El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan rechazó pagar Ganancias

Así lo expresó la entidad en un escueto comunicado en el que expresa "públicamente su preocupación y rechazo a la incorporación al dictamen de Comisión del Presupuesto 2023 de un artículo vinculado a la extensión del Impuesto a las Ganancias a las y los integrantes de los poderes judiciales que no se encuentran alcanzados por ese impuesto, tal como fuera decidido por el Honorable Congreso de la Nación en la ley 27.346 de diciembre de 2016".

De este modo, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan defiende la inequidad en relación al resto de los argentinos que sí tributan el impuesto a las Ganancias.

Magistrados y funcionarios confirman así el deseo de continuar siendo una casta, la Casta Judicial, que se resiste a tener un tratamiento igual al del ciudadano común que, con sus impuestos, sostiene la estructura del Poder Judicial.

Los integrantes de la Casta Judicial, cuyos emolumentos superan ampliamente al salario de cualquier trabajador sobre el que en teoría imparten Justicia, argumenta en el comunicado que "sin el debate profundo que corresponde", el tema "no hace sino introducir incertidumbre e inseguridad jurídica sobre los operadores judiciales y se traduce en un avance sobre el equilibrio de los poderes del Estado".

El comunicado completo

Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan adhiere y hace suyo los comunicados emitidos por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y la Federación Latinoamericana de la Magistratura (FLAM), y expresa públicamente su preocupación y rechazo a la incorporación al dictamen de Comisión del Presupuesto 2023 de un artículo vinculado a la extensión del Impuesto a las Ganancias a las y los integrantes de los poderes judiciales que no se encuentran alcanzados por ese impuesto, tal como fuera decidido por el Honorable Congreso de la Nación en la ley 27.346 de diciembre de 2016.

La discusión que se plantea en forma intempestiva reedita el debate legislativo y de las instancias judiciales que se diera entre los años 2016 y 2018, decidiéndose la aplicación del gravamen a los Magistrados, Magistradas, Funcionarios, Funcionarias y a todo el personal de los poderes judiciales del país. A partir del 1 de enero de 2017 y no a quienes lo hicieron con anterioridad. En aquella oportunidad se entendió que modificar la situación de los que ya prestaban servicios resultaba una medida que afectaría gravemente la intangibilidad de las remuneraciones constitucionalmente garantizada, afectando los derechos adquiridos y violando el principio de la no retroactividad de las leyes.

La modificación legislativa intempestiva e inconsulta del régimen de ganancias se traduciría en una afectación confiscatoria de los haberes de los prestadores del servicio de justicia y constituye un avance sobre la independencia judicial. 

La introducción de esta reforma del impuesto de las ganancias propuesta en la ley General del Presupuesto para el año 2023 sin el debate profundo que corresponde no hace sino introducir incertidumbre e inseguridad jurídica sobre los operadores judiciales y se traduce en un avance sobre el equilibrio de los poderes del Estado. Resulta así un menoscabo del principio constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones de los y las magistrados y funcionarios, consagrado como garantía de un Poder Judicial independiente.

Reiteramos nuestro rechazo a la modificación tributaria que se intenta, donde la afectación de la garantía de independencia del Poder Judicial y de la división de poderes contribuye seriamente al debilitamiento institucional y menoscaba la vigencia de los pilares del Estado Constitucional de Derecho.

San Juan, 24 de octubre de 2022.