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Espionaje ilegal: la Cámara Federal falló que no hubo asociación ilícita en la gestión de Macri

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El tribunal sostuvo que el grupo investigado que espiaba a políticos y empresarios era "cuentapropista" y no actuaba de manera coordinada por la AFI.

La causa que investiga presuntas maniobras de espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri quedó herida de muerte. Es que la Cámara Federal porteña sostuvo este martes que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política. También hizo caer la acusación que indicaba que hubo espionaje en las cárceles federales, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

La causa tiene un voltaje político propio por quienes son los protagonistas que se enfrentan en el expediente.

"Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país", sostuvo el fallo al que accedió Infobae.

Para el tribunal, sólo se pudieron corroborar seguimientos y vigilancias por parte de algunos algunos agentes que integraban un grupo de WhatsApp denominado "SuperMarioBross", quienes realizaban tareas de "cuentapropismo" para futuras extorsiones. Los jueces pidieron profundizar la investigación sobre los orígenes de la causa, que nació en el fuero de Lomas de Zamora.

El fallo fue firmado por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah. Se trató de una resolución dividida. El detalle de las apelaciones había sido publicado por en agosto pasado. Todos los acusados habían rechazado las imputaciones y cuestionado la causa.

Causa Los Sauces y Hotesur: la oposición criticó el fallo a favor de Cristina Kirchner

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Referentes de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica lanzaron duras críticas al fallo y advirtieron sobre un plan de "impunidad" para favorecer a la vicepresidenta.

Referentes de Juntos por el Cambio lanzaron duras críticas al Gobierno tras el sobreseimiento de la Vicepresidenta Cristina Kirchner y advirtieron que podrían ir por el juicio político contra los jueces del Tribunal Oral Federal 5.

El Jefe del interbloque de diputados nacionales de JxC, Mario Negri, ironizó diciendo que "el único plan del Gobierno que funciona es la agenda de impunidad de la vicepresidenta".

"Tercer juicio oral que evita Cristina Kirchner este año. Logró sobreseimientos en las causas Dólar futuro, Tratado con Irán y ahora en la del lavado en Hotesur y Los Sauces. Triste récord", se quejó el cordobés en su cuenta de la red social Twitter.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en tanto, adelantó que podrían buscar el juicio político contra los integrantes del TOF 5, que este viernes sobreseyeron a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y los empresarios Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Cristóbal López, al igual que al resto de los imputados por el caso de lavado de dinero a través de Hotesur y Los Sauces.

"Esto es parte de la capacidad de daño que va a tener la vicepresidente hasta diciembre. Hay dolo en la conducta de los jueces e iremos por su juicio político cuando llegue el momento. Hay que tener paciencia, Cristina Kirchner y sus socios van a pagar por estos delitos", recalcó Carrió en Twitter.

A su turno, la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó lo sucedido. "Impunidad. Con decisión la vamos a erradicar. No debemos bajar los brazos. Tener una justicia independiente es un objetivo que vamos a cumplir con el apoyo de los casi 10 millones de argentinos que nos votaron. ¡Y lo vamos a lograr! Por eso: ¡todos a luchar! Puño alzado", expresó.

Argentina: las empresas deberán instalar salas maternales y guarderías para sus empleados

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La Corte Suprema confirmó la sentencia que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional reglamentar la norma. Había sido apelada por el gobierno de Macri.

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno que reglamente una ley que obliga a las empresas que cuentan con un número determinado de trabajadores a contar con salas maternales y guarderías para los hijos de sus empleados. La normativa, sancionada en 1974, había sido apelada por el Gobierno de Mauricio Macri.

El máximo tribunal confirmó un fallo a favor de un trabajador con hijos en edad de concurrir a guarderías, que exigió el cumplimiento de la ley, en un reclamo que fue acompañado por la Organziación no Gubernamental Centro Latinoamericano de Derechos Humanos.

Mediante una acción de amparo, reclamaron que el Poder Ejecutivo "dicte las normas necesarias para poder gozar del beneficio establecido en el artículo 179 de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo". Ese artículo establece que "en los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan".

Esa ley fue promulgada en septiembre de 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, pero nunca fue reglamentada, de modo tal que en los hechos jamás se implementó. La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la acción de amparo, pero el Estado apeló la medida durante el gobierno anterior.

Ahora, la Corte, con los votos concurrentes de sus cinco jueces, ratificó el fallo que le ordena al Poder Ejecutivo reglamentar la ley para ponerla en vigencia. "El propio texto de la norma condiciona la exigibilidad de la habilitación de las salas y guarderías a la existencia de una reglamentación que determine el número de trabajadores por establecimiento, la edad de los niños y las condiciones mínimas requeridas", justificó el fallo.

"A pesar de ello, desde que la ley fue promulgada el 20 de setiembre de 1974, la norma en cuestión no fue reglamentada", resumieron los jueces, que de esta manera pusieron fin a una causa iniciada en 2015, y que marca la tercera vez en la historia que la Corte Suprema emplaza al Poder Ejecutivo por no haber reglamentado una ley.

Argentina apelará el fallo de la Corte de Comercio Internacional respecto del biodiésel

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La Cancillería, a través de un comunicado, informó que "el Gobierno argentino trabajará mancomunadamente con el sector privado de nuestro país para revertir esta decisión".

El Gobierno nacional apelará el fallo de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos que ratifica la imposición de aranceles impuesta en 2018 a la importación de biocombustible de producción argentina, informó esta tarde la Cancillería.

De esta manera, Argentina, ante el fallo contra el pedido de revisión por cambio de circunstancias, podrá hacer uso del recurso de apelación a un tribunal superior de Estados Unidos como puede ser la Corte Federal del Circuito correspondiente, dentro de los próximos 60 días.

"El Gobierno argentino trabajará mancomunadamente con el sector privado de nuestro país para revertir esta decisión", señaló un comunicado de la cartera que conduce Santiago Cafiero, en el que también enfatizaron que "se reserva el derecho a recurrir al sistema de solución de diferencia de la Organización Mundial de Comercio a fin de defender los derechos de sus exportadores".

En 2018 el Departamento de Comercio de Estados Unidos aplicó duros aranceles al biodiésel argentino que en conjunto se ubicaban en torno al 146%, dejando al principal producto de exportación a dicho país virtualmente fuera de su mercado.

En 2018 el Departamento de Comercio de Estados Unidos aplicó duros aranceles al biodiésel argentino que en conjunto se ubicaban en torno al 146%, dejando al principal producto de exportación a dicho país virtualmente fuera de su mercado.

En dicho año la decisión se tomó ante el lobby ejercido por la cámara de empresas productoras del biocombustible en dicho país durante la administración de Donald Trump al asegurar que debido al diferencial de retenciones que se cobraba en Argentina entre el grano de soja, el aceite de soja y el biodiésel se subsidiaba la producción, al mismo tiempo que se incurría en dumping.

Posteriormente, la dependencia estadounidense inició una revisión de los derechos impuestos y arribó a la decisión preliminar de levantarlos.

No obstante, "en una decisión sumamente controvertida desde el punto de vista técnico, luego contradijo sus argumentos anteriores y revirtió su decisión preliminar aunque las condiciones objetivas no se habían alterado en lo más mínimo", marcó Cancillería.

"Las exportaciones de biodiésel argentino, surgidas de uno de los complejos sojeros más competitivos del mundo, no reciben ni necesitan subsidio alguno. Los derechos de exportación, lejos de constituir un instrumento deseado, han sido y son una herramienta fiscal ineludible en momentos de emergencia económica como el presente", destacó el comunicado.

Desde el sector privado, el Presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Luis Zubizarreta, consideró "injusto" el fallo e indicó que el sector busca una negociación que "sirva a las partes".

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