Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la tarde de este martes. Las cifras corresponden al primer trimestre del 2020.
La deuda externa bruta total bajó en 1.415 millones de dólares a 274.247 millones de dólares durante el primer trimestre, en comparación con igual período de 2019, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Con relación al período octubre-diciembre, la deuda externa registró una caída de 4.242 millones de dólares.
En el primer trimestre de 2020, a su vez, la cuenta corriente registró un déficit de 444 millones de dólares, explicado por el débito neto de 3.671 millones dólares en la cuenta de ingreso primario.
Fue parcialmente compensado por el superávit de 2.913 millones de dólares en la balanza de bienes y servicios, y de 314 millones de dólares en el ingreso secundario, de acuerdo con datos difundidos por el organismo.
En el mismo período de 2019, el Indec había informado un déficit de 3.544 millones de dólares en la cuenta corriente, que registró en 2019 un rojo de 3.997 millones de dólares, comparado con un déficit de 27.049 millones de dólares en el año previo, según datos oficiales.
Eterno candidato para sortear las crisis, el metal recuperó niveles máximos. Expertos consideran que se da la "tormenta perfecta" para romper récords.
El oro viene de un buen 2019, pero gracias al coronavirus, en lo que va de 2020 ya gana 13% y aún puede dar mucho más dependiendo de la tasa de contagios.
Mientras tanto, San Juan sigue rifando sus reservas de oro de la Cordillera de los Andes, dejando que Barrock Gold explote la extracción del valioso metal y apenas deje el 3% de lo sacado.
El oro está siendo negociado en niveles que no se veían desde febrero 2012 de 1.780 dólares la onza, superando los precios máximos de los últimos diez años incluso para meses estacionalmente bajos.
Cotiza al nivel más alto para un mes de junio históricamente débil para el oro. Por ello los analistas consideran esta señal como un buen momento para pensar en incorporar el metal a las carteras en anticipación de la apreciación estacional de los activos.
Sin embargo, hay otras variables que entran a tallar. Por ejemplo: el comportamiento del segundo mayor comprador de oro del mundo detrás de China, la India, y por supuesto el Covid-19.
Claro que algunos expertos como Frank Holmes, CEO de US Global Investors, advierten que ya se gestó una "tormenta perfecta" para que el oro trepe a nuevos récords. Explica que el cóctel de aumento de los niveles de deuda pública, la caída de los rendimientos reales de los bonos, el aumento de los casos de coronavirus y el deterioro de las previsiones económicas ya empujaron el precio del oro a un máximo de ocho años y ahora se proyecta hacia máximos históricos en los próximos 12 meses (Morgan Stanley y Citigroup ven esos precios a mediados de 2021).
La Ley 27.551 modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación. Los detalles en esta nota.
El Gobierno nacional promulgó la Ley de Alquileres mediante el Decreto 580/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial bajo la firma del Presidente Alberto Fernández; el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y las ministras de Justicia, Marcela Losardo; y de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa.
La Ley 27.551 modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación. Fue sancionada por el Congreso el 11 de junio pasado.
Puntos principales
1- El mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente.
2- El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.
3- El plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años, con las excepciones del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.
4- Aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición quedan a cargo del locatario. Las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.
5- Los gastos a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente.
6- La intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.
7- En cuanto a la garantía, el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc.).
8- Sobre el valor de la garantía, el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.
9- Respecto a la actualización monetaria/indexación, la nueva ley excluye a los contratos de locación de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad 23.928.
10- En la fijación del valor de los alquileres solo se admiten ajustes anuales, que deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (índice de precios al consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).
11- Se establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la AFIP.
12- Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal, entre ellas: la especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.
13- Se dispone el desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.
En el mes que marcó la etapa más restrictiva de la cuarentena obligatoria, la economía argentina cayó un 26,4% interanual en abril en lo que representa la caída de la actividad más importante en la historia.
