias, herramientas e insumos para la producción para fortalecer el trabajo en cooperativas y un refuerzo para las políticas", informaron fuentes oficiales.

Asimismo, desde la cartera de Desarrollo Social se confirmó que se implementará un "refuerzo para las políticas alimentarias", añadieron las fuentes, quienes consideraron que se trató de "una buena reunión" en la que se acordaron dos de los cuatro puntos tratados por las organizaciones, que decidieron "mantener el plan de lucha que habían votado a principios de marzo en un plenario realizado en Plaza de Mayo".

Voceros de Desarrollo Social indicaron que no hubo acuerdo sobre el "alta de nuevos planes sociales y que se levantará la suspensión del cobro de los beneficios que reciben las dos personas que fueron detenidas por tirar piedras al Congreso, cuando en Diputados se iniciaba el debate sobre el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional)".

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, dijo que "en todo el país y en Capital, miles de compañeros precarizados salen a las calles a decir basta al ajuste".

"Salimos con todo, vamos a acampar, al plan de lucha porque esto no se aguanta más", concluyó.

El freno a los planes sociales provocaría más conflictos en las calles del país

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Las organizaciones sociales consideran que los planes no son la solución a la falta de empleo, pero sí una forma de contener a los sectores más vulnerables.

Referentes de distintos espacios vincularon la decisión del Gobierno nacional con el "ajuste" por el FMI.

Referentes de partidos de izquierda y de agrupaciones piqueteras salieron a criticar al Gobierno Nacional por haber anunciado que no se van a abrir más planes sociales, y vincularon esa decisión al "ajuste" por el acuerdo del Gobierno con el FMI.

Si bien las organizaciones sociales alejadas del oficialismo reclaman puestos de trabajo y no planes, la posición que adoptó el Poder Ejecutivo ya anticipa mayor conflictividad en el futuro inmediato, algo que se verá en las calles, ya que varios movimientos confirmaron planes de lucha y nuevos reclamos.

La titular de Barrios de Pie, Silvia Saravia, aseguró que a su espacio le "preocupa mucho la palabra extorsión que se usó para las movilizaciones".

"Nosotros presentamos un proyecto para crear 1 millón de puestos de trabajo genuino, pero no tuvimos respuesta. Tuvimos muchas reuniones pero nada concreto", lamentó Saravia en declaraciones a el sitio Noticias Argentinas.

La dirigente social resaltó: "Desde el año pasado están haciendo hincapié en que los del Potenciar Trabajo van a pasar al trabajo genuino, pero la realidad es que no saben cuanto de los 1,2 millones que tiene ese plan pasaron al empelo genuino".

"Con 2,8 millones de personas registradas en la economía popular o de subsistencia y un trabajo genuino que no crece con velocidad, el Potenciar Trabajo se tiene que abrir. No es la solución, eso ya lo sabemos, pero decir que no se va a abrir es una clara señal del ajuste", planteó.

Además, Saravia también vinculó la decisión con el acuerdo del Gobierno con el FMI, y afirmó: "Nosotros vamos a hacer una consulta popular en los barrios, del 3 al 6 de marzo, vamos a preguntar y a votar sobre si la gente está de acuerdo con reconocer y firmar el acuerdo del pago de deuda con el Fondo".

Por su pate, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dijo que el ministro de Desarrollo Social "está queriendo ser el mejor alumno y ya está haciendo los deberes para el FMI, que implica ahorrar todo lo que se pueda para pagar la deuda".

El dirigente le dijo que "siempre están cerrados los programas sociales, nunca estuvieron abiertos, la gente que los necesita debería poder inscribirse directamente, pero esto no es así".

El Gobierno nacional creó más de 450.000 planes sociales en 2 años

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Surge de las estadísticas que maneja el ministerio de Desarrollo Social. Adjudican el crecimiento a la crisis acentuada por la pandemia.

Uno de los caballitos de batalla que instaló el Gobierno durante la campaña electoral quedó abandonado a mitad de camino. O también, es más necesario que nunca, habida cuenta del explosivo salto de los planes sociales durante 2021.

En lo que va del año, el programa nacional de inclusión socio productiva y desarrollo local "Potenciar Trabajo", la principal herramienta de transferencia de ingresos que ejecuta el Gobierno nacional, incorporó 455.615 beneficiarios, y pasó de contar con alrededor de 700.000 inscriptos en 2020 a más de 1.100.000.

Los receptores de la asistencia social reciben cada mes el equivalente a medio salario mínimo, vital y móvil, que en diciembre representa unos $32.000. A esos $18.000 mensuales, la cartera social sumará otros $8.000 en concepto de "aguinaldo", y los depositará el lunes 20 de diciembre, cuando se cumplan dos décadas del estallido social de 2001.

