Negaron recusación contra la Jueza Lucero a los extitulares de OSSE y podrían investigar las gestiones de Andino, Sirerol, Ruiz e Ibarra

Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, dos exdirectores de OSSE, intentaron apartar a la Jueza Mónica Lucero, pero el pedido fue rechazado por el Juez Eduardo Raed.

Si bien solo se han presentado Ruiz y Sirerol cuando se abrió la causa, Fiscalía podría llegar a investigar a otras gestiones de OSSE, tal el caso de Cristian Andino, para colectar pruebas, ya que la obra se inició durante el Gobierno peronista de José Luis Gioja.

Ibarra fue director durante la gestión de Sergio Uñac y Andino durante uno de los periodos de José Luis Gioja, ambos gobierno peronistas.

Es preciso recordar que la obra del Acueducto Gran Tulum se inició durante el Gobierno de Gioja, cuando Cristian Andino era Presidente de OSSE. Pero el 11 de octubre de 2013, el exgobernador sufrió un accidente en helicóptero saliendo de Valle Fértil, entonces Segio Uñac, que era el vice, se hizo cargo de la gestión y le dio continuidad a la megaobra.

Sin embargo, por ahora, el Juez Eduardo Raed les informó a los exdirectivos de OSSE que no son parte del proceso: ni víctimas, ni imputados, ni querellantes. La causa atraviesa una etapa previa a la formalización.

Habrá que esperar si deciden tomarles declaración más adelante o si los fiscales van a planchar la investigación hasta dejarla diluída en el olvido.

En en la causa en la se investigan presuntos hechos delictivos en la megaobra conocida como Acueducto Gran Tulum, la cual nunca se terminó aunque gran parte de la financiación en dólares se gastó.

Hace días, los extitulares del organismo, Ruiz y Sirerol intentaron, a través de un escrito presentado en la Justicia, apartar a la Jueza de Garantías, Mónica Lucero, quien ha intervenido en medidas previas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

El planteo fue rechazado por el Juez Eduardo Raed, quien revisó la causa y respondió que no hay motivos de recusación contra la Jueza Lucero. Por ahora, según se supo, Sirerol y Ruiz no son parte del proceso, tampoco lo son Ibarra y Andino.

La causa

Para concretar una parte mínima de la obra, que nunca se terminó, hubo una licitación que fue ganada por la empresa Krah América Latina S.A. en 2018, cuyo apoderado era Gustavo Monti. Se pagaron al menos 1.300 millones de pesos por las cañerías.

Es preciso recordar que la causa está en manos del Fiscal Sebastián Gómez, quien investiga el proceso administrativo y licitatorio del Acueducto Gran Tulum, obra hídrica que se ejecutó en parte durante el Gobierno del peronista Sergio Uñac, pero que, sin embargo, no se terminó, aunque los dólares se gastaron y los materiales usados parecen presentar irregularidades.

Es por eso que la Justicia vernácula investiga la contratación de caños y tuberías adjudicada a la empresa Krah América Latina S.A., y, en ese contexto, también se está evaluando cuál fue el papel que jugó el finado Gustavo Monti, quien podría haber sido representante o intermediario local de la compañía alemana.

En medio de este escenario, aparecen también presuntas comisiones facturadas por la empresa PVC San Juan SRL.

Según se desprende de la investigación judicial, las tuberías que puso la compañía Krah América Latina S.A. podrían no ser aptas para el transporte de agua potable.

Aseguran, además, que los caños estarían fabricados con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos para las personas.

Es importante señalar que la Unidad Fiscal de Investigación Delitos Especiales avanzó hace tiempo en la causa que se inició gracias a la denuncia del abogado Marcelo Arancibia.

Mientras el Gobierno de San Juan sigue pagando a Kuwait la deuda que dejaron los gobiernos peronistas de Uñac y Gioja, que consiste en la friolera de 100.000.000 de dólares por materiales, más 100.000.000 de verdes por la obra civil, la Justicia de la provincia sigue con la investigación para saber si hubo o no un perjuicio contra el Estado.

En diciembre del 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la licitación de la obra, la cual hace años fue concedida a una empresa alemana cuyo apoderado, Gustavo Monti, era un pariente del exgobernador Sergio Uñac.

Se busca comprobar si hubo o no malversación de fondos, además de conocer la calidad de los insumos, entre otras posibles irregularidades que se habrían cometido en la obra.

En febrero de 2026, la provincia de San Juan se presentó en la causa como parte querellante.

Desde la actual gestión del Gobernador Marcelo Orrego se estima que la pérdida asociada a los 10 kilómetros de caños que se instalaron, y que luego debieron retirarse, demandó una inversión de 50.000.000 de dólares.

La cifra surge del financiamiento comprometido para la obra, que fue licitada por un total de 200.000.000 de verdes.

El proyecto fue financiado en dos tramos: un 50% a través de un préstamo internacional que llegó desde Kuwait y Australia, y el otro 50% con fondos aportados por el Estado nacional durante el Gobierno peronista.