El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), un anticipo del Producto Bruto Interno elaborado por la dirección de Cuentas Nacionales del Indec, mostró este lunes una caída mensual desestacionalizada de 17,5% y acumuló una retracción del 11% en el año. Prácticamente, todos los sectores mostraron fuertes bajas interanuales.
Los indicadores privados van incluso más allá y adelantan la profundidad que tendrá la crisis, incluso en meses que tuvieron menores restricciones para las actividades productivas y comerciales, como mayo. El Índice General de Actividad de la consultora de Orlando Ferreres y Asociados mostró en mayo un desplome de 14,9% interanual y 9,2% mensual.
No son números que sorprendan a la mayoría de los economistas privados e incluso a funcionarios del área económica. Con sólo un tercio del mes en aislamiento obligatorio, la economía había mostrado una retracción en marzo de 11,5% anual con una desaceleración mensual de 9,8%. El PBI del primer trimestre terminó con una caída de 5,4% impactado por dos años de estanflación, la incertidumbre por la deuda y la cuarentena obligatoria.
El Fondo Monetario Internacional anticipó que el desplome de la economía argentina será de 9,9% en el marco de un derrumbe de prácticamente todos los países del globo. Por otro lado, cercenó parte del rebote previsto para la economía nacional para 2021 (+3,9%). Para los analistas privados, la caída a fin de año será mas profunda. En la consultora EcoGo creen que la baja en 2020 será de 9,5%, pese a que podrían empujarla a 10% si se "reactiva o no la cuarentena".
En Ecolatina afirmaron que se hundirá 10,5% y en LCG, un 11%. Vale recordar que la economía cayó en 2002, un 10,9% interanual, según los datos del Indec.
El Ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano y el Presidente de la Agencia Calidad San Juan, Eduardo D’Anna, también participaron del encuentro.
En la jornada del lunes, el Gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, y otros funcionarios, participaron de una teleconferencia con la cúpula directiva de Mercado Libre encabezada por el Vicepresidente de Relaciones de Gobierno y Legales, Jacobo Cohen Imach, el Gerente de Asuntos Públicos, Matías Fernández Díaz y el supervisor de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales, Bernardo Santorcuato.
El encuentro tuvo como foco principal la concreción de un acuerdo con la empresa que busca no solo brindar a los comerciantes una nueva herramienta que les permita incrementar sus ventas tanto a nivel provincial como nacional, sino también posicionar a San Juan como la primera provincia con una tienda de Mercado Libre propia.
Con la firma de este acuerdo, el Gobierno de San Juan pondrá a disposición de los comerciantes sanjuaninos el canal digital más usado en Argentina y uno de los más reconocidos de Latinoamérica. Los comerciantes de San Juan podrán vender fuera de sus límites geográficos fijados como mercado objetivo y podrán acceder a todas las métricas de medición, lo cual permitirá mejorar las estrategias que cada comerciante implemente en este canal de venta.
Al término de la reunión, el Ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, dio detalles de lo logrado con el acuerdo. "La tienda Mercado Libre San Juan abarca solamente los comercios de la provincia de San Juan. Estos tendrán su espacio en toda la plataforma de Mercado Libre tanto en lo general como en lo particular para lo que quieran comprar solamente en tienda de San Juan y decidan retirarlo del comercio o quieran tener la entrega más rápida y segura", manifestó el ministro.
Por su parte, el Presidente de la Agencia Calidad San Juan, Eduardo D’Anna, explicó lo que el acuerdo aportará a los comerciantes de la provincia. "Todos los comerciantes o industriales que quieran participar lo pueden hacer a través del Ministerio de Producción y Agencia Calidad San Juan", explicó.
"Los comerciantes van a pertenecer a una plataforma que se llama ‘Mercado Libre San Juan’. Cualquier consumidor que necesite comprar algo de San Juan podrá ingresar directamente ahí y tendrá visibilizados todos los comercios de la provincia. Esto es una ayuda más que estamos haciendo desde el Gobierno para agilizar la economía en el comercio sanjuanino", agregó D’Anna.
La norma invita a las provincias a presentar nuevos pedidos de transferencia de fondos para apoyar microemprendimientos de la actividad ladrillera, de pirqueros, de minería artesanal y otros proyectos vinculados con la actividad.
El Gobierno nacional reformuló el Plan Minero Nacional para atender a las comunidades vulnerables vinculadas con la actividad, ante la emergencia sanitaria producto de la pandemia del coronavirus, a través de la Resolución 36/2020 de la Secretaría de Minería, publicada en el Boletín Oficial.
La norma aprobó la "Adaptación del Plan Nacional de Minería Social" durante la emergencia pública sanitaria, e invitó a las provincias a presentar nuevos pedidos de transferencia de fondos, a efectos de apoyar microemprendimientos de la actividad ladrillera, de pirqueros, de minería artesanal y otros proyectos mineros de pequeñas comunidades cuya situación de vulnerabilidad se vio agravada por la pandemia.
La normativa destacó que las extraordinarias y apremiantes circunstancias de emergencia pública y sanitaria producidas por la Covid-19, exigen la adopción de medidas de apoyo para la actividad minera social con suma celeridad y urgencia.
También, indicó que, en tal contexto, ante la necesidad de brindar una contención a las comunidades vulnerables vinculadas estrechamente con la actividad minera, la Secretaría de Minería se propone reimpulsar al Plan Minero Nacional, en pos de contribuir a que esas comunidades puedan sobrellevar las vicisitudes sociales, económicas y financieras que las afectan.
En consecuencia, remarcó que resulta necesario agilizar la utilización de los recursos presupuestarios comprometidos por la Secretaría, a fin de viabilizar la pronta ejecución de nuevos proyectos mineros, capacitaciones y otras actividades que beneficien primordialmente a pequeñas comunidades en situación de fragilidad.
Los datos provienen de un informe realizado por el Centro de Economía Regional y Experimental.
El stock de endeudamiento de las familias argentinas creció 5% en junio empujado por las deudas "no bancarias", que aumentaron 16%, de modo que casi nueve de cada diez familias terminaron el mes con compromisos de pago pendientes, según un informe elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental.
La deuda total de las familias alcanzó los $1.905.119 millones y afectó a 12 millones de hogares, que equivalen al 86% de los hogares del país, unos 163.000 hogares menos que en mayo, aunque creció en $ 83.415 millones la deuda para quienes no pudieron cancelar sus pasivos.
Según el informe, si bien las deudas bancarias se redujeron 1,6% en junio hasta los $1.168.217 millones a raíz de la caída en los créditos prendarios, -5,8%, y de tarjetas de crédito, -2%, la deuda no bancaria aumentó un 16,1% respecto de mayo y alcanzó los $ 736.902 millones, principalmente por el retraso en el pago de impuestos 24% y servicios 15%.
"Lo más frecuente en junio continuaron siendo los atrasos en impuestos, que acumuló deudas por $ 185.040 millones, 24% más que en mayo. Las familias continuaron dejando de pagar impuestos como el inmobiliario, patentes, y otros nacionales y municipales", señaló el documento de la consultora que dirige la economista Victoria Giarrizo.
Por otra parte, el informe señala que si bien creció poco, 1,4%, la deuda con "familiares y amigos", sí aumentó muy fuertemente, 12,6%, las deudas con "prestamistas", algo que preocupa por su alto costo y riesgo.
"En promedio cada familia adeudaba en junio $159.738, un 6% más que en mayo", señaló el informe.
Otro de los datos que se resaltan de junio es el aumento del temor de los hogares a perder ingresos o el empleo que, para el 45% de las personas, es "muy alto" y que, cuando finalice la cuarentena, si se recuperan los ingresos el 62% de los hogares los destinará a cancelar pasivos.
