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El Gobernador Uñac firmó un convenio con ANMaC para el retiro de más de 2.500 armas de fuego

El Gobierno local adhirió al Programa de Destrucción, Retiro y Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones, en continuidad con el desarrollo de las políticas públicas de seguridad de la provincia.

El martes 19 de abril, el Gobernador de San Juan, Sergio Uñac, presidió el acto de firma de convenio entre la Provincia y la Agencia Nacional de Materiales Controlados para la destrucción y retiro de armas de fuego en San Juan.

A través de esta acción conjunta del Gobierno de San Juan, el Poder Judicial y ANMaC, se llevará a cabo la destrucción y retiro de más de 2.500 armas de fuego y una tonelada de municiones en la provincia. Del total de las armas incautadas, 1.800 fueron secuestradas en operativos policiales vinculados a delitos y 700 entregadas en forma voluntaria.

La rúbrica contempla además la instalación de puestos móviles de desarme voluntario en periodos regulares de no más de un año.

En el comienzo del acto, Uñac se refirió a la creación de la Secretaría de Estado de Seguridad Pública durante su gestión, con el objetivo de brindar a la sociedad sanjuanina múltiples servicios de seguridad del Estado.

A continuación, el gobernador explicó que "se realizaron en San Juan profundas transformaciones en el sistema jurídico, al que le hacía falta modernización y la posibilidad de aggiornarse a los desafíos de la Justicia, que es lo que la sociedad demandaba".

El primer mandatario destacó seguidamente el trabajo mancomunado entre los tres poderes del Estado "para cumplir con estas obligaciones para con la sociedad", y consideró muy significativo el convenio firmado en la jornada, ya que permite "brindar mejores servicios para la sociedad sanjuanina".

El gobernador cerró su discurso agradeciendo a autoridades nacionales y locales por el trabajo realizado y señaló que "los sanjuaninos queremos vivir cada día mejor y el Estado debe asegurar la igualdad de oportunidades para todos".

Luego, se escuchó la palabra de Loizou, quien aseveró que "San Juan es una de las primeras provincias en las que ANMaC comienza a recuperar su presencia federal luego de la pandemia para poner en marcha la recepción de armas incautadas por comisión de delitos, sistemas judiciales y fuerzas armadas".

"Es un trabajo mancomunado en el sistema de control de armas y materiales, como los equipos de protección que usan las policiales y armadas. Además, contamos con la colaboración de los polígonos de tiro y también todo lo que implica el usuario comercial y colectivo que hace a la actividad de San Juan", dijo.

Prosiguiendo, la funcionaria nacional detalló que "este es un trabajo integral y con una dinámica constante. San Juan es una de las provincias que mejor funciona en este aspecto, lo que garantiza una política adecuada con respecto a la criminalidad y a la seguridad pública", concluyó.

Por su parte, Victoria expresó que "una vez más estamos participando de políticas de Estado, en este caso para reducir armas en la provincia y las que estuvieran en poder de la sociedad civil. El Poder Judicial asumió el compromiso de seguir trabajando en capacitaciones, denunciar violencia de género e intrafamiliar que se comete con armas de fuego, entre otras actividades".

Hoy el Poder Judicial entregará 1.800 de estas armas secuestradas en la comisión de delitos, provenientes de los juzgados de Instrucción, Correccional, de Instrucción, Flagrancia, de Paz y otros.

Seguidamente, el presidente de la Corte abogó por la continuidad de este tipo de acciones, "ya que es importante para la provincia seguir desarmándose para bajar el índice delictual, para continuar viviendo en paz".

Además, Victoria expuso que en el 2021 ingresaron al Poder Judicial 110.000 causas, 13.000 más que en el 2020.

"Aún así, disminuyó la cantidad de causas legales, lo que tiene que ver con que los índice del delito están bajando sustancialmente. Este fue un desafío que nos propusimos para implementar un sistema que hoy está funcionando muy bien. Nuestras acciones estás comprometidas con la seguridad pública", concluyó.

