El Gobierno nacional aumentará la ayuda económica a sectores golpeados por la pandemia

El Gabinete Económico consensuó otorgar incrementos a los planes para el sostenimiento de las fuentes de trabajo en sectores vulnerables y afectados por las restricciones.

El Gabinete Económico del Gobierno nacional determinó acompañar la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que subirá 35% en siete cuotas, y conceder nuevos aumentos en los planes de asistencia diseñados para preservar las fuentes de trabajo en el contexto de la emergencia sanitaria decretada en 2020 por la pandemia de coronavirus.

El equipo económico, reunido por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, analizóla negociación que el martes concluyó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que desenlazó en el incremento hasta $ 29.160 del haber mínimo neto para un trabajador sin carga familiar, que percibirá dicho monto desde febrero de 2022 tras completarse la suba progresiva en siete tramos no acumulativos.

Además de fijar una pauta para la concesión de aumentos a unos 300.000 trabajadores no conveniados, el movimiento del Salario Mínimo, Vital y Móvil dispara la actualización una serie de planes sociales, como es el caso del programa "Potenciar Trabajo" y "Acompañar", que verán aumentados sus ingresos mensuales en la cuantía y en los mismos tramos que se acordaron para el salario mínimo: 9% en abril, 4% en mayo, 4% en junio y otro porcentaje igual en julio; 3% en agosto, y 5% para noviembre y otro 5% en febrero.

Se aguarda que el Gobierno, en vísperas de anunciar mayores restricciones para frenar el aumento de contagios con Covid-19, informe un mayor alcance del Programa de Recuperación Productiva, que abona un subsidio a cada empleado en relación de dependencia reportado por empresas categorizadas como de sectores críticos.

La próxima etapa de restricciones que anunciará el presidente Alberto Fernández el próximo viernes regirá desde el sábado 1° de mayo y por dos semanas. Incluiría leves modificaciones respecto del actual Decreto de Necesidad y Urgencia 241/21, cuyo cumplimiento quedó a medio camino por la judicialización del cierre de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, y el bajo nivel de fiscalización en algunos distritos.