"En la medida que se liberen más actividades es de esperar que las familias vayan regularizando sus deudas no bancarias. Pero ese proceso será muy lento e irá combinado con aumentos en el stock de deuda de quienes perdieron ingresos o empleo y no recuperan todavía", analizó el CERX.
En este sentido, señalaron que la carga de la deuda en las familias será "uno de los grandes limitantes para recuperar el consumo, aun cuando los ingresos comiencen a ganar terreno", ya que "primero se cancelarán deudas y después habrá consumo".
La información recabada por el CERX surge del cruce de datos del Banco Central de la República Argentina con una encuesta realizada a 6.770 hogares entre el 22 y 25 de junio.
La Ministra Sabina Frederic dijo que los hechos "no están relacionados a cuestiones ideológicas". En el sector hablan de "motivaciones políticas". Detalles de una tensa reunión virtual.
El viernes a última hora, se realizó una reunión virtual entre la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y directivos de unas 40 entidades de la cadena agroindustrial con el objetivo de tratar el aumento de casos delictivos registrados en las últimas semanas en diversas zonas rurales.
El encuentro fue gestionado el jueves por el Presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, quien se comunicó con el Ministro de Agricultura, Luis Basterra, para expresarle la preocupación creciente que existe en el sector agropecuario por la ola de ataques a silobolsas.
Basterra, entonces, habló con Frederic y en unas horas se confirmó la reunión por zoom. Al principio, algunos dirigentes de las entidades rurales ratificaron su postura de vincular los hechos a "cuestiones ideológicas".
La entidad más contundente en este sentido fue Confederaciones Rurales que, unas horas antes, emitió un comunicado exigiéndole a la Casa Rosada que se pronuncie. "Ya sumamos más de 30 ataques y roturas de silobolsas en el último mes. Repudiamos estos hechos. ¿El Gobierno también, o no?", preguntaron.
En la misma línea de CRA, el Presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, manifestó que "vemos estos ataques con muchísima preocupación. Es algo que venimos manifestando hace tiempo porque las agresiones al sector han tomado otro color y tienen un tinte más político".
"La rotura de silobolsas, que quizá antes respondían a un problema gremial de los transportistas, ahora pasó a rollos, campos, bolsones de pasto, animales y allí se ve un componente distinto; un mensaje de bronca que tiene que ver con la política", señaló Pelegrina al momento de su exposición.
Fue quizá ahí el momento más tenso de la reunión. Frederic tomó la palabra y se encargó de despegar al Gobierno de los hechos: "Los casos de inseguridad en los campos son delitos que se investigan como tal y que no están relacionados a cuestiones ideológicas", respondió la ministra.
Frederic se comprometió a proponer que la problemática del delito rural sea tratado en las próximas semanas en el Consejo de Seguridad Interior para generar acciones preventivas en base a la información que compartan las distintas áreas del Estado.
Este punto fue aceptado por los ministros de Producción de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos que también participaron de la reunión por zoom de este viernes con Frederic, Basterra y los representantes de la cadena agroindustrial.
Otro de los aspectos que se trató en el encuentro virtual fue la necesidad de reactivar el "Sistema Cosecha Segura" lanzado a principios de 2019 durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y de Luis Miguel Etchevehere en Agricultura.
Se trata, en rigor, de un sistema que busca prevenir el delito con mayor presencia de fuerzas de seguridad a la hora de movilizar la cosecha de los campos a las terminales portuarias mediante un esquema de denuncias previas entre productores, contratistas y transportistas.
En este contexto, Basterra remarcó la importancia de que el sector agropecuario produzca en condiciones de seguridad adecuadas. "Estamos trabajando y tenemos la convicción de que vamos a lograr disuadir los delitos rurales en todo el país", concluyó el ministro.
Estimaciones privadas indican que los productores agropecuarios argentinos conservan a la fecha más de 20 millones de toneladas de soja, unas 7 millones de toneladas de maíz y cerca de 3 millones de toneladas de trigo a modo de reserva de valor con el objetivo de ir dosificando las ventas y cerrando compromisos durante el resto del año.
