Entre los proyectos que irán al Congreso en diciembre, la modificación de la legislación laboral se considera prioritaria, según indicaron fuentes oficiales.
Entre las reformas estructurales que el Gobierno de Javier Milei piensa llevar adelante en la segunda parte de su mandato, la reformulación de la legislación laboral se presenta como prioritaria, según señaló una alta fuente de la Casa Rosada a Ámbito.
En tal sentido, adelantaron que están trabajando en proyectos que se encontrarán entre los primeros a ser enviados al Congreso en diciembre próximo, cuando el oficialismo espera ver incrementada su representación, tanto en Diputados como en el Senado.
El año pasado, y mediante la Ley Bases, el oficialismo logró introducir modificaciones en la legislación laboral, incluyendo la promoción del empleo registrado, la creación de una figura de trabajador independiente con colaboradores y modificaciones en la indemnización por despido, entre otros.
Sin embargo, no logró terminar con problemas judiciales que tienen a maltraer a las empresas.
Por el contrario, se observó un crecimiento de la litigiosidad que se atribuye, entre otros factores, a la aplicación de multas e intereses que son considerados siderales por el sector patronal, como así también a la actualización judicial de los montos indemnizatorios, que puede multiplicar por diez o más veces el monto original reclamado.
En los últimos años, la cantidad de litigios laborales ha crecido de manera sostenida, generando un impacto económico y operativo en el sector, que es responsable de una gran parte del empleo privado registrado en el país.
El informe señaló que, en 2024, los juicios laborales alcanzaron un récord de 125.842 casos, con un aumento del 7% respecto al año anterior.
Para 2025, se proyecta que las demandas laborales superen las 132.000.
Se estimó que más del 50% de las pymes enfrenta actualmente litigios laborales, con "costos que en muchos casos resultan inviables para la continuidad de los negocios".
En Argentina existen aproximadamente 400.000 pymes, con un promedio de 10 empleados cada una.
El informe advirtió que, si solo el 20% de estas empresas se viera obligada a cerrar por juicios laborales, el impacto alcanzaría a 800.000 puestos de trabajo.
