Argentina consiguió un fallo favorable en Irlanda en el litigio por la expropiación de YPF

La Justicia de Irlanda rechazó el reclamo de los fondos Petersen y Eton Park, que buscaban ejecutar en ese país la sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La sentencia había condenado a Argentina a pagar más de U$S16.000.000.000 en el marco del juicio por la expropiación de YPF.

Con esta resolución, los tribunales irlandeses frenaron el pedido de "reconocimiento y ejecución" de esa decisión y emitieron el primer pronunciamiento internacional dentro de los intentos de los demandantes por llevar la causa a distintas jurisdicciones extranjeras.

En un comunicado oficial, la Procuración del Tesoro de la Nación señaló: "Tanto Petersen como Eton Park han promovido acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras".

"Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina", sostuvo.

El organismo a cargo de Santiago María Castro Videla también remarcó la continuidad de la estrategia de defensa oficial: "Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales".

Además, subrayó que el fallo en Irlanda "confirma la solidez de la defensa técnica desplegada", al mismo tiempo que refleja "el compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación".

El resultado judicial se suma a la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dispuso suspender la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de YPF como forma de pago en la causa por la estatización del 51% de la empresa.

Esa medida, dictada el 30 de junio, quedó en suspenso mientras se tramita la apelación.

De acuerdo con el calendario del tribunal estadounidense, el próximo 25 de septiembre la Argentina deberá presentar su primer escrito en el proceso de apelación.

Luego, el 27 de octubre se realizará la audiencia oral en la que el Gobierno nacional tendrá que fundamentar su postura en contra del fallo de primera instancia y sostener sus argumentos ante los jueces que revisarán la causa.