Quintela apuró a la Corte Suprema y volvió a pedir la suspensión total del DNU de Milei

El gobernador de La Rioja realizó una nueva presentación contra el decreto del Presidente Milei y exhortó a la Corte Suprema a dictar una resolución.

El Gobierno de La Rioja le exigió a la Corte Suprema que dicte una medida cautelar y disponga la "suspensión total de los efectos" del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del Presidente, Javier Milei.

Desde la provincia expresaron que los jueces ya están en condiciones de dictar una resolución acción declarativa de inconstitucionalidad presentada en diciembre.

Según la presentación realizada, el Gobierno de La Rioja solicitó que "se haga lugar a la medida cautelar tal como se ha peticionado en el escrito cabecera del proceso y se decida la suspensión total de los efectos del decreto por razones de necesidad y urgencia 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar inmediatamente ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa".

"Se han cumplido todas las mandas indicadas por el Tribunal, tanto en el expediente principal como en el incidente. Así, de acuerdo a las constancias obrantes en este juicio, la Procuración General de la Nación ha dictaminado a favor de la competencia originaria del Más Alto Tribunal. Asimismo, la Procuración del Tesoro se encuentra notificada de la providencia ordenada el 29/12/23", agregó el texto.

El Gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, había pedido a fines de diciembre de 2023 que declare la inconstitucionalidad del mega DNU del Presidente, Javier Milei. Lo hizo con el patrocinio del exjuez del tribunal, Eugenio Zaffaroni.

En ese entonces, el Gobierno de La Rioja pidió al máximo tribunal que declare la "inconstitucionalidad manifiesta" del DNU 70/2023 de desregulación económica, que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la "competencia originaria" para entender en el asunto.

Lo hizo a través de una "acción declarativa de certeza" presentada por el Gobernador Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra.