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Cristina Kirchner habló sobre el juicio de Cuadernos: "Comienza otro show judicial en Comodoro Py"

Así lo expresó la exmandataria ladrona en su cuenta oficial de X. Seguí en vivo el juicio haciendo click acá.

La expresidenta, Cristina Kirchner, calificó como "show" el inicio del juicio en la Causa Cuadernos y sostuvo que "no les bastó meterla presa y proscribirle de por vida" por la Causa Vialidad, sino que necesitan "mantener viva la opereta judicial".

"Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención", escribió la exmandataria en su cuenta de X.

Asimismo, se refirió al Gobierno nacional de una forma implícita y aseguró que esta situación es llevada adelante con el fin de "seguir presionando" y "distraer la atención" de los ciudadanos, respecto a la realidad del país.

"Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la operación cuadernos truchos en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste", agregó la titular del PJ.

Finalmente, recordó que este "escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces" presentó muchos "arrepentidos" a los que deberían calificar de "extorsionados", por desdecirse en sus declaraciones respecto al caso.

También, apuntó contra el actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, debido a que en 2018 fue abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y afirmó que su defendido "si no salía en libertad en un breve lapso iba a mentir e iba involucrar a alguno".

Además, remarcó que, en ese momento, Cúneo Libarona reprodujo textualmente una frase que quedó grabada: "Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso".

"No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallo, pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses", escribió la ladrona Cristina.

Agregó que "mientras tanto, de la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones. Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay".

Causa Cuadernos: con 87 imputados, el juicio comenzará el próximo jueves

Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios serán juzgados por 540 hechos vinculados a presuntos delitos de corrupción.

El juicio por la causa Cuadernos comenzará el próximo jueves ante el Tribunal Oral Federal 7, con 87 imputados entre exfuncionarios y empresarios, y estará a cargo de la Fiscal General Fabiana León.

En la antesala del proceso, la fiscalía presentó un informe en el que se detalló la magnitud de la investigación y los alcances de las acusaciones que se expondrán durante el debate oral.

Entre los principales acusados se encuentran la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas, José López.

También el exfuncionario, Roberto Baratta y los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Asimismo, están incluidos 65 empresarios y dos choferes, entre ellos Oscar Centeno, autor de los escritos que dieron origen a la causa.

Figuran además Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

"Consideramos que esta causa, en realidad un conjunto de causas, demanda una especial necesidad de explicaciones", destacó León en el documento presentado por su fiscalía.

"Porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial", sostuvo.

En ese sentido, la fiscal sostuvo que se trata de "la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina" y que es "solo comparable a unas pocas a nivel mundial".

De acuerdo con el informe, el tribunal juzgará un total de 540 hechos vinculados a los delitos de asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento, según cada caso.

La fiscalía repasó además las medidas adoptadas desde 2018, cuando se inició el expediente 9.608 con la entrega de los cuadernos en la fiscalía federal de Carlos Stornelli.

Entre ellas embargos, inhibiciones de bienes, intervenciones de sociedades y secuestros de elementos.

"En definitiva, ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido", señaló la fiscalía en el documento.

Las audiencias del juicio comenzarán el 6 de noviembre y se realizarán de manera virtual, según lo dispuesto por los Jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.

Seguí en vivo la audiencia judicial que dictará sentencia en el Caso Tellechea

La sentencia sobre el caso de la desaparición forzada de Raúl Tellechea durante el Gobierno de Gioja se conocerá este martes a las 12.30 horas. El fallo será leído en el Juzgado Federal, ubicado en Mitre y avenida Rioja.

La causa por la desaparición forzada del exintegrante de la Mutual de la UNSJ, Raúl Tellechea, tendrá un punto de culminación este martes 21 de octubre, cuando se conozca el fallo del Tribunal Oral N° 1, integrado por las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra.

Los imputados son: Alberto Flores, Mario León, Miguel González, Luis Alonso, Juan Marcelo Cachi, Eduardo Oro, Miguel del Castillo, Luis Moyano y Aurora Ahumada.

Tellechea fue visto por última vez el 28 de septiembre de 2004, y, desde entonces, sus familiares no pararon de buscarlo.

La Causa Tellechea

Es preciso recordar que el abogado de la familia Tellechea, Conrado Juárez Jofré, solicitó la pena de prisión perpetua para 7 de los 10 imputados.

La perpetua se solicitó para Luis Moyano, Miguel del Castillo, Luis Alonso y Eduardo Oro, exdirectivos de la Mutual de la UNSJ, donde Raúl Tellechea trabajaba.

Se sospecha, según testimonios de la familia del desaparecido, que Tellechea tuvo un conflicto previo con los imputados de la exmutual.

Además, se pidió la pena máxima para el expolicía Alberto Lali Flores, señalado como apretador de testigos y por haber brindado sus servicios para la desaparición.

El exjefe de Policía, Miguel González, y el exjefe del área Seguridad Personal de la Policía, Mario León, también imputados en la causa, están señalados de usar sus influencias como autoridades de jerarquía dentro de la Policía de San Juan para desviar la investigación judicial durante el Gobierno del peronista Gioja.

También está implicada la exempleada de la Mutual de la UNSJ, Isabel Ahumada, sindicada presuntamente de desviar la investigación penal, sembrando pistas falsas y afirmando que Tellechea no había desaparecido, sino que se había fugado por una supuesta defraudación. Para esta mujer, el abogado querellante pidió 10 años de prisión efectiva.

Respecto del resto de los acusados, el abogado Suárez Jofré no avanzó en la acusación del arrepentido Sebastián Cortez Paéz y del exsecretario del Consejo Superior de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi.

Cortez Paéz había declarado durante la investigación que Tellechea falleció mientras lo tenían en cautiverio, y que fue enterrado en las playas del Dique de Ullum, versión que no se pudo confirmar nunca.

El otro, Cachi, habría incurrido en lo mismo que la empleada de la Mutual, Isabel Ahumada, sembrando pistas falsas.

Juicio por YPF: la Jueza Preska pidió la entrega de información sensible

La magistrada denegó que la petrolera pueda presentarse como parte en el proceso de Discovery y le otorgó un plazo de 15 días para enviar la información solicitada, la cual incluye correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros.

En el marco del juicio por la expropiación de 2012, la Jueza, Loretta Preska, emitió un nuevo fallo que obliga a YPF a entregar información sensible.

La decisión llega falta de poco menos de un mes para una audiencia clave en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Preska denegó que la petrolera pueda presentarse como parte en el proceso de Discovery y le otorgó un plazo de 15 días para enviar la información solicitada, la cual incluye correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros.

El 29 de octubre, tanto Argentina como YPF y quienes reclaman la indemnización llevarán a cabo la audiencia definitiva, donde expondrán sus argumentos ante el tribunal.

Allí se tratará la revisión del fallo que ordenó al país pagar U$S16.100 millones más intereses a los demandantes.

En ese marco, la Cámara podría confirmar, modificar o reducir ese monto. En caso de considerarse que YPF es un "alter ego" de Argentina, la Justicia podría avanzar sobre los bienes de la compañía para garantizar el pago.

Cabe recordar que la petrolera mantiene varios frentes judiciales abiertos en Nueva York y sigue bajo presión.

Por ejemplo, los fondos Burford Capital y Eton Park exigen un pago anticipado de la indemnización y los intereses acumulados.

YPF: Argentina le pidió a Preska que "reconsidere" el pedido de comunicaciones entre funcionarios nacionales

En caso de una respuesta negativa, es posible que se avance en una nueva apelación.

Argentina le solicitó a la Jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que reconsidere el pedido al país de entregar las comunicaciones realizadas a través de diferentes dispositivos electrónicos de funcionarios nacionales involucrados en el caso YPF.

Así lo reveló el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales, quien además adelantó que en caso de una negativa por parte de la magistrada, es posible que Argentina avance en una apelación de la medida.

A mediados del mes pasado, Preska le ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.

El pedido aclaró que no se exige el teléfono completo ni el contenido total, sino que se llevarán a cabo búsquedas por palabras clave relevantes como "YPF", "Aerolíneas Argentinas", entre otras.

El objetivo de los demandantes, fondos Burford y Eton Park, es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones.

Gobierno dará prioridad a la reforma laboral durante su segunda parte de mandato

Entre los proyectos que irán al Congreso en diciembre, la modificación de la legislación laboral se considera prioritaria, según indicaron fuentes oficiales.

Entre las reformas estructurales que el Gobierno de Javier Milei piensa llevar adelante en la segunda parte de su mandato, la reformulación de la legislación laboral se presenta como prioritaria, según señaló una alta fuente de la Casa Rosada a Ámbito.

En tal sentido, adelantaron que están trabajando en proyectos que se encontrarán entre los primeros a ser enviados al Congreso en diciembre próximo, cuando el oficialismo espera ver incrementada su representación, tanto en Diputados como en el Senado.

El año pasado, y mediante la Ley Bases, el oficialismo logró introducir modificaciones en la legislación laboral, incluyendo la promoción del empleo registrado, la creación de una figura de trabajador independiente con colaboradores y modificaciones en la indemnización por despido, entre otros.

Sin embargo, no logró terminar con problemas judiciales que tienen a maltraer a las empresas.

Por el contrario, se observó un crecimiento de la litigiosidad que se atribuye, entre otros factores, a la aplicación de multas e intereses que son considerados siderales por el sector patronal, como así también a la actualización judicial de los montos indemnizatorios, que puede multiplicar por diez o más veces el monto original reclamado.