A las discusiones para alcanzar un entendimiento económico respecto a la quita, ahora se sumó la interpretación legal de las normas vigentes en materias de reestructuraciones a partir de exigencias presentadas por los acreedores.
Las negociaciones por la deuda ubicaron al caso argentino en un terreno inédito en el plano de las finanzas mundiales, ya que a las discusiones para alcanzar un entendimiento económico respecto a la quita –en la que existiría un acercamiento importante- ahora se sumó la interpretación legal de las normas vigentes en materias de reestructuraciones a partir de exigencias presentadas por los acreedores.
La distancia legal entre las partes, reconocida por el ministro de Economía, Martín Guzmán, esta semana, puede tener fuertes connotaciones para las futuras reestructuraciones de deuda de los países, en el contexto de la pandemia de coronavirus y sus efectos económicos.
Guzmán acusó en varias oportunidades al grupo Ad Hoc, entre los que se encuentran los fondos Blacrock y Ashmore, de exigir "términos legales que son imposibles de cumplir" para la Argentina.
Al hablar en un encuentro organizado por el Council of the Americas, el ministro dijo que la propuesta del país toma como eje las cláusulas de mayorías para facilitar un acuerdo que fueron promovidas por el G20 y el FMI.
"No estamos buscando innovaciones en este momento, solo queremos resolver" la crisis de la deuda, subrayó Guzmán.
El planteo de ese grupo se centra en que la cláusula de mayoría, que determina el porcentaje necesario que requiere un proceso de reestructuración para ser aceptado por los bonistas, se rija en base a los términos existentes en los bonos emitidos en el canje de 2005, que tiene un umbral más alto que los fijados a partir de 2016, tras las discusiones desatadas en los años previos en contra del accionar de los fondos buitres.
Guzmán acusó a los acreedores de querer obligar al país a "volver en el tiempo", en materia de "los progresos de los últimos años en las CAC (cláusulas de mayoría) avalado por el G20 y el FMI es algo que la Argentina no puede hacer".
Vale la aclaración que la aplicación de las CAC fue resultado de negociaciones de los últimos años entre los países centrales y los grandes bancos y fondos acreedores, que aceptaron ceder su posición incorporando cláusulas de mayorías en los contratos de los bonos, para no entorpecer operaciones de deuda y evitar bloqueos de minorías a la operación propuesta por el país deudor.
Las CAC de "primera generación" fueron utilizadas por Argentina en 2005 y 2010, y luego, tras la crisis mundial del 2009 y el caso griego surgieron las cláusulas de segunda generación, más flexibles en favor del deudor, que también tomó el país para sus emisiones a partir del 2016.
Hoy se calcula que un 50% de las emisiones de deuda de emergentes utilizan las CAC mejoradas, que comenzaron a aplicarse desde el 2015.
Los mensajes de Guzmán tuvieron el doble objetivo, por un lado plantarse en la negociación con los acreedores que pretenden ir contra la corriente internacional en favor de sus intereses y, por otro, tranquilizar a la comunidad internacional que interpreta que la Argentina, a la luz de la oferta, estaría utilizando a su favor un vacío legal.
Mark Solber, uno de los ideólogos de la CAC y ex funcionario del Tesoro de EEUU, fue uno de los primeros que analizó el tema en una publicación del influyente think tank "OMFIF", donde puso reparos a las intenciones eventuales de la estrategia argentina.
Inmediatamente después al pronunciamiento del FMI sobre la oferta argentina, que argumentó que era consistente con el criterio de sustentabilidad, Solber advirtió que la actitud de los negociadores podría "socavar el importante logro" de las CAC mejoradas para posibilitar un acuerdo, en un mundo donde no existe un sistema que regule la quiebra de países.
Dijo que en cualquier acuerdo de buena fe al que se llegue, las partes deberían usar las Cláusulas de Acción Colectiva Mejoradas y que "Argentina y sus acreedores deberían apegarse a este estándar".