Los datos consignados fueron elevados al Senado de la Nación en el primer informe sobre la marcha del Gobierno nacional enviado por el actual Jefe de Gabinete, Juan Manzur, a pedido del legislador salteño Juan Carlos Romero. En esta ocasión, sin embargo, Manzur eligió no acudir al parlamento para defender y ahondar las explicaciones, como mandata el artículo 101 de la Constitución Nacional.

En el citado informe también se desgrana el crecimiento de los planes sociales en la última década. Según el cuadro adjunto, en 2009 había 48.945 beneficiarios del programa "Argentina Trabaja". Al cierre del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, dicho programa contaba con 141.645. Cuando dejó la Casa Rosada, Cristina había 106.131 inscriptos y 81.157 beneficiarias de otra iniciativa, "Ellas Hacen".

Con el gobierno de Macri, dichos programas fueron subsumidos en uno conocido como "Hacemos Futuro", que en diciembre de 2019 contaba con 236.325 receptores, que estaban en condiciones similares a los titulares de asignaciones giradas a través de "Proyectos Productivos Comunitarios", que eran 320.581.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social justificaron el abrupto salto a las secuelas de la pandemia de coronavirus, el freno sobre la demanda agregada y la destrucción de los puestos de trabajo más frágiles.

Alberto Fernández firmó un DNU para convertir los planes sociales en puestos de trabajo

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El gobierno nacional oficializó este martes la medida que busca convertir los planes La medida permitirá que los beneficiarios puedan acceder a un empleo formal en el sector privado.

El Presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 711/2021 para convertir los planes sociales en empleo genuino en el sector privado el cual está destinado a personas desempleadas o con trabajos precarizados.

Fernández había adelantado la decisión el viernes pasado en el Coloquio de IDEA. La norma permitirá que los beneficiarios de un programa social puedan acceder a un empleo en relación de dependencia.

La iniciativa está vinculada a un proyecto de Sergio Massa presentado días atrás con el mismo objetivo. "Son medidas complementarias. El DNU abre paso a la Ley", afirmaron desde el entorno del titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

El viernes Fernández había hecho una defensa del marco laboral cuando anticipó la decisión de avanzar en la medida. "Si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna la Argentina es la promoción de la inversión empresaria y creación de empleo, por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho", había señalado.

Los ministros Juan Zabaleta y Claudio Moroni estarán al frente de lograr el ambicioso objetivo del Gobierno. Ambos realizarán modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral con la meta de mutar la asistencia social dada en la actualidad a personas desempleadas o con empleos informales en "incentivos" para lograr su contratación en el sector privado.

En ese sentido, las empresas que se sumen al programa deberán cumplir con una serie de requisitos para acceder a distintos incentivos como comprometerse al incremento neto de la nómina del personal y respetar un límite en la cantidad de trabajadores alcanzados. Se aclara, no obstante, que no podrán participar aquellas firmas que figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.

De ahora en más, Desarrollo Social y Trabajo tendrán como misión que los beneficiarios de los planes sociales se sumen a cursos específicos o a prácticas calificantes en ambientes de trabajo, período en el cual podrán mantener el derecho al cobro de la prestación.

El Gobierno enviará un proyecto de ley para convertir los planes sociales en trabajo

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Lo anunció el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El texto entrará este jueves al Congreso de la Nación y establece beneficios para las empresas y la ayuda social pasaría a ser parte del salario.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó este miércoles que el Poder Ejecutivo enviará este jueves al Congreso el proyecto de ley que apunta a convertir planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector de la construcción.

"Mañana ingresamos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas", anunció el titular de la Cámara baja en Twitter.

El programa A construir que impulsa el Gobierno tiene como meta "el desarrollo de actividades formativas, de certificación de competencias laborales y de inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales de trabajadores desocupados", con prioridad para "beneficiarios de planes de asistencia como el programa Potenciar Trabajo".

De subsidio a porción del salario

De esta manera, el subsidio que reciben los beneficiarios de planes sociales pasaría a convertirse en una porción del salario en la industria de la construcción, con una etapa previa de capacitación.

Durante su presentación el martes pasado en el cierre del acto de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el Presidente Alberto Fernández se había referido concretamente del problema del desempleo y los subsidios.

"A nosotros no nos hace feliz que en Argentina haya tantos hombres y mujeres que perdieron su trabajo y hoy viven de la asistencia del Estado", reconoció el jefe de Estado.

