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Cúneo Libarona: "Queremos juicios rápidos y en plazos casi matemáticos"

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El futuro ministro de Justicia de Javier Milei dio a conocer su visión reformista y sus planes para la cartera judicial bajo el gobierno libertario. A los 62 años, se enfrenta a un desafío inesperado en su carrera.

El Abogado penalista, Mariano Cúneo Libarona, que ha mantenido contactos previos con el presidente electo, Javier Milei, destaca su complementariedad con el presidente electo: "Él es libertario en lo económico y yo soy libertario en lo jurídico, ya nos complementamos muy bien". Esta alineación ideológica forma la base de su enfoque para transformar la Justicia.

Al analizar el estado actual de la Justicia, Libarona observa: "Pienso que hay muy buenos jueces, pero que los pocos malos jueces han mancillado el honor y la credibilidad de todos".

Esta percepción negativa es un punto central de su plan de reforma, donde buscará dotar a los jueces de más herramientas legales y estructurales para actuar con independencia.

Los tiempos procesales actuales y la sobrecarga de trabajo en los juzgados son preocupaciones destacadas por Libarona: "No son razonables los tiempos que se manejan hoy. Terminan siendo equilibristas, no jueces". Propone, por tanto, agilizar los procesos judiciales y mejorar la asignación de jueces.

En cuanto a las propuestas de reforma, Libarona, declaró en una entrevista con El Cronista que: "Estamos trabajando en muchas reformas. Queremos juicios rápidos y en plazos casi matemáticos".

También mencionó la necesidad de un control más estricto sobre los plazos procesales y la aplicación efectiva del sistema de enjuiciamiento a nivel nacional.

Sobre la judicialización de la política, Libarona señaló: "Yo se lo asigno a la enorme injerencia del poder político en la Justicia y todos sus ámbitos". En respuesta a esto, su enfoque se centrará en asegurar la independencia judicial y evitar la politización de los nombramientos judiciales.

En relación con la Inspección General de Justicia, Libarona tiene planes específicos: "A la Inspección General de Justicia hay que hacerla de nuevo". Su objetivo es mejorar la eficiencia y transparencia de este organismo.

Juicio por YPF: la Justicia de EEUU extendió el plazo para que Argentina deposite la garantía

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La decisión se tomó 2 días después de que el Gobierno pidió reasignar la responsabilidad para que lo defina la administración de Javier Milei.

Hay novedades en el juicio por la expropiación de YPF. La Justicia de Estados Unidos extendió hasta el 10 de enero el plazo para que Argentina deposite la garantía.

La decisión se tomó dos días después de que el Gobierno pidiera reasignar la responsabilidad para que lo defina la administración de Javier Milei.

"Se concede la solicitud de la demandada República Argentina para ampliar el plazo del 5 de diciembre y la suspensión provisional de la ejecución. El tribunal recuerda a la República que, como condición para la suspensión de la ejecución con mínima seguridad, le exigió solicitar una revisión acelerada ante el Tribunal de Apelaciones, no es una cuestión de acuerdo entre las partes", dice el fallo firmado por la Jueza Loretta Preska.

En esa línea, confirma la extensión del plazo: "Para adaptarse a la nueva administración en Argentina, la Corte permitirá hasta el 10 de enero que la República entregue los activos a los Demandantes, como se indica en la orden de la Corte del 21 de noviembre".

Asimismo, también alargaron una semana el plazo, hasta el 30 de enero, para que las autoridades nacionales presenten el escrito de apertura y soliciten la revisión acelerada al Tribunal de Apelaciones: "La suspensión temporal de la ejecución permanecerá en vigor hasta que la República no haya prometido activos a los demandantes antes del 10 o 30 de enero, lo que ocurra primero".

"Una vez que se cumplan ambas condiciones, es decir, pignorar los activos según lo dispuesto en la orden del 21 de noviembre y solicitar un tratamiento acelerado en el Tribunal de Apelaciones de conformidad con el calendario de presentaciones informativas ahora modificado por las partes, a más tardar el 30 de enero de 2024, se concede a la República una nueva suspensión de la ejecución en espera de apelación", cierra el documento que compartió el analista Sebastián Maril y especialista en el caso.

