En un escrito presentado ante la Jueza Preska, los abogados del país le contestaron a los fondos beneficiarios de la sentencia. Anticiparon los próximos pasos de la defensa.

Luego de pedir a la Justicia de Estados Unidos que suspenda el fallo en el que la Jueza, Loretta Preska, ordenó la transferencia de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por más de US$16.000 millones, el Estado nacional respondió a los escritos de los beneficiarios del juicio, que rechazaron la solicitud de Argentina.

En los documentos presentados este martes, los abogados del país remarcaron que cumplir el fallo forzaría a Argentina a violar sus propias leyes y a perder el control que tiene sobre YPF.

Además, indicaron que una entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros, como a las provincias y a los tenedores de bonos soberanos.

El Gobierno busca que se suspenda la orden de Preska de entregar las acciones de YPF para cumplir con dos condenas impagas: la principal es en el caso de la expropiación de la petrolera por US$16.000 millones, en favor de los fondos Burford y Eton Park.

La otra es a favor de Bainbridge por U$S95.000.000 por el juicio que ese fondo de inversión inició en 2016 y que cuenta con sentencia a su favor por la deuda en default de principios de siglo.

Argumentos del Gobierno en su nueva presentación ante Preska

En el caso por la expropiación de YPF no se trata de una "disputa comercial ordinaria", sino que representa un asunto "sin precedentes, con un fallo de US$16.100 millones, aún apelado".

Los letrados enfatizaron que se trata de una medida que deriva en un escenario complejo. Uno en el que Argentina se vería obligada "a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible".

La suspensión del fallo, desde el punto de vista de Argentina, no supone perjuicio alguno contra los demandantes, "ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa".

Por otro lado, enfatizaron, la entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros no involucrados de forma directa en la disputa y activar "cláusulas contractuales adversas para YPF".

Con base en esto, el Gobierno destaca la importancia de mantener el statu quo a favor del interés público.

En cuanto al fallo que favorece a Bainbridge, Argentina argumentó que la transferencia de las acciones de YPF representaría una violación a la Ley N° 26.741.

De acuerdo con el Estado nacional, "no existe jurisprudencia que avale" esta disputa legal, un aspecto que abre la chance de que un tribunal de apelación tenga un enfoque distinto.

Desde el punto de vista del Gobierno, los demandantes no alcanzan a demostrar el perjuicio que supondría suspender la entrega de acciones.

La Argentina presentó en enero de 2024, una apelación ante la Cámara de Nueva York por la condena de U$S16.000 millones y se encuentra "próxima" a elevar una segunda apelación para que se suspenda la transferencia de acciones.

Contexto del juicio por YPF

El 15 de septiembre de 2023, la Jueza Loretta Preska condenó a Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, un monto que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses.

El fallo benefició a los representantes de las empresas que eran accionistas minoritarias de la petrolera al momento de la estatización.

El reclamo se basa en que el Gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía.

Finalmente, le pagó con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.

Desde el momento del fallo, Argentina apeló la sentencia. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión.

Entre ellas, el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, que tiene ahora fallo favorable de Preska y que abrió el camino a otros acreedores del país con sentencias para reclamar también que se les pague con papeles de la petrolera.