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Estados Unidos intervino en el juicio por YPF y defendió a Argentina en su reclamo para no entregar las acciones

La gestión Trump elevó el amicus curiae a la Cámara de Apelación Nueva York. Argumentó la inmunidad soberana y el daño irreparable que implicaría al país perder el control de la petrolera.

El Gobierno de Estados Unidos se presentó ante la Justicia de ese país para apoyar el reclamo de Argentina para que se suspenda la entrega de acciones de YPF a los beneficiarios del fallo de U$S16.000 millones por la expropiación de la petrolera.

La presentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos se hizo ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York.

Ese tribunal suspendió esta semana de manera temporal el fallo de la Jueza, Loretta Preska, para la inmediata transferencia de acciones, y se espera defina antes de fines de julio si acepta la postura argentina.

En el escrito, el Gobierno de Estados Unidos planteó "su interés en la aplicación correcta de los principios de inmunidad soberana” y que las cuestiones involucradas en el caso "tienen implicancias significativas para la política exterior de Estados Unidos y pueden afectar el tratamiento recíproco de Estados Unidos y sus bienes en las cortes de otras naciones".

Sebastian Maril, de Latam Advisor, resumió los seis argumentos principales del amicus que se elevó al tribunal..

  • Estados Unidos tiene un interés sustancial en las cuestiones planteadas en esta apelación, que involucran cuestiones de política exterior y relaciones internacionales, así como la correcta interpretación del derecho consuetudinario y estatutario federal.
  • El Gobierno presenta este memorando como amicus curiae en apoyo de la solicitud de suspensión de Argentina en espera de la apelación, a fin de permitir una presentación ordenada y una resolución adecuada de estas importantes cuestiones.
  • Los bienes de estados extranjeros gozan de inmunidad absoluta ante la ejecución.
  • No hay indicios de que, al establecer excepciones a los bienes de estados extranjeros limitadas a la inmunidad sobre bienes ubicados en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos haya tenido la intención de eliminar la inmunidad para bienes situados en el extranjero.
  • Argentina argumentó que, sin una suspensión, podría sufrir daños irreparables. Si cumple con las órdenes de cesión y transfiere las acciones de YPF a los acreedores judiciales en Estados Unidos, corre el riesgo de perder permanentemente el control de dicha propiedad, incluso si finalmente gana la apelación.
  • Una suspensión pendiente de la apelación no perjudicará a los demandantes. Argentina ha señalado que conserva sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa.

Los próximos pasos en el juicio de YPF

La presentación del Departamento de Justicia se dio el mismo día en que los beneficiarios de la sentencia por U$S16.000 millones, los fondos Burford y Eton Park, elevaron al tribunal sus argumentos en rechazo a la solicitud argentina de suspender la entrega de acciones mientras se tramita la apelación a ese fallo de Preska.

Ante esa Corte de Apelaciones y para oponerse al pedido argentino se presentó también el fondo Bainbridge, al que la jueza de primera instancia le permitió cobrar una sentencia contra la Argentina de US$95 millones por los bonos en default de 2001 con acciones de YPF.

El proceso ante el tribunal de alzada empezó el tiempo de descuento. Ahora se espera que Argentina presente en esa instancia sus argumentos sobre la importancia de suspender la entrega de acciones mientras se sustancia el proceso.

Ese escrito de los abogados argentinos se espera para el 22 de julio.

Después de eso, la Corte de Apelaciones está en condiciones de aceptar o rechazar el planteo de Argentina.

Si avala el pedido argentino, la orden de Preska quedará sin efecto hasta que se resuelva la apelación contra su sentencia de fondo, que fijó una condena de U$S16.100 millones.

La Cámara todavía no estableció la fecha de audiencia y no se espera una definición de fondo antes de 2026.

En tanto, si el tribunal rechaza el pedido argentino, volverá a regir la orden de entrega de las acciones.

Duro revés para Argentina: la Jueza Preska rechazó el pedido y sigue firme la orden de entregar YPF

La Jueza Loretta Preska rechazó el pedido de Argentina para suspender la sentencia. Sigue vigente la orden para que el país entregue el 51% de YPF en 14 días.

Así lo confirmó el especialista Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.

El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un "stay", suspensión temporaria de la sentencia, dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.

Este lunes Preska rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones a favor de los litigantes.

Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la Jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un "apoyo" del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierte sobre un "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial".

Juicio por YPF: la Jueza Preska anunciará este lunes si acepta la apelación de Argentina

El Gobierno le pidió suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF.

La Jueza de Nueva York, Loretta Preska, decidirá el lunes 14 de julio próximo si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

Así lo informó este jueves por la noche Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.

El jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.

En la presentación, Argentina adelantó que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y principios de cortesía internacional.

Además, puso sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un "apoyo" del Gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierten sobre un "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial".

Juicio por YPF: Gobierno volvió a reclamar la suspensión del fallo que lo obliga a entregar las acciones

En un escrito presentado ante la Jueza Preska, los abogados del país le contestaron a los fondos beneficiarios de la sentencia. Anticiparon los próximos pasos de la defensa.

Luego de pedir a la Justicia de Estados Unidos que suspenda el fallo en el que la Jueza, Loretta Preska, ordenó la transferencia de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por más de US$16.000 millones, el Estado nacional respondió a los escritos de los beneficiarios del juicio, que rechazaron la solicitud de Argentina.

En los documentos presentados este martes, los abogados del país remarcaron que cumplir el fallo forzaría a Argentina a violar sus propias leyes y a perder el control que tiene sobre YPF.

Además, indicaron que una entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros, como a las provincias y a los tenedores de bonos soberanos.

El Gobierno busca que se suspenda la orden de Preska de entregar las acciones de YPF para cumplir con dos condenas impagas: la principal es en el caso de la expropiación de la petrolera por US$16.000 millones, en favor de los fondos Burford y Eton Park.

La otra es a favor de Bainbridge por U$S95.000.000 por el juicio que ese fondo de inversión inició en 2016 y que cuenta con sentencia a su favor por la deuda en default de principios de siglo.

Argumentos del Gobierno en su nueva presentación ante Preska

En el caso por la expropiación de YPF no se trata de una "disputa comercial ordinaria", sino que representa un asunto "sin precedentes, con un fallo de US$16.100 millones, aún apelado".

Los letrados enfatizaron que se trata de una medida que deriva en un escenario complejo. Uno en el que Argentina se vería obligada "a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible".

La suspensión del fallo, desde el punto de vista de Argentina, no supone perjuicio alguno contra los demandantes, "ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa".

Por otro lado, enfatizaron, la entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros no involucrados de forma directa en la disputa y activar "cláusulas contractuales adversas para YPF".

Con base en esto, el Gobierno destaca la importancia de mantener el statu quo a favor del interés público.

En cuanto al fallo que favorece a Bainbridge, Argentina argumentó que la transferencia de las acciones de YPF representaría una violación a la Ley N° 26.741.

De acuerdo con el Estado nacional, "no existe jurisprudencia que avale" esta disputa legal, un aspecto que abre la chance de que un tribunal de apelación tenga un enfoque distinto.

Desde el punto de vista del Gobierno, los demandantes no alcanzan a demostrar el perjuicio que supondría suspender la entrega de acciones.

La Argentina presentó en enero de 2024, una apelación ante la Cámara de Nueva York por la condena de U$S16.000 millones y se encuentra "próxima" a elevar una segunda apelación para que se suspenda la transferencia de acciones.

Contexto del juicio por YPF

El 15 de septiembre de 2023, la Jueza Loretta Preska condenó a Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, un monto que ahora asciende a US$17.750 millones, si se agregan los intereses.

El fallo benefició a los representantes de las empresas que eran accionistas minoritarias de la petrolera al momento de la estatización.

El reclamo se basa en que el Gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía.

Finalmente, le pagó con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.

Desde el momento del fallo, Argentina apeló la sentencia. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión.

Entre ellas, el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, que tiene ahora fallo favorable de Preska y que abrió el camino a otros acreedores del país con sentencias para reclamar también que se les pague con papeles de la petrolera.

La querella de Fabiola Yáñez podría pedir hasta 12 años de condena para Alberto Fernández

El exmandatario está procesado por lesiones leves en dos oportunidades y graves en una.

La querella de Fabiola Yáñez en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, podría llegar a pedir hasta 12 años de prisión en el futuro juicio oral contra el expresidente, el máximo de la pena prevista para los delitos por los cuales buscará que se lo acuse.

El Fiscal federal, Ramiro González, dio por finalizada este lunes la investigación e inició la ronda de consultas para enviar el caso a sorteo de Tribunal Oral y, tanto la querella como la defensa, tienen seis días hábiles para presentar por escrito su opinión al respecto, aunque podrían pedir prórroga, informaron fuentes judiciales.

Hasta el momento, ninguna de las partes concretó ese paso necesario para que luego el Juez del caso, Julián Ercolini, resuelva si hace lugar al planteo fiscal y envía la causa a juicio.

La querella de Fabiola Yáñez, a cargo del abogado Mauricio D'Alessandro, contestará a la notificación fiscal dentro de ese plazo y pedirá que se juzgue al expresidente por delitos que contemplan penas de 4 a 12 años de prisión, anticiparon fuentes del caso.

Recién al término del juicio y a la hora de su alegato, quedará en condiciones de reclamar la pena máxima de 12 años de cárcel si considera que en el debate oral quedaron probadas las acusaciones.