A su turno, el Secretario de Seguridad de la Provincia, Carlos Munisaga, valoró las gestiones llevadas adelantes para concretar esta iniciativa y consideró que "destruir armas significa sacar armas de circulación, significa poner en valor la política que se lleva adelante en cuanto a la persecución del delito de portación y tenencia ilegal de armas".

El funcionario provincial explicó que "este delito en San Juan integra el sistema de Flagrancia. Eso ha sido muy efectivo para la resolución judicial y para el trabajo que hace la Policía de San Juan en la prevención de delitos".

Agustina Naveda habló en La Radio Ataca sobre los hijos del poder investigados por acoso sexual

La sanjuanina que escrachó en redes sociales a jóvenes de familias influyentes de la provincia que están denunciados de ser protagonistas de posibles casos de abuso sexual y acoso habló en La Radio Ataca, el programa que conduce Ernesto Simón en Estación Claridad.

El caso cobró relevancia hace días, cuando la chica es conocida como "agus" en Twitter dejó expuesto a un grupo de amigos, hijos y nietos de familias poderosas de San Juan.

Algunos de los apellidos están ligados a influyentes empresarios y miembros de la Justicia vernácula.

En algunos hilos de su cuenta de Twitter, "agus" presentó testimonios de las víctimas que en algunos casos son lacerantes.

La intrépida joven se llama Agustina Naveda, quien eligió el 8 de marzo de 2022 para dejar al desnudo a los hombres que, según el relato, le hicieron bullying durante toda la secundaria.

Una sanjuanina escrachó a jóvenes de familias influyentes por supuestos abusos

La denuncia se hizo en redes sociales. La chica es conocida como "agus" en Twitter y dejó expuesto a un grupo de amigos, hijos y nietos de familias poderosas de San Juan.

Algunos de los apellidos están ligados a influyentes empresarios y miembros de la Justicia vernácula.

En algunos hilos de su cuenta de Twitter, "agus" presentó testimonios de las víctimas que en algunos casos son lacerantes. La intrépida joven se llama Agustina Naveda, quien eligió el 8 de marzo de 2022 para dejar al desnudo a los hombres que, según el relato, le hicieron bullying durante toda la secundaria.

Desde el Poder Judicial respondieron rápidamente a la viralización de los escrachados "hijos del poder": convocaron a quienes sepan algo sobre los casos expuestos a que denuncien a los supuestos abusadores sanjuaninos divulgados en las redes sociales.

"Hoy me entero que uno de los padres ofreció 4 mil dólares para q me cierren la cuenta de instagram y me bloqueen el celular", publicó Agustina en su cuenta de Twitter, quien además agregó que se siente "muy expuesta pero si estamos todas juntas vamos a tirar toda esta mierda abajo y que nadie nos calle NUNCA MÁS".

Tras la primera denuncia en redes de Agustina, aparecieron otros casos, como el de Rebeca, quien en su cuenta de Twitter fue taxativa: "Hoy decido levantar la voz, no es fácil, pero no puedo con la idea de que ABRAHAM CARRILLO NOGUEDA abusó de mi No hay justificación para un abuso, QUIEN LO HIZO EBRIO, LO PENSÓ SOBRIO. Antes de esto existieron agresiones más leves ¡ALÉJENSE A LA PRIMERA!", publicó.

Las Unidades Fiscales de Investigación: ANIVI y CAVIG abrieron una investigación de oficio luego de que se conocieran las denuncias públicas contra jóvenes hijos de familias influyentes de San Juan, quienes fueron sindicados como abusadores y acosadores sexuales.

Funcionarios judiciales que investigan de oficio el caso de "escrache a jóvenes de familias influyentes" que explotó en redes sociales contra supuestos acosadores y abusadores sexuales.

Es por ello que convocaron a las víctimas a denunciar los casos de abuso en ANIVI y CAVIG.

Además, ya dieron intervención a la División de Apoyo y Análisis Tecnológico de la Policía de San Juan, que empezó a buscar información tomada del material que se convirtió en viral.

El escándalo estalló en San Juan el martes, con la viralización algunas denuncias públicas contra los jóvenes señalados como presuntos abusadores.

