Cómo funcionará el nuevo Sistema Acusatorio de San Juan

A partir de la hora cero de este viernes 26 de febrero de 2021, San Juan tiene un cambio histórico en su servicio de Justicia.

La Corte de Justicia, integrada por su Presidenta Adriana García Nieto, Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Guillermo Horacio De Sanctis y Marcelo Jorge Lima, junto al Fiscal general, Eduardo Quattropani, pusieron en funcionamiento este viernes el Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial, produciendo un cambio histórico en el servicio de Justicia de la provincia de San Juan.

El Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial, establecido por las leyes provinciales N° 1851-O y 1993-O, funcionará en la primera Circunscripción Judicial e implica un cambio de paradigma procesal en el Poder Judicial de San Juan, mediante el cual se reasignan los roles de los actores de la Justicia en el tratamiento de las causas.

El cambio principal que introduce está vinculado al proceso de investigación, que recae en la figura del fiscal y no ya en la del juez.

El sistema es acusatorio porque le brinda herramientas al Ministerio Público Fiscal para avanzar en la investigación y permite que el juez observe de forma imparcial y garantice el proceso.

Además es adversarial en tanto que durante todo el proceso hay una intervención de la Fiscalía y la Defensa, que participan en igualdad de oportunidades ante un juez; el defensor busca el cumplimiento de las garantías constitucionales del imputado y el fiscal lleva adelante la acusación.

El procedimiento consiste en un debate público, oral, continuo y contradictorio; en el cual las partes tienen pleno conocimiento de lo que sucede y las víctimas tienen amplios derechos de intervención.

Por el contrario, en el Sistema Mixto las funciones investigativas y decisorias se concentran en la figura del juez.

En este sentido, la implementación del nuevo sistema asegura una mejor división de roles entre las partes, fortaleciendo la especificidad y profundización de la tarea investigativa; y resguarda la imparcialidad del juzgador al poner al Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación.

Se garantiza con mayor efectividad el respeto a las garantías de imparcialidad, inocencia, igualdad y debido proceso.

También se establece una división de tareas entre la actividad jurisdiccional y la administrativa, al instituir oficinas judiciales que brinden soporte a la labor de la judicatura y fiscalía. Esta reorganización descomprime el trabajo del juez y favorece
una resolución más rápida de las causas judiciales.

Por otro lado, la aplicación de la oralidad en todo el procedimiento también redunda en juicios más ágiles y sencillos. En el nuevo sistema se reemplaza la instrucción escrita y secreta de la etapa preparatoria y se mantiene la oralidad desde la investigación hasta el debate del juicio.

La reducción de los tiempos en todo el proceso penal que introduce la oralidad implica, sobre todo, plazos más razonables en la duración de la investigación penal
preparatoria y en la aplicación de medidas de coerción personal.

Y también, al establecerse secreto de sumario solo para situaciones excepcionales que acrediten razones de peso, la oralidad garantiza la publicidad, permitiendo que haya un ejercicio eficaz de la contradicción en igualdad de condiciones por todas las partes y el cumplimiento de los derechos de la defensa.

De este modo, la publicidad resulta en un mayor control de los operadores del conflicto penal, y de la sociedad, sobre el desarrollo del proceso.

Esta celeridad y transparencia de los procesos que aporta el Sistema Acusatorio Penal permite proporcionar un mejor servicio de justicia, al brindar procedimientos ágiles que posibilitan que los conflictos sean resueltos en menos tiempo y con menor prescripción de causas; permiten el ejercicio de control de la sociedad y las partes sobre los procesos; y atemperan las tensiones sociales al favorecer modos alternativos de solución de conflictos.

Estos cambios implican un nuevo paradigma ideológico, ya que que comprende una estructura más democrática y transparente de administración de Justicia, y una mejor mejor modalidad de gestión, al separar y optimizar las tareas administrativas y jurisdiccionales.

¿Cómo funciona?

Unidades Fiscales de Investigación

El Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial tiene una implementación progresiva, encontrándose en una fase inicial en la cual se aplicará a la investigación y juzgamiento de ciertos delitos que hayan sido cometidos en la provincia.

Se trata de delitos perpetrados contra las personas, la propiedad privada y la seguridad pública que tuviesen como resultado la muerte; los que vulneran la integridad sexual, la libertad individual y los delitos cometidos contra la administración pública.

También se incluyen los delitos realizados contra una persona del grupo familiar, los de violencia de género y los actos de desobediencia a una orden judicial que es consecuencia del incumplimiento de una resolución dictada en una causa por violencia familiar.

Para ello, fiscalías temáticas y especializadas se encargarán del abordaje de estos delitos:

Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG).

Centro judicial de abordaje de Integral de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas o testigos de abusos sexuales (ANIVI).

Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales.

Procedimiento Especial de Flagrancia.