Este fallo responde al pedido que envió el Gobierno hace dos días, en el que buscaba dilatar la responsabilidad hasta que el libertario asuma la Presidencia: “El presidente electo prestará juramento el 10 de diciembre y se espera que la nueva administración nombre nuevos líderes para el gabinete y los ministerios de la República a partir de esa fecha".

"Dada la transición, la República solicita respetuosamente que la decisión provisional de ejecución de la sentencia definitiva vigente hasta el 5 de diciembre y el plazo concurrente del 5 de diciembre para pignorar ciertos activos como condición de una nueva suspensión, se extiendan hasta no antes del 10 de enero", agrega.

En la solicitud enviada, explica: "Los abogados de la República han consultado con los abogados de los demandantes, quienes han dicho que se oponen a cualquier extensión, a menos que la República primero acuerde un cronograma acelerado para la apelación, una de las dos condiciones de suspensión en la orden del tribunal del 21 de noviembre. La República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la orden judicial".

"Acelerar el cronograma de presentación de informes en la apelación sería un desafío porque los demandantes presentaron una apelación cruzada e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, las cuales requerirán información adicional", había señalado el Gobierno.

"Además, la nueva administración ya tendrá un tiempo limitado entre el momento en que asuma el cargo y la fecha límite para el escrito inicial de la República para analizar las complejas cuestiones en apelación y revisar el borrador", expresó.

Juicio por YPF: Argentina no deberá depositar 16.000 millones de dólares, pero entregará activos

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Después del resultado electoral, la Jueza de Nueva York, Loretta Preska decidió acceder al pedido argentino para no entregar esos fondos, pero puso nuevas condiciones y le dio dos semanas para cumplirlas.

Después del resultado de las elecciones presidenciales, hubo novedades en el juicio por la expropiación de YPF. Mientras las acciones de la compañía reaccionaron con fuerza a la victoria de Javier Milei, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, accedió al pedido de Argentina para no depositar 16.000 millones de dólares mientras apela la sentencia, pero a cambio deberá entregar algunos activos para evitar embargos.

"La Jueza Preska accede a pedido argentino de evitar depositar la totalidad del fallo YPF de 16.100 millones de dólares, pero ordena a Argentina a aportar otros activos mencionados por los demandantes (acciones YPF, entre otros) como garantía para evitar embargos", explicó el especialista Sebastián Maril.

También suspendió posibles embargos hasta la totalidad del fallo, pero Argentina debe depositar un monto menor si quiere evitar embargos.

La Jueza de Nueva York manifestó en el escrito que "en lugar de una fianza y como condición para suspender la ejecución, la República dará como garantía a los demandantes su participación accionaria en YPF (es decir, los intereses no destinados a las provincias argentinas), y además sus cuentas por cobrar del proyecto Yacyretá".

Preska, además, fijó una fecha límite para cumplir con lo dispuesto: "Argentina deberá hacerlo a más tardar el 5 de diciembre de 2023. La ejecución de la sentencia definitiva queda suspendida hasta esa fecha, sujeta a una nueva suspensión una vez cumplidas las condiciones aquí ordenadas".

La magistrada estadounidense sentenció: "A la luz de la garantía mínima requerida y para evitar mayores demoras, la Corte exige que Argentina busque rápidamente una revisión acelerada de su apelación como condición para proceder sin garantía total".

Maril remarcó que "el caso es que Argentina tiene hasta el 5 de diciembre para depositar garantía. No lo va a hacer. El Presidente electo Milei asume el 10 de diciembre".

Por eso, el analista recomendó "a los beneficiarios del fallo no comenzar embargos el 5 de diciembre y empezar a dialogar con la o las personas nombradas por el presidente electo 'pronto'. Hay caminos para resolver esto. Hay ganas de dialogar", dijo.

Revocaron el sobreseimiento de L-Gante por tenencia de drogas e irá a juicio en una nueva causa

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Asimismo, quedó ratificada la decisión que había tomado el juez de enviar al cantante a juicio en la causa por amenazas y privación ilegal de la libertad.

El cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, sufrió este martes un nuevo revés judicial, luego de que la Cámara de Apelaciones de Mercedes le revocara el sobreseimiento por tenencia de drogas, por lo que también irá a juicio por esa causa.