En los últimos años, la cantidad de litigios laborales ha crecido de manera sostenida, generando un impacto económico y operativo en el sector, que es responsable de una gran parte del empleo privado registrado en el país.

El informe señaló que, en 2024, los juicios laborales alcanzaron un récord de 125.842 casos, con un aumento del 7% respecto al año anterior.

Para 2025, se proyecta que las demandas laborales superen las 132.000.

Se estimó que más del 50% de las pymes enfrenta actualmente litigios laborales, con "costos que en muchos casos resultan inviables para la continuidad de los negocios".

En Argentina existen aproximadamente 400.000 pymes, con un promedio de 10 empleados cada una.

El informe advirtió que, si solo el 20% de estas empresas se viera obligada a cerrar por juicios laborales, el impacto alcanzaría a 800.000 puestos de trabajo.

Caso YPF: Gobierno presentó los argumentos para evitar entregar el 51% de acciones

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York no tiene tiempos para decidir sobre la cuestión.

Argentina presentó ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos para que defina la suspensión de la entrega del 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF.

Con la respuesta formal, el Gobierno tiene como objetivo suspender de forma definitiva y sin condiciones el fallo de primera instancia que en 2023 firmó la Jueza, Loretta Preska, en el que obliga a pagar una indemnización que supera los U$S16.000 millones.

El Estado argentino elevó sus escritos de réplica en respuesta a los presentados por los demandantes el pasado 17 de julio, en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge.

A partir de esta acción, se buscará que el tribunal superior extienda la suspensión de la entrega de acciones de YPF durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.

Actualmente la pausa estipulada para cumplir el dictamen se limita al lapso que dure las actuales presentaciones de las partes.

Este cambio de posicionamiento de los beneficiarios del juicio por la expropiación de YPF, que obliga a Argentina a pagar U$S16.100 millones, se da tras el apoyo legal del Gobierno estadounidense a la posición argentina mediante un amicus.

Argumentos de Argentina en la apelación por el caso YPF

Según pudo saber Ámbito, en el caso Petersen/Eton Park, la presentación de Argentina destaca los siguientes puntos:

  • Tal como lo ha reconocido el propio Gobierno de los Estados Unidos, la orden de entrega de las acciones de YPF vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero.
  • La orden contradice lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos, ya que las acciones de YPF: se encuentran en territorio argentino, no han sido utilizadas por la República para actividades comerciales en los Estados Unidos, ni han sido empleadas en la actividad comercial que sirve de base a la demanda.
  • La orden también vulnera principios de cortesía internacional, al exigir a la República que incumpla su propia legislación interna.
  • Los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de "disipación" de los activos.
  • Los demandantes tampoco demostraron que la República no sufriría un daño irreparable si la orden no se suspende. La transferencia de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Si las acciones fueran vendidas, el perjuicio sería irreversible, incluso si Argentina resultara finalmente vencedora en la apelación.
  • El interés público se ve claramente favorecido por la suspensión de la medida. La ejecución de la orden afectaría a terceros, incluyendo a YPF, sus accionistas y al pueblo argentino, comprometería las relaciones bilaterales con Estados Unidos y podría generar represalias judiciales contra ese país en el extranjero, tal como advirtió el propio Gobierno estadounidense.

En tanto, en la presentación del caso Bainbridge, el Gobierno sostiene que:

  • La parte actora no logró justificar la necesidad de una garantía. La legislación argentina garantiza por sí misma el mantenimiento del statu quo, ya que, sin aprobación del Congreso, las acciones no pueden ser transferidas.
  • La actora no demostró que sufriría un perjuicio si se suspende la entrega de las acciones.
  • Tampoco acreditó que la República Argentina no enfrentaría un daño irreparable si la orden se ejecuta. La pérdida de las acciones de YPF implicaría un perjuicio irreversible para el país.

Estrategia del Gobierno para evitar el desacato

En caso de que el pedido judicial sea rechazado, la orden de Preska se reactivará, obligando a Argentina a cumplir para no enfrentar el riesgo de desacato que puede conllevar efectos negativos en los mercados internacionales.

La declaración de desacato en Estados Unidos hace referencia a la desobediencia de un fallo judicial y aunque no está previsto para un Estado, puede derivar en una multa y significar otro aliciente negativo que dañe la credibilidad en Argentina de la comunidad global y organismos crediticios, dificultando el acceso a los mercados internacionales.

Estados Unidos intervino en el juicio por YPF y defendió a Argentina en su reclamo para no entregar las acciones

La gestión Trump elevó el amicus curiae a la Cámara de Apelación Nueva York. Argumentó la inmunidad soberana y el daño irreparable que implicaría al país perder el control de la petrolera.

