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A dos años del crimen de Báez Sosa, los exrugbiers serán juzgados en 2023

Los acusados del homicidio podrían ser condenados a perpetua.

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, brutalmente golpeado por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique. A dos años del crimen, se aguarda el juicio oral y público que recién se hará el próximo verano.

Esa madrugada, Fernando fue golpeado por ese grupo en la puerta del boliche ubicado en el centro de dicha localidad. Él y algunos del grupo de rugbiers habían tenido un cruce de palabras en el interior del local, y la seguridad los expulsó a ambos por separado.

Una vez afuera, y tal cual quedara grabado en distintas filmaciones, de cámaras de seguridad y caseras, Fernando es atacado por la espalda aún cuando cae al piso.

Por el caso hay ocho jóvenes detenidos. Para la fiscalía cinco de ellos fueron quienes agredieron a Fernando y los otros tres le pegaron a los amigos de la víctima para evitar que ayudaran al joven cuando era brutalmente golpeado.

Según la acusación con la que fueron enviados a juicio, Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Michael Viollaz, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi "acordaron darle muerte a Báez Sosa".

Los ocho recién serán juzgados a partir del 2 de enero del 2023 en Dolores. Se espera declaren ante el Tribunal Oral Federal 1 unos 130 testigos ofrecidos por las partes.

Mientras tanto, están con prisión preventiva y en reiteradas veces la Justicia les negó la excarcelación. De ser condenados podrían recibir perpetua. La querella de la familia de Báez Sosa acusará junto al fiscal de juicio Juan Manuel Dávila, y la defensa de los rugbiers estará a cargo del abogado Hugo Tomei.

Fiesta VIP en Olivos: para evitar el juicio, Fabiola Yañez ofrece comprar un respirador

El abogado de la primera dama, Juan Pablo Fioribello, informó que esa es una opción que evalúa la pareja del presidente Alberto Fernández en el marco de la causa penal por la celebración de su cumpleaños en plena cuarentena.

Fabiola Yañez ofrecerá comprar un respirador como reparación por haber celebrado su cumpleaños en la Quinta de Olivos en momentos que regían estrictas restricciones por la pandemia de coronavirus.

Así lo informó su abogado, Juan Pablo Fioribello, quien dijo que esa será la oferta que hará la primera dama en el marco de la causa penal que se le inició por violar las restricciones dispuestas en un Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó su pareja, el Presidente Alberto Fernández.

La noticia causó revuelo en las redes y las críticas y comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer.

"Yo voy a proponer una reparación relacionada con la salud. Puede ser la compra de un respirador o el pago de unos días de una internación en terapia intensiva", dijo Fioribello sobre la propuesta que le elevará al juez Lino Mirabelli, que tiene a su cargo la causa por el "Olivosgate".

"Un respirador, el costo de la internación de unos días en terapia intensiva. Lo estamos viendo", detalló el abogado que también dijo que "ella está arrepentida de la fiesta. ¿Cómo no va a estar arrepentida?".

Además, Fioribello comentó que "el estado de ánimo de Fabiola Yañez es muy bueno" y que "está en reposo por su embarazo".

Por otro lado, el abogado contó que la primera dama se distanció de los invitados que asistieron a la fiesta. Y precisó que Sofia Pacchi y Fabiola Yañez "hoy no tienen relación", y que aunque "se conocen desde hace años, el vínculo de amistad se rompió antes".

El abogado, en tanto, aseguró que ni el Presidente ni su pareja tienen privilegios judiciales y que "la mayoría de las causas abiertas por violación de las restricciones a la cuarentena se han extinguido con acuerdos legales previstos por el código de reparación integral".

En ese sentido, especificó que el sistema funciona con una propuesta de la defensa que se eleva al fiscal quien, "a los efectos de evitar el costo del proceso penal, acepta y lo eleva al juez para que lo homologue".

No obstante, remarcó que la propuesta no es obligatoria y que "puede ser rechazada por el Ministerio Público o el magistrado actuante".

Sin embargo, el letrado dijo que tiene confianza en que "el trámite judicial sea exitoso" para Yañez, ya que "así es como se han solucionado el resto de las causas".

Caso Úrsula Bahillo: la fiscalía y la querella pidieron reclusión perpetua para el acusado

En tanto, la defensa solicitó que el expolicía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, sea condenado por homicidio en legítima defensa.

La fiscalía y la querella pidieron reclusión perpetua para el expolicía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, acusado de asesinar a la joven Úrsula Bahillo, en la ciudad bonaerense de Rojas en febrero pasado, mientras que la defensa solicitó que se lo condene por homicidio en legítima defensa.

Según confirmaron fuentes judiciales, el veredicto se conocerá el martes 14 de diciembre.

Este viernes por la tarde, el Abogado Emiliano Basso, representante legal de la familia de la joven asesinada coincidió en su alegato con el del Fiscal Sergio Terrón, y ambos solicitaron la pena máxima para el acusado.

Martínez comenzó a ser juzgado este viernes y ante el tribunal Tribunal Oral Criminal 1 de Junín dijo que ella lo atacó primero con un cuchillo y que por eso él "desesperado" la mató.

El acusado dijo a los jueces del TOC 1 que fue la joven de 18 años quien durante un encuentro para terminar la relación en el paraje de Guido Spano, a diez kilómetros de Rojas, lo abrazó y le dio un puntazo en el abdomen con un cuchillo.

"No tuve intención de hacerle daño, fue un momento desesperado", dijo en su indagatoria ante el Tribunal donde comenzó a ser juzgado.

"Sentí mi vida en peligro", señaló Martínez justificando que actuó en defensa propia y, ante ello, el Fiscal de juicio Sergio Terron le preguntó qué pasó y porque Úrsula terminó apuñalada 15 veces, "no recuerdo haberla apuñalado", contestó.

El plan de Juan Darthés para evitar una condena por violación agravada

Su abogado, Luiz Antonio Nazareth, habló en Sao Paulo antes el inicio del juicio, el 30 de noviembre, en el cual el actor, galán y cantante que hizo toda su carrera en la Argentina se proclamará inocente.

La defensa legal de Juan Darthés dijo que confía en que el actor nacido en Brasil será absuelto, consideró que la sentencia será dictada en 2022 y reveló que su principal estrategia será la de contradecir a los testigos citados por la denunciante, la actriz Thelma Fardin, quien lo acusa de haberla violado cuando ella tenía en 16 años, en 2009, durante una gira por Nicaragua.

Darthés corre el riesgo de recibir una pena de entre 6 y 12 años de prisión en una cárcel del estado de Sao Paulo en caso de ser encontrado culpable del delito de "violación agravada" contra Fardin.

Su abogado, Luiz Antonio Nazareth, habló antes el inicio del juicio, el 30 de noviembre, en el cual el actor, galán y cantante que hizo toda su carrera en la Argentina se proclamará inocente.

"Ha quedado claro que él es inocente. Va a declarar y declararse inocente, va a contradecir la declaración de los testigos que dicen que quieren incriminarlo. Él está tranquilo y confiado, claro, con la presión que conlleva tener que ir a una audiencia judicial", dijo.

El juez federal en lo criminal Alí Mazloum deberá decidir sobre un caso inédito en la justicia de Brasil, ya que el delito que deberá analizar, y que fue aceptado por la fiscalía brasileña, ocurrió en Nicaragua en 2009.

Desde 2019, tras la denuncia de Fardim, Darthés vive en Brasil y tiene un pedido de detención en las alertas rojas de Interpol. Como es brasileño, puede circular libre con su familia en ese país, pero si cruza una frontera corre el riesgo de ser detenido.

Es en ese marco que las audiencias, para las que están citados 11 testigos, todas las partes intervinientes, incluido el acusado, participarán de forma remota.

El actor habla en forma remota hasta con sus abogados. "No sé que en lugar se encuentra actualmente", dijo el letrado Nazareth, que le recomendó no salir de Brasil.

Según el abogado, el caso es "anómalo" porque no hubo una instrucción de pruebas como ocurre con cualquier caso común.

El 2 de enero de 2023 comienza el juicio a los rugbiers por el crimen de Báez Sosa

El juicio a los ocho rugbiers acusados por el crimen de Villa Gesell se iniciará en plena feria judicial. Se realizará en 22 jornadas, de lunes a viernes.

El juicio a los ocho rugbiers detenidos y acusados de haber asesinado a golpes al joven Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell en enero de 2020, se iniciará el 2 de enero de 2023, en plena feria judicial de verano, y se realizará en 22 jornadas, de lunes a viernes.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, en el "auto de prueba" con el que notificó a las partes la fecha de inicio del juicio oral, entre otras resoluciones.

Pese a que tanto los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan como particulares damnificados a los padres de Báez Sosa, como el defensor de los imputados Hugo Tomei, habían sugerido que el debate se haga a razón de dos jornadas por semana, por las actividades que los letrados tienen en otras jurisdicciones, el TOC 1 optó por hacer el juicio en enero de 2023, durante la feria de verano, para que no tengan problemas de agenda.

"Este tribunal no posee en el próximo año y parte del siguiente, disponibilidad en su agenda para llevar adelante un debate con la extensión del presente, al menos sin desmedro de los derechos de otras personas -en su mayoría privadas de la libertad- que esperan la realización del juicio en cada caso", señalaron los jueces en la resolución.

"Asimismo, no compartimos la propuesta tanto de los Particulares Damnificados como de la Defensa, en el sentido de realizar el juicio en dos jornadas semanales, toda vez que ello, en el caso de este tribunal y por lo dicho en el párrafo anterior, implicaría intercalar jornadas de este juicio con las de los demás que deben llevarse a cabo, lo que claramente afecta el principio de continuidad".

Y agregó que "a los fines de no demorar este proceso, ni alterar los restantes de trámite por ante el Tribunal, encontrándose sólo disponibles los meses de enero y de acuerdo a los requerimientos de las partes, consideramos ajustado a las necesidades de todos los intervinientes, atendiendo al principio de celeridad en respeto de las garantías procesales antes esgrimidas: a) fijar para la realización de juicio oral y público, veintidós jornadas, que se llevarán a cabo a partir del lunes 2 de enero de 2023, de lunes a viernes".

Además, en otro tramo de la resolución, se indicó que la cantidad de testigos que deberán declaran serán un total de 130 y se fijaron 120 días para la instrucción suplementaria, que son algunas medidas de prueba pendientes y pedidas por las partes a las que accedió el TOC 1 dolorense.

Líder de la banda narco Los Monos: "Contrato sicarios para tirar tiros a jueces"

Ariel Guille Cantero dijo que ese es su "oficio" al ser consultado por los magistrados en el inicio del debate judicial.

Ariel Guille Cantero, líder de la banda de narcotraficantes de Rosario Los Monos, sorprendió este viernes 20 de agosto al responderle con sarcasmo a una jueza que le consultó a qué se dedicaba.

"Oficios varios. Contrato sicarios para tirarle tiros a jueces", afirmó Canteros frente a la pregunta formal de la Jueza Hebe Marcogliese, presidenta del tribunal.

La escena se produjo en el marco del proceso que lo juzga junto a otros siete imputados por su presunta participación en al menos 7 de 10 atentados contra integrantes de la justicia en Santa Fe.

Pese a encontrarse detenido, Cantero está acusado de tener participación en las balaceras que se produjeron contra edificios judiciales y viviendas de jueces y fiscales.

El diálogo, de tono casual, se reprodujo al iniciar la audiencia oral, en dónde la formalidad del proceso implica que la presidenta del tribunal interrogue a los imputados sobre sus datos personales.

Junto a Cantero, están siendo juzgados Daniel Alejandro Teletubi Delgado, Damián Oscar Chavez, Lucía Ubberti, Leonel Alejandro Fernández y Matías Nicolás César.

El Fiscal pidió 24 años de prisión en este hecho contra el líder de "Los Monos". Cantero ya tiene una condena en su contra que lo mantiene detenido a sus 32 años.

Cencosud también le hace juicio a Garbarino

Tras la feria judicial, el grupo chileno le inició una demanda a la cadena de electrodomésticos, que acumula cheques impagos por más de $4.900.000.

A medida que pasan los días y se profundiza la crisis de Garbarino, más empresas inician demandas judiciales contra el grupo empresario dueño de la mayor cadena de electrodomésticos y electrónica del país.

Al pedido de quiebra que presentó la financiera Credibal en junio y los reclamos que le iniciaron Aerolíneas Argentinas y Boca Juniors por saldos deudores en concepto de millas y publicidad en julio, ahora se sumó a la lista Cencosud.

Con la vuelta de Tribunales tras la feria judicial de invierno, la compañía de origen chileno radicó una demanda en el Juzgado Comercial 26, Secretaría n° 51, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, con la carátula de "sumarísimo".

Fuentes conocedoras de la crisis de Garbarino sugirieron que la demanda habría sido iniciada por saldos impagos de alquileres de los locales que la cadena ocupa en los shoppings de Cencosud.

El grupo chileno, dueño de las cadenas de supermercados Jumbo, Disco y Vea, y el retailer para el hogar Easy, es uno de los principales propietarios de centros comerciales de la Argentina. A nivel nacional, gestiona 18 establecimientos, bajo las marcas Portal y Factory, que suman alrededor de 1300 locales, con una superficie total de 600.000 metros cuadrados.

En el sector financiero, se estima que una parte de las deudas que la cadena tiene, que, según cálculos del sector, ya superan los $ 10.000 millones, corresponde a retrasos en el pago de alquileres. Solo en cheques rechazados, entre el 9 de septiembre de 2019 y el 27 de julio del corriente año, la empresa adeuda $ 4903 millones, según la Central de Deudores del Banco Central.

Además de los reclamos de estos acreedores, se sumaron más pedidos de juicios ejecutivos, como el de Mobile Systems Sudamericana, que tiene a cargo la explotación de Sygnus Suite Argentina, una firma dedicada al diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas informáticos.

Según la denunciante, Garbarino asumió la obligación de pagar el precio del soporte mensual del servicio, pero Sygnus no pudo cobrar el cheque electrónico por falta de fondos disponibles en la cuenta.

Alberto Fernández demandó a Patricia Bullrich por $100.000.000

Si el presidente gana el juicio, el dinero será donado y se pedirá que la sentencia se lea en aquellos canales que se hicieron eco de los dichos de Bullrich sobre que el Gobierno intentó colocar un intermediario en la negociación con Pfizer "para obtener un retorno".

El Presidente Alberto Fernández interpuso una demanda por $100.000.000 contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, después de que fracasara la audiencia de mediación convocada a raíz de las declaraciones de la dirigente opositora cuando le atribuyó al Gobierno nacional la pretensión de obtener "retornos" para que llegue al país la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer.

La interposición de la demanda fue informada este domingo por Gregorio Dalbón, el abogado del mandatario en esta causa, a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

"El Presidente interpuso una demanda contra Bullrich por 100 millones de pesos. La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entran en etapa judicial", consignó el letrado.

Dalbón remarcó además que, una vez que gane el pleito judicial, el Presidente donará ese resarcimiento al Instituto Malbrán, el organismo dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología que investiga y realiza estudios sobre el coronavirus.

Fernández tomó la decisión de demandar a Bullrich luego de que el 18 de junio fracasara la audiencia conciliatoria entre ambos.

Riquelme y su hijo van a juicio por violar la cuarentena

Están imputados por violar el artículo 205 del Código Penal, que establece penas de entre seis meses y dos años de cárcel para quien incumple las medidas adoptadas por las autoridades "para impedir la introducción o propagación de una epidemia", en este caso el coronavirus.