Asimismo, quedó ratificada la decisión que había tomado el Juez de Garantías de Moreno, Gabriel Castro, de enviar al cantante a juicio en la causa por amenazas y privación ilegal de la libertad por la que el músico estuvo preso casi un mes.

Como en el fallo los magistrados revocaron el sobreseimiento por el delito de tenencia simple de estupefacientes también será juzgado por ese hecho.

Los camaristas Oscar Reggi y Carlos Risuleo declararon inadmisible el recurso presentado por el abogado defensor de L-Gante, Diego Storto, quien había solicitado el sobreseimiento de su representado en la causa que instruyó el fiscal Raúl Villalba.

El impulsor de la cumbia 420 está imputado por los delitos de "amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas" en perjuicio de Darío Gastón Torres, y de "privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples" respecto a Rosa Catalina Passi.

"Advertimos que los fundamentos expuestos en la apelación reeditan en forma casi textual los formulados en la oposición a la elevación a juicio, la cual se presentó en la instancia de grado con antelación a que el a quo dictara el decisorio que hoy se impugna", remarcaron los jueces.

L-Gante fue liberado el pasado 8 de septiembre tras permanecer casi 100 días detenido en la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes.

La Cámara le revocó el arresto domiciliario y le confirmó la preventiva luego de que el Fiscal Villalba y los abogados de las víctimas apelaron la liberación.

Pero la decisión de los jueces no implicó que el músico debiera volver de inmediato a prisión, ya que la medida fue apelada, algo que aún queda pendiente.

El artista había sido apresado en el country del Banco Provincia de General Rodríguez, en el marco de una serie de allanamientos que se realizaron en sus propiedades, en una causa donde se lo investigó por los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas.

Lo acusaron de amedrentar a punta de pistola a dos empleados municipales, luego de que varios de los integrantes de la banda de amigos denominada La Mafilia fueron demorados tras un altercado con otro grupo a la salida de un boliche.

Tras salir de la cárcel, el músico declaró ante los medios y contó su vivencia tras las rejas. "Estar acá es más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo para pensar de buena manera, y que justicia se haga siempre", señaló junto a Storto y a su manager, Maxi El Brother.

Juicio por YPF: fondos reclaman que Argentina use las acciones de la petrolera como garantía

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Tras el fallo adverso, el país debería depositar una garantía por US$16.100 millones si pretende apelar y no estar sujeta a embargos de bienes. El Estado argumentó que no tiene capacidad financiera ni recursos para hacerlo, pero los demandantes no le creen y sugirieron a la jueza que se usen las acciones de la petrolera.

En un nuevo capítulo del juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, el fondo Burford, que demanda al país, presentó sus argumentos en contra del país y pidió a la Jueza Loretta Preska poder avanzar con los embargos.

Esta vez, el conflicto gira en torno al depósito de las garantías que exige el proceso judicial estadounidense para que la parte que resulte condenada en el juicio pueda apelar la sentencia.

En este caso, Argentina debería depositar una garantía de US$16.100 millones, equivalentes al fallo adverso, para evitar que Burford empiece a embargar bienes mientras se realiza la apelación.

La semana pasada, Argentina le presentó a Preska un escrito donde argumentó que no tiene capacidad financiera ni recursos para depositar la garantía por una sentencia adversa que fue récord para una nación soberana. De todos modos, los abogados del país iniciaron el proceso de apelación.

Ahora, Burford envió su respuesta a la jueza y propuso que Argentina use las propias acciones de YPF como garantía.

Según destacó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue de cerca el juicio, en su cuenta de X, el escrito indica: "El argumento de la república de que la ley y las condiciones económicas argentinas le impiden obtener la sentencia hasta que sea inapelable también es falso. La república tiene activos por valor de miles de millones de dólares, incluidas sus acciones de YPF, que podría depositar como garantía durante la apelación".

Los argumentos que presentó el fondo Burford contra Argentina

A lo largo de su argumentación, los demandantes afirmaron varias veces que el país "tiene una larga historia de eludir sus compromisos" y que no tiene ninguna intención de pagar voluntariamente.

"La república ha pasado muchos años diseñando sus negocios para colocar sus activos fuera del alcance de los acreedores y su moción pone en claro que cobrar el monto de este juicio demandará un esfuerzo doloroso para descubrir activos ejecutables, obtener el reconocimiento de la sentencia en las jurisdicciones donde esos activos están localizados y después litigar contra las objeciones de la república sobre esas ejecuciones", argumentó Burford.