Ya sea reclamando la pena mínima o algún otro monto, de cualquier forma se trata de expectativas de condenas que contemplan la prisión efectiva.

Fernández está procesado por lesiones leves en dos oportunidades y graves en una, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género, relación asimétrica de poder y amenazas con un embargo de diez millones de pesos.

El fiscal federal González dio por cerrada ayer la investigación "sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba" por entender que todas las necesarias y "pertinentes" ya se hicieron.

Tras la gestión de Miguel Vega en Jáchal, sigue el conflicto por la expropiación de la Ciudad Judicial

La Municipalidad de Jáchal apeló el fallo, pero ni su representante, ni sus abogados, se presentaron en la audiencia. ¿Desidia del sucesor de Vega, el peronista Matías Espejo?

El abogado Waldo Segovia dialogó con diario Jáchal La Región, y ofreció detalles de la audiencia. Remarcó que, de los 120.000.00 de pesos que en principio deberá pagar la comuna, con la aplicación de intereses, la suma puede superar fácilmente los 600.000.000 de pesos.

El 3 de junio de 2025, en la Cámara Civil Nº 4, se llevó a cabo la audiencia de apelación en al juicio de expropiación contra la Municipalidad de Jáchal por el terreno donde se está construyendo la Ciudad Judicial.

En esta instancia, las partes y los abogados deben presentarse a los fines de exponer en forma oral el motivo del recurso a los agravios.

La Municipalidad de Jáchal no asistió a la audiencia, tampoco su representante legal ni sus abogados. Técnicamente, se da por caído el recurso de apelación presentado por la municipalidad.

El resto de las partes y sus abogados se hicieron presentes y plantearon sus motivos de apelación. Pero lo llamativo es que la Municipalidad de Jáchal, quien apeló el fallo, no estuvo presente para defender los intereses de la comuna y los vecinos.

Entonces surgen varias preguntas: ¿Por qué no fueron? ¿Se olvidaron? O como se escuchó decir en los pasillos de Tribunales: "¿Se comieron la fecha?".

El caso es que ahora el tema expropiación está totalmente definido en contra de la Municipalidad de Jáchal.

Una de las posibilidades es que el monto a pagar sea el que dictaminó el Juez Domingo Castro, en el año 2023, o lo que piden los denunciantes, un monto mucho mayor.

Los abogados de las otras partes sí fueron y apelaron la fecha de los intereses a aplicar al momento de pagar y la tasa que se deberá aplicar, tasa pasiva o activa según el criterio de la Cámara Civil Nº 4.

Una vez más, la ineptitud de Miguel Vega y la inoperancia objetiva de los abogados de la actual gestión de Matías Espejo, ambos del peronismo, estarían demostrando que no están capacitados para defender los bienes de todos los jachalleros.

Un fallo demoledor que la Municipalidad de Jáchal no está apelando

El fallo, que fue apelado por la Municipalidad de Jáchal, indica que se "determina como justo valor indemnizatorio de los inmuebles expropiados la suma de pesos cien millones ochocientos siete mil doscientos setenta y dos ($100.807.272) para el inmueble identificado como Lote A y la suma de pesos veintiún millones trescientos cuarenta mil  ($21.340.000) para el inmueble identificado como Lote B, conforme los considerando expuestos. Calculo efectuado al  26/04/23".

Asimismo, el fallo ordena "a la Municipalidad de Jáchal a pagar dicha suma en un plazo de treinta (30) días de quedar firme la presente, con más los intereses devengados (conforme al punto 3 del presente resuelvo) desde aquella fecha 26/04/23 hasta su efectivo pago".

Finalmente, solicita "determinar que los intereses correrán desde el 26/04/23 y hasta su total y efectivo pago, debiendo aplicarse la tasa Pasiva conforme lo dispuesto por el art. 20 Bis de la Ley 1000-A".

Bolsonaro será interrogado en el juicio por un supuesto plan para evitar la asunción de Lula da Silva

El expresidente brasileño puede ser condenado a un máximo de 28 años de prisión si es declarado culpable.

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, será interrogado a partir del próximo 9 de junio en el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, en el juicio que se le sigue por un supuesto plan golpista orquestado en 2022 para evitar la asunción del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, contra quien perdió las elecciones ese año.

Bolsonaro forma parte del núcleo central de otros siete exfuncionarios y militares procesados por la trama golpista, quienes también serán interrogados, según determinó este lunes el juez relator del caso en la corte, Alexandre de Moraes.

De esta mandera se comenzará a recolectar testimonios y pruebas del juicio que investiga un plan para dar un autogolpe, no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales y matar por envenenamiento a Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al Juez Moraes.

Además de Bolsonaro, en este grupo figura el general retirado y exjefe de gabinete, Walter Braga Netto, quien se encuentra en prisión preventiva en Río de Janeiro y es considerado uno de los cerebros del autogolpe, además de haber sido candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial derrotada.

Los otros son el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general retirado Augusto Heleno; el Diputado federal y expolicía federal, Alexandre Ramagem; el exjefe de la Marina, Almir Garnier Santos; el exministro de Justicia, Anderson Torres; el exayudante de campo de Bolsonaro, Mauro Cid, y el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira.

El expresidente, cuyo pasaporte está confiscado por la corte, puede ser condenado a 28 años de prisión como máximo en caso de ser declarado culpable en este proceso.

Caso Loan: finalizó la investigación y pidieron la elevación a juicio

El fiscal de Goya y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas solicitaron la elevación a juicio.

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el 13 de junio del año pasado en la provincia de Corrientes, concluyó y los fiscales solicitaron la clausura de la instrucción a la Jueza, Cristina Pozzer Penzo.

La medida, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, fue firmada por el Fiscal federal de Goya, Enrique Mariano De Guzmán, junto con sus pares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano.

En la causa principal están procesados Laudelina Peña, su marido Bernardino Antonio Benítez; Mónica del Carmen Millapi y su esposo Daniel Fierrito Ramírez, la Funcionaria María Victoria Caillava; su marido, el marino retirado Carlos Pérez y el excomisario Walter Adrián Maciel.

Ahora, según informaron fuentes del caso a este medio, los defensores tienen 6 días como plazo para oponerse al requerimiento.

Luego, si se confirma la elevación a juicio, el Tribunal Oral Federal dictaminará la fecha del debate oral en las dos causas.

En este sentido, días atrás dicho Tribunal rechazó que los 10 procesados en la causa paralela sean enjuiciados en un debate distinto al caso principal.

En esta causa están procesados Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni, Valeria Liliana López, Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel El Americano Soria, Leonardo Daniel Rubio, Pablo Javier Noguera y Delfina Taborda.

Conforme al escrito judicial enviado a este medio, el Tribunal sostuvo que dicha elevación a juicio era "parcial" debido a que "no se había completado la investigación del hecho que dio origen a la causa".

La Corte Suprema de Brasil definió continuar el juicio contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Nuevo revés judicial contra el expresidente de Brasil, sobre quien pesa una investigación por una movilización armada en 2023, luego de su derrota electoral.

Los jueces que integran la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil aprobaron sostener el juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro, después de que un grupo de parlamentarios hayan alcanzado elevar un pedido de salvoconducto argumentando que el expresidente contaba con fueros.

El pasado 6 de abril el propio dirigente encabezó una movilización en San Pablo para reclamar por su "amnistía".

Son cinco los delitos de los que se acusa a Bolsonaro, que reunidos pueden llegar a contemplar una pena de hasta 40 años de prisión.

A pesar de la decisión, los cinco miembros del máximo tribunal brasileño tienen hasta el próximo martes para cambiar de postura, solicitar una extensión del plazo o pedir que la definición ocurra en el plenario de la Corte.

La Corte Suprema de Brasil analiza también las responsabilidades del diputado Alexandre Ramagem, uno de los 21 acusados de orquestar el intento de golpe de Estado.

La postura del Poder Legislativo es que, dado sus fueros, sólo podría responder por delitos cometidos antes de comenzar a ejercer su mandato.

En caso de que los jueces sostengan su postura, las consecuencias sobre Ramagem serán inmediatas: pesarán las penas de tres de las cinco acusaciones, mientras que tendrá otras dos condenas en suspenso hasta el final de su gestión.

Por otro lado, Bolsonaro fue dado de alta el pasado domingo de la clínica DF Star, en Brasilia, donde se sometió hace tres semanas a una compleja cirugía abdominal.

La intervención fue debido a una obstrucción intestinal, una complicación derivada de una puñalada que sufrió durante un acto de su campaña electoral en 2018.

Confirmaron el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez

El expresidente quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral.

La Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento del expresidente de la Nación Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez.

La Sala II del tribunal por mayoría ratificó el procesamiento por los delitos de lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas.

Con esta decisión Fernández quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral y público si el Juez Federal Julián Ercolini y el fiscal federal Ramiro González, quien investigó el caso, entienden que la causa está cerrada y debe pasar a esa etapa.

La ratificación del procesamiento, fue firmado por los Jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que el tercer Juez de la Cámara, Roberto Boico, votó por la falta de mérito del expresidente para que siga siendo investigado.

Irurzun y Farah ratificaron el fallo del Juez Erconili que dio por acreditado que Fernández golpeó al menos en dos oportunidades a Yañez, lo que le provocó moretones en el brazo y el ojo derecho.

También que el expresidente coaccionó a su expareja para que no presente la denuncia penal en su contra.