El ex funcionario estadounidense exhortó además al FMI y al G20 a movilizarse al respecto, ya que "necesitan hablar públicamente, reafirmando con fuerza su respaldo a los CAC mejorados".
Hasta el momento, el FMI se pronunció solo sobre la oferta económica. En los encuentros en los que participó durante la última semana, Guzmán buscó aclarar que si bien las negociaciones están en un terreno de "virginidad", la intención argentina es aferrarse al sistema del G20 en lo que respecta a las cláusulas de acción mejoradas.
El estado "virgen" que planteó Guzmán tendría que ver con la innovación que puso sobre la mesa el gobierno argentino cuando presentó la oferta a la SEC el pasado 21 de abril, cuando incorporó en la letra chica una cláusula de reasignación de grupos de los acreedores que podría ser concretado ex-post de la oferta, para eventualmente reabrir un nuevo canje en el futuro y tener la posibilidad de volver a juntar mayorías en función de sus intereses de alcanzar la maximización de su estrategia, en favor de un acuerdo.
Los acreedores se pronunciaron en contra y bautizaron la estrategia despectivamente como PACMAN, en alusión al juego virtual.
Este grupo de bonistas contraofertó con una serie de requisitos legales también "novedosos", que se concentra en ocho puntos controversiales.
Desde la caída en la actividad, cierre de empresas y despidos, hasta la ayuda estatal y sus consecuencias. Los aumentos de precios y el dólar.
Este sábado se cumplen 100 días desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, decretado para frenar el avance de la pandemia del coronavirus.
Al momento, la medida es la única que ha demostrado efectividad para enfrentar la propagación del virus. Sin embargo, sus consecuencias negativas en la economía son evidentes. Repasemos los principales números.
En 2020 la economía caerá un 9,9%
El Fondo Monetario Internacional actualizó su reporte de Perspectivas Económicas Mundiales, el cual ubica a Argentina entre los seis países que sufrirán las mayores recesiones como consecuencia de la pandemia y las medidas de confinamiento.
Según el organismo, a la contracción del 9,9% correspondiente al 2020, le seguirá una recuperación del 3,9% proyectada para el 2021. De esta forma, nuestra economía también se encuentra disputando el ranking de los países con menores rebotes del mundo.
860.000 despidos
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina calcula que, desde el inicio de la cuarentena, se registran 860.000 empleos menos. El informe destaca que la mayor parte de los trabajos perdidos corresponden a la economía "en negro": los asalariados informales disminuyeron en 180.000, los cuentapropistas no profesionales informales perdieron 160.000 puestos y los trabajadores eventuales (changas) sufrieron 250.000 bajas.
Pese a la vigencia del decreto que prohíbe los despidos, los asalariados formales disminuyeron en 150.000 y entre autónomos y empleadores formales se perdieron 120.000 puestos de trabajo, siempre según la UCA.
75% del sueldo
El convenio entre la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo que permite a los empresarios pagar tres cuartas partes de su salario a los trabajadores suspendidos rige desde finales de abril.
Estas suspensiones pactadas son una respuesta a la caída en el nivel de actividad resultante de la cuarentena. El acuerdo implica el pago una prestación no remunerativa equivalente al 75% del ingreso neto del trabajador, garantizando la continuidad de los puestos de trabajo.
Cierran 100.000 comercios
El titular de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, advirtió que "podemos hablar de 100.000 comercios cerrados como piso en los próximos meses, y todo depende de la duración de esta tragedia".
Las estimaciones que realiza el sector reflejan un efecto devastador para el mundo pyme. En el mismo sentido, la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) advierte que sólo en la capital cerraron definitivamente unos 24.000 locales.