Posteriormente muchas otras chicas se sumaron a las denuncias y contaron sus malas experiencias acusando a otros presuntos abusadores, muchos de ellos hijos de familias encumbradas de San Juan.

La situación fue tan evidente en las redes sociales que el Ministerio Público Fiscal dispuso la apertura de una investigación de oficio ante la presunción de la existencia de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de jóvenes sanjuaninas, algunas de las cuales podrían ser menores de edad.

"A los 11 años sufría acoso y bullying por parte de estos tipos. Solo uno me pidió perdón y por lo que puedo ver con los relatos que me llegaron, siguen siendo la misma mierda", explicó Agustina, quien agregó: "Se mueven así, te violentan y quieren estar con vos. Tengo tres o cuatro historias de violaciones de parte de uno de los pibes".

Se creó la Unidad de Logística y Choferes del Poder Judicial de San Juan

Según informó la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial de San Juan, la medida se dispuso mediante el Acuerdo General Nº 25/2022.

La Corte de Justicia vernácula, presidida por Daniel Olivares Yapur e integrada por los ministros Juan José Victoria, Guillermo De Sanctis, Marcelo Lima y Adriana García Nieto, con la asistencia del Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, acordó la creación de la Unidad de Logística y Choferes del Poder Judicial mediante el Acuerdo General Nº 25/2022.

Esta unidad será la responsable de coordinar los procesos de recepción, almacenamiento, inventario, custodia, entrega y transporte de bienes.

A su vez, se encargará del depósito, custodia y administración de la flota de vehículos del Poder Judicial y la coordinación operativa del cuerpo de choferes con el objetivo de posibilitar el transporte de agente y bienes.

El mencionado acuerdo también detalla que la Unidad de Logística y Choferes deberá estar a cargo de un funcionario con función de coordinación general y de un jefe operativo, dependiente de la Secretaría Administrativa de la Corte de Justicia.

San Juan: investigarán a dos fiscales del Poder Judicial por supuestas irregularidades

Ambos se trata de Roberto Ginsberg y Eduardo Martínez, ambos de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG.

La presentación fue formulada por Miguel Ángel Molinero, un hombre de 41 años, quien hace unos días denunció a los dos fiscales de CAVIG por supuestas irregularidades.

El hombre dijo que ambos habrían tenido irregularidades en causas iniciadas por él contra su expareja. Aparentemente, la exmujer de Molinero no le habría permitido ver a su hijo.

La denuncia habría sido recibida por el Fiscal Renato Roca de la UFI Delitos Especiales, y ya se estaría investigando para saber si los empleados judiciales incurrieron en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Molinero, el denunciante, dijo que Ginsberg le desestimó denuncias, y relató que "en una oportunidad en la que" su expareja "reconoció que me prohibió ver al niño, el fiscal igual pidió su sobreseimiento".

En relación al otro denunciado, el Fiscal Eduardo Martínez, Molinari dijo que tuvieron una discusión en Tribunales y el fiscal le habría obligado a firmar que se retractaba de la denuncia.

"Me gritoneaba delante de todos, me decía: Vos me vas a firmar lo que yo te diga", contó conmovido en declaraciones a medios locales.

Mesa judicial contra sindicatos bonaerenses

La AFI denunció en la Justicia a exfuncionarios del Gobierno de Vidal.Quedaron registrados en videos, reuniones del entonces Ministro de Trabajo Marcelo Villegas promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales.

"Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría". Esas son palabras de Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Las pronunció el 15 de junio de 2017 en una reunión en una sede del Banco Provincia, frente a empresarios de la construcción y acompañado del exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; de Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia de PBA; de Juan Pablo Allan, senador provincial y del Intendente de La Plata, Julio Garro.

Allí los funcionarios macristas garantizaban y aseguraban a los empresarios que tenían una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por "nación y provincia" para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.

Esta información fue hallada por la AFI en videos grabados durante el encuentro y forma parte de una denuncia que presentó este lunes la interventora del organismo, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de La Plata, para que el juez realice una investigación por presunta comisión de un grave delito de acción pública.