En este sentido, dijo que la apuesta del Gobierno pasaba por "ver cómo convertimos planes sociales en empleo para devolverle dignidad de trabajo a aquellos que lo perdieron, y reconstruir la cultura del trabajo que también se fue perdiendo".

"Lo que nos importa es recuperar el trabajo, no sostener el plan social. Eso no quiere decir que vamos a terminar con los planes sociales, mientras los argentinos lo necesiten lo seguirán teniendo", aclaró.

El Presupuesto 2022 prevé subas de casi 70% en algunos planes sociales

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En cambio, se espera un menor impacto de la pandemia y se proyectan menos gastos en vacunas y sectores de la salud.

El proyecto de Presupuesto 2022 prevé una suba del 68% en las partidas destinadas a la tarjeta Alimentar y del 43% para el plan Potenciar Trabajo, en medio de un escenario donde la pobreza no baja del 40%.

En cambio, se proyectan reducciones en partidas para la asistencia a empresas y las compras de vacunas, ante una esperada mejora en el impacto de la pandemia.

Economía mantuvo elevadas las partidas destinadas a los programas asistenciales de la Tarjeta Alimentar y el programa Potenciar Trabajo, ambos a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

El Gobierno no prevé una nueva ola de Covid-19 y por eso redujo drásticamente algunos programas dispuestos en la emergencia, como el Repro. También reduce el presupuesto para compra de vacunas en relación con la inflación.

En el caso de la tarjeta Alimentar, que llega a más de 2,4 millones de personas y se prevé que alcance a 2,7 millones, el Presupuesto prevé fondos por casi $260.000 millones para el año próximo.

En el del programa Potenciar Trabajo, llega a 1.100.000 personas, el Presupuesto prevé destinar más de $243.000 millones. En cambio, se proyectan bajas en el programa "Complementos alimentarios", que caerá 60%, a $10.300 millones.

También en la asistencia a los comedores comunitarios y merenderos, que se reducirá 33%, a $6.000 millones. Pero subirá la asistencia a los comedores escolares en un 55%, hasta los $14.700 millones.

El año próximo también habrá caídas presupuestarias en programas de Salud y en los planes destinados a dar auxilio financiero a las empresas afectadas por la pandemia. El gasto en salud aumentaría sólo 12,5%, hasta los $644 millones.

En el caso de la partida destinada a la compra de vacunas contra el Covid-19, se prevén adquirir 80 millones de dosis y 5 millones de tests de antígenos.

Para ese destino se proyectan $122.200 millones, por debajo de los $153.500 millones que se estiman erogar este año.

Energía

El proyecto de Presupuesto prevé bajar en términos reales los subsidios a la energía (gas y electricidad).

Este año rondarán los $972.000 millones y para 2022 se espera que esa erogación alcance $1.024.000 millones, un 5% de aumento nominal y una caída del 0,5% puntos del PBI.

De no aplicarse una política de segmentación en las tarifas, que por ahora no está contemplada en el presupuesto, los montos deberían incrementarse en al menos un 30%, estiman los especialistas.

Los planes sociales se multiplicaron en los últimos 20 años en Argentina

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En el 2002 la ayuda estatal alcanzaba a dos millones de argentinos, hoy esa cifra se multiplicó por 10. 22 millones de personas que reciben asistencia social.

Según datos datos recolectados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, existen en la actualidad, aproximadamente 22.000.000 de personas que reciben asistencia social en forma de un programa alimentario y por prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.

Esta cifra indica que la cantidad de personas que perciben una ayuda estatal se ha multiplicado por 10 en los últimos 19 años.

Los planes sociales son beneficios otorgados por el Estado con el fin de alcanzar un mayor equilibrio social y apoyar a los sectores más vulnerables y pueden ser desde un beneficio de pago único hasta una ayuda económica mensual, la entrega de medicamentos, atención médica, cuidado y protección de menores de edad, asignación de empleo a jóvenes, y muchas otras prestaciones.

Los primeros planes sociales en el país aparecieron con las Cajas PAN, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En 1986, aproximadamente 5.600.000 de personas recibían la ayuda alimentaria del PAN, casi el 17% de la población de ese momento.

A partir de la crisis iniciada a fines del 2001, y ya con Eduardo Duhalde en la Casa Rosada, existía un sólo plan social: el Plan Jefas y Jefes de Hogar, que buscaba ayudar económicamente a 2.000.000 de familias en un momento donde la pobreza superaba el 50% de la población.

Los programas laborales comienzan a trabajar en Chimbas

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Serán más de 200 personas con planes sociales que ahora deberán trabajar como contraprestación al programa que reciben desde el Estado. Se trata de un hecho inédito en el país, ya que intenta recuperar la cultura del trabajo, una demanda que la sociedad argentina viene haciendo desde hace años a la dirigencia política.