Teniendo en cuenta ese largo proceso, concluyeron que el riesgo de que los demandantes puedan identificar y embargar activos argentinos mientras dura el proceso de apelación es nulo.

En ese sentido, recordaron que otros fondos, como NML, tardaron más de 10 años en conseguir que Argentina les pagara la sentencia y que lo lograron luego de avanzar con los embargos a bienes del país.

"Una cosa está clara, la república no depositará fianza ni otros bienes independientemente de lo que decida la Corte", argumentaron los abogados de Burford en otro pasaje del escrito, en el que consideraron que Argentina no debería tener derecho a una suspensión del pedido de garantías.

"Conceder la moción de la República no sólo contravendría la ley vigente, sino que también privilegiaría injustamente las preocupaciones fabricadas por la república sobre el interés legítimo de los demandantes de iniciar el arduo proceso de reconocimiento y ejecución de la sentencia", dijeron.

Los abogados de Burford aseguraron que Argentina no tiene ninguna intención de abonar el fallo voluntariamente, aún si la apelación le resultara desfavorable. Y destacaron que la condición de estado soberano del país complicará el cobro del fallo y que la moción argentina confirma que ese proceso será "arduo".

El cruce de escritos por la cuestión de la garantía finalizará la semana que viene, ya que Argentina tiene tiempo hasta el 7 de noviembre para enviar su respuesta a esta presentación. Según Maril, la decisión de la Jueza Preska se conocerá alrededor del 15 de noviembre.

El futbolista Sebastián Villa irá a juicio acusado de abuso sexual

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El delantero colombiano de Boca fue denunciado por su ex pareja, Rocío Doldán, en un hecho que habría tenido lugar a mediados del año 2021.

El delantero colombiano de Boca Sebastián Villa irá a juicio oral por abuso sexual ya que la Sala I de la Cámara en lo penal de Lomas de Zamora consideró que son suficientes las pruebas contra el futbolista tras la denuncia de su ex pareja, Rocío Roldán, por un episodio ocurrido a mediados de 2021.

Villa tiene ya una condena a dos años y un mes de prisión por violencia de género de otra ex pareja.

Según la denunciante, Villa estaba agresivo y alcoholizado en la vivienda del country de la localidad bonaerense de Canning, partido de Esteban Echeverría, donde estaban, y en ese contexto fue que la habría forzado a tener relaciones sexuales. No sólo eso, sino que días posteriores, el jugador, según la denuncia, intentó a través de una persona llamada Félix darle 5 mil dólares para que no haga la denuncia.

La denuncia tramitó en Lomas de Zamora y hasta la fiscalía de género a cargo de Vanesa González había pedido su detención, algo que fue rechazado por el juez de Garantías Javier Mafucci Moore.

No obstante ello, el magistrado sí consideró que había pruebas para ir a juicio y eso fue objetado por la defensa.

Ahora, la Cámara en lo penal de Lomas de Zamora confirmó que hay pruebas suficientes para Villa que vaya a juicio oral y público el delantero de Boca.

Los dichos de la denunciante, señaló en el requerimiento de elevación a juicio el Tribunal "se encuentran robustecidos por lo declarado por una de sus amigas, quien fue la persona que se dirigió a la casa de Villa a pedido de la denunciante para que la fuera a buscar".

"Esta última, relató que recibió un mensaje de parte de Rocio, el cual le llamó la atención, ya que no era común en ella mandarle el emoji que ésta le había enviado. En razón de ello, es que se apersonó en la casa de Sebastián", dijo.

Junto con ello, valoró el Tribunal que ese ingreso de la 1.50 horas del 27 de junio del 2021, día en el que sucedió el hecho denunciado, está el ingreso de esa testigo a la casa de Villa, según informó la empresa de seguridad del barrio cerrado.

También otras dos jóvenes concurrieron al lugar y una de ellas de nombre Florencia hasta dijo haber sido violentada por Villa quien estaba alcoholizado. Ésta joven dijo que el jugador le arrancó su ropa interior para forzarla a tener relaciones sexuales pero se zafó.

Además, la denunciante aportó los chats que tuvo ella con Felix, la personas allegada a Villa que se le acercó para darle 5 mil dólares y evitar que hiciera la denuncia.

Por último, el Tribunal valoró que el 28 de junio de ese año, dos días después del suceso, la denunciante fue al hospital por un fuerte dolor vaginal que decía tener. Si bien las dos profesionales que la asistieron en guardia no anotaron signos de abuso sexual.

"Por lo demás se observa que del registro de guardia surge que aquella se presentó en la guardia con dolor vaginal desde el día de ayer por una relación sexual por lo que se le recetaron analgésicos", según la documentación del juzgado.

"Complementan estas constancias el informe de la perito psiquiatra oficial, del que surge que Rocio presenta indicadores de abuso sexual no advirtiéndose indicadores de fabulación o mendacidad como así tampoco de ideación delirante y el informe victimológico en el que se concluye que se observaron en la presunta víctima características presentes en mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales", concluyó.

Villa ya cuenta con una condena de dos años y un mes de prisión por haber ejercido violencia de género contra Daniela Cortes, su pareja en abril del 2020 en otra vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning.

Argentina propuso pagarle 15.100 millones de dólares al estudio que ganó el juicio por YPF

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El país le presentó un escrito a la jueza Loretta Prezka donde plasmó su oferta y es un reconocimiento de la sentencia.

Argentina propuso pagarle U$S15.100.000.000 al buffet de abogados Burford, que obtuvo una sentencia favorable por U$S16.000.000.000 en el juicio en el que se discutió la expropiación de YPF.

El país debía presentarse para evitar que el fallo quedara firme habiéndose negado a dialogar por un acuerdo, con lo cual asumía el riesgo que la sentencia de U$S16.000.000.000 se convierta en un piso que podía incrementarse.

Pero por otra parte, esta presentación es un reconocimiento del fallo de su monto que ahora deberá negociar.

Buford había denunciado que Argentina no quería sentarse a negociar, pero finalmente se conoció la presentación hecha por los abogados que representan al país en Estados Unidos y se abrió una nueva instancia.

De todas formas, debido a las características del juicio aún restan varias etapas procesales hasta que el país deba pagarle a Buford.

La semana pasada la jueza del distrito sur de Manhattan Loretta Preska dictaminó que el Estado argentino, no la compañía, debía resarcir a los demandantes por la forma en que el gobierno de Cristina Fernández, junto a Axel Kicillof, expropió la petrolera en 2012.

En las últimas horas, un artículo del influyente diario Financial Times publicó un artículo bajo el título "Después del fallo la próxima batalla de Burford será lograr que Argentina pague".

De acuerdo al especialista, Sebastián Maril de Latin Advisor, el monto a pagar por Argentina tiene una tasa variable que por estos días es de 5,4%, que obviamente ya están corriendo y obligaron al país a plantear una estrategia para cerrar el caso.

El Estado argentino fue condenado por no cumplir con los estatutos de la compañía, que se alcanzaban un estatus jurídico mayor a las decisiones soberanas por su cotización en la Bolsa de Nueva York.

Si bien la cara visible de los demandantes es el estudio Burford, la sentencia también incluyó al pool judicial Eton Park, cuya participación es menor.

Tras conocerse la decisión de Preska, que llevó al país a sumar deuda por U$S16.000.000.000 Cristina Kirchner y Kicillof, la cuestionaron duramente y volvieron a apelar a la calificación de "buitres" para describir a quienes llevaron adelante el litigio.

Estados Unidos: en marzo comenzará el juicio contra Trump por intentar anular las elecciones

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Será en marzo de 2024, cuando varios estados desde Maine hasta California votarán a sus candidatos. Los sondeos mostraron que Trump aventajó a sus rivales por un amplio margen.

Donald Trump será juzgado en marzo de 2024 por intentar revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, un día antes de que los votantes republicanos de más de una docena de estados de Estados Unidos decidan si le dan la oportunidad de volver a conquistar la Casa Blanca.

La jueza federal Tanya Chutkan fijó para el 4 de marzo la fecha del juicio en Washington, uno de los cuatro procesos penales a los que se enfrenta el expresidente.

Eso es un día antes del "Supermartes", una fecha potencialmente decisiva en la contienda por la nominación presidencial republicana, cuando varios estados desde Maine hasta California votarán a sus candidatos. Los sondeos muestran que Trump aventaja a sus rivales por un amplio margen.