En la reunión, de la que además participaron Marcelo Jaworski, director General de COPETRO; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de AGRINECO; Fernando Sacrachi, director de ACIP; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, tres personas que no pudieron ser indentificadas y otras tres solo mencionadas con el nombre de pila, el entonces ministro de Trabajo bonaerense también explicó que el plan no era solo ir contra los sindicatos, sino también contra los trabajadores públicos.

"Las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea", pregonó. Los videos fueron encontrados por la AFI en un disco rígido, mientras realizaban tareas de mantenimiento. Aún no se sabe quién los grabó y con qué objetivo.

El modus operandi

El mecanismo que Cambiemos tenía acordado con los empresarios y con el Poder Judicial para atacar a los sindicatos y quitarles derechos a los trabajadores estaba planificado al detalle. En un principio el modus operandi consistía en que las propias empresas generaran tensión con los trabajadores, por ejemplo, quitándoles las viandas, para que el sindicato paralice las obras.

De allí se desplegaba una doble estrategia, primero los empresarios se dirigían al Ministerio de Trabajo al que llevaban notas previamente convenidas, que entregaban en mano a Villegas, tomaban el recaudo de no dejarlas en la mesa de entrada, y luego al Poder Judicial, donde presentaban la denuncia con las palabras "clave" que los funcionarios les decían que incorporen, como "extorsión" y "amenaza".

"Las notas me las puedan hacer llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano. Avenida 7, las recibe Diego Visilio", les indicaba el exministro de Trabajo. Una vez que la causa se abría, el Juez pedía al ministro pruebas y él aportaba todas las notas. Esas operaciones estaban acordadas previamente con la pata judicial.

El propio Villegas fue el encargado de explicarlo en el encuentro. "Hemos tomado la decisión como gobierno de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA", dijo

Y detalló que "el esquema es el siguiente, necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos".

"Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas", agregó.

El exministro aclaró que "hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía y con el juez que eso va a funcionar". Luego subrayó que "hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial. No estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un vice ministro de Justicia, un senador del gobierno Nacional si no tuviésemos asegurado la cuestión judicial".

La persecución macrista a los sindicatos

Tres meses después de esa reunión, el 27 de septiembre, el titular de la Uocra en La Plata, Juan Pablo Pata Medina, fue apresado. En esa ocasión las cámaras empresarias salieron públicamente a festejar lo sucedido.

También lo celebró la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y el expresidente Mauricio Macri. En sus declaraciones, utilizaron la misma terminología que la que se mencionó en el encuentro, "lo que pasó en La Plata no es un accidente, es parte central por lo que estamos batallando, de los valores que necesitamos instalar en la Argentina. En la Argentina del futuro todos tenemos que trabajar dentro de la ley", había dicho Macri.

Vidal, en tanto, había asegurado que "la amenaza no es el camino, hoy no hay lugar para el apriete; no vamos a convivir con eso, hay una Justicia que no está dispuesta a convivir con eso".

La entonces gobernadora resaltó el rol que jugó el Poder Judicial y lo felicitó por su accionar en la detención del secretario general de la UOCRA, "hay que reconocer el trabajo de la Justicia es este caso. No hay más lugar para las mafias, para la extorsión, en la Provincia", subrayó.

De los dos lados del mostrador

Los empresarios de la construcción de La Plata estaban molestos por diversas cuestiones. Se quejaban de un plus que cobraban los trabajadores del sector, por las viandas que recibían, por los "camping" que tenían los sindicatos y por una serie de medidas que tomaban los gremios relacionadas a cuestiones de género, entre otras.

Los funcionarios de Cambiemos les prometían que lo iban a solucionar. Garro, por ejemplo, dijo que "hemos estado en el 2016, 2015, 14, 13, en 400 millones de asados, comidas y de lo único que se hablaba era de esto. ¿Quién va a hacer algo alguna vez? Bueno. Lo estamos haciendo".

Convencido, agregó que "si nosotros no aprovechamos esto ahora es lo peor que puede pasar. En 50, 60 años más no se va a solucionar. El destino, el futuro, nos puso en este lugar. Necesitamos trabajar muy coordinadamente para poner la cara y avanzar garantizándoles, dando la contención que van a necesitar y que nosotros mismos vamos a necesitar".

