La cifra declarada por Alberto Fernández es 700.000 pesos superior a la de la vicepresidenta Cristina.
Alberto Fernández informó a la Oficina Anticorrupción un total de 4.484.069 de pesos en lo que respecta a sus bienes personales.
Según destacaron las investigaciones, el patrimonio del presidente de la nación registró un aumento de 53% comparada a la del año pasado cuando era candidato presidencial, pero la explicación está directamente relacionada con la revaluacción de los mismos.
A partir de estas modificaciones fiscales, el valor de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $ 654.000 a $ 966.000, mientras que su auto Toyota Corolla aumentó su cotización de $ 350.000 a $ 1.132.362.
Por otro lado, Alberto Fernández declaró que no posee ni cajas de ahorro en moneda extranjera ni dólares en efectivo, mientras que las deudas que tenía por $ 331.000 fueron reducidas este año a un monto cercano a la mitad.
Los datos del Jefe de Estados se revelaron horas despúes del monto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que declaró vienes por 3,7 millones de pesos, siendo una cifra que reflejó una suba de poco más de 800 mil pesos en relación a los bienes declarados en el último período fiscal.
El pedido se hizo en 2013, cuando Gioja concentraba todo el poder convirtiendo a esta comarca en un feudo populista. ¿A qué se dedicaba entonces el periodismo local?
Mientras tanto, el periodismo de San Juan se dedicaba a festejar cada acto del exgobernador Gioja y, obscenamente, practicaban la obsecuencia puntillosa y obediente transformando al oficio en una actividad ligada a la genuflexión.
Corría el año 2013 y Gioja tenía todo el poder concentrado en su vigorosa mano. En aquellos oscuros tiempos, el 90% del periodismo vernáculo era espantosamente lisonjero y sobón, casi un bochorno cotidiano que disimulaban con una hipocresía admirable.
Fue cuando desde El País Diario decidió pedir en la Escribanía Mayor de Gobierno la declaración jurada de bienes de José Luis El Vale Todo Gioja. El escrito fue preparado bajo el puntilloso asesoramiento del abogado Diego Seguí, un verdadero paladín que ha dado muestras sobradas de su lucha contra la corrupción junto a su colega Marcelo Arancibia.
En la nota le decíamos que no tuviera miedo, que los jueces de San Juan eran, en su mayoría, fervientes cobardes apañadores de los actos que él llevó adelante como Gobernador. Y escribíamos que "ya que desde hace años vive del Estado (fue diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y gobernador), explíquele a la gente que le pagó el sueldo cuál es su patrimonio real".
Como periodista, me constituí en la oficina pública y solicité esa información por escrito en el año 2013, ante la Escribana Mayor de Gobierno, tal como lo indica la Ley 6773 en su artículo 28. Pero lógicamente los encubridores de turno la negaron.
Fue cuando escribimos que los organismos de control de San Juan no funcionan porque quienes ocupan los cargos claves son esperpentos rastreros, cultores pusilánimes de la más barata disciplina ovejuna.
En la nota le decíamos a Gioja que no permitiera que los ciudadanos lo vean como a un miserable, "dígales a todos y todas cuántos bienes tiene, qué cantidad de plata amasó en estas décadas en las que vivió del Estado ocupando cargos claves".
La idea era darle la oportunidad a Gioja para mostrar su supuesta transparencia para que no dudemos de su buen nombre y honor, y para que su familia no tenga que abochornarse nunca por la duda maliciosa de los ciudadanos críticos y desconfiados.
El exgobernador Gioja tuvo su momento para aceptar el desafío que proponía El País Diario, que le pedía encarecidamente que "ordene a sus abominables alcahuetes que suban su declaración jurada a las redes sociales o a la página oficial del Gobierno para que todos puedan ver cómo se incrementó su riqueza durante los últimos años".
"Muéstrenos, tenga un acto digno y noble antes de irse", le dijimos, y concluíamos con la idea de que ese gesto sería para nosotros una excepción dentro de su ya concluida etapa política.
Obvio que la respuesta fue negativa y nunca pudimos acceder a su declaración jurada. Ya como Diputado Nacional tuvo tiempo de acomodar los tantos y la manifestación patrimonial fue difundida tal como lo exige el Congreso en su sitio oficial.
Una pena, tuvo todo el poder y podría haber mostrado que no tenía nada que ocultar. Pero no lo hizo: ocultó todo lo que pudo.
La denuncia fue formulada por los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí y en el texto piden que "se investigue presuntos hechos delictivos contra la administración pública" que habrían sido cometidos por el exgobernador Gioja durante su gestión.
