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Comenzó el juicio por el Caso Skanska y Julio De Vido está en el banquillo de los acusados

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Se trata de uno de los primeros casos de corrupción relacionado al kirchnerismo. De Vido, José López y otros 29 acusados comenzaron a ser juzgados.

El Tribunal Oral Federal 4 comenzó este lunes el juicio oral y público 19 años después del caso Skanska, el cual marcó los inicios del kirchnerismo, por la adjudicación de gasoductos en Argentina.

El entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Obras Públicas, José López, son los principales acusados. Él primero de ellos asistió a la sala AMIA de Comodoro Py para presenciar en persona el juicio en tanto que el segundo lo hizo vía plataforma virtual por problemas de salud que adujo su defensa.

Según la Justicia, hubo cobro de sobornos para la concesión de la obra y la construcción de los gasoductos Norte y Sur por unos $13.000.000 en aquel momento.

De cara al juicio y como instrucción suplementaria, el Tribunal ya pidió al actual Ministerio de Obras Públicas el listado de ingresos y egresos al edificio entre el 1 de noviembre de 2004 y el 1 de mayo de 2006, para develar la trama de los sobornos que presuntamente se pagaron.

La causa Skanska fue el primer gran caso de corrupción que puso en jaque al kirchnerismo y hasta se descubrió que existieron usinas de las cuales las empresas se proveían de facturas truchas para justificar una serie de erogaciones. Por eso la causa inicialmente también era investigada por un juez del fuero penal económico.

Entre las idas y vueltas, la Cámara Federal había archivado el expediente que supo estar en manos del fallecido Juez, Norberto Oyarbide, al desconocer la grabación de un directivo de Skanska que reconoció el pago de sobornos a funcionarios.

En ese primer tramo fueron sobreseídos el ex secretario de Energía Daniel Cameron y el exinterventor de Enargas Fulvio Madaro.

Fue la Corte Suprema la que validó la grabación hecha por Javier Azcarate y a partir de ahí se reactivó la denuncia que apuntó a De Vido, López y otros. Según la investigación, entre 2004 y 2006 De Vido recibió sobornos a cambio de direccionar la obra a favor de la multinacional sueca.

La denuncia se hizo en 2006 y la realizó el entonces diputado de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, por supuestas irregularidades en el proyecto de ampliación de gas en 2005.

A lo largo de los años, muchos de los acusados fueron favorecidos por un cierre parcial de la causa de la mano de la Cámara Federal que sobreseyó al exsecretario de Energía, Daniel Cámeron, y al exinterventor del Enargas, Fulvio Madaro, entre otros.

"La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento. A su vez, los sobornos que se pagaron, de acuerdo al egreso que se acreditó de la firma Skanska, rondarían los $14.000.000", dijo el Juez Sebastián Casanello al elevar el caso a juicio en 2019.

"Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional", concluyó.

Caso YPF: el juzgado dijo que debe "corregir los incumplimientos" de Argentina

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Fue en respuesta a una apelación de los beneficiarios por el fallo que obliga al país a pagar U$S16.500 millones.

El Juzgado del distrito Sur de Nueva York, donde se tramita el juicio por YPF, falló a favor de los beneficiarios y aseguró que debe "corregir los incumplimientos" en los que recayó Argentina.

"Este tribunal debe hacer cumplir las promesas y corregir sus claros incumplimientos contractuales", dijo el fallo que publicó en su cuenta de X el especialista Sebastián Maril.

Los ganadores del juicio habían presentado su respuesta a la apelación de Argentina y apelaron el fallo que liberó a la petrolera de cualquier responsabilidad de la expropiación por parte del Estado argentino.

"Siempre es apropiado exigir a las partes que cumplan promesas contractuales, pero cuando se trata de gobiernos extranjeros y mercados financieros internacionales, es absolutamente esencial", señaló el fallo divulgado.

"Las promesas de la República Argentina no fueron comentarios improvisados o acuerdos informales. Fueron compromisos inusuales, y excepcionalmente claros, necesarios para brindar tranquilidad a los posibles inversores y permitir que una nación extranjera con un pasado económico conflictivo acceda a los mercados financieros de los Estados Unidos y recaude miles de millones de dólares privatizando YPF", señaló en otra parte del fallo reproducido por Maril.

El escrito indicó que "si esas promesas pueden ser ignoradas impunemente, los demandantes serán perjudicados a corto plazo, pero todos, tanto los inversores como los gobiernos extranjeros, perderán a largo plazo".

Juicio por YPF: advirtieron que cada día sin pagar cuesta U$S2.500.000 en intereses

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Se sumaron al fallo que ordenó a Argentina pagarle U$S1.600 millones a un fondo buitre.

Cada día que la Argentina no paga el millonario juicio de U$S16.000 millones por la estatización de la petrolera YPF tiene un costo de U$S2.500 millones en concepto de intereses.

Es el monto aplicado por la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, según indicó el especialista Sebastián Maril, Director regional de Latam Advisors.

Desde septiembre de 2023, el momento en que se emitió el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que condenó a Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital, titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park, los intereses acumularon unos U$S414.000.000.

Para acelerar la situación, Preska convocó a los representantes de Argentina y a los beneficiarios del caso de la expropiación a una audiencia telefónica que se realizará el 18 de marzo, con el fin de destrabar el proceso de descubrimiento de activos embargables del Estado.

El bufete Burford, que compró los derechos de litigio tras la quiebra de las empresas Petersen, de la familia Eskenazi, puso en una lista de presuntos activos embargables a las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina, el Banco Nación y hasta el swap con China.

También los abogados demandantes quieren conocer cada movimiento de dinero del Banco Central al exterior. Esa aspiración es para tener una garantía por si el Estado continúa sin pagar.

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del país, había argumentado en febrero que Estados Unidos no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas argentinas.

Argentina apeló el fallo en contra y ahora apuesta a la "hermandad" de países latinoamericanos. En ese sentido, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador se presentaron como "amicus curiae" para defender el argumento soberano: que las decisiones de los Estados no son judicializables en tribunales extranjeros.

El país expropió en 2012 el 51% de las acciones de YPF a Repsol y el resto de los accionistas, cuando según el estatuto de la petrolera debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición.

Por eso, Repsol cobró casi U$S9.000 millones entre capital e intereses durante los siguientes años, mientras que Petersen Energía y Petersen Energía Inversora se declararon en quiebra en España, luego de no poder pagar los préstamos a los bancos internacionales que financiaron la entrada de los Eskenazi a YPF en 2008.

Los "expertos en mercados regulados" llegaron de la mano de Néstor Kirchner como una "argentinización" de parte de la petrolera y pagaron la compra con las ganancias que fueron retirando año a año, dinero que no reinvirtieron en la empresa y llevó a que en 2011 Argentina entrara en déficit comercial energético, uno de los principales motivos de la instauración del cepo al dólar.

Juicio por YPF: Argentina recibió el apoyo de Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador para no pagar US$16.000 millones

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Las naciones de la región se presentaron en Estados Unidos como amicus curiae del país en la apelación que se dio luego de fallo adverso de la Jueza Loretta Preska.

Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador se presentaron como amicus curiae en la Corte de Apelaciones de Manhattan, en Estados Unidos, para que Argentina no sea condenada a pagar US$16.000 millones por la causa que investiga la expropiación de la petrolera YPF en 2012, durante la Presidencia de Cristina Kirchner.

"Las naciones soberanas tienen interés en este caso porque el fallo del Tribunal de Distrito, si se permite que se mantenga, interferirá con las expectativas futuras del país", reza un fragmento publicado por el diario Financial Times respecto de los escritos que presentaron los países sudamericanos.

En ese sentido, consideraron que el fallo de primera instancia de la Jueza Loretta Presta "amenaza con perturbar las relaciones comerciales con otros países soberanos, y sus residentes corporativos y Estados Unidos".

Estos cuatro países sostienen que el tribunal estadounidense intercedió en un asunto doméstico, puntualmente en una empresa que se encuentra en Argentina, regida por estatutos y leyes locales.

Preska en su fallo explicó que YFP cotiza en Wall Street y las empresa accionistas fueron los que hicieron la demanda por verse perjudicadas tras la expropiación.

Según compartió el mismo medio, en el escrito, Brasil y Uruguay remarcan que "los pueblos de la región no deberían verse obligados a soportar las consecuencias económicas de una sentencia que flagrantemente aplica mal la ley vigente, y fue dictada por un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción".

A su turno, citan que Chile y Ecuador hicieron hincapié sobre el peligro de estas sentencias "cada vez mayores y más amplias por parte de tribunales estadounidenses". De ese modo, advirtieron que ello podría impactar de manera negativa en la participación de empresas de la región en Wall Street.

Por otro lado, en la corte de Estados Unidos también hicieron sus presentaciones algunas provincias productoras de hidrocarburos como Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, Jujuy, Formosa, Mendoza, Salta, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego; el Colegio Público de abogados de CABA y exjueces argentinos.

Nuevo revés judicial para Alperovich: confirmaron el rechazo a un juicio por jurados

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Actualmente afronta un juicio oral por presunto abuso sexual contra una sobrina y empleada.

El exgobernador de Tucumán, José Alperovich, quien actualmente afronta un juicio oral por presunto abuso sexual contra una sobrina y exempleada, sufrió un nuevo revés judicial en el marco de esa causa, en la que pretendía que lo juzgara un tribunal popular.

La Cámara de Casación porteña declaró "inadmisible" un planteo de su defensa, a cargo de los Abogados, Augusto Garrido y Mercedes Rodríguez Goyena, que pretendía que fuera la Corte la que decidiera si debía ser juzgado por un tribunal popular.

Los Jueces, Pablo Jantus y Eugenio Sarrabayouse, recordaron que durante la etapa previa al juicio que atraviesa Alperovich su por entonces Abogado, el Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, había pedido que "se aplique el procedimiento de juicio por jurados previsto en la ley 6.451 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Pero ello le fue rechazado porque el procedimiento rige en los tribunales penales de la Capital Federal pero no en los nacionales, como el número 29, que es el que actualmente lo juzga.

"El traspaso de competencias entre los tribunales nacionales y los locales aún se encuentra en proceso, y ello depende únicamente del poder legislativo de cada jurisdicción y en modo alguno podría ser suplido por la intervención de los órganos jurisdiccionales", replicó la Casación porteña.

La defensa de Alperovich, añade el fallo, "reedita argumentos ya analizados en oportunidad de declarar inadmisible su recurso de casación e insiste con su pretensión de que las facultades jurisdiccionales se impongan por sobre la voluntad republicana de los procesos políticos".

Alperovich tiene aún la posibilidad de recurrir ante la Corte mediante un recurso directo o de "queja", que no interrumpirá la continuidad del juicio al que está siendo sometido.

Juicio contra Alperovich: se conoció en qué ocasiones abusó sexualmente de su sobrina

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La información surge de la lectura de acusación de Fiscalía por 9 hechos de abuso sexual, 6 de los cuales son calificados como agravados por acceso carnal.

José Alperovich, exsenador peronista por Tucumán y tres veces gobernador de esa provincia, abusó sexualmente de su sobrina, quien trabajaba para él.

Las atrocidades ocurrieron al menos en nueve oportunidades: tres de los hechos sucedieron cuando retornada de actos de campaña en su provincia, durante su lanzamiento como candidato a gobernador, que según la denunciante, abusó sexualmente de ella, incluso cuando él iba manejando y realizó varios tocamientos sobre su sobrina.

La acusación fue leída por la Secretaria del Tribunal Oral Criminal 29 en el inicio del juicio del que el justicialista Alperovich puede recibir hasta 15 años de prisión.

El primer hecho, de los nueve, sucedió en Buenos Aires, en uno de los dos departamentos que Alperovich tenía en Puerto Madero. Fue el 14 de diciembre de 2018.

La joven, nombrada como F. L., comenzó a trabajar en la función pública de Tucumán en 2011, y seis años más tarde como asistente y secretaria del entonces Senador Alperovich.

El segundo hecho ocurrió también en Puerto Madero, el 27 de diciembre de 2017, en el departamento del depravado dirigente del PJ.

El 9 de febrero de 2018, Alperovich volvía con su sobrina de un acto de campaña en la localidad de San Pedro de Colalao, y allí intentó abusarla. Lo mismo sucedió al día siguiente, cuando volvían de Simoca y el 12 de ese mismo mes.

Los hechos más graves ocurrieron durante el mes de marzo de 2018, en la casa que Alperovich tenía en la localidad de Yerba Buena, cuando cometió en cuatro días distintos hechos calificados como de abuso sexual con acceso carnal. La joven renunció el 24 de mayo de 2019.

Son los 9 hechos por los cuales se lo acusa al exgobernador tucumano, Alperovich, en el inicio del juicio en el que se calcula que declararán al menos unos 80 testigos.

Juicio por YPF: la Jueza Preska confirmó que desde hoy se pueden embargar activos argentinos en Estados Unidos

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La jueza del distrito sur de Nueva York confirmó como 10 de enero la fecha para comenzar a trabar embargos de los demandantes.

Llegó la noticia que el Gobierno no esperaba. La Jueza Loretta Preska confirmó el 10 de enero como fecha para que Argentina presente garantías y de esta manera evite embargos durante la apelación del fallo por la expropiación de YPF.

Con esta decisión, y como no se han presentado avales, desde hoy, jueves 11 de enero, los demandantes, podrán comenzar con los pedidos de embargos de activos ubicados en los EEUU y en el resto del mundo. Los demandantes son los fondos Burford Capital y Eton Park.

El Estado argentino fue obligado a pagar una indemnización de US$16.100 millones en septiembre pasado por la sentencia en contra por el juicio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, y tenía plazo hasta este miércoles para presentar avales de garantía y evitar embargos durante el proceso de apelación.

De esta forma, como los avales no han sido presentados y con este fallo el aplazamiento de la fecha negado, el Estado argentino corre el riesgo de recibir embargos en sus bienes y activos, como ya le ha ocurrido tiempo atrás en el juicio con los fondos buitres tras la salida de la convertibilidad.

En esa oportunidad, retuvieron 77 días en Ghana a la Fragata Libertad y para que no retengan el Tango 01, el avión presidencial, muchos vuelos se hicieron en aviones privados cuando las autoridades viajaban al exterior.

El CEO de Latin Advisors y especialista en el caso, Sebastian Maril, comentó en su cuenta de X parte del fallo de la jueza donde responde a parte de las razones que invocaba el país para lograr un nuevo aplazamiento de la fecha.

"La Jueza Preska le está diciendo al Gobierno argentino que se simpatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país, pero también le recomienda que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de YPF", sostuvo.

Ahora el Estado argentino, que es representado en la causa por el estudio Sullivan & Cromwell, tiene la posibilidad de continuar con el proceso de apelación del fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Para ello deberá presentar el 22 de febrero el escrito con los argumentos por los cuales los jueces de segunda instancia deberían darle lugar y revisar la sentencia de Preska.

YPF: jueza de Nueva York define si extiende plazo para evitar embargos de activos argentinos

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Es por la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar una indemnización de US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera.

La Jueza de Nueva York Loretta Preska debe definir este miércoles si extiende el plazo de suspensión provisional de la ejecución de la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar una indemnización de US$16.100 millones por la expropiación de YPF.

La magistrada pidió al Estado que deposite el 26% de las acciones de la petrolera como garantía, caso contrario, los activos argentinos en Estados Unidos podrían ser embargados.

Es que Argentina perdió en primera instancia el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que se concretó en 2012; la demanda fue impulsada por los fondos buitre Burford Capital y Eton Park.

Preska le había concedido al Gobierno argentino una extensión del plazo para evitar embargos hasta este miércoles, pero los fondos metieron presión en los últimos días para que se cumpla la sentencia.

Dixit de abogado Burford y Eton Park

"A pesar de las declaraciones bienvenidas y optimistas del nuevo presidente de la Argentina, los abogados del Estado argentino han dejado en claro que la República no cooperará ni siquiera en cosas básicas, como aceptar la notificación de acciones para reconocer la sentencia en el extranjero, y, por lo tanto, los demandantes siguen convencidos de la probable necesidad de hacer cumplir la sentencia a través del arduo y lento proceso de embargar bienes no inmunes", sostuvo el abogado Randy Mastro, que representa a Burford y Eton Park.

La respuesta argentina fue inmediata, el abogado defensor, Robert Giuffra, aseguró que "los demandantes no han identificado ningún activo de la República en los Estados Unidos sobre el cual puedan embargar o ejecutar adecuadamente".

Por ese motivo, dijo que cualquier acción sería "allanar el camino para el uso indebido y acosador de procedimientos de embargo sin respaldo de la ley y uso despilfarrador de recursos judiciales".

"Incluso si la actual suspensión de la ejecución expira el 10 de enero, no es razonable que los procedimientos de embargo y ejecución comiencen sólo cuatro meses después de la sentencia de este Tribunal. Muchos otros tribunales han considerado razonables plazos mucho más largos incluso sin muchos de los factores convincentes presentes aquí", añadió.

Posición argentina frente a la Jueza Loretta Preska

Giuffra resaltó también que la administración de Javier Milei "está abordando circunstancias económicas terribles, incluida la pobreza generalizada, la renegociación de los servicios de deuda con el FMI, la incapacidad de acceder a los mercados internacionales de capital y una inflación que ahora se acerca al 200%". 

"La administración ha puesto en marcha medidas fiscales y monetarias muy significativas para intentar poner la economía de Argentina en un nuevo rumbo, y está en medio de conversaciones con el FMI con respecto al ajuste de su programa económico", agregó.

Al dictar su sentencia, Preska determinó que la Argentina violó el estatuto de YPF al estatizarla parcialmente, el Estado controla el 51% de la petrolera, con lo cual perjudicó a los accionistas minoritarios. 

Por otra parte, el 22 de febrero, la Argentina tiene que presentar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York un escrito  para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de la jueza neoyorkina.

YPF: Gobierno tiene nuevo plazo para presentar una estrategia por el juicio

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La Corte de Apelaciones de Nueva York le concedió a Argentina una prórroga hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos contra el fallo que condena al país a pagar US$ 16.000 millones. 

El Gobierno de Javier Milei logró obtener un tiempo adicional para presentar la nueva posición y estrategia por el juicio de YPF, en la que Argentina fue condenada a pagar US$16.000 millones, lo que podría significar un cambio radical en la posición que el país venía aplicando hasta el pasado 10 de diciembre, bajo la administración de Alberto Fernández.

La Corte de Apelaciones de Nueva York le concedió a Argentina una prórroga hasta el 22 de febrero, para presentar los primeros argumentos contra el fallo que condena al país a pagar US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF concretada en 2012.

La cita original era para enero, pero los representantes legales de Argentina habían pedido una extensión del plazo, teniendo en cuenta que Milei asumió apenas el pasado 10 de diciembre.

Además, se designó a Andrés de la Cruz como subprocurador para los litigios internacionales, indicaron desde la Procuración a cargo de Rodolfo Barra.

En tanto se define la estrategia legal, Milei en lo que lleva de gestión anticipó su intención de privatizar la petrolera, al tiempo que se expresó sobre los lineamientos de cuál sería una posible solución económica para los demandantes Burford Capital, Petersen y Eton Park.

El pasado martes, Milei sugirió que el Gobierno está evaluando un bono perpetuo para pagar el fallo judicial relacionado con la renacionalización de la petrolera YPF en 2012.

Un bono perpetuo es un tipo de inversión en el que el emisor paga intereses a los inversores de manera indefinida, sin tener una fecha de vencimiento específica.

En los bonos perpetuos, el emisor paga un cupón para siempre y no tienen que pagar al vencimiento.

También se le suelen llamar bonos perpetuos a los que tienen un vencimiento muy largo, como 100 años, y este tipo de bono ya fue emitido una vez en Argentina, precisamente por el Ministro de Economía, Luis Caputo, cuando se desempeñó como ministro de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri.

La sentencia de primera instancia de la Jueza Loretta Preska que condenó a Argentina se conoció el 31 de marzo e 2023, después de que la magistrada aceptara las mociones de los litigantes contra Argentina, que iniciaron la primera demanda hace ya ocho años.

El 8 de septiembre último, Preska precisó los daños e intereses en los reclamos de accionistas minoritarios antes de la nacionalización, Petersen y Eton Park, contra el país, y donde Burford compró los derechos de litigio y se llevará una participación mayoritaria del resultado del juicio.

En dicha sentencia se condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, según se desprende de la fórmula que avaló la jueza a cargo en septiembre último.

Preska también determinó que, mientras se negociaba una solución de buena fe en base a la sentencia, del gobierno debía poner en garantía activos como acciones de YPF, para evitar dar vía libre a la posibilidad de ir tras eventuales embargos de bienes del país en el exterior.

La primera fecha para este paso del proceso era el pasado 5 de diciembre; apenas unos días antes de la asunción del nuevo gobierno; luego se extendió hasta enero y ahora la nueva fecha es el 22 de febrero.

Sobre el juicio por YPF, Milei se expresó: "Aquí tenemos un problema porque no tenemos el dinero, no tenemos $16 mil millones, esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar", dijo el martes último en una entrevista televisiva con La Nación+.

"Lo que vamos a hacer, es una idea en la que estamos trabajando, es crear el impuesto Kicillof, es decir pagar este fondo con un bono perpetuo", agregó el mandatario argentino en referencia al entonces ministro de Economía que gestionó la estatización de YPF, y actual gobernador bonaerense.