Para rematar, subrayó sobre el sentido de la reunión que "hay que hablar claramente con la bala arriba de la mesa y contar lo que nos pasa".

Los colaboradores de Garro puntualizaron que "en más de una oportunidad a Julio le tocó ver a tipos llorando que tenían las obras paradas y se estaban por fundir por no poder conciliar con la UOCRA. Se reunió con ellos en calidad institucional, de intendente".

Ante la pregunta sobre los acuerdos con el Poder Judicial, explicaron que "eso en boca de Julio no está y nunca lo va a plantear en esos términos. Él defiende las instituciones y si se tiene que presentar a la Justicia, estará a disposición. No se hizo nada malo, o por lo menos él. Si después el ministro dijo lo que dijo, que se haga responsable".

¿Quién es Villegas?

El exministro de Trabajo bonaerense es un abogado laboralista con vasta trayectoria en el sector privado. Su currículum, al igual que el de muchos funcionarios PRO, muestra que trabajó en puestos directivos de diversas empresas, las mismas que siendo ministro debía controlar, y también tiene en su historial una imputación por evasión.

Se desempeñó como gerente de RRHH en el grupo Pérez Companc, ocupó cargos directivos en varias empresas del grupo Suez, fue vicepresidente Ejecutivo de Ondeo Services Inc. en Puerto Rico y ocupó cargos directivos en el grupo Cencosud y Wall Mart Stores.

Antes de desembarcar en PBA, fue director de Capital humano del Grupo Telecom Argentina. En 2001, cuando Villegas integraba junto a su socio la empresa Protel Servicios S.A, del rubro de la comunicación, declararon la quiebra y fue imputado por evasión impositiva. Posteriormente fue sobreseído, pero no por ser inocente, sino porque la suma evadida era menor a la que constituía delito.

Autoridades del Poder Judicial de San Juan presentaron un balance anual ante los medios

Estuvieron presentes los ministros de la Corte de Justicia, el Fiscal General y la Defensora General.

La Corte de Justicia, a través de su presidente, Daniel Olivares Yapur, los ministros Juan José Victoria, Guillermo De Sanctis, Marcelo Lima y Adriana García Nieto; junto al Fiscal General, Eduardo Quattropani; y la Defensora General, Mónica Sefair; mantuvieron un encuentro institucional denominado "Desayuno de Trabajo con Periodistas", donde se expuso un balance anual ante lo más granado del periodismo vernáculo.

El desayuno fue en el Salón de Actos del Club Sirio Libanés, sede académica del Poder Judicial.

Esta fue la primera vez que las máximas autoridades del Poder Judicial: Corte de Justicia y los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, presentan en conjunto una Memoria Anual de la actividad desarrollada en este poder del Estado provincial, en el cual se incluyeron datos estadísticos y especificaciones cualitativas.

Entre los temas que se trataron, se destacaron los proyectos de ley elaborados bajo la facultad de la iniciativa legislativa, las capacitaciones tanto internas como con vinculación externa, el desarrollo informático logrado, los convenios y acciones interinstitucionales llevadas a cabo, las obras de infraestructura y la labor de los organismos que integran el Poder Judicial, entre otros.

El presidente de la Corte de Justicia agradeció la participación del periodismo y puso en valor el trabajo en equipo realizado en aras de mejorar el servicio de Justicia, transmitiéndole a los cortistas, a la Defensora General y al Fiscal General su gratificación por los resultados alcanzados.

