Los cambios buscan "afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento" de los organismos del Estado, con refuerzos en créditos destinados a gastos de personal, funcionamiento, equipamiento y transferencias.
A la espera de que el Presidente, Javier Milei, presente el Presupuesto 2026 este lunes a través de una cadena nacional, el Gobierno oficializó modificaciones en la prórroga presupuestaria vigente, que corresponde al ejercicio 2023, con un gesto hacia los mandatarios provinciales, en medio de la tensión política tras la elección del domingo y la posterior puesta en marcha de la mesa federal.
La medida quedó plasmada en la Decisión Administrativa 23/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Ministro de Economía, Luis Caputo.
Los cambios buscan "afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento" de los organismos del Estado, con refuerzos en créditos destinados a gastos de personal, funcionamiento, equipamiento y transferencias, según se detalló en el texto.
Obras viales en provincias
El punto político más relevante aparece en la reasignación de partidas para infraestructura vial: se destinarán más de $4.500 millones a repavimentaciones y obras en rutas nacionales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Asimismo, se destinan $8.800 millones para administraciones provinciales y municipales para obras de capital, bajo el paraguas de la Vicejefatura del Interior, mientras se reducen transferencias a fondos fiduciarios.
La decisión llegó tras meses de virtual parálisis en Vialidad Nacional, organismo que el Gobierno había intentado cerrar y cuya continuidad fue defendida en el Congreso.
Con este movimiento, la Casa Rosada busca enviar una señal de distensión a los gobernadores, en un contexto de tironeos por la distribución de recursos y la creación de la mesa de diálogo federal.
A su vez, la Corte Suprema también recibe $2.000 millones para equipamiento; mientras se reducen las partidas a la Secretaría General de la Presidencia en $7.138 millones en gastos corrientes, principalmente en consumo, viáticos y servicios de comunicación institucional.
La Secretaría de Cultura también ajusta $3.602 millones, con impacto en museos, organismos estables y transferencias al Instituto Nacional del Teatro.
La Jefatura de Gabinete incorpora $5.237 millones, en su mayoría para salarios, contratación de personal y servicios de limpieza. En contraste, programas de federalización científica y turismo registran ajustes negativos por más de $3.800 millones.
La norma también contempla un refuerzo de partidas para las fuerzas de seguridad federales, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval, y la transferencia de fondos desde la Secretaría General de la Presidencia hacia el Ministerio de Defensa, en cumplimiento de lo dispuesto por un decreto previo.
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