No obstante, al Estado aún le quedan varias instancias de apelación, pero ya desde la sentencia comenzaron a correr intereses que acrecentarían el monto mencionado, hasta que se solucione el conflicto.

Por último, en términos netos, Burford tendrá derecho a alrededor del 35% de los ingresos generados del juicio en el caso Petersen, y alrededor del 73% de los ingresos generados en el caso Eton Park, según precisó la compañía.

Caso YPF: la Justicia de EE.UU. rechazó la apelación y Argentina deberá pagar U$S16.000 millones

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La fecha pautada para el cumplimiento del millonario pago es el 10 de enero de2024. Si no se abona, podría desencadenar el pedido de embargos.

La Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de Argentina de prorrogar el plazo para presentar garantías por el caso YPF, por lo que deberá pagar 16.000 millones de dólares el próximo 10 de enero.

De acuerdo con la decisión de la Jueza Loretta Preska, en caso de no cumplir con la fecha pautada, el 11 de enero podría desencadenar el pedido de embargos.

La postergación del millonario pago por la nacionalización de la petrolera YPF S.A en 2012 fue solicitada en una apelación contra la sentencia del 15 de septiembre, ya que consideraban que el mismo generaría graves dificultades para los argentinos.

Entonces, Argentina había pedido una prórroga por 90 días y ahora la magistrada, que está a cargo de la corte del Distrito sur de Manhattan, la rechazó.

La empresa de servicios financieros y profesionales Burford Capital adquirió el derecho en 2015 de reclamar por el pago de Argentina. Por lo tanto, si no se cumple la entrega millonaria podría pedir embargos desde el 11 de enero.

Se trata de un juicio multimillonario en el que el Estado argentino ya fue condenado a pagar 16.000 millones de dólares por "haberse quedado de manera indebida" con la mayoría accionaria de la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Preska determinó que no le otorgará al país una prórroga de 30 días que había solicitado para presentar avales. Así, si el próximo 10 de enero, en 20 días corridos, no se presentan avales por el total del monto en cuestión, el demandante del juicio podría comenzar a pedir embargos contra el Estado.

"Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata", escribió Preska, según destacó en Maril, Ceo de Latin Advisors y especialista en este dilatado juicio.

El juicio lo ganó el estudio inglés Burford Capital, quien a su vez compró el derecho a litigar hace años a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol a quien se le compró su paquete accionario por unos 5.000 millones de dólares. Este año la jueza dijo que ese reclamo era válido y condenó al Estado.

De esta forma, Burford, después de "invertir" algunas decenas de millones dólares en el juicio, se prepara para negociar por muchísimo más.

"No sé si Argentina está en condiciones de presentar activos como aval sin pedirle permiso al Congreso. Y si lo hace parece poco probable que autoricen a este gobierno en medio de este contexto. Tal vez presente un activo para evitar embargos con un DNU que tiene que ser aprobado en 10 días, pero es una hipótesis", dijo Maril.

Consideró que "está claro que lo que pasa ahora no es responsabilidad del Presidente Javier Milei. Todos los candidatos sabían que este tema existe y es grave. Se asesoraron correctamente con economistas, legisladores y especialistas tributarios y laborales, pero no se asesoraron con la demanda externa más importante que tiene el país", indicó.

Argentina tenía dos pedidos de "más tiempo". El que rechazó la jueza por 30 días, por los avales, y otro que le hizo a la Corte de Apelaciones, por 90 días, para interiorizarse más en la causa, del que aún no hubo respuesta. Para esta segunda solicitud, los argumentos de los abogados del Estado local, que por ahora siguen siendo los mismos, el estudio Sullivan & Cromwell, es que el Gobierno necesita familiarizarse con el caso.

"Argentina desea honrar sus obligaciones y buscará dialogar con acreedores", dijo el escrito. Si todo sale como está previsto por el Presidente Milei, el nuevo jefe de los abogados del Estado argentino será Rodolfo Barra, quien fue confirmado como procurador del Tesoro, pero cuyo nombramiento aún no se oficializó.

Barra, quien integro la Corte Suprema y fue ministro de Justicia durante los Gobiernos de Carlos Menem, tiene más de 75 años y el presidente deberá firmar un decreto autorizándolo a ocupar el cargo.

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