Tras el pedido del Presidente Milei, Diputados trabaja para bajar la edad de imputabilidad

La reforma del régimen penal juvenil no se agota allí, el proyecto del Gobierno propone un abanico de sanciones alternativas.

Luego de que el Presidente Javier Milei pidiera en la Asamblea Legislativa un paquete de medidas de corte punitivista, la titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, prepara una agenda de trabajo que comenzará el miércoles 12 de marzo con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad.

La legisladora del PRO convocará a un nutrido plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto el miércoles de la semana próxima para debatir una reforma del Régimen Penal Juvenil.

El 1 de marzo, el mandatario Milei insistió en la necesidad de reducir la edad de imputabilidad, argumentando que "quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias como adultos".

El aspecto más resonante de la reforma gira en torno de la edad de imputabilidad, pero también se discute qué tipo de delitos deberían ser punibles para los menores que cometan los ilícitos, qué penas de prisión se aplican, qué otros castigos alternativos se contemplan y qué medidas de resocialización se deberían especificar en la normativa.

El proyecto del Gobierno propone un abanico de sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, prohibición de conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras medidas. 

Para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.  

Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.

El proyecto establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de prisión 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio. 

Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores.