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Caso Cecilia Strzyzowski: cerraron la investigación y ahora falta el sorteo del juez para el juicio por jurados

El grupo de fiscales concluyó el expediente de más de 8.000 fojas y 352 pruebas. Informaron que el sorteo del juez se realizará entre el viernes 1 y lunes 4 de noviembre en la Oficina de Juicios por Jurados.

La investigación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski concluyó luego de 17 meses y en los próximos días se realizará el sorteo del juez para el juicio por jurados que se llevará a cabo en 2025.

El grupo de fiscales cerró el expediente de más de 8.000 fojas y 352 pruebas.

Luego de que Emerenciano Sena y Marcela Acuña hayan designado al abogado Juan Ignacio Moreno, este martes los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Juan Martín Bogado y Nelia Velázquez sellaron la investigación por el crimen de la joven, caso que conmocionó a Chaco y a todo el país.

"El caso ya había sido elevado a juicio con un requerimiento que se volvió firme hace casi dos meses. Sin embargo, al momento de clausurar la causa para asignarla al juez técnico que dirigirá el juicio por jurados, la familia Sena presentó diversos planteos y se quedó sin abogado defensor. Esto retrasó el trámite, ya que no podemos clausurar el expediente sin la representación legal adecuada", explicó el Fiscal Jorge Cáceres.

Por el femicidio están acusados su expareja, César Sena, quien está imputado por ser autor material del asesinato, mientras que el matrimonio piquetero como partícipes primarios, algo que podría modificarse tras un pedido de la querella Gustavo Briend.

A su vez, están involucrados como encubridores Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso.

Desde el medio El Norte informaron que el sorteo del juez se realizará entre el viernes 1 y lunes 4 de noviembre en la Oficina de Juicios por Jurados.

Aunque por el momento no hay fecha definitoria sobre el comienzo del debate, se estima que el mismo se llevará a cabo a mediados de 2025.

Fiscalía pidió que L-Gante sea condenado a 7 años de prisión por amenazas agravadas y daños

"En vez de recurrir a la Justicia, intentó resolver las cosas a su modo, y su modo está fuera de la ley", concluyeron en el alegato. La defensa adelantó que irá por la absolución.

Después de cuatro audiencias y la declaración de varios testigos, se celebra un día clave en el juicio contra Elian Valenzuela, conocido como L-Gante.

La Fiscalía pidió que el cantante sea condenado a 7 años de prisión por tres hechos: amenezas, amenazas agravadas y daños.

Este viernes, la querella, Fiscalía y la defensa darán sus alegatos de cierre, antes de que finalmente se conozca el veredicto.

A lo largo de las distintas audiencias, declararon ante el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes varias personas que aportaron versiones diferentes sobre los tres hechos por los que el cantante llegó a juicio.

El músico está imputado por "amenazas, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado".

Elisa Carrió le ganó un juicio a Aníbal Fernández tras acusarlo de narco

Se trata de una causa que duró más de 12 años y que terminó con una derrota para el exministro.

Elisa Carrió ganó el juicio que le había iniciado Aníbal Fernández por haberlo acusado de estar vinculado al narcotráfico, tras lo cual el exministro había argumentado que sufrió "una desacreditación pública".

"Aníbal Fernández se encuentra ligado con las mafias del narcotráfico" o "grupos mafiosos ligados al narcotráfico solventan los gastos de los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires", fueron las declaraciones de Carrió que Fernández llevó a los tribunales, pero los magistrados argumentaron que debía aplicarse la "inmunidad de expresión" que tenía Carrió como diputada al momento de la denuncia.

La causa duró más de 12 años y terminó con la derrota para Fernández, quien además deberá pagar las costas del proceso.

Caso Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena y Marcela Acuña no irán a juicio como coautores del femicidio

Ambos miembros del clan Sena fueron imputados como partícipes necesarios.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña finalmente no irán a juicio en carácter de coautores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia dictaminara que sean imputados como partícipes necesarios.

Así lo indicaron los miembros del Equipo Fiscal Especial Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez en declaraciones a la prensa local.

En tanto, su hijo César Sena, pareja de la víctima, será juzgado como presunto autor material del crimen.

Por el caso, se encuentran tras las rejas otras cuatro personas por el delito de encubrimiento; Griselda Reinoso, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Gustavo Obregón.

En abril de este año, el Juez de Garantías N°2 Héctor Horacio Sandoval había determinado que Acuña y Sena sean juzgados como partícipes necesarios.

El Tribunal, integrado por Héctor Geijo, Vanesa Fonteina y Daniela Meiriño, rechazó los planteos de las querellas y resolvieron que ambos vayan a juicio imputados por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipe primario".

De este modo, los líderes piqueteros llegarán a las audiencias del debate penal bajo esta configuración delictiva que los involucra de forma decisiva en el femicidio de Cecilia y podrían ser sentenciados a prisión perpetua.

Cristina Kirchner declaró en el juicio por el intento de magnicidio

La expresidenta asistió este miércoles al juicio oral para brindar su versión de los hechos.

La expresidenta, Cristina Kirchner, declaró este miércoles desde las 9.30 en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato en su contra en 2022 y que tiene como principal acusado a Fernando Sabag Montiel.

El juicio comenzó el pasado 26 de junio y tiene como principales acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, quienes tuvieron distintos roles en el intento de magnicidio llevado a cabo el 1 de septiembre de 2022.

Juicio por YPF: el fondo buitre ahora quiere embargar activos de Aerolíneas, BCRA y Banco Nación

Lo informó el Financial Times. Los abogados de Argentina niegan que se pueda hacer.

El fondo buitre Burford Capital pretende embargar activos de Aerolíneas Argentinas para tratar de cobrar el fallo judicial a favor por US$ 16.000 millones, en el juicio por la estatización de YPF, informó el Financial Times.

Incluso, el medio británico señala que también pretendería ir sobre activos de Arsat y Enarsa, y el Banco Nación, por considerarlos "alter egos" del Estado argentino, aunque los abogados de Argentina niegan que puedan hacerlo.

Burford, que tiene a su favor un fallo judicial a su favor de US$ 16.000 millones de la Jueza neoyorquina Loretta Preska en un juicio por la expropiación de YPF encabezada en 2012 por el entonces Ministro de Economía del Gobierno de Cristina Kirchner, Axel Kicillof.

Financial Times señala que con el argumento legal del "alter ego", esto es, que empresas como Aerolíneas e YPF y organismos como el Banco Central y Arsat, y también el Banco Nación, son en realidad prolongaciones del Estado argentino, el acusado en el juicio, y por lo tanto sus activos en el exterior podrían ser sujetos de embargo a favor del litigante, Burford Capital.

La nota, con información de Nueva York y Buenos Aires, dice que Burford se embarcó en un "largo viaje" para hacerle pagar a la Argentina y recuerda que un caso similar, el del fondo buitre Elliott, duró quince años, e incluyó la retención por más de dos meses de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana y finalmente se llegó a un arreglo durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Esta vez, dice el medio, el caso incluye presentaciones legales en la que los abogados del litigante acusan a los de Argentina de "procedimientos descarados" para frustrar los esfuerzos de "recupero" de Burford.

"El actual Presidente libertario, Javier Milei, está en el extremo ideológico opuesto al de la administración izquierdista de Cristina Fernández de Kirchner", dice la nota del Financial.

A su vez, agrega, Milei ha dicho que quiere reprivatizar YPF y otras compañías estatales y ha señalado su voluntad de pago si la apelación en curso no tiene éxito, pero la disputa entre Argentina y Burford, dice, es más contenciosa que nunca, según revelan los papeles del juicio.

Esos papeles, señala, también permiten un vistazo a las "dramáticas movidas" que pueden seguir, con los abogados litigantes buscando permiso judicial para examinar grandes porciones del Estado argentino, desde su aerolínea de bandera y su principal banco comercial, esto es, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, ambas con activos en los EEUU.

Según los abogados de Burford, esas empresas están llenas de llenas de nombramientos políticos de personal no calificado y son "alter egos de la República", lo que significa legalmente no solo que son propiedad, sino también que son controladas por el estado argentino e "indistinguibles de él".

Una determinación judicial de ese tipo teóricamente facilitaría a la toma de activos por parte de los acreedores.

El medio señala también que "gente cercana a la administración argentino confían en ganar una apelación, y que los acreedores están en una expedición de pesca cuyo objetivo es avergonzar al país, y que no hay activos sustanciales" de Argentina en jurisdicción de EEUU.

En su presentación a las cortes, los abogados de Argentina han negado que los organismos en cuestión sean "alter egos" y que fallos previos de la justicia de EEUU han apoyado el argumento de que son "operacionalmente separados del Estado".

Los abogados de Burford han pedido a la justicia de EEUU permiso para examinar cuán "estrechamente relacionados" están algunas compañías con el Estado.

Y cita allí a la propia YPF, objeto original del juicio, que tiene un valor de mercado de USD 10.700 millones y el Estado argentino es dueño del 51%.

También argumentan que gobiernos previos han usado YPF para designar amigos políticos y para fijar el precio local de los combustibles, lo que evidenciaría que "es un brazo del Estado", por lo que pidieron que la Justicia le ordene a la República transferirles sus acciones en YPF.

La empresa, recuerda la nota, tiene activos petroleros y gasíferos valiosos, incluida la formación Vaca Muerta.

Los activos de YPF más fáciles de alcanzar por parte de los acreedores, señala Sebastián Maril, de Latam Advisors, un experto argentino en el caso, serían los bonos corporativos de YPF, que en algunos casos están garantizados por las exportaciones de petróleo de la compañía.

El precio de esos bonos "colapsaría" si YPF fuera considerada "alter ego" del Estado argentino, incluso si los litigantes no pudieran hacerse de ellos.

La intención de los demandantes es forzar a Argentina a negociar, pero el medio cita que "gente cercana a Argentina sostiene que ninguno de esos activos estaría al alcance de los acreedores" y que las acciones de YPF son "absolutamente inmunes" a un embargo.

Además dijeron que no ninguna negociación en curso con los litigantes mientras sigue el juicio.

Para Maril, esa postura es un "gran error y costosa decisión. La historia nos lo dice".

En cuanto al BCRA, los abogados dicen que es usado como "un instrumento del Estado y que el propio Milei prometió repetidamente cerrarlo, lo que vendría a demostrar que también en ese caso el Estado argentino está a cargo de la entidad".

Expertos consultados por el Financial Times notaron al respecto que las reservas de los bancos centrales, de las que el BCRA tiene pocas, disfrutan de una "fuerte inmunidad contra embargos en la mayoría de las jurisdicciones, incluido EEUU", aunque por otra parte cita la decisión anunciada por el Ministro de Economía, Luis Caputo, de enviar al exterior, a un lugar no identificado, una parte de las USD 4.700 millones en oro propiedad del BCRA, para "generar retornos".

Los otros activos a los que apunta Burford son Aerolíneas Argentinas, que Milei intentó pero no logró el visto bueno del Congreso para privatizarla.

La compañía aérea, precisa la nota, controla el 60% del mercado local de vuelos y tiene una flota de 84 aviones, pero la mayoría son por medio de "leasing". También en este caso, los litigantes señalan que Aerolíneas ha estado llena de "nombramientos políticos, que han sido acusados por falta de experiencia y pobre manejo" del negocio aéreo.

Los otros activos apuntados por Burford son Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones, proveedora de infraestructura de telefonía móvil e internet, Enarsa, enfocada en la importación y distribución de energía y la construcción de infraestructura, y el Banco Nación, el más grande minorista de Argentina, con sucursales en Nueva York y Miami.

Todas esas compañías, concluye el artículo, son objetivos de privatización del Gobierno de Milei.

Cristina Kirchner declarará el 14 de agosto en el juicio por el intento de magnicidio

El proceso tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de La banda de los copitos.

La expresidenta Cristina Kirchner declarará el miércoles 14 de agosto en el juicio sobre el intento de magnicidio que sufriera el 1 de septiembre de 2022.

El juicio por el intento de asesinato comenzó el 26 de junio último en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de La banda de los copitos.

Con distintos roles, los tres están acusados por el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner era vicepresidenta de Alberto Fernández.

Entre de las declaraciones de Sabag Montiel, que en un principio se mostró con un cartel que decía "me tienen secuestrado", explicó sus motivaciones para llevar adelante el hecho: "Yo soy apolítico, el incentivo por el cual cometí el atentado no es por tener una posición en las antípodas del kirchnerismo. Fue con un fin personal y no para beneficiar a ningún sector político".

Y agregó que "la doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad".

Luego, continuó señalando que "con Brenda Uliarte nunca compartimos la decisión de perpetrar el atentado. Yo la quería matar a Cristina y Brenda quería que muera. Pero yo nunca le planteé o le ordené a que lo haga, ni le di el arma diciéndole hacelo vos. Ella quería ser una espectadora del momento más que una partícipe".

"El día del atentado le apunté a la cara. Yo gatillé una vez, no dos, y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado", señaló el sujeto que gatilló contra la expresidenta.

También se encargó de dejar en claro que el atentado fue "un acto de justicia, no traté de favorecerme económicamente. Tiene una connotación más profunda y más comprometida con el bien social que otra cosa".

Inició el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo son los acusados por el intento de asesinato contra la entonces vicepresidenta. Qué rol se le acusa a cada uno de los imputados.

Este miércoles comenzó el juicio por el intento de asesinato de la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Este proceso judicial ha captado la atención del país no solo por la gravedad del caso, sino también por la impresionante cantidad de testigos que han sido citados a declarar.

En un esfuerzo por esclarecer los hechos del 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel intentó disparar contra Cristina Kirchner en la puerta de su residencia, el Tribunal Oral Federal 6 ha convocado a casi 300 testigos. Este extenso listado incluye a figuras políticas, personal de seguridad, personas del entorno de los acusados y expertos en diversas áreas.

Entre los citados a declarar se encuentran la propia Cristina Kirchner, quien también es querellante en la causa, y miembros de su equipo de seguridad que estuvieron presentes durante el intento de magnicidio. La lista también abarca a expertos forenses, analistas de inteligencia y testigos presenciales que pueden aportar detalles cruciales sobre los eventos y las motivaciones detrás del ataque.

Los principales acusados, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, enfrentan cargos graves que incluyen tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

Sabag Montiel, quien intentó disparar a quemarropa contra Kirchner, es considerado el autor material del ataque. Uliarte, su novia, y Carrizo, líder del grupo de vendedores de copos de azúcar conocidos como la Banda de los Copitos, son acusados de ser cómplices activos en la planificación y ejecución del atentado.

La Banda de los Copitos utilizaba su negocio de venta de copos de azúcar como una pantalla mientras vigilaban la residencia de Kirchner, integrándose en las concentraciones de apoyo a la vicepresidenta. Este grupo es objeto de minucioso escrutinio durante el juicio, con testigos clave proporcionando información sobre sus actividades y conexiones.

Un juicio extenso y detallado

Debido a la cantidad de testigos y la complejidad del caso, se espera que el juicio se extienda entre seis meses y un año. Las audiencias se llevarán a cabo cada miércoles en los tribunales de Retiro, bajo la supervisión de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

La Fiscal, Gabriela Baigún, liderará la acusación, respaldada por los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. Las defensas de los acusados argumentan diversas estrategias, desde la incapacidad mental de Sabag Montiel para enfrentar el juicio hasta la alegada falta de conocimiento de Carrizo sobre el plan de asesinato.

Pettovello pidió ser querellante en la causa contra referentes piqueteros por presunta extorsión

La ministra de Capital Humano le solicitó al Juez, Sebastián Casanello, intervenir en la causa en "carácter de codenunciante". Patricia Bullrich ya fue rechazada.

El Gobierno nacional insiste con ser querellante en la causa que investiga a dirigentes sociales acusados de posibles extorsiones para que manifestantes concurran a diferentes protestas.

Luego de que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fuera rechazada como querellante por el juez Sebastián Casanello, la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, hizo una presentación con el mismo objetivo.

"Este Ministerio de Capital Humano resulta a todas luces legitimado para actuar como parte en autos atento a la naturaleza de las cuestiones ventiladas en el caso, del fraude fiscal e incluso por el carácter de codenunciante de los delitos que se investigan en el marco de las causas que integran la litis", dijo la presentación de Capital Humano que transcendió este jueves.

El Juez Casanello está analizando si, esta vez, acepta al Gobierno nacional como parte de la causa teniendo en cuenta que del Ministerio de Capital Humano parten los fondos que podrían haber sido malversados por dirigentes sociales.

En la resolución que rechazó al Ministerio de Seguridad, Casanello explicó que "los bienes jurídicos tutelados y los efectos de las conductas imputadas demuestran que la ministra no puede asumirse, en términos legales, como particularmente ofendida. Tampoco debe perderse de vista que no resulta suficiente alegar que aquí se investigan hechos ‘que causan graves perjuicios a la Nación en su conjunto’, pues ello por sí solo no la habilita a querellar".

Juicio por YPF: el fondo Burford pidió a su nombre el 51% de las acciones argentinas

El pedido se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país abonar US$ 16.100 millones.

El fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loreta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012.

El pedido se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país abonar US$ 16.100 millones.

El fondo Burford Capital le pidió a la Jueza de Nueva York Loreta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012.

El pedido se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país abonar US$ 16.100 millones.

El fondo Burford Capital pidió la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012.

Burford adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi, que estaría asociada en un 30% del cobro si la justicia falla a favor del fondo.

El fondo quiere a su nombre todas las acciones que el Estado argentino tiene en YPF.

La demanda que ya lleva más de 9 años de trámite, y está en proceso de apelación, llegó después de que la jueza Preska fallara en contra del país y lo encontrara culpable de expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidente.

Burford había solicitado días atrás quedarse con el paquete accionario, en un pedido secreto. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió esta tarde.

Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias.

"En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio", dijo Maril.

La ley de Expropiación dice que "se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros", indicó el experto.

Consideró que esto ocurre porque Argentina "no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo".

"Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones. Ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el Juez Thomas Griesa, hace casi 10 años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido", indicó.