Hace dos meses, Boca y River jugaron un superclásico en la Bombonera por el torneo local y empataron 1 a 1. Pero el partido transcendió lo deportivo y llegó a los tribunales: el vicepresidente segundo e ídolo Xeneize, Juan Román Riquelme, y su hijo Agustín, quedaron bajo una investigación judicial por haber violado las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del coronavirus y ahora están a punto de enfrentar un juicio oral y público.

La fiscal Celsa Ramírez, funcionaria a cargo de la Fiscalía de Eventos Masivos del Ministerio Público porteño, firmó este lunes la elevación a juicio de la causa donde Riquelme y su hijo están imputados por haber violado el artículo 205 del Código Penal, que establece penas de entre seis meses y dos años de cárcel para quien incumple las medidas adoptadas por las autoridades "para impedir la introducción o propagación de una epidemia", en este caso el coronavirus.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 14 de marzo pasado cuando las imágenes de la transmisión oficial del superclásico mostraron a Agustín Riquelme en uno de los palcos de la Bombonera junto a su padre.

A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores judiciales se determinó que el hijo de Riquelme había llegado a la Argentina el día anterior al partido, luego de realizar un viaje a México por el fin de curso de su educación secundaria.

Según fuentes judiciales, el joven debía realizar una cuarentena obligatoria, exigencia legal que no habría cumplido, y concurrió a La Bombonera a un evento masivo que, por cuestiones sanitarias, se disputó sin público.

Padre e hijo fueron citados a prestar declaración indagatoria. Según fuentes judiciales, en la audiencia los imputados presentaron escritos donde explicaron porque, según su visión, no había cometido delito alguno.

Como padre e hijo no tienen antecedentes penales pueden pedir la suspensión del juicio a prueba, trámite judicial más conocido como probation, y, a cambio, hacer tareas comunitarias u algún otra medida que disponga la Justicia.

Fiscalía solicitó 3 años de prisión en suspenso y 7 años de inhabilitación para Oscar Nasisi

Este lunes se llevaron a cabo los alegatos en el juicio contra el Rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, por un alumno de la Facultad de Ingeniería que murió electrocutado en el 2010. En caso de ser condenado, el rector no irá a prisión.

Este lunes se concretó la audiencia de alegatos en el marco del juicio por la muerte del estudiante Fernando Reinoso, quien falleció luego de recibir una descarga eléctrica, en año 2010, mientras estaba en un aula de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.

Según el Fiscal Francisco Maldonado, la muerte de Fernando Reinoso se debería encuadrar como un homicidio culposo y no doloso, como lo plantea la parte querellante.

Por eso la Fiscalía le solicitó al Tribunal Oral Federal que el castigo para el responsable de homicidio, Oscar Nasisi, quien en aquel entonces era decano de la Facultad Ingeniería en el momento de la tragedia, fuera de 3 años de prisión en suspenso. 

Maldonado comentó que "se hizo la valoración de las pruebas y acusé a tres de los cuatro imputados por homicidio imprudente y por incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Por otro lado, el fiscal solicitó la misma condena para Alfredo Daroni, exsecretario Administrativo Financiero, mientras que para Joaquín Roso, exsecretario de Obras de la UNSJ, pidió 2 años y medio de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Maldonado también explicó que no acusó a Coto, exsecretario de Obras de la UNSJ, "porque no fue responsable del hecho", por lo tanto podría salir ileso del proceso judicial que en las próximas semanas tendría la resolución del Tribunal.

El 8 de marzo de 2010, el estudiante Fernando Reinoso, de 32 años, preparaba su última materia en un aula de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y murió electrocutado al tratar de desenchufar un ventilador de pie que estaba conectado a una zapatilla.

En el año 2014, Nasisi fue sobreseído por el Juez federal Leopoldo Rago Gallo, pero la Fiscalía apeló y en marzo de 2015 la Cámara Federal de Mendoza revirtió la resolución y procesó al rector por homicidio culposo.

En abril de 2017 la Cámara de Casación Penal confirmó el procesamiento. Además, en la instancia civil, la Justicia condenó a la UNSJ a pagar una indemnización a la familia de Reinoso.