Con el objetivo de dignificar a hombres y mujeres que son beneficiarios de programas laborales, desde la Municipalidad de Chimbas se firmaron convenios con la Corriente Clasista Combativa y Agrupación Virgen de Fátima para que, quienes perciben estos planes, realicen contraprestaciones con su trabajo.

Lo mismo sucederá en Chimbas con quienes cobran el programa Potenciar. A través de esto se crea el Programa Municipal de Trabajo para Planes Sociales, el cual está abierto para todas aquellas agrupaciones y organizaciones que quieran formar parte de esta iniciativa que tiene como fin priorizar el trabajo y reconocer el recurso humano.

El Intendente Fabián Gramajo, en diálogo con El País Diario, manifestó que en este primer paso "son 200 familias que accederán a la inclusión social, recuperando la cultura del trabajo. Los hijos de esos beneficiarios verán salir a sus padres de sus casas cada día para ganarse con trabajo lo que perciben desde el Estado".

Gramajo se mostró entusiasmado ante este paso ambicioso que acaba de dar en el distrito Chimbas, situado en la provincia de San Juan. Aseguró además que los programas llegaron a "todos los sectores de la sociedad: profesionales, personas con algún oficio y trabajadores en general".

La cifra de trabajadores contemplados en esta etapa llega a 204 personas, entre hombres y mujeres. Las tareas a realizar tienen que ver con limpieza de espacios públicos y calles, electricidad, realización de diferentes obras, tareas administrativas y de coordinación, maestranza, y atención al vecino en diferentes dependencias del municipio.

Es preciso detallar que estas medidas tomadas por el intendente de Chimbas son muy similares a las que adoptó el expresidente Lula Da Silva en Brasil, quien al final de su mandato, había sacado a 20 millones de brasileros de la pobreza para ubicarlos en el estrato de la clase media.

Con estos programas el intendente se acerca al sistema productivo del departamento, asistiendo con personal a comercios e industrias del distrito, poniéndose a la altura de las necesidades de la gente y ofreciendo una respuesta concreta al reclamo de la sociedad argentina, que aspira al trabajo y a la igualdad de oportunidades.

Es importante destacar que entre los trabajadores y trabajadoras se encuentran profesionales, estudiantes y ciudadanos que ejercen un oficio.

Ante una sociedad que descalifica los planes sociales porque se cree que nadie trabaja a cambio de la asistencia del Estado, el intendente opinó que "exigiéndole un trabajo a cambio a las personas beneficiarias, se da respuesta a lo que la gente reclama y se dignifica la vida de quienes se incorporan a la cultura del trabajo".

Es preciso también señalar que cada persona cuenta con los elementos de protección y medidas de seguridad adecuadas, además de sus herramientas de trabajo necesarias para la labor.

Cada programa es una historia de vida

Adriana, una estudiante tesista universitaria que está a punto de recibirse en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, dejó su testimonio expresando lo importante que es para ella contar con el Programa Potenciar, adonde aportes sus conocimientos sobre antropología y violencia de género a través del trabajo.

Un joven de 20 años, que desde hace tiempo se incorporó a trabajar en La Platense gracias a estos planes sociales que impulsó el Intendente Gramajo. Hoy tiene la posibilidad de seguir con sus planes de vida y quizá en un tiempo más pueda quedar incorporado a la empresa, integrándose al sistema laboral en blanco.

Otra de las personas que trabaja en la municipalidad es una joven diplomada en economía, que con sus 40 años de edad aporta su conocimiento en la comunidad.

También trabajan en este programa una técnica bancaria, una preceptora de escuela y una profesora de hockey.

Además muchos son los que a cambio del programa trabajan en la obra pública y en los servicios del municipio.

Cada quien aplica lo que sabe hacer para que la Municipalidad de Chimbas ofrezca mejores servicios a los vecinos y vecinas.

San Juan: audios revelan cómo se utiliza a personas con planes sociales para asistir a manifestaciones

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Ernesto Simón
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Según publicó el sitio Estación Claridad, en las ultimas horas trascendieron capturas de pantallas de chats de WhatsApp y audios donde se escucha a un sujeto identificado como Abel Peralta convocar a una manifestación en el departamento 9 de Julio, situado en San Juan.

Avisa que es obligatorio y que los planes sociales dependerán de la asistencia a la marcha convocada para este lunes 19 de julio por la mañana. El delito podría ser tipificado como "utilización de fondos públicos con fines extorsivos".

Peralta, quien vive en el departamento citado que hoy tiene como intendente a Gustavo Núñez, es uno de los tantos lideres piqueteros que organizan marchas en las diferentes calles de San Juan.