El Gobierno de Estados Unidos se presentó ante la Justicia de ese país para apoyar el reclamo de Argentina para que se suspenda la entrega de acciones de YPF a los beneficiarios del fallo de U$S16.000 millones por la expropiación de la petrolera.

La presentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos se hizo ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York.

Ese tribunal suspendió esta semana de manera temporal el fallo de la Jueza, Loretta Preska, para la inmediata transferencia de acciones, y se espera defina antes de fines de julio si acepta la postura argentina.

En el escrito, el Gobierno de Estados Unidos planteó "su interés en la aplicación correcta de los principios de inmunidad soberana” y que las cuestiones involucradas en el caso "tienen implicancias significativas para la política exterior de Estados Unidos y pueden afectar el tratamiento recíproco de Estados Unidos y sus bienes en las cortes de otras naciones".

Sebastian Maril, de Latam Advisor, resumió los seis argumentos principales del amicus que se elevó al tribunal..

  • Estados Unidos tiene un interés sustancial en las cuestiones planteadas en esta apelación, que involucran cuestiones de política exterior y relaciones internacionales, así como la correcta interpretación del derecho consuetudinario y estatutario federal.
  • El Gobierno presenta este memorando como amicus curiae en apoyo de la solicitud de suspensión de Argentina en espera de la apelación, a fin de permitir una presentación ordenada y una resolución adecuada de estas importantes cuestiones.
  • Los bienes de estados extranjeros gozan de inmunidad absoluta ante la ejecución.
  • No hay indicios de que, al establecer excepciones a los bienes de estados extranjeros limitadas a la inmunidad sobre bienes ubicados en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos haya tenido la intención de eliminar la inmunidad para bienes situados en el extranjero.
  • Argentina argumentó que, sin una suspensión, podría sufrir daños irreparables. Si cumple con las órdenes de cesión y transfiere las acciones de YPF a los acreedores judiciales en Estados Unidos, corre el riesgo de perder permanentemente el control de dicha propiedad, incluso si finalmente gana la apelación.
  • Una suspensión pendiente de la apelación no perjudicará a los demandantes. Argentina ha señalado que conserva sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa.

Los próximos pasos en el juicio de YPF

La presentación del Departamento de Justicia se dio el mismo día en que los beneficiarios de la sentencia por U$S16.000 millones, los fondos Burford y Eton Park, elevaron al tribunal sus argumentos en rechazo a la solicitud argentina de suspender la entrega de acciones mientras se tramita la apelación a ese fallo de Preska.

Ante esa Corte de Apelaciones y para oponerse al pedido argentino se presentó también el fondo Bainbridge, al que la jueza de primera instancia le permitió cobrar una sentencia contra la Argentina de US$95 millones por los bonos en default de 2001 con acciones de YPF.

El proceso ante el tribunal de alzada empezó el tiempo de descuento. Ahora se espera que Argentina presente en esa instancia sus argumentos sobre la importancia de suspender la entrega de acciones mientras se sustancia el proceso.

Ese escrito de los abogados argentinos se espera para el 22 de julio.

Después de eso, la Corte de Apelaciones está en condiciones de aceptar o rechazar el planteo de Argentina.

Si avala el pedido argentino, la orden de Preska quedará sin efecto hasta que se resuelva la apelación contra su sentencia de fondo, que fijó una condena de U$S16.100 millones.

La Cámara todavía no estableció la fecha de audiencia y no se espera una definición de fondo antes de 2026.

En tanto, si el tribunal rechaza el pedido argentino, volverá a regir la orden de entrega de las acciones.

Duro revés para Argentina: la Jueza Preska rechazó el pedido y sigue firme la orden de entregar YPF

La Jueza Loretta Preska rechazó el pedido de Argentina para suspender la sentencia. Sigue vigente la orden para que el país entregue el 51% de YPF en 14 días.

Así lo confirmó el especialista Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.

El Gobierno nacional le había solicitado a Preska un "stay", suspensión temporaria de la sentencia, dado que continuará con sus acciones judiciales en los estrados estadounidenses.

Este lunes Preska rechazó ese pedido y mantiene su decisión de que el país debe entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una sentencia de U$S 16.000 millones a favor de los litigantes.

Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la Jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un "apoyo" del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierte sobre un "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial".

Juicio por YPF: la Jueza Preska anunciará este lunes si acepta la apelación de Argentina

El Gobierno le pidió suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF.

La Jueza de Nueva York, Loretta Preska, decidirá el lunes 14 de julio próximo si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

Así lo informó este jueves por la noche Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.

El jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.

En la presentación, Argentina adelantó que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y principios de cortesía internacional.

Además, puso sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un "apoyo" del Gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierten sobre un "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial".