EPRE explicó a intendentes y a cámaras empresarias la posición de San Juan tras la solicitud de Vicuña

El miércoles 8 de julio, en San Juan, se llevó adelante la Reunión del Consejo Asesor de Acompañamiento del Ente Provincial Regulador de la Electricidad para analizar el reclamo del emprendimiento Vicuña por la línea de 500 kV.

Luego de que algunos municipios y distintos sectores de usuarios residenciales, comercios, industrias y organizaciones de la provincia lo solicitaran, se trató la presentación del EPRE ante el ENReGE respecto al pedido de acceso y ampliación de la red de transporte de 500 kV vinculada a la primera etapa del desarrollo del proyecto minero Vicuña, situado en Iglesia, San Juan.

Concurrieron a la convocatoria los intendentes de los departamentos de Jáchal, Calingasta, Ullúm, Iglesia, diputados provinciales de Sarmiento y de Jáchal, el representante de la Cámara Minera de Calingasta, Adolfo Ibaceta; Defensoria del Pueblo, CGT San Juan, Sindicato Luz y Fuerza, Asociación Amas de Casa, Centro de Ingenieros de San Juan, Asociación de Viñateros Independientes y la Cámara de Energías Renovables, entre otros actores sociales.

El EPRE explicó detalladamente la presentación realizada ante el ENReGE. Se desarrollaron los fundamentos técnicos, jurídicos y económicos, pero además se analizaron diferentes alternativas que aporten a viabilizar el desarrollo de la minería, de la provincia y la defensa de los derechos adquiridos por los usuarios de San Juan.

Mayoritariamente, entre los presentes, se apoyó la actividad minera, y destacaron la oportuna formulación del EPRE de oposición formal y fundada, sujeta a levantamiento si la empresa minera suscribe Acuerdos de Mitigación.

Se consideró el estudio técnico normativo independiente realizado por el Instituto de Energía Eléctrica, de la UNSJ y Conicet, que validó el enfoque de mitigación y lo enmarcó en la práctica regulatoria internacional de países como Reino Unido, Estados Unidos, Cánada, Australia, Chile y Perú.

Según se discutió en la reunión, se concluyó que el libre acceso indiscriminado consagrado normativamente no representa ningún concepto un derecho absoluto que faculte a un agente privado a capturar de hecho y gratuitamente la capacidad remanente de una infraestructura pública que fue financiada históricamente con fondos provinciales y de los usuarios en sus facturas de electricidad.

Se acordó, además, por parte del Consejo de Acompañamiento, el seguimiento de la evolución de la situación en espera de la Resolución final que debe emitir el ENReGE.