Por su parte, los periodistas referentes de los medios de comunicación presentes se mostraron muy conformes con el formato de diálogo planteado desde principio de año por la Corte de Justicia y, en esta ocasión, también señalaron la relevancia de que estuvieran presentes de las autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

Entre los profesionales de la comunicación se contó con la presencia de Juan Facundo Olivera (Diario de Cuyo y Concepto de Radio), Natalia Caballero (Tiempo de San Juan), Juan Manuel Gómez (Huarpe), Facundo Merenda (Huarpe y Telesol), Juan Carlos Bataller Plana y Mariano Bataller (Nuevo Diario, Telesol y Canal 8), Federica Mariconda y Mario Vargas (Diario El Zonda); Ernesto Simón (El País Diario y Estación Claridad), Mauricio Bazán, Luciano García y Gabriela Zalazar (Canal 8), Antonio Toledano y Franco Berardi Nelli (Telesol), Claudio Leiva (Dairio de Cuyo y Canal 34), Gabriela Carelli (Canal 4), Luján Romero y Guido Garcías (Xama TV UNSJ), Enrique Merenda (AM 1020), Gastón Sugo (FM Light), Oscar Marinero (Radio Universidad), Roberto Pugliese (Radio La Red) y Javier Tello (Diario La Provincia).

Cabe señalar que este espacio de diálogo fue instaurado en marzo de 2021, en el marco del primer mes de funcionamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial. Un segundo encuentro tuvo lugar unos meses después, en septiembre.

Encuesta: el 73% de los argentinos tiene una mala imagen de la Justicia

El dato se desprende de un trabajo de medición de la consultora Giacobbe & Asociados. El estudio indica que sólo el 2% cree en el Poder Judicial y el 22% opina que la Justicia es regular.

Asimismo, la mayoría de los consultados, ciudadanos de Ciudad Autónoma y provincia de Buenos Aires, indicó que el problema de la Justicia está en los integrantes de ese poder, y sólo un 29% estima que el sistema judicial es lo que falla.

¿Qué imagen tiene de la Justicia argentina?

¿Cuál cree usted que es el principal problema de la Justicia?

En diálogo con El País Diario, el prestigioso consultor Jorge Giacobbe explicó que en relación a los resultados de la última elección del 14 de noviembre, "el sopapo debería haber sido mayor", pero hubo un 7% de la población que no fue a votar.

Aseveró además que "en las últimas décadas de democracia, el presentismo tendió a subir y se estabilizó en 78% a nivel nacional". Sin embargo, recordó que "en las elecciones generales de 2021 el presentismo fue de 71%, el peor en décadas".

Jorge Giacobbe, consultor político.

San Juan: un funcionario judicial fue denunciado por violencia de género contra su pareja

Se trata de Mario Parisi, es coordinador del área de Asistencia Jurídica del Poder Judicial de San Juan y fue acusado por una amiga de su mujer de darle una fuerte golpiza el lunes 22 de noviembre: "La molió a golpes, ella no puede caminar", dijo.

Mario Héctor Parisi cumple múltiples tareas y tiene un alto cargo jerárquico en el Poder Judicial de San Juan: asesora y supervisa al Sistema Especial de Flagrancia, colaboraba con el Colegio de Magistrados y coordina las Unidades Conclusivas de Causas, los llamados juzgados residuales tras el traspaso al Sistema Acusatorio.

Su pareja lo denunció. Se trata de una mujer de 48 años que vivía con él en un departamento en pleno centro de San Juan hasta el lunes 22 de noviembre, cuando ocurrió el ataque en medio de una discusión.

El martes por la noche, la expareja del funcionario concurrió a la Unidad Fiscal de Investigaciones del Centro de Abordaje y Contención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género, situado en calle Rivadavia y avenida Alem.

La mujer agredida también recurrió al personal del Observatorio de la Violencia contra la Mujer, dependiente de la Defensoría del Pueblo, donde recibió contención psicológica y la asesoraron.

"Era muy celoso y controlador. Pero lo que le hizo esta vez fue una locura. Este hombre le pegó por todo el cuerpo a mi amiga, la hirió con una especie de katana pero más corta, la dejó tirada en el piso y la escupió", aseguró una amiga de la mujer violentada.

La testigo detalló que su amiga y Parisi se conocieron en el edificio donde vivían, ubicado en avenida Ignacio de la Roza. Eran vecinos y ambos practicaban artes marciales. Ella es empelada de comercia y él, como ya se sabe, un alto funcionario del Poder Judicial de San Juan.

Parisi, además de ser abogado, es profesor de Educación Física y practica artes marciales. Él es divorciado y vivía solo. La amiga de la pareja aseguró que al mes de conocerse, el funcionario judicial le propuso a su novia que se mudara a su departamento, eran vecinos, vivían uno pegado al otro en el edificio.