58.000 millones de pesos en cheques rechazados
Un dato que no suele tenerse en cuenta pero que refleja el estado de la economía real es la cantidad de cheques rechazados. El número de cheques sin fondos es un reflejo de que la cadena de pagos se encuentra dañada, pero en vías de recuperación. El monto de rechazo de cheques por falta de fondos en términos del total fue del 7,8% en abril, reduciéndose hasta el 3,7% en mayo, según el Informe sobre Bancos elaborado por el Banco Central.
1,37 billón de pesos en gasto del Estado
Según informes realizados por la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), las medidas anunciadas para enfrentar la crisis implican un 4,9% del PBI. De esta cifra se desprenden los gastos incurridos por el Estado contrarrestar los efectos económicos de la pandemia: el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los subsidios extraordinarios a jubilados y beneficiarios de la AUH, créditos a pymes y monotributistas, transferencias a provincias, el programa ATP, ayuda alimentaria, insumos sanitarios, obras en hospitales, bonos para personal de salud y seguridad, entre otros.
8,5 millones de beneficiarios del IFE
El bono de 10.000 pesos fue lanzado hacia finales de marzo para compensar la caída en los ingresos de los sectores más postergados de la economía. Es el caso de los trabajadores informales. En principio, el Gobierno calculaba que el beneficio sería otorgado a 3,6 millones de familias. El hecho de que el Estado se encuentre pagando la segunda ronda del Ingreso Familiar de Emergencia a unas 8,5 millones de personas muestra que el alcance de la crisis fue sensiblemente superior a las proyecciones oficiales. La partida presupuestaria estatal destinada al IFE asciende a casi 180.000 millones de pesos.
194.000 empresas recibieron el ATP en mayo
La otra herramienta de dimensiones creada por el Gobierno para amortiguar las consecuencias económicas de la cuarentena fue el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Se trata de un salario complementario mediante el cual el Estado subsidia el 50% del sueldo neto de los trabajadores de empresas privadas afectadas por la crisis, con un piso equivalente a un salario mínimo vital y móvil, $16.875, y un máximo de dos salarios mínimos, $33.750.
El número total de empresas receptoras del beneficio abarca a cerca de 1,8 millón de trabajadores. La cantidad de firmas correspondientes a mayo resultan ser 86.000 menos que durante el mes anterior, y se espera que el número continúe cayendo en junio, luego de implementarse mayores restricciones para acceder al beneficio.
250.000 millones de pesos de déficit en mayo
Los planes de asistencia estatal mencionados anteriormente tienen su correlato directo en un aumento exponencial del déficit fiscal. Este incremento del gasto sumado a una disminución considerable de los recursos provenientes de la recaudación tributaria resulta en un déficit primario de $251.287 millones para el Sector Público Nacional, correspondiente al mes de mayo. Si agregamos el pago de intereses de la deuda pública, el resultado financiero cerró con un rojo de $308.219 millones.
11,1 % de inflación acumulada desde enero a mayo
La recesión que venía sufriendo nuestra economía se profundizó con la implementación del aislamiento social. Esto repercutió directamente en el nivel de actividad y, en consecuencia, en el nivel de aumento de precios. Esta realidad, sumada a las políticas de precios máximos, congelamiento de tarifas y Precios Cuidados nos dio como resultado una desaceleración en la inflación durante la cuarentena.
Dólar
¿Qué número le asignamos al dólar? Hay muchas cotizaciones diferentes, pero todas subieron. Desde que comenzó la cuarentena, el mayorista lleva un incremento superior al 10%. El turista, por su parte, pasó de valer $85,68 el 20 de marzo a ubicarse en los $95,59 actuales. Pero los aumentos más llamativos fueron los de las cotizaciones paralelas. El dólar blue acumula un salto de $42,50 desde el comienzo del aislamiento obligatorio, pasando de los $85,50 hasta los $128 actuales.
El aumento en las diferencias entre las cotizaciones del billete verde es una muestra de la incertidumbre reinante. Al no saber cuándo ni de qué forma saldremos de la cuarentena, debido a la falta de herramientas para combatir al virus, las personas se aferran a los refugios de valor. En nuestro caso, el dólar.
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