La demanda surge de una serie de notas periodísticas, entre ellas, la más clara, publicada en enero de este año por El País Diario. Los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí se presentaron ante la Fiscalía Correccional N°3 para denunciar una operación dudosa realizada durante la gestión de José Luis Gioja entre los años 2005 hasta el 2015.
Ahora, el fiscal Juan Manuel Gálvez deberá investigarlo por fraude administrativo, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los denunciantes hacen referencia a los más de 10 años en que Gioja contrató una ART para los empleados públicos, de manera directa, sin llamar a licitación, y por una monumental cifra que nadie puede explicar en la que se calcula un sobreprecio de 27.000.000 de pesos por mes durante una década.
Tal convenio fue renovando en forma automática año tras año, hasta enero del 2017. El contrato firmado por el propio ex Gobernador José Luis Gioja con la compañía IAPSER (Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos), consistía en que el Estado de San Juan abonaba un porcentaje de la masa salarial de sus empleados a cambio de atención médica para cada uno de ellos en caso de accidentes en horario de trabajo.
Seguí y Arancibia dejan sentado que "en los términos del artículo 209 del Código Procesal Penal de la Provincia de San Juan" se presentan ante la Justicia en carácter de "simples ciudadanos" que presumen una "posible comisión de delitos".
Asimismo, piden que "investiguen y eventualmente se sancionen los mismos, relacionado con una presunta malversación de caudales públicos".
La cobertura de la ART IAPSER, con cede central en Entre Ríos, se extendió a los alumnos que asisten al sistema educativo de gestión estatal, miembros de las fuerzas de seguridad (policías y penitenciarios) e incluso incluyó a los automotores propiedad del Estado provincial también asegurados con la empresa. Se trata de 38.209 trabajadores del Estado de San Juan que la aseguradora debía cubrir durante todo el año.
Los abogados explicaron que "el artículo 98 de la Ley n° 603-I, prescribe sobre el sistema de contrataciones del Estado provincial" y citaron la parte donde dice que "Toda contratación, compra, venta, locación, arrendamiento, suministro, etc. del sector Público Provincial, se hará por regla general por licitación o remate público".
Por el monto de la contratación que es de 504.000.000 por año, y por las características de la operación, la demanda objeta que "no corresponde considerar aplicable ninguna de las excepciones a las que refiere el artículo 99 Íb".
El escrito afirma que "claramente se verifica en el caso el apartamiento de la la Ley para permitir mediante discricionalidad y arbitrariedad, la consolidadción de una oferta monopólica en la oferta del servicio asegurativo estatal, ocasionádole al Estado un perjuicio económico multimillonario".
Por lo tanto corresponde que el Tribunal, para el caso de concluir la existencia de los delitos denunciados, y una vez individualizados los presuntos responsables, corra vista al Tribunal de Cuentas Provincial para que, en función del artículo 127 de la Ley 603-I promueva el correspondiente juicio de responsabilidad.
En el tramo del "Petitorio" que hacen a la Justicia, Seguí y Arancibia solicitan "tener por formulada denuncia penal para que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 249 y 277 del Código Penal".
Diego Seguí y Marcelo Arancibia, los abogados que denunciaron a Gioja.
Cuál fue la maniobra que hoy denuncian
El País Diario lo había anticipado en una nota muy fuerte aparecida en este sitio y reproducida luego por diario MDZ de Mendoza y El Federal de La Rioja.
Durante la gestión de José Luis Gioja no se llamó a licitación para contratar la ART que aseguraba a los empleados públicos de la provincia. Por el contrario, el Gobierno de San Juan firmó un convenio con el Gobierno de Entre Ríos en 2005 y contrató en forma directa al Instituto Autárquico de esa provincia hasta el 2017.
La impunidad que otorgan los votos de una sociedad ovejuna y timorata, permitió que año tras año se fuera renovando el vínculo en forma automática. El trato que firmó Gioja como Gobernador de San Juan con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos consistía en que el Estado sanjuanino le pague un porcentaje de la masa salarial de sus empleados a cambio de atención médica para cada uno de ellos en caso de accidentes en horario de trabajo. El desembolso que Gioja hacía durante 2015 por el servicio de cobertura era de 42.000.000 pesos mensuales. Hoy, por el mismo servicio, se paga 15.000.000 de pesos mensuales surgidos de un llamado a licitación.
Este año, durante la gestión de Sergio Uñac como Gobernador, se llamó a licitación y resultó ganadora la compañía Provincia Art, que cobrará por mes casi 15.000.000 de pesos. Antes, el ex Gobernador Gioja pagaba 42.000.000, es decir que podría haber existido un sobre precio de 27.000.000 de pesos por mes durante más de una década. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas de la provincia no alertó sobre tan sospechosa maniobra?
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