Investigación

La investigación de un hecho delictivo se inicia a partir de la Audiencia de Formalización de la Investigación, en la cual el fiscal formula cargos y comienza el proceso penal. En esta audiencia, se determinará el o los hechos delictivos que se le atribuyen a una o varias personas, la calificación jurídica, el grado de participación y los elementos de prueba.

En el caso particular de que ante la comisión de un hecho delictivo deba ser detenida una persona, se abre un plazo de 72 horas para que Fiscalía solicite las medidas cautelares que considera necesarias de aplicación y el juez decida qué restricciones se impondrán al imputado, siendo la prisión preventiva una de las medidas de coerción personal que puede llegar a analizarse.

Esto ocurre durante las audiencias de Control de Detención y de Formalización, en la cual el juez toma conocimiento personal y directo con la situación corporal del aprehendido y el fiscal formaliza la investigación.

A partir de la formulación de cargos, se inicia el proceso penal que concluirá en un juicio oral, a celebrarse en el transcurso de 1 año, con posibilidad de prórroga de 6 meses.

Juicio

En el Sistema Acusatorio Adversarial el juicio es oral, público, contradictorio y continuo, y puede llevarse a cabo en dos partes.

En la primera parte se trata todo lo relativo a la existencia del hecho, su calificación y la responsabilidad penal del imputado, es decir si es declarado culpable o no. Si obtiene un veredicto de culpabilidad, se realizará una segunda etapa del debate para determinar la sanción a imponer, la modalidad y el lugar de cumplimiento.

La gravedad del delito determinará la cantidad de jueces que participen. El juicio será unipersonal si la pena no supera los 10 años de prisión, y será colegiado cuando exceda los 10 años. En este caso, el tribunal estará conformado por 3 jueces.

El Colegio de Jueces está conformado por 9 magistrados de Primera Instancia que cumplirán roles como jueces de control de garantías, de revisión y de juicio, tareas que serán asignada por la Oficina Judicial Penal a través del principio de flujo de trabajo.

Por otro lado, la Segunda Instancia del proceso penal recaerá en un Tribunal de Impugnación integrado por 4 jueces de Cámara, quienes tendrán a su cargo la labor de analizar las decisiones dictadas por los jueces que hayan sido impugnadas por las partes del proceso.

Organización del Sistema Acusatorio Adversarial

Corte de Justicia

Ministros
Adriana García Nieto
Daniel Olivares Yapur
Juan José Victoria
Guillermo Horacio De Sanctis
Marcelo Jorge Lima

Colegio de Jueces
Ramón Alberto Caballero
Federico Marcelo Rodriguez
Matías Parrón
María Gema Guerrero
Diego Manuel Sanz
Jorge Abelín Cottonaro
Celia Leonor Maldonado
Gloria Verónica Chicón
Juan Gabriel Meglioli

Tribunal de Impugnación
Benedicto Correa Patiño
Daniel Guillén
Juan Carlos Caballero Vidal
Ana Lía Larrea

Asistencia Jurídica

Coordinador Jurisdiccional: Mario Parisí

Referentes de la Unidad de Asistencia Jurídica: Juan Pablo Ortega y Federico Ozollo

Unidad de Asistencia Jurídica
Cristóbal Caballero
Eugenio Barbera
María Belén Rodríguez
Verónica Mattar
Byllina Gallini

Asistencia Administrativa - Oficina Judicial Penal

Coordinador Administrativo: Matías Senatore

Director General de Oficina Judicial Penal: Fabricio Serafino

Responsable Administrativo: Florencia Cortés Bloise

Responsable de Gestión Jurisdiccional: José Eduardo Grossi

Oficina Judicial de Flagrancia
Responsable de la Oficina de Gestión de Audiencias de Flagrancia: Carina García
Responsable de la Oficina de Medidas Alternativas de Flagrancia: Emilia Lucero

Ministerio Público Fiscal

Fiscal General de la Corte
Eduardo Quattropani

Supervisores
Rolando Lozano
Fernando Rahmé
Fabrizio Médici
Silvina Gerarduzzi

Unidades Fiscales de Investigación
UFI CAVIG: coordinadores Claudia Salica y Miguel Gay
UFI ANIVI: coordinadores Raúl Iglesias y Valentina Bucciarelli
UFI Delitos Especiales: coordinadores Iván Grassi y Adrián Riveros
UFI Flagrancia: coordinadores Pablo Martín y Virginia Branca

Fiscales de Impugnación
Fabrizio Médici
Silvina Gerarduzzi

Fiscales de Ejecución Penal
Primera Circunscripción: Nicolás Zapata y Guillermo Capdevilla
Segunda Circunscripción: Sohar Aballay y Gastón Salvio

Ministerio Público de la Defensa

Defensora General ante la Corte
Mónica Sefair

Defensores Oficiales
Alejandro Martín García
César Oro
Emilia Nielsen Ramella
Cecilia Mut Russo

Fuente: Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial

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