El manejo de personas cuál si fuesen masas sometidas que deben asistir a manifestaciones para no perder el beneficio social que les ofrece el Estado, es parte de una política corrupta que se ha propagado en Argentina de la mano del peronismo y de otros partidos que copiaron el modelo del PJ.

El sistema político fue alimentando durante décadas con esas masas de personas humilladas que no tienen otra chance en la vida más que recibir un plan a cambio de hacer número en cortes de ruta y manifestaciones contra sectores que no pertenecen al oficialismo.

Esta vez, el Movimiento Teresa Rodríguez, de San Juan, organizó una protesta contra el Intendente de 9 de Julio, Gustavo Núñez, quien no pertenece al peronismo. En el mensaje de audio que se viralizó por WhatsApp, el conspicuo dirigente Abel Peralta, deja explicado que los afiliados que no se prendan en la movida pueden "perder el plan".

Cortan rutas o hacen lo que se les ordene a cambio de no perder el plan social. Se trata de un verdadero abuso de la Casta Política que, con los bienes del Estado, se apropian de la pobreza y con esa gran masa que ellos mismos generaron se nutren para mostrar poder de fuego en las calles frente a los demás.

Tal como lo escribió el conductor y periodista Osvaldo Benmuyal en el sitio de su radio, Estación Claridad: "Dueños de vidas pobres, amos de un destino de tristeza y frustración. Manejadores de plata que no ganaron y que reciben de un sistema corrupto que bancamos con impuestos. Todos los Peralta están ahí porque alguien los banca y los promueve".

Una familia podría cobrar hasta $73.000 si se suman AUH, otros planes sociales y beneficios

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El País Diario
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El esquema muestra el impacto del plus que se empezó a pagar en junio a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Una familia podría llegar a cobrar en junio casi $73.000 directamente del Estado, sumando la Asignación Universal por Hijo que desde junio pasó a pagar un plus a sus beneficiarios, con asignaciones alimentarias y planes sociales.

El cálculo del economista Fernando Marull, de FMyA, es de máxima y, en los hechos, se trata de un ejemplo que implica hasta donde podrían llegar los ingresos si se aprovechara cada vía de asistencia que pone a disposición el Estado.

Esto supone una familia con tres hijos que califican para la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar (es decir, de hasta 14 años de edad), más dos padres anotados en el plan Potenciar Trabajo.

La Asignación Universal por Hijo paga hoy $4.496 , que con los tres hijos supuestos llega a 13.488 pesos totales. Además, el Plus AUH llega a $7.083, unos $21.250 totales. La Tarjeta Alimentar, en tanto, se asigna a familias beneficiarias de la AUH con hijos de hasta 14 años de edad por $6.000 mensuales para el caso de un sólo hijo, $9.000 para hogares con dos hijos y $12.000 para familias con 3 hijos o más.

Por último, calcula en $13.000 por persona los ingresos por el plan Potenciar Trabajo que paga medio salario mínimo vital y móvil a sus beneficiarios a cambio de una contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales o socio-comunitarios, o a través de la terminalidad educativa.

El total arroja que para ese esquema familiar se podrían conseguir hasta $72.738 en junio.

Pero el universo de personas que puede llegar a ese nivel de ingreso tiene sus límites. Por ejemplo, el Plus AUH es un adelanto del pago del 20% se aplica a 743.000 beneficiarios en junio de los alrededor de 4 millones que tiene en total la asignación.

Se trata de personas que presentaron una declaración jurada de escolaridad y, el mes que viene, otros beneficiarios distintos cobraran el plus de única vez.

En segundo lugar, implicaría una superposición casi perfecta de planes que tienen distintos alcances. Por ejemplo, Potenciar Trabajo tiene unos 920 mil beneficiarios. Sólo el 20% de ellos, dijeron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, pertenece a familias que perciben la AUH. Pero el ejercicio, con todo, busca mostrar otra cosa y eso es la relevancia que tomó el gasto social este año.

"Lo que nos está mostrando es cuánto crece el gasto en ayudas sociales en momentos en los que hay serios problemas de empleo, el Estado cuenta con ingresos extraordinarios por el precio récord de las materias primas y hay elecciones", comentó Marull.

Si se compara, el salario mínimo vital y móvil en la actualidad está en $24.408, por lo que si los mismos jefes de familia del ejercicio trabajaran ambos a cambio del salario mínimo cobrarían, incluyendo asignaciones familiares, menos que con ayuda social, sumarían $62.328 este mes, menos de los $66.000 necesarios para superar el costo de la canasta básica total necesaria para superar la línea de la pobreza.

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