La decisión de Chutkan significa que Trump probablemente tendrá que ser juzgado en al menos tres casos penales distintos mientras hace campaña por la nominación del partido para enfrentarse al Presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2024.

Aún no se ha fijado la fecha del juicio en una cuarta causa penal. También está acusado en tres procesos civiles programados para los próximos seis meses.

Los abogados de Trump habían presionado para fijar la fecha del juicio en abril de 2026, pero Chutkan dijo que no necesitaban tanto tiempo para prepararse.

"El señor Trump tendrá que hacer que la fecha del juicio funcione, independientemente de su agenda", afirmó Chutkan.

Está previsto que Trump sea juzgado en Nueva York el 25 de marzo por cargos de ocultar un pago de dinero a una estrella del porno. Chutkan dijo que consultará con el juez de ese caso para resolver cualquier posible conflicto de calendario.

Un tercer juicio está programado para el 20 de mayo por cargos federales en Florida, alegando que Trump retuvo de manera ilegal archivos clasificados tras abandonar la Casa Blanca e intentó obstruir la Justicia. Todavía no se ha fijado la fecha del juicio por el cuarto caso penal en Georgia.

La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, ha pedido que comience el 4 de marzo, pero la decisión de Chutkan significa que ese calendario probablemente cambiará.

Trump no asistió a la vista del lunes. Anteriormente arremetió contra Chutkan, diciendo sin pruebas que es parcial contra él.

La jueza ha advertido de que Trump debería dejar de publicar en internet declaraciones incendiarias sobre testigos u otras personas implicadas en el caso.

Trump ha retratado los cuatro procesos penales como intentos políticamente motivados para impedir que regrese al poder.

Se ha declarado inocente en tres de esos casos, y debe comparecer ante un tribunal de Georgia el 6 de septiembre para emitir una declaración en el cuarto caso, según una presentación judicial emitida el lunes. Ese caso también se deriva de sus esfuerzos por revertir su derrota en 2020.

En Washington, los abogados de Trump dicen que necesitan tiempo para ordenar las pruebas del gobierno, que suman unos 12.800.000 páginas.

"La libertad y la vida de este hombre están en juego y merece una representación adecuada", dijo el abogado John Lauro.

Los fiscales confirmaron que gran parte de las pruebas consisten en materiales públicos, como declaraciones de Trump y registros del Congreso. El lunes dijeron que habían entregado la mayor parte.

Chutkan afirmó que el equipo legal de Trump ya debería haber empezado con buen pie. "Los abogados del señor Trump sabían que esto se avecinaba desde hace tiempo", señaló.

Estados Unidos: los abogados de Trump pidieron que el juicio en su contra no se celebre hasta 2026

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La defensa presentó la petición a la jueza del caso y justificó su decisión por la gran cantidad de material que la Fiscalía presentó como pruebas.

El equipo legal del Expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este jueves que el juicio en Washington por su presunto intento de revertir los resultados electorales de 2020 no se celebre hasta abril de 2026.

En una petición dirigida a la jueza Tanya Chutkan, responsable del proceso penal que enfrenta el exmandatario en la capital estadounidense, la defensa justificó su decisión por la gran cantidad de material que la Fiscalía presentó como pruebas.

El documento incluyó un gráfico que muestraba la altura que alcanzaría una torre formada por los 11.500.000 papeles presentados por la acusación, los cuales equivalen a algo más de ocho monumentos a Washington, "con casi un millón de páginas de sobra", según los abogados.

El equipo legal aseguró que, de comenzar inmediatamente a leer el material presentado por la Fiscalía, tendrían que leer el equivalente a "Guerra y paz", de Tolstói, "78 veces al día, cada día" para alcanzar la fecha propuesta por el Gobierno para el comienzo de la selección del jurado.

La semana pasada, el fiscal especial encargado del caso, Jack Smith, solicitó que el juicio comience el 2 de enero de 2024, a pocos días del tercer aniversario del asalto al Capitolio de 2021, que Trump está acusado de alentar.

En su petición, la Fiscalía estimó que el juicio "no durará más de cuatro a seis semanas", y consideró que el 2 de enero es una fecha que daría al exmandatario conservador tiempo suficiente para preparar su defensa.

