Diputados aprobó la admisibilidad del juicio político contra los miembros de la Corte Suprema

Con 16 votos afirmativos y 15 negativos se aprobó la investigación a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la resolución de admisibilidad para la investigación por mal desempeño de los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia con 16 votos a favor y 15 en contra, con mayoría del oficialismo. De esta manera, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti comenzarán a ser investigados a partir del jueves próximo.

Todas las acusaciones a los miembros de la Corte, entre las que se encontraba una del 2017 formulada por la Coalición Cívica contra Lorenzetti, se votaron en una misma resolución, lo cual generó cuestionamientos del espacio que encabeza Elisa Carrió ya que proponía que las acusaciones se voten por separado para así avanzar únicamente con sus denuncias.

A partir del jueves 16, inicia la etapa de presentación de pruebas para el pedido de juicio político a Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti. Desde el oficialismo remarcaron que abrir la investigación no implica confirmar las denuncias sino simplemente permitir que se inicie la etapa de recolección de pruebas.

El Gobierno promueve el juicio político contra los cuatro jueces con el impulso del Presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en un mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del máximo tribunal.

Los fundamentos del Ejecutivo se basan principalmente en la cautelar de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en la disputa que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por la decisión de reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros y el autonombramiento de Rosatti como presidente del organismo. Ley que había sido derogada por el Congreso.

Además, se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2x1" para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. Por otro lado, también se investigaran presuntas irregularidades y desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que es administrada por la propia Corte.