Cristina Kirchner llevará su condena a la ONU y habló de una "proscripción" política

La ex presidenta sostiene que la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos vulnera garantías fundamentales.

La expresidenta Cristina Kirchner, defendió este miércoles su inocencia en una columna publicada de manera simultánea en medios internacionales y anunció que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al considerar que la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos vulnera garantías fundamentales.

El artículo fue difundido en diarios como internacionales, en paralelo con una conferencia de prensa encabezada por su equipo de abogados, que oficializó la presentación de una comunicación individual ante el organismo internacional con sede en Ginebra.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU deberá analizar inicialmente la admisibilidad de la presentación.

Si considera que reúne los requisitos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el caso.

En el texto, la exmandataria sostuvo que cuando el Poder Judicial deja de cumplir su función de garante de derechos y pasa a intervenir en la competencia política, se produce un deterioro de la calidad democrática.

"No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento", señaló.

Fernández de Kirchner calificó la inhabilitación perpetua impuesta en la denominada Causa Vialidad como una forma de "proscripción" y resaltó que la condena afecta a "la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina".

También incluyó en su argmentación al atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, que según expresa el texto fue "un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática".

Sostuvo que el expediente estuvo atravesado por arbitrariedades incompatibles con las garantías judiciales y denunció además un contexto de hostilidad que, a su juicio, refleja la persistencia de prácticas de machismo estructural dentro de sectores del sistema judicial.

La expresidenta aseguró que el caso excede su situación personal y sostuvo que la condena también afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante el voto.

Para impulsar la estrategia internacional, la defensa incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, quien integró el equipo legal del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego.

Ambos participaron de la presentación junto con el abogado Alberto Beraldi.

En su columna, Cristina Kirchner remarcó que no pretende recibir un tratamiento excepcional, sino que reclama un proceso "imparcial, independiente" y compatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.

La exmandataria cumple arresto domiciliario tras quedar firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la Causa Vialidad, fallo confirmado por la Corte Suprema en junio de 2025. 

Posteriormente, en julio de 2026, el máximo tribunal del país también dejó firme el decomiso de bienes por $684.990.000.000 dispuesto en el expediente.

La expresidenta concluyó que continuará sosteniendo su inocencia mediante todos los mecanismos previstos por el Estado de Derecho, al considerar que la defensa de las garantías judiciales trasciende su situación particular y constituye una cuestión de interés para toda la sociedad.