Organismo internacional cuestionó la transparencia en la distribución del IFE y el ATP

El International Budget Partnership criticó la rendición de cuentas, los datos publicados y la vigilancia del poder legislativo, entre otros aspectos.

Las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia de Covid-19 situaron a los gobiernos del mundo ante un desafío sin precedentes: enfrentar numerosas demandas urgentes y, al mismo tiempo, administrar los recursos de una forma eficaz y equitativa. Los estados nacionales tuvieron que reorientar sus presupuestos a la aplicación de medidas fiscales de emergencia. Y eso provocó, en muchos países, situaciones de desigualdad y falta de transparencia.

El International Budget Partnership, con sede en Washington, realizó una evaluación en 120 países entre marzo y septiembre del año pasado. Allí indagó sobre cómo las maquinarias estatales redistribuyeron los recursos e informaron sobre los diferentes programas creados para mitigar los efectos de la pandemia. El Gobierno nacional no logró pasar el examen: el organismo cuestionó su comportamiento en la aplicación del Ingreso Federal de Emergencia y la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Según consta en la presentación, el International Budget Partnership seleccionó estos dos programas por tratarse de las políticas más importantes en términos de participación en el gasto público. "Mientras que el IFE representó el 75% del total de Gasto Social, el ATP significó el 63% del gasto en el Sector Privado, y, en conjunto, representaron el 51% del total de las medidas implementadas en respuesta a la crisis con impacto presupuestario", destacaron.

La evaluación arrojó que la rendición de cuentas en Argentina fue “limitada”, al igual que en otros 54 países de los 120 evaluados. La información publicada sobre los fundamentos de las estimaciones originales y el impacto en las y los beneficiarios del ATP y el IFE fue "escasa", mientras que la vigilancia por parte del Poder Legislativo y las oportunidades de participación ciudadana en la definición y el monitoreo de dichas políticas, fueron "mínimas".

Según el International Budget Partnership, en el camino urgente a la implementación de programas fiscales para responder a la problemática del Covid-19, los gobiernos suelen eludir las legislaturas y relajar los procedimientos de adquisiciones, entre otras conductas que retratan una falta de transparencia. "Si bien esos atajos pueden parecer justificables, dadas las enormes incertidumbres que rodean a la pandemia y la necesidad de responder con rapidez, hacen más difícil que los ciudadanos y sus representantes comprendan lo que están haciendo realmente los gobiernos y cuán efectivos son para abordar el impacto de la COVID-19 en la salud y la economía", ampliaron desde el organismo.

El 15 de abril del año pasado, cuando la pandemia avisaba que había llegado para quedarse, Kristalina Georgieva, Directora del Fondo Montario Internacional, lanzó una sugerencia a los diferentes gobiernos y bancos centrales: "Gasten cuanto puedan, pero guarden los recibos". El relevamiento de la International Budget Partnership sugiere que la mayoría de los países no le hicieron caso.