"Ella me contaba que Parisi era celoso, muy celoso, y la controlaba todo el tiempo. No me quiso decir si la golpeaba antes, pero es verdad que el domingo pasado la agredió de una manera salvaje. La molió a golpes, ella no puede caminar", dijo la allegada de la denunciante.

"La golpeó en todo el cuerpo. Mi amiga está aterrorizada, la dejo tirada y no puede ni caminar. Para que se den una idea, tiene lesiones en los dedos de los pies, hematomas en las mejillas y en las orejas y cortes en los labios. La tiró de los cabellos y la hirió en la espalda con una katana. Todo eso lo certificó un médico. Lo último que descubrieron es que presenta fractura de Coxis, por eso no puede caminar", aseguró.

Luego contó que el funcionario también humilló a la mujer de diversas formas, "la denigró y estando tirada en la puerta de su departamento la escupió dos veces", agregó.

Estuvieron hasta la madrugada del miércoles radicando la denuncia contra Mario Parisi, en la cual declaró que el funcionario posee diversas armas blancas de artes marciales en su departamento, según señalaron.

También fue examinada por una médica legista, quien constató cerca de 20 lesiones en el cuerpo de la mujer. Además, explicó que la víctima corre el riesgo de perder el trabajo, ya que quedó convaleciente y ahora teme por haber realizado la denuncia contra Parisi.

Desde Tribunales confirmaron que el caso es investigado en el CAVIG, pero a diferencia de otros episodios violentos, no se pidió la detención de Parisi.

Dos casos en los últimos meses

En los últimos 16 meses trascendieron dos casos de jueces que enfrentaron acusaciones por sus tratos con empleadas. Estas denuncias se encuentran dentro del ámbito administrativo.

Uno de ellos fue el caso del Juez Civil Héctor Rollán, quien en junio de 2021 fue sancionado por la Corte de Justicia con 15 días de suspensión sin goce de haberes.

El motivo fue que el magistrado utilizó términos despectivos, humillantes y de extrema subestimación contra una agente judicial por su condición de mujer, por lo que se configuró un hecho de violencia de género. Esto fue lo que resolvió la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia.

La otra causa es contra el Juez de Flagrancia, Carlos Lima, quien fue denunciado en la Oficina de Clima Laboral del Poder Judicial por una empleada que expuso un presunto acoso sexual en el ámbito laboral. El expediente está en trámite con la recopilación y análisis de testimonios.

CAVIG

El Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género, tal su sigla CAVIG, no sólo recibe las denuncias de mujeres que han padecido ataques físicos de hombres sino también las causas de violencia entre parientes dentro de un núcleo familiar.

Se trata de una de las unidades fiscales de investigación del flamante Sistema Acusatorio.

San Juan: la Justicia informó que se optimizaron los tiempos en la atención a profesionales

Desde la Dirección de Control de Gestión informaron que hay un excedente de turnos en ambas jornadas, que no son solicitados por los abogados.

El tiempo de espera a los profesionales de la abogacía para ser atendidos en las distintas Mesa de Entrada del Poder Judicial de San Juan está siendo optimizado gracias a la implementación del sistema de turnos mediante la Mesa de Entrada Virtual.

Desde la Dirección de Control de Gestión del Poder Judicial de San Juan, informaron que hay un excedente de turnos, tanto en la jornada matutina como en la vespertina.

Los turnos no son solicitados por los abogados. Por ejemplo, en las Oficinas Judiciales 1 y 2 del fuero Civil, en el Anexo Jujuy, se pudo apreciar el normal desenvolvimiento de los profesionales en los considerados horarios picos de atención a los profesionales.

La digitalización de los actos procesales en el proceso hacia el expediente judicial es un factor clave para facilitar el trabajo del profesional y evitar su asistencia física y en forma asidua a los tribunales.

La Corte de Justicia está trabajando para aumentar, dentro del presente año, la gestión digital remota que permita a los profesionales evitar la concurrencia a los tribunales.