Situación judicial de Trump

Trump está acusado de cuatro cargos relacionados con los intentos para revertir el resultado de las presidenciales de 2020, que perdió frente a Joe Biden: conspiración para defraudar a Estados Unidos conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

No obstante, la situación parece empujar a Trump en su esfuerzo por hacerse con la nominación republicana para competir en las elecciones de 2024, en los que espera volver a enfrentarse a Biden por la Presidencia, y desde hace tiempo el exmandatario domina todas las encuestas de las primarias conservadoras.

Mientras tanto, su equipo legal mantendrá una estrategia de aplazamiento, buscando alargar lo más posible los procesos para llevarlos más allá de los comicios de 2024.

Caso Lucas González: prisión perpetua para 3 de los acusados

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Este martes finalmente llegó al su fin el juicio que condenó a 14 policías porteños por el crimen de Lucas González. El joven fue asesinado a balazos en noviembre de 2021.

Lucas González fue asesinado en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, cuando salía de entrenar junto a un grupo de amigos.

Casi dos años después del crimen, y luego de la palabra de los policías imputados, los jueces declararon a los tres acusados principales, el inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial Fabián Andrés López y a Juan José Nieva a prisión perpetua.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad acusados de asesinar a balazos al adolescente, recibieron el veredicto a las 12.30 en el auditorio AMIA de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. Los jueces a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 25 porteño fueron, Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero.

Fueron condenados por el crimen del menor, odio racial, abuso de sus funciones, y por la tentativa de homicidio de los tres amigos de la víctima, Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca.

En el marco de la misma causa, se debatió sobre la participación de otros 11 efectivos porteños de distintos rangos en el encubrimiento de hecho y las posteriores torturas para los sobrevivientes.

Cintia López, la mamá de Lucas, dijo que no va a perdonar a los efectivos de la Policía de la Ciudad que mataron a su hijo, y que espera que los asesinos "no salgan nunca de la cárcel", así como su hijo "no va a salir más del cementerio".

A su vez, el padre de la víctima, Héctor Peca González, adelantó que pedirá una audiencia con el jefe de Gobierno porteño, para que el 17 de noviembre, día del crimen de su hijo, no sea más el día de la policía porteña.

Veredicto por el crimen de Lucas González

Los otros 11 efectivos de la Policía de la Ciudad acusados recibieron distintas condenas. Los comisarios Rodolfo Alejandro Ozán, Fabián Alberto Du Santos, Juan Horacio Romero y Roberto Orlando Inca recibieron la pena de 6 años de prisión e inhabilitación por 10 años para ejercer cargos.

El Oficial de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, recibió 8 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Héctor Claudio Cuevas, cuya declaración colaboró en la investigación, obtuvo una pena de 4 años e inhabilitación por 10 años para ejercer cargos.

Ramón Jesús Chocobar, Daniel Santana, Jonathan Alexis Martínez, Damián Rubén Espinoza y Ángel Darío Arévalos fueron absueltos en la causa.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresó su conformidad con la sentencia del caso Lucas González

El Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare, expresó su conformidad con la sentencia condenatoria de los policías que fusilaron al joven Lucas González en noviembre de 2021 y llamó a trabajar en educación en derechos humanos.

"Estamos conformes en que se haya hecho justicia pero ello no devuelve la vida. Desde 1984 hasta el presente fueron más de 5.000 las personas muertas a consecuencia del accionar de distintas fuerzas de seguridad", expresó Torremare, abogado magister en Derechos Humanos.

"Ello demuestra no solo la mala formación y la irrefrenable tendencia a la comisión de abusos de todo tipo por parte de las policías, sino también el amparo y la promoción que dichas conductas tienen de parte de un sector de la clase política", agregó.

En el mismo sentido, advirtió que "se impone con urgencia trabajar en un completo programa preventivo, que haga eje en la educación en derechos humanos, con la finalidad de revertir la falsa idea de que la represión estatal a quienes sean visualizados como sospechosos o diferentes nos dará seguridad".

Por último, Torremare concluyó diciendo que "toda la sociedad, y la clase política a la cabeza, debe decir nunca más a la pena de muerte aplicada en forma sumarísima y extrajudicial por las